Ejidatarios
de La Purísima presentaron una queja al procurador Cruz López Aguilar por
omisión, negligencia y coalición de funcionarios de la delegación estatal, con
ex servidores públicos, empresarios y políticos involucrados en el despojo de
425 mil hectáreas en Comondú
La
Purísima, Baja California Sur.- La paciencia se agotó entre los campesinos del
núcleo ejidal de La Purísima en el municipio de Comondú, Baja California Sur,
que después de soportar tres años de omisiones, negligencias y mentiras,
pusieron punto final y presentaron, el martes 11 de noviembre, una queja formal
al procurador agrario nacional, Cruz López Aguilar, en contra del delegado
Eligio Soto López y “servidores públicos” a su cargo, por “haberse coludido con
ex servidores públicos, empresarios y políticos ladrones” para despojarlos de
425 mil hectáreas localizadas en la sierra, Golfo de California y Océano
Pacífico.
La
denuncia, presentada en la Ciudad de México y certificada por el Notario
Público Número 5, Alfonso Zermeño Infante, solicita de entrada ejercer las
facultades que contiene el Artículo 61 de la Ley Agraria para que por su
conducto -según la citada Ley- se inicien las acciones que en derecho procedan,
tendientes a invalidar, nulificar o dejar sin efecto alguno, lo acontecido y
documentado en la asamblea de fecha 25 de marzo de 2012, cuando de manera
discrecional y sin previo sorteo, como establece la Ley Agraria, fueron
repartidas grandes extensiones de tierras a ex servidores públicos,
empresarios, políticos y prestanombres del precandidato a presidente municipal
de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño; lo que de acuerdo a la denuncia formal,
presenta vicios e irregularidades que afectan el patrimonio de alrededor de 300
ejidatarios de bajos recursos económicos de esa población ejidal de Baja
California Sur.
La
denuncia, firmada por alrededor de 150 ejidatarios y entregada por la abogada
Marely Higuera Arce, explica que desde el año 1991 se tuvo la participación e
incursión en el ejido, de personas que con el interés de invertir en derechos
reales, sobre todo en la zona ubicada en la costa marina, adquirieron derechos
de personas originarias de ese centro de población, los cuales no son
agricultores, ganaderos, residentes u originarios del ejido, casi siempre
perseguido por la especulación comercial de parcelas.
Según
los denunciantes, de ese tiempo a la fecha fueron “avasallados por el poder
económico y adquisitivo de supuestos inversionistas, lo que permitió que
adquirieran más de un derecho ejidal de ex compañeros ejidatarios, echando mano
de testaferros para que fueran autorizados como avecindados, o sujetos agrarios
del núcleo ejidal”.
Asimismo,
refieren que buscando la protección de sus miembros, lograron acuerdos en los
que enajenaron parcelas y no derechos, derivado del gran acaparamiento de
tierras que comenzó a registrarse en la zona, sobre todo del malogrado “Grupo
de Los Cabos”.
Sin
embargo, la ambición de ex servidores públicos, empresarios y políticos
ladrones fue desmedida a tal grado de comprar conciencias y controlar económicamente
a la población ejidal, y poder persuadir al Comisariado Ejidal de La Purísima
que estaba en funciones en 2011, y lograr, a través de procedimientos legales,
nulificar el acta de formalidades especiales del 24 de febrero de 2008,
derivada de la asamblea del 25 de febrero de 2007, donde cumpliendo con la Ley
Agraria, se había llevado a cabo un sorteo de parcelas, conocido también como
reparto económico, además de un reparto equitativo de las tierras.
El caso
es que con argucias y engaños, el 15 de febrero de 2011, el Comisariado Ejidal
de La Purísima, entonces encabezado por Daniel Raúl Vizcarra Angulo y José de
Jesús Arvizu Higuera -afín al aspirante a la alcaldía cabeña, Narciso Agúndez
Montaño-, presentó una demanda de nulidad absoluta y pidió el desconocimiento
del acta de asamblea del 24 de febrero de 2008, que actualmente radica en el
Tribunal Agrario de La Paz.
Como
consecuencia, y en virtud de que el llamado “Grupo de Los Cabos” tenía el
control absoluto del Comisariado Ejidal de La Purísima, convocó a una nueva
asamblea de formalidades especiales que se celebró el 25 de marzo del 2012, a
pesar de que la misma asamblea tenía impugnado el cambio de destino de tierras,
bajo el número de expediente TUA-48-39/2012.
En esa
asamblea, la entonces asesora del núcleo ejidal y ex funcionaria de la
Procuraduría Agraria, Miriam Aidée Orozco Luna, fue la encargada de iniciar el
desahogo de la reunión, de una manera tecnicista, complicada, robusta,
insidiosa y sin el mero interés de dar certidumbre e informar sobre los
trabajos técnicos que contenía el cambio de destino de las tierras; incluso
hubo interpelaciones al topógrafo Salvador Sarabia Vázquez, encargado de los
supuestos trabajos técnicos, quien ni siquiera supo explicar dicha
presentación.
