La
administración de Carlos Bustamante es investigada por un daño a la Hacienda
pública municipal de más de 168 millones de pesos; dicha cifra se acumuló en
las investigaciones que la Sindicatura de Arturo Ledesma ha concluido a la
fecha y que fue iniciada luego de las observaciones que los funcionarios de
Jorge Astiazarán Orcí, hicieron del estado en que recibieron la administración
En las
siguientes semanas, la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de Tijuana
que encabeza Arturo Ledesma Romo, iniciará con las entrevistas a los ex
funcionarios de la administración de Carlos Bustamante Anchondo -incluido el ex
presidente municipal-, pues finalizadas las investigaciones de las actas de
entrega de la administración y las observaciones de los funcionarios de la
alcaldía de Jorge Astiazarán, se presume un millonario desfalco.
Tan
solo en la revisión de 90 actas de entrega, donde se realizaron 14 audiencias
de aclaración, se presume un daño a la Hacienda municipal por 6 millones de
pesos. Además, en la revisión de tres proyectos: elevador para discapacidad en
Palacio Municipal, luminarias y dirección de Catastro, se estima un daño a las
arcas de Tijuana por 162 millones de pesos.
Los
delitos en los que se presume incurrieron los responsables de la anterior
administración -incluido el alcalde y su síndico- van desde abuso de autoridad
-fracción V, VI, XI del Artículo 293 del Código Penal, hasta peculado, delito
consignado en el Artículo 298.
Asimismo,
conforme a los expedientes de Sindicatura, infringieron la Ley de
Responsabilidades para los Servidores Públicos, con la cual se rigen al momento
de prestar servicio al Estado. En estas condiciones, la Sindicatura del XXI
Ayuntamiento de Tijuana podría sancionar o inhabilitar a más de 25 ex
funcionarios.
Entre
ellos: Marcelino Hidalgo Silva, Basilio Meza Gastélum, Édgar Arturo Fernández
Bustamante, Ricardo Avitia Hernández, Antonio Ricardo Cano Jiménez, Roberto
Antonio Cano Chávez, Jesús Ignacio Carlos Huerta, Héctor Manuel Bautista
Ortega, Carlos Contreras Martínez, Esteban Yee Barba, María Adolfina Escobar
López, Roberto Ordorica Ruiz, José Arturo Gutiérrez Sánchez, José Ángel
Pesqueira, Sergio Oswaldo Zatarain Peña, Francisco Moreno Escalante, Francisco
Fernando Esparza Rosete, María de las Mercedes Armenta, Jesús Martín Camacho,
Francisco Rodríguez Martin, Gustavo Orozco Morales y Martín Rodríguez
Rodríguez.
A
continuación, algunas de las irregularidades en las que Sindicatura ya concluyó
la etapa de investigación.
COORDINACIÓN DE GABINETE: DAÑO
PATRIMONIAL POR 36 MIL 222 PESOS
El 1 de
diciembre de 2013 se llevó a cabo la entrega de la coordinación de gabinete que
titulaba Antonio Cano Jiménez, y la recepción del futuro coordinador, Carlo
Dalí Gutiérrez Manzo. El 30 de diciembre de 2013, así como el 3 de enero de
2014, Gutiérrez Manzo remitió a Sindicatura las irregularidades detectadas en
el acta de entrega recepción. En total, cuatro observaciones.
Primera
observación. No localizaron físicamente en las oficinas un escritorio
inventariado con el número OM-2010-713. En el listado aparece mobiliario en
comodato (prestado), pero que no fue retirado por sus propietarios ni
localizaron convenio que avalara la transacción. Inscribieron bienes en la
entrega que no fueron localizados a la recepción. No funcionaban ni la
televisión, ni la trituradora de papel.
Segunda
observación. El vehículo que tenía asignado Antonio Cano Jiménez lo dejó en mal
estado, sin tarjeta de circulación ni póliza de seguro vigente, la llave no
funciona y las fallas mecánicas impiden su funcionamiento; nada de lo anterior
fue anotado por Cano en el acta de entrega y recepción.
Tercera
observación. En el avance programático de la coordinación se proporcionaron
datos al cierre de septiembre de 2013, cuando debió ser a noviembre de 2013;
además, no dejó el ex coordinador de gabinete documentación alguna de esos
trabajos.
Cuarta
observación. Cano no proporcionó el proyecto de presupuesto 2014 asignado a la
unidad administrativa de la coordinación de gabinete, como tampoco el programa
operativo anual 2014, que carece del componente presupuestal.
