La zona de
confort en la que han vivido los notarios en la entidad se rompió con la
intención desde el Poder Ejecutivo de reformar la Ley y ajustar formas y
procedimientos, pero a la par, dejan abierta la puerta para que el gobernador
en turno designe directamente, lo que consideran un retroceso y ha generado una
abierta polémica por ese y otros rubros donde es evidente que desde el gobierno
busca meter mano en una área descuidada por años. Acabar con prácticas como herencia
de Notaría, poner límite a la patente, entre otras reformas
El Gobierno del
Estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, abrió un nuevo frente de
batalla: los notarios del Estado.
El diputado Juan
Molina presentó una iniciativa para reformar la Ley del Notariado en Baja
California, que da beneficios al gobernador, y que los notarios consideran
“retrógrada y discriminatoria”.
La parte sustancial
de la reforma incluye:
* Regresar al Ejecutivo la facultad para que pueda
otorgar directamente la patente de notario.
* Limitar a 22 años la vigencia de cada patente de
notario.
* Establecer un tope de 75 años de edad para el
ejercicio del notariado.
* Reducir a un año el plazo de 10 años para la entrega
de volúmenes cerrados al Archivo General de Notarías.
* Sustituir al Consejo Notarial en determinadas
funciones en el procedimiento de acceso al notariado y trasladarlas a la
Secretaría General de Gobierno.
En resumen, otorgar
al Poder Ejecutivo una mayor injerencia en el área notarial.
“No se ha resuelto
lo que era lo más importante”, afirmó Diego Monsiváis, presidente del Colegio
de Notarios en la entidad, luego de la sesión de la Comisión de Justicia donde
se aprobó el dictamen -con la lista de adenda, de anexos, con temas
pendientes-.
“Claro que hay temor
de que no se cumpla con eso, o que no se nos escuche, podemos tener muchas
platicas, podemos ser oídos y no siempre ser escuchados, es como si estuviera
uno hablando a una pared sin encontrar respuestas”, añadió.
El diputado
inicialista Juan Manuel Molina, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el tema
podría ser llevado al pleno en la próxima sesión del jueves 21 de mayo.
REZAGADA
“Ya era necesario
cambiar varios parámetros”, justifica Juan Manuel Molina y explica que en el
paquete hay reformas al Código Civil y al de Procedimientos Civiles que no han
sido objetadas. Complementa:
“La parte principal
de esta reforma es que los usuarios de los servicios, los que tienen que
celebrar contratos de compraventa, contratación de créditos, expedición de poderes
o el testar, tengan mayor certeza ante la sociedad en actos jurídicos. Se trata
de procurar que principalmente esos actos consten en escritura pública ante
notarios”. Además, dice, buscan bajar los costos para la ciudadanía.
Molina asegura que
la Ley ha quedado rezagada, específicamente en tres puntos:
1.- Cómo se nombra a los notarios.
2.- Cómo se incrementa el número de Notarías.
3.- Cómo se traslada
la propia Notaría de una persona a otra.
Menciona lo que
sucedió antes de 1989 -antes de la llegada del PAN al poder-, cuando aunque la
Ley establecía la obligación de hacer exámenes e incluir la práctica o el
antecedente del aspirante, “era el gobernador quien tenía facultades absolutas
y nombraba a quien quisiera, aun cuando se hicieran exámenes”. Recuerda lo
sucedido en la administración de Óscar Baylón Chacón, el sustituto de
Xicoténcatl Leyva de enero a octubre de 1989,
cuando estableció -el 20 de julio de 1989- que el gobernador podía
exentar todos los requisitos como la práctica o el contar con patente de
aspirante.
“Cuando ganó Ruffo,
varios de estos notarios se fueron al otro lado porque pensaron que los iban a
detener y quitar las Notarías, aunque parece que hubo un acuerdo político y se
las respetaron”.
Refiere ejemplos:
las Notaría 8 y la 10, tituladas por Ibáñez Bracamontes y Ramiro Duarte.
En el gobierno de
Ernesto Ruffo se modificó la Ley para restablecer los requisitos de los
exámenes, que se integraran dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
dos personas del Colegio de Notarios y otro del Ejecutivo, y “en ese régimen se
nombraron notarios conforme a la reforma de Baylón, uno de ellos Diego
Monsiváis, el actual presidente del Colegio de Notarios”, indica Molina, cuya
reforma pretende que el gobernador pueda nombrar notarios a personas que hubiesen cubierto los
requisitos de práctica notarial y contar con la patente de aspirante.
Según el diputado,
con ello se podría incrementar el número de Notarías, hasta duplicar las 46
existentes.
El legislador
considera que en la actualidad, la práctica notarial está en poder del Colegio
de Notarios y solo a quienes ellos deciden es a los que le dan acceso;
regularmente a sus familiares, entre hijos, hermanos, esposas. “Todo eso ha
frenado el incremento en el número de Notarías”, destaca.