Durante
2007 y hasta 2012, se autorizó un punto de acuerdo, el cual consistía en que
“cualquier ejidatario que midiera 20 hectáreas, se le otorgaría la titularidad
de las tierras en la asamblea de formalidades siguientes”, no obstante, la
realidad es que forzosamente se necesitaba utilizar al topógrafo designado por
el Comisariado Ejidal para la medición, el cual cobraba 3 mil pesos por
parcela, dinero del que carecían muchos ejidatarios, pues su ingreso apenas
alcanza para vivir y fueron excluidos del reparto de tierras.
Los que
sí aparecieron fueron ex servidores públicos, empresarios, políticos y
prestanombres, quienes se repartieron, sin mediar algún sorteo, las mejores
tierras de la región, algunas de las cuales fueron ofertadas y sujetas a
negociación de compañías mineras:
* Ana Karina Angulo Esquer, esposa del
empresario sexenal, Luis Raymundo Cano Hernández, con 14 mil 298 hectáreas,
quien contraviniendo el Artículo 27 Fracción VII de la Ley Agraria, registra
más del 5 por ciento del total de tierras ejidales.
* Miriam del Carmen Galaviz Palacios,
secretaria y prestanombres del empresario Luis Raymundo Cano Hernández, con 257
hectáreas, quien en una investigación federal por lavado de dinero, no tendría
manera de comprobar la procedencia de recursos para poseer dichas tierras.
* Salvador Sarabia Vázquez, ex topógrafo
oficial del Comisariado Ejidal de La Purísima, con mil 685 hectáreas, quien se
auto asignó dichas tierras.
* Daniel Raúl Vizcarra Angulo, con 320
hectáreas. Fue comisariado ejidal en la época en que comenzaron a registrarse
las irregularidades.
* Miriam Aidée Orozco Luna, ex asesora
del comisariado ejidal y ex funcionaria de la Procuraduría Agraria, con 10
hectáreas.
* Roberto Armando Orozco Alonso, Notario
Público Número 130 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con 8 mil 86
hectáreas.
*
Emigdia Cunningham Verdugo, tía del ex alcalde de Loreto, Yuan Yee
Cunningham, con 5 mil hectáreas.
* Manuel Salvador Baeza Davis, ex titular
de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal
de Loreto.
EL DELEGADO DE PA
Sobre
la denuncia presentada al procurador agrario nacional, Cruz López Aguilar, el
delegado estatal, Eligio Soto López, dijo desconocer el hecho, porque “hasta
este momento no he sido notificado de nada”.
— ¿Cuál
es su postura?, preguntó ZETA.
“No sé,
aquí no tengo tema de esa naturaleza. No tenemos conocimiento de eso en contra
de nosotros, y cuando menos hasta ahorita, no estamos enterados por parte del
Ejido de La Purísima”.
Durante
una entrevista con este Semanario, Soto reconoció saber la coalición de
servidores públicos a su cargo con el “Grupo de Los Cabos”, pero todo se está
revisando y analizando en el Tribunal Agrario, por lo cual se proclamó impedido
para opinar hasta que salga el fallo del tribunal.
— ¿Cuál
es su opinión sobre las acusaciones en su contra y la de sus funcionarios?
“Ninguna”.
El
delegado federal insistió en no comentar hasta no conocer el fallo, ya que
“está en la jurisdicción en el Tribunal Agrario Nacional, porque ahí se están
demandando unos contra otros”.
Reconoció
tener la obligación de dar atención a cada uno de los sujetos agrarios que se
hayan visto afectados en sus derechos y propiedades, “todos los que recurren a
nosotros, son atendidos, y ahorita tenemos muchos asuntos o casos de La
Purísima, y están siendo llevados por la Procuraduría Agraria; otros no,
recurren a abogados particulares”.
A decir
por el funcionario, “a nosotros nos corresponde ir hasta el fondo del asunto en
cualquier denuncia o circunstancia, y si hubo pasos incorrectos que se hayan
dado dentro de la institución, nosotros estamos dispuestos a corregirlos; y si
alguien tiene algún asunto en el que se vean afectados por algún funcionario o
servidor público a mi cargo, que presenten la denuncia y nosotros vamos a
proceder en consecuencia, y damos la cara en todos sentidos. No es ninguna
pose, sino el cumplimiento irrestricto hacia los sujetos agrarios y a quienes
tenemos la obligación de responderles y velar por sus intereses”.
