La
agresión presentada durante la mañana del martes 7 de julio en las
instalaciones de la Dirección de Vialidad y Transporte Público Municipal contra
el auto del subdirector administrativo, podría responder a los operativos que
se llevan a cabo contra los taxis libres irregulares, consideró el titular de
la dependencia, José Luis Hernández Silerio.
Afirma
que los testigos -un comerciante y un joven que realizaban un trámite en la
dependencia- describen al agresor, que
lanzó una piedra y un tanque con gasolina que no tuvo oportunidad de encender,
tendría unos 25 años de edad, es delgado y de estatura mediana. Vestía camisa
blanca y pantalón azul de mezclilla.
Estos
hechos y los daños provocados al vehículo modelo Chrysler 300 ya se encuentran
plasmados en la averiguación previa 4461/2015.
“La
instrucción del alcalde es que no bajemos la guardia y no nos dejemos
intimidar”, afirmó a ZETA Hernández
Silerio, por lo que los operativos
contra taxis irregulares continuarán con la misma intensidad.
El
funcionario agregó que la queja por parte del transporte organizado y la
sociedad ha sido constante en cuanto al funcionamiento de unidades irregulares
en la modalidad de taxi libre, argumentando los primeros que esto supone una
competencia desleal.
El
problema deriva de las suspensiones provisionales otorgadas por el magistrado
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, Roberto Vidrio, que
permiten que unidades sin placas ni tarjeta de circulación presten el servicio,
detalló el director de Vialidad y Transporte.
“Revisamos
que estén los documentos vigentes, que traigan copia certificada de su
suspensión, licencia de chofer vigente, su póliza de seguro vigente y su
revisión mecánica”, expuso, para añadir que de mil 200 juicios tramitados en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solo 385 cuentan con suspensión.
Como
resultado de estos operativos en las principales vialidades para detectar a los
taxis libres que prestan el servicio de manera irregular en Tijuana, del 10 de
junio hasta el 7 de julio de 2015, se han remolcado y llevado al corralón 210
unidades, dejando fuera de servicio a otras 300 y se han levantado 429
infracciones, cada una de ellas entre los montos de 20 a 500 salarios mínimos,
es decir, de mil 402 a 35 mil 050 pesos.
Entre
las irregularidades más frecuentes, se encuentran vidrios rotos, falta de
luces, llantas lisas o el vencimiento o carencia de tarjeta de circulación,
licencia de conducir o póliza de seguro.
(SEMANARIO
ZETA/ Héctor Ortiz Ramírez/ 13 de Julio
del 2015 a las 12:00:36)
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