Al
revisar el acta de entrega recepción, así como las irregularidades detectadas
por la nueva administración, Sindicatura hizo una investigación para determinar
el daño patrimonial. Se transcribe el texto: “… al revisar la documentación
certificada por esta Dirección de Contraloría se detectó que el mobiliario,
documentación de oficina y cómputo no entregado a la nueva administración en la entrega-recepción de 2012, asciende a
la cantidad de 22 mil 215 pesos con 65 centavos”.
La
cifra es la suma del costo de mobiliario no encontrado y los bienes dañados,
como dos computadoras, un sillón, un teléfono celular, una pantalla de 19
pulgadas, entre otras. También los contratos de comodato, uno con el propio
Antonio Jiménez por nueve bienes inmuebles, entre ellos una impresora, dos
discos duros y muebles. Otro con Francisco Acuña Borbolla por siete muebles, de
los cuales no existe contrato de comodato en cinco. Y dos muebles en comodato
con Mónica Elizabeth Vallejo Aispuro, un librero y un gabinete, sin contrato.
En el
oficio SP-DC-XXI-2119-2014, la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de
Tijuana determinó que Antonio Cano Jiménez causó perjuicios a la Hacienda
pública municipal por 22 mil 215 pesos con 62 centavos, y “causó daño a la
Hacienda pública municipal por un monto de 14 mil siete pesos, derivado de la
erogación por servicios efectuados a unidades vehiculares designados a la coordinación
a su cargo”.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA: FALTAN MILES DE BIENES EN INVENTARIO, CONTRATOS Y PLAZAS
IRREGULARES
El 30
de diciembre de 2013, el nuevo director administrativo de Seguridad Pública
hizo llegar a Sindicatura las observaciones en la entrega recepción. Se refirió
a las inconsistencias en la estructura orgánica y el reglamento interno, así
como en la plantilla de personal adscrito, pues no empataba lo que había con lo
descrito en la entrega.
También
detectaron faltas e inconsistencias en el inventario de mobiliario, equipo de
oficina y de cómputo, “se encontró un faltante de 16 bienes y un sobrante de 39
bienes; asimismo, en equipo de cómputo un faltante de nueve bienes y un
sobrante de 24”.
Además,
irregularidades en la estructura orgánica y reglamento interno: “La estructura
orgánica de la dirección administrativa presentada (…) muestra marcada
diferencia con los datos registrados en el padrón de recursos humanos de la
Secretaría de Seguridad Pública al 2 de diciembre, estructural y nominalmente”.
También
inconsistencias entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido:
“No fue posible validar las cifras que indica, en virtud de que no se adjunta
el presupuesto originalmente autorizado; asimismo, de las partidas del
presupuesto modificado, no se anexan los oficios de autorización de las
modificaciones que corresponden, ampliaciones y/o reducciones”.
Tampoco
se pudo verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido para
programas especiales de 2010 al 2013. Inconsistencias en programas sociales y
las reglas de operación, así como en las plazas asignadas. “Se detectó
diferencia con respecto a plantilla de personal de Oficialía Mayor, al 15 de
noviembre, de más cuatro plazas ocupadas y de menos de cinco plazas vacantes”.
Además:
“Se
encontró a 35 elementos no registrados en padrón de recursos humanos y 35
elementos no registrados en la plantilla de Oficialía Mayor; hay 65 plazas que
aparecen con nombre y apellido en plantilla de Oficialía Mayor como vacantes, y
las mismas plazas, mismos nombres y apellidos, aparecen en el padrón de
recursos humanos como activos”. También “18 personas con plaza de policía con
función administrativa”.
OTRAS IRREGULARIDADES EN SEGURIDAD
PÚBLICA:
* No se entregaron documentos de
fideicomisos de administración e inversión con BBVA Bancomer, ni de otro
fideicomiso con HSBC, S.A. Se llamó a los responsables y no respondieron.
* No se verificó el inventario de arte y
decoración físicamente.
* No se indicó el monto ejercido ni el
estatus de un contrato con Constructora Jan, S.A. de C.V. por 14 millones 73
mil 462 pesos con 66 centavos.
* Del contrato con Motores de Tijuana,
S.A. de C.V., por 428 mil 133.11 pesos, no se indica el monto ejercido ni se
pudo localizar el contrato.
* En el inventario se detectó un faltante
de 910 bienes, y 699 bienes sobrantes.
* Del inventario del equipo de cómputo se
detectaron 994 bienes faltantes y 505 bienes sobrantes.