El
delegado agregó que durante su periodo han salido entre siete y ocho
funcionarios a su cargo, además de que han entrado nuevos y está por resolverse
el caso de uno más que fue señalado por algunos afectados. No ofreció nombres
ni puestos, sin embargo, los principales acusados como responsables de haberse
coludido con la ex funcionaria de la Procuraduría Agraria, Miriam Aidée Orozco
Luna, y según el portal de internet de la propia institución, siguen en sus
cargos, haciendo como que trabajan y operando desde el interior para el llamado
“Grupo de Los Cabos”, protegidos por el manto del delegado Eligio Soto López.
Ellos son:
* Rosario Bauman Mendívil, subdelegada
jurídica.
* Selene Urías Cuadras, jefa del
Departamento Jurídico.
* Ezequiel López Castro, visitador
agrario en Comondú, quien dicho sea de paso, validó y solapó la serie de
irregularidades que se han venido cometiendo desde el 15 de marzo de 2012 a la
fecha.
Incluso,
de acuerdo con la queja presentada en su contra, coludidos con el presidente
del Comisariado Ejidal de La Purísima, Placido Rodríguez Higuera, boicotearon
en su momento la entrega de la denuncia en la delegación estatal, lo cual
derivó que fuera presentada directamente en la Procuraduría Agraria en la
Ciudad de México.
LOS QUEJOSOS
La
abogada y ejidataria de La Purísima, Marely Higuera Arce, consideró que tanto
cinismo no puede ser posible en la delegación de la Procuraduría Agraria de
Baja California Sur, empezando por el propio delegado, Eligio Soto López, quien
poco o nada ha hecho en contra de los responsables de intentar despojar a los
ejidatarios de sus tierras; el topógrafo Salvador Sarabia Vázquez, quien quiso
cobrarse a lo chino con las tierras ejidales en playas y zonas mineras, como
permitir que la ex asesora jurídica de esa institución, Miriam Aidée Orozco
Luna, ordene y manipule a su antojo a los servidores públicos a su cargo,
obedeciéndola ciegamente.
La
abogada expuso que las irregularidades son tan graves que, por citar un
ejemplo, la ex asesora jurídica de la Procuraduría Agraria es propietaria de la
tierra del padre de Isabel Higuera.
Durante
una entrevista con ZETA, declaró que los ejidatarios ya están hartos de tanto
abuso y se está llegando el momento de que si se sigue actuando con omisión y
negligencia en la Procuraduría y el Tribunal Agrario, puede estallar la
violencia en cualquier momento, porque “no vamos a permitir por ningún motivo
que el ‘Grupo de Los Cabos’ quiera despojarnos de nuestras tierras, y si es
necesario usar piedras y machetes, y sacarlos a punta de golpes, lo vamos a
hacer sin ninguna duda”.
— ¿Qué
tanto apoyo han recibido de la delegación de la Procuraduría Agraria?
“Absolutamente
ninguno, solo han sido palabras y discursos, dicen y prometen que nos van a
apoyar, pero no pasa de eso, solo es asesoría por todos los juicios que
tenemos, pero la verdad esa asesoría deja mucho que desear, porque carecen de
conocimientos. Yo soy abogada, pero no en el tema agrario, y aun así, le entiendo
bastante bien, y no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta cuando una
asesoría es buena o no”.
La
ejidataria complementó que por las actitudes de los funcionarios de la
delegación, no saben de qué lado están o a quién están apoyando: si a los ejidatarios
-en este caso- de La Purísima, o están encaminando sus asesorías para
beneficiar los intereses que parecen representar al “Grupo de Los Cabos”.
“Yo he
visto cómo actúan y se mueven, y la verdad veo que es todo un teatro muy bien
montado, durante mucho tiempo se la han llevado engañándonos y mintiéndonos,
con evasivas, estrategias, dándonos largas. Su único interés es favorecer a los
ex funcionarios, empresarios y supuestos inversionistas”, consideró Higuera.
La
abogada fue tajante: “El delegado de la Procuraduría Agraria, Eligio Soto
López, tiene un año prometiendo que nos va ayudar, y a la fecha sigue sin
cumplir, pero no podríamos esperar mucho de él, porque todos en La Purísima
sabemos que cuando fue ejidatario, por allá también se anduvo queriendo robar
tierras, y entonces con qué calidad moral vamos a creerle que de verdad nos
quiere ayudarnos ahora que está ostentando el cargo de delegado; porque
sinceramente no le creemos nada, las cosas se demuestran con hechos, y no con
palabras”.
Para
finalizar, Marely Higuera Arce se dijo triste y decepcionada, “porque estamos
viendo que los sinvergüenzas quieren ver más jodido al jodido”, como una
estrategia para comprar a precio de ganga sus tierras y apoderarse de algo que
no les pertenece.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 02 de Diciembre del 2014 a las 12:00:00)
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