Por lo tanto,
heredar las Notarías se ha convertido en una práctica común, ya que de acuerdo
a la actual Ley, solo ellos deciden quiénes son los practicantes –de su misma
gente-. Ejemplifica con el caso de una persona que desde hace doce años ha
solicitado tener prácticas en una Notaría y a la fecha no le han contestado,
con complacencia de los gobernadores en turno.
“El gobernador Osuna
siempre fue muy complaciente con el notariado, fue donde surgieron las Notarías
de la esposa de Pablo Alejo o la hermana de Gilberto Hirata, en el tiempo que
éste era diputado”.
Un caso cuestionado,
incluso en tribunales, fue el del otorgamiento de la Notaría Número 9 de
Mexicali de padre a hijo ante el fallecimiento del titular, Carlos Enríquez de
Rivera, quien tuvo cáncer terminal y dos días antes de fallecer –en condiciones
ya críticas- entregó la Notaría a su hijo.
Molina expresa que
esa posibilidad se da porque el propio notario tiene la facultad de nombrar al
notario adscrito -el suplente- y que en más del 60 por ciento de los casos son
sus propios familiares quienes concursan sin oposición, solo pasando el examen
con calificación mínima de 7.
“Las Notarías no son
de los notarios, son una facultad del Ejecutivo que se les concede a
profesionales del Derecho, que son abogados, pero no son dueños de la patente”,
sostiene el legislador local.
En cuanto a la edad
de retiro -fijada primero a los 70 años, luego cambiada a 75-, Molina acepta
que no se pueden establecer parámetros generales, pero menciona cómo la Ley
General de Adultos Mayores fija el tope de los 60 años, ya que en ocasiones eso
implica la necesidad de cuidados especiales. En este caso, dice, han tratado de
emparejar la edad con quienes son parte del sínodo que los designa, los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
“No se trata de que
a esa edad ya están mal de sus facultades, o que los estemos discriminando,
pero una persona que ostenta una Notaría por 25, 30 años, siento que debe haber
la posibilidad de que se renueven esas patentes, además de que con ese tiempo
les da la suficiente capacidad económica para poder tener un retiro digno”,
reflexiona.
Aparte, Juan Manuel
expone hechos irregulares donde se han visto involucradas algunas Notarías y
testamentos expedidos que son materia de juicios donde se impugna la nulidad de
las firmas -por mencionar un ejemplo- o documentos donde se impugna la falsedad
de firma del mismo notario en escrituras públicas. Incluso hubo un caso donde a
la Notaría -la 6, de Aída González- le fue revocada la patente.
“Estamos en el
momento de poder hacer una reforma trascendente en el tema notarial, estamos
cerca”, sostuvo Molina, quien calcula que podrían estar aprobando la reforma en
la sesión del pleno del próximo jueves 21 de mayo.
AGRESIÓN Y RETROCESO
“Hemos sentido una
intención desproporcionada, casi agresión en contra del notariado”, comenta el
titular de la Notaría Número 14 en Mexicali, Arturo López Corella, y agrega que
el problema es cuando las bases de esta agresión son infundadas y tendenciosas.
“No sabemos”, responde ante el cuestionamiento del origen de esta pretendida
reforma.
En cuanto a la
propuesta que faculta al gobernador la posibilidad de otorgar directamente las
patentes, la califica como un retroceso y, en su opinión, todos los tratados de
Derecho Notarial coindicen que para asegurar una buena calidad de esa labor, el
mejor sistema es el de exámenes de oposición.
Describe también lo
sucedido antes de 1989, cuando el
gobernador decidía directamente. Pone el ejemplo de Veracruz, donde antes de dejar
la gubernatura, Fidel Herrera nombró cerca de 40 notarios, los que luego fueron
“tumbados”, o el caso de Sinaloa, donde todavía el mandatario estatal escoge
“casi con libertad”.
Aquí antes hubo una
reforma para darle al gobernador la facultad de dispensar la práctica. De
acuerdo a la Ley actual, el aspirante tiene que hacer una práctica de un año en
una Notaría, y después, presentar un examen con tres sinodales: un magistrado
del Tribunal Superior, un notario y un representante del gobernador.
“Pero ahora se
pretende cambiar las dos cosas, dar la facultad al gobernador ya no de exentar
la práctica, sino nombrar al notario en una Notaría de nueva creación, de los
que ya tienen patente de aspirante, pero además, modificar la integración del
jurado -controlada por el gobierno-, ya que serían dos representantes y un
notario nombrado por el gobierno”.
En la percepción de
López Corella, la defensa del diputado Molina y del subsecretario jurídico
Víctor Lujano ha sido muy tendenciosa, “nos han querido dividir y nos han dicho
que Baylón nombró a nueve notarios, nos preguntan si se atreverían a decir que
son malos notarios…”.
El titular de la
Notaria 14 cree que se había avanzado en ese sentido y que los aspirantes
sabían que se tenían que preparar con excelentes exámenes, por lo que enfatiza
que de aprobar la reforma, en ese punto significaría un retroceso de 30 años.