* Del inventario de radiocomunicación y
telefonía celular y fija: un faltante de 2 mil 56 bienes y un sobrante de 966
bienes.
* En maquinaria y equipo especializado,
“un faltante de 2 mil 21 bienes y un sobrante de 11 mil 047”.
* Del inventario de existencias en
almacén, “un faltante de mil 457 bienes y un sobrante de mil dos bienes, de un
total de 8 mil 639”.
Ante
las inconsistencias, Sindicatura dictaminó: “El inicio del procedimiento de
responsabilidad administrativa y a la aplicación de las sanciones que
correspondan en los términos que las leyes señalen por motivo de la incurrencia
sistemática de faltas graves a la administración, manejo y ejercicio de los
recursos públicos municipales”.
DIF: DAÑO PATRIMONIAL POR 106 MIL 274
PESOS CON TRES CENTAVOS
Basada
en el acta de entrega recepción, la funcionaria del DIF del Ayuntamiento de
Jorge Astiazarán, Laura Ayala Sáenz, encontró ocho observaciones:
* Se especifica la entrega de un vehículo
Ford Truck Explorer modelo 2005 en buenas condiciones, pero la transmisión está
descompuesta.
* Faltante de documentos en el despacho.
Dos carpetas, una denominada PRI y otra Centro de Protección Social a la Niñez,
no fueron localizadas.
* La constancia de no adeudos por parte
del DIF no fue firmada por dos de los cinco funcionarios salientes, ni por
Martín de Dios García Camacho, quien se negó a firmarlo, ni por Paulina
Martínez Castro, a quien no localizaron.
* No se pudo comprobar el inventario de
mobiliario y equipo de oficina por la desorganización que dejaron, además, “el
procedimiento que se aplicó para la elaboración y modificación del inventario
no es el correcto para la transparencia de éste”.
* Otro vehículo descompuesto, en este
caso la camioneta pick-up Ranger 93, a la cual no le sirve el diferencial.
* El inventario físico de almacén “no
corresponde con exactitud a lo descrito en el documento”.
* Inventario de sellos completo, más dos
adicionales y no registrados.
Ante
las inconsistencias, Sindicatura determinó que la ex funcionaria Griselda
Arellano Dueñas ha incurrido en incumplimientos a la normatividad vigente,
“causó un daño a la Hacienda pública municipal por 24 millones 283 mil pesos
con 73 centavos, derivado de la erogación por servicios mayores efectuados a
las unidades vehiculares designadas a la dirección a su cargo”.
De
igual manera, “perjuicio a la Hacienda pública por un monto de 81 mil 990 pesos
con 30 centavos, derivado de la no localización de 228 bienes designados a la
dirección del Sistema para el Desarrollo de la Familia”.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE CABILDO: SE LLEVARON
HASTA EL ESCRITORIO; IRREGULARIDADES POR 29 MIL 539 PESOS 24 CENTAVOS
Héctor
Manuel Bautista Ortega fue quien el 30 de noviembre de 2013, entregó a la
presente administración de Tijuana, la oficina de la Dirección de Asuntos de
Cabildo de la Secretaría de Gobierno Municipal.
El
entrante, Carlos Arturo Huacuja Betancourt recibió y un mes después remitió a
Sindicatura las irregularidades que detectó: “Una relación de mobiliario
faltante y mobiliario sin documentar”. Un total de 43 artefactos entre muebles
y equipo de oficina.
En la
oficina del titular de la Secretaría de Gobierno también se registró un
faltante en elementos electrónicos, “encontrándose un faltante de 15 bienes no
localizados equivalentes a un monto acumulado de 29 mil 539 pesos con 24
centavos. Asimismo, la Dirección de Contraloría estima que no es posible
determinar un valor contable de 43 bienes identificados como no localizados”.
De los
primeros, enlistaron lo que no dejó el último secretario, Obed Silva:
computadoras, monitores, teclados, videocaseteras, grabadoras y otros por un
valor superior a 29 mil pesos. De los incuantificables, pero que tampoco
aparecieron, se encuentran desde sillones, libreros, teclados, teléfonos,
computadoras y hasta guillotinas.
Determina
la Sindicatura: “El servidor público saliente -Héctor Bautista Ortega- causó un
perjuicio a la Hacienda pública municipal por un monto de 29 mil 539 pesos con
24 centavos… y la falta de documentación de 43 bienes.
