El magistrado presume hasta una mención
honorífica que le otorgaron; el gobernador no esperó resolución del Congreso y
lo impuso por decreto.
Guillermo Padrés, gobernador
de Sonora, impuso como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la
entidad a Juan Sebastián Sotomayor Tovar, un allegado suyo que, para poder
acceder al cargo,falsificó un título profesional de licenciado en derecho.
El 18 de octubre de 2012,
Padrés dirigió un oficio al Congreso del estado para “solicitar,
respetuosamente, la aprobación del nombramiento que he formulado del licenciado
Juan Sebastián Sotomayor Tovar como magistrado propietario del Supremo Tribunal
de Justicia de la quinta ponencia…”
Como parte de su
fundamentación para que Sotomayor fuera aprobado como magistrado por el
Congreso local, Padrés escribe: “en el ámbito académico, cursó la educación
superior en la Universidad de Hermosillo, en la carrera de licenciado en
derecho con especialidad en Derecho Privado Internacional, obteniendo título y
mención honorífica”.
Sin embargo, el título
profesional de Sotomayor es falso. El documento expedido por la Universidad de
Hermosillo el 15 de agosto de 1998 está firmado por el rector de la
institución, Federico Saviñón Plaza, y por la directora de la Escuela de
Derecho, Rosela de Jesús Rendón Rendón. Pero en esa fecha de 1998, la maestra
Rendón Rendón no era la directora de esa institución.
De acuerdo con un documento
expedido por la Unidad de Enlace de la Secretaría de Educación y Cultura del
estado, que dio respuesta a una solicitud de información, se establece que en
1998, año en que supuestamente fue expedido el título profesional de Sotomayor,
la directora de la Escuela de Derecho era la doctora Lucila Caballero Gutiérrez
y no la maestra Rendón Rendón, por lo que esta última no pudo haber firmado el
título de quien actualmente es el presidente del Supremo Tribunal del estado.
LA BURDA IMPOSICIÓN
Como ya se mencionó, el
gobernador Padrés envió, el 18 de octubre de 2012, un oficio al Congreso del
estado para que los legisladores aprobaran el nombramiento de Sotomayor como
magistrado del Supremo Tribunal. Sin embargo, tres días después, en un acto
apresurado, el propio Padrés expidió un decreto oficial con el nombramiento sin
tomar en cuenta la opinión de los diputados locales y sin contar con su
aprobación.
En este decreto se establece
que “habiendo transcurrido el plazo de tres días sin que el Congreso del estado
de Sonora resolviera sobre el sometimiento a aprobación del nombramiento que
formulé a favor del licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, toda vez que
este plazo comprendió los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012, es entonces que
se actualiza la aprobación tácita del nombramiento…”
Aunque es difícil precisar si
Padrés se enteró que los diputados iban a rechazar el nombramiento de Sotomayor
–pues de acuerdo con el dictamen, en el que se establece que “el Congreso de
Sonora resuelve no aprobar el nombramiento del magistrado que realiza el
gobernador a favor del licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar”–, éste
decidió hacer uso de una figura jurídica denominada aprobación tácita, que sólo
se utiliza en condiciones de extrema urgencia, aunque no era el caso.
De esta forma, ante el cúmulo
de irregularidades en la documentación que Sotomayor presentó para acceder al
cargo de magistrado, fue presentada una denuncia de hechos en su contra ante la
PGR “por la violación a la Ley General de Profesiones, por usurpación de
profesión, por falsificación de documentos, por uso de documento falso y los
que resulten”.
Pero, de acuerdo con Rebeca
Villanueva, una de las personas que presentó la denuncia, “la PGR, un año y
medio después, ni siquiera ha integrado la averiguación previa”.
Sobre el nombramiento,
Alfonso Elías Serrano, presidente del PRI en Sonora, aseguró que “con la
imposición de Sotomayor, el gobernador demuestra que la impartición de justicia
en Sonora es algo que le interesa muy poco, pues sólo busca que sus fieles le
cubran las espaldas ante tanta corrupción”.
(DOSSIER POLITICO / Héctor Gutiérrez /
El Financiero/ 2015-05-25)
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