En el rubro de la
crítica en cuanto a los negocios familiares, heredable y repletos de parientes
cercanos -hijos, hermanos, esposa- López Corella admite que “es cierto en
parte”, lo considera normal y asume que “legalmente no están limitados”.
Muestra una lista de nueve notarios en los últimos cinco años que han ingresado
y que no tienen parentesco con nadie y que entraron con examen de oposición,
salvo en la Notaría 10 de Tijuana, ya que la ahora titular era adscrita y en la
actual Ley se incluye que puede llegar sin examen de oposición.
Presenta otra lista
de cinco notarios adscritos sin parentesco con el titular y señala los estudios
del IMCO y el del Banco Mundial, ya que querían meter el notariado en el
Tratado de Libre Comercio y homologar con el sistema anglosajón, donde no
existen los notarios y los abogados fungen como encargados. Habla de datos del
estudio, el cual arroja que en Tamaulipas hay 254 Notarías en una población
similar a la de Baja California. López Corella revira los números -califica de
bases utilitarias las del diagnóstico-, ya que en Tamaulipas, donde los
notarios litigan, hay 43 municipios, lo que implica que tengan 5.9 notarios por
municipio, contra 9.2 en Baja California, con 46 Notarías divididas entre cinco
municipios.
En cuanto al tema
del retiro por edad -70 en la propuesta original, modificada a 75 años-, López
Corella lo considera discriminatorio, ofensivo y contra los derechos humanos.
Sostiene que la edad avanzada no necesariamente significa incapacidad
intelectual. “Si bien las facultades físicas declinan al llegar a la edad
madura, una persona entrenada para pensar, para producir con la mente se
conserva lúcido, productivo, útil a la sociedad y a sí mismo”.
En otro rubro
menciona casos de al menos cinco Notarías, de las cuales tres duraron 20 años sin ser concursadas y
dos siguen acéfalas, sin que el gobierno las haya concursado. “No nos pueden
decir que tenemos la culpa de que no haya más Notarías si el Estado tiene la
facultad de crearlas y han creado algunas que no las han ocupado”.
Para concluir, el
notario asienta que al gobernador “lo están engañando, le están dando una
moneda falsa”.
AÑADIDOS
En la última semana
se han efectuado reuniones de diputados de la comisión con notarios de todo el
Estado, una fue el miércoles de la semana pasada, luego otra de más de siete
horas el lunes 11 de mayo y posteriormente, la sesión de la Comisión de
Justicia el martes 12, donde presentaron la adenda -agregados a la iniciativa
de reforma-, se subió a 75 años la edad de retiro, se replantearon las
conductas sancionables y se amplió a 22 años -era de 20- la vigencia de la
patente de notario, entre la veintena de agregados.
Aun así, al hablar a
nombre de los notarios de Baja California, el presidente del Colegio, Diego
Monsiváis Franco dejó a un lado los rodeos: “Debe quedar claro que no logramos
consensos en muchas cosas y particularmente en las más importantes”, dijo,
mencionando la discrecionalidad que se otorga al gobernador para designar
notarios con dispensa de examen y de práctica.
“Es dejar la
soberanía en poder del Ejecutivo, en vez de legislar y establecer reglas para
que esto continúe siendo justo y profesionalizado”, expuso el titular de la
Notaría 5 de Ensenada, y calificó de grave e injusta la pretensión, ya que deja
a un lado a quienes ya tienen patente de aspirante y han trabajado, han
estudiado y sido capacitados.
“Atenta contra los
más elementales principios de nuestra Constitución, donde se establece que
nunca deberá dejarse todo el poder en una persona”, añade al mencionar que los
diputados deben legislar para asegurar eso y, al no hacerlo, “violan la
Constitución, nuestros derechos y posiblemente judicializarán estos asuntos,
todos aquellos que tienen tantos años trabajando y no sean preferidos por el
gobernador, van a tener que buscar en el Poder Judicial la respuesta a sus
garantías y derechos individuales”, advirtió Monsiváis, quien de nuevo solicitó
se suspendiera esa reunión y se continuara trabajando en busca de obtener un consenso.
Igual mencionó el
tema de la edad, el cual calificó de discriminatorio, cuestionando que se hayan
dejado otros puntos importantes de lado y se haya hecho una comparación del
tema del notario con las concesiones.
Después de casi tres
horas de sesión y una veintena de intervenciones, los legisladores integrantes
de la Comisión de Justicia aprobaron el dictamen –tres votos a favor, Molina
del Movimiento Ciudadano, Gustavo Sánchez y López Regalado del PAN, y una
abstención de la priista Margarita Corro-, dejando abierta la adenda para
seguir incluyendo más rubros.
Por lo pronto, el
diputado inicialista adelantó que la propuesta de reforma podría aprobarse en
el pleno del próximo jueves 21 de mayo.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ SERGIO HARO CORDERO/ 19 DE MAYO DEL 2015 A LAS 20:23:00)
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