IMMUJER: INCONSISTENCIAS POR 252 MIL 944
PESOS, MÁS DOS CHEQUES
En el
Instituto Municipal de la Mujer, los investigadores de Sindicatura localizaron
siete irregularidades:
1.- No se pudo verificar si el convenio
de colaboración entre el Instituto y Fundación Lamia se llevó a cabo en su
totalidad, pues los funcionarios no pudieron localizar a Mario Hernández Lamia,
titular de la fundación, pues los datos que proporcionó no fueron los
correctos. En los números telefónicos no fue posible encontrarlo, y cuando
acudieron al domicilio que presentó, descubrieron que ahí no se encuentra
ubicada la institución.
2.- En relación al pago de finiquitos, se
detectó que en el caso de cuatro ex trabajadores hubo errores en los montos
pagados.
3.- Las cuatro personas firmaron en sus
finiquitos un concepto por “gratificación por terminación de nombramiento”, lo
cual no existe en acuerdos, convenios o cláusulas estipulados. Se trata de
Adrián Barreras, María Ituarte, Raúl Olivas y Sonia Ituarte.
4.- Se concluye que la gratificación en
comento no se encuentra establecida en el presupuesto autorizado.
5.- 124 mil 352 pesos con 95 centavos fue
la diferencia acumulada, “pagados en exceso por parte del Instituto Municipal
de la Mujer”.
6.- “Faltante de 76 bienes en libros por
128 mil 591 pesos con 95 centavos”.
7.- Siete cheques pendientes de entregar
a beneficiarios. Cinco fueron debidamente capturados y cancelados. Quedaron
pendientes dos cheques, cuyo beneficiario fue Silvia Castro Lamia.
CATASTRO: DAÑO PATRIMONIAL POR MÁS DE 800
MIL PESOS
El 27
de marzo de 2014, la directora de Catastro, Diana Nieto Adame, reportó ante
Sindicatura la existencia de un probable
daño patrimonial causado a la a la dirección que encabeza por empelados
del anterior XX Ayuntamiento de Tijuana. La afectación económica se presume de 849
mil 697 pesos, pero las indagatorias continúan.
Tras la
investigación iniciada por Sindicatura, los ex funcionarios detectados como
posibles responsables, fueron Martín Rodríguez Rodríguez, jefe de Sección E de
Catastro; Jesús Martín Camacho, jefe de Sección E; Gustavo Orozco Morales, jefe
de Sección D, dado que fueron sus claves de acceso al sistema, las que se
usaron para cometer las siguientes irregularidades:
Registros
de nuevos dueños en terrenos sin que los “supuestos propietarios” presentaran la documentación que los
acreditara; cambio de la tasa basada en
el valor del terreno; cambio del
valor unitario o fiscal del terreno; y
cambio de superficie del terreno.
Estos
más de 800 mil pesos de afectación al erario municipal, se generaron realizando
movimientos irregulares en los expedientes de las claves catastrales WM592003,
WM592193, PT132005, IN043066 y UN004021.
Entre
los ciudadanos implicados -como afectados o favorecidos- en estos movimientos
irregulares aparecen la familia Falomir Reyes, Alfredo Yáñez García, Juan
García Ibarra, Victoria García Zamora y Mónica Vallejo Aispuro, empleada
municipal en el gobierno de Carlos Bustamante.
DELEGACIONES
En
todas las demarcaciones municipales se detectaron irregularidades. La mayoría
de los delegados serán citados a declarar en la siguientes semanas, luego de
que el 26 de enero lo hará el ex alcalde Carlos Bustamante y su ex síndico
procuradora, Yolanda Enríquez de la Fuente, por el caso de las concesiones para
espectaculares que se auto otorgó el primero, y cómo la segunda no evitó la
irregularidad cuando su responsabilidad era supervisar el respeto a la Ley y
los reglamentos municipales en todas las transacciones.
DELEGACIÓN
LA MESA: PERJUICIO POR 1 MILLÓN 478 MIL 794 PESOS CON 23 CENTAVOS
En el
caso de la delegación La Mesa, se localizaron irregularidades como:
* Un sobregiro de 129 mil 450 pesos de la
Unidad Administrativa de la Oficina del Delegado.
* 55 bienes faltantes por un total de 310
mil 682 pesos con 68 centavos, desde mobiliario, equipo electrónico, equipo de
oficina, herramientas, sillas, radios y hasta una podadora de césped.
* Vehículos en mal estado, en cuyo
trabajo de reparación se erogaron 21 mil 842 pesos con 46 centavos, así como
otras seis unidades cuyos gastos mecánicos ascendieron a 20 mil 995 pesos con 4
centavos.
* Maquinaria en mal estado, que no
contaba con mantenimiento programado. “Se pudo constar que las erogaciones
efectuadas por parte de la delegación Otay Centenario para realizar servicios
de mayores considerados como servicios de mantenimiento correctivo, ascienden a
un monto acumulado de 889 mil 975 pesos con 71 centavos”.
* Sobregiro de 235 mil 298 pesos en la
partida Ayudas Sociales a Personas.
En
estas condiciones, el ex delegado Marcelino Hidalgo Silva, determinó a Sindicatura:
- “El servidor público saliente generó un
sobregiro de 235 mil 298 pesos con 40 centavos en la partida Ayudas Sociales a
Personas (…) autorizó indebidamente la ejecución de recursos públicos sin
observar las disposiciones legales…”.
- “El servidor público saliente causó un
perjuicio a la Hacienda pública por 310 mil 682 pesos con 62 centavos, derivado
de la no localización de 55 bienes designados a la delegación”.
- “…causó daño a la Hacienda pública
municipal por un monto de 42 mil 837 mil pesos con 50 centavos, derivado de la
erogación por servicios mayores efectuados a las unidades vehiculares
designadas en la delegación”.
- “… causó daño a la Hacienda pública por
un monto de 889 mil 975 pesos con 71 centavos, de la erogación por servicios mayores
efectuados a maquinaria”.
Delegación Cerro Colorado: daño por 19
mil 459 mil pesos con 77 centavos
En el
caso de esta demarcación, luego de la revisión entre el acta de entrega del
delegado y las observaciones del encargado en esta administración, Sindicatura
resolvió:
“El
servidor público -Édgar Fernández Bustamante- causó perjuicio a la Hacienda
pública municipal por un monto de 19 mil 459 pesos con 77 centavos, derivado de
la no localización de cinco bienes designados a la delegación.
Se
trató de una computadora, tres cámaras digitales y una motobomba.
DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA: DAÑOS POR
MÁS DE 5 MILLONES DE PESOS
Las
faltas, daños y observaciones fueron en la delegación Playas, teniendo como
responsable a Basilio Meza Gastélum:
* Faltante en mobiliario, equipo de oficina
y cómputo por un millón 457 mil 793 pesos con 33 centavos.
* Erogaciones por mantenimiento de
vehículos por 2 millones 135 mil 647 pesos con 31 centavos.
ELEVADOR
PARA DISCAPACITADOS, SE PAGÓ SIN ESTAR CONCLUIDO
El 18
de julio de 2014, una queja recibida por el mal funcionamiento del elevador
para discapacitados instalado en las
oficinas del Ayuntamiento de Tijuana, dio origen a una investigación que
concluye que por lo menos cinco funcionarios incurrieron en fallas al
supervisar la construcción y el pago de la obra, oficialmente entregada el 31
de diciembre de 2012; pero el elevador no funcionó la mayoría del tiempo en
2013, ya que las reparaciones y
habilitaciones de la obra iniciaron hasta agosto del año pasado.
Según
reportes de la Dirección de Obra e Infraestructura, la obra, ejecutada por
Téllez e Hijos, al final fue reparada por la empresa Binacional de Elevadores,
S .de R.L. de C.V.
Conforme
a la verificación física de la obra, además de los problemas de funcionamiento
en la apertura y cierre de puertas en el elevador, no se localizaron los 67
letreros en Braille incluidos en el contrato, ni otros 77 letreros
informativos; tampoco existe un plano de la estructura del proyecto, los baños
para discapacitados se encuentran deshabilitados, el elevador no llega al
Estacionamiento 1 como se había comprometido, el piso del elevador no es
antiderrapante, y el módulo de atención a personas con discapacidad no es igual
al plasmado en el proyecto.
Los
funcionarios implicados en esta investigación resultaron: el supervisor de
obra, Oswaldo Zatarain; el jefe de supervisión, Francisco Moreno; el
subdirector de construcción, Fernando Esparza; el director de obras, Esteban
Yee Barba; y la jefa de la Unidad Administrativa de la Dirección de Obras e
Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM ).
Las
fallas en que presuntamente incurrieron fueron: pagar trabajos inconclusos,
aprobar la terminación de trabajos sin finalizar, no informar a Sindicatura de
la terminación ni de la recepción parcial de los trabajos; no recabar
garantías, omitir el vigilar y verificar la calidad de los equipos; omisión en
la revisión de los trabajos de la obra, no verificar que los planos se
mantuvieran actualizados, ni rendir informes mensuales.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Adela Navarro Bello / Rosario Mosso Castro/ 7 de Enero del
2015 a las 14:15:00)
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