Recrudece la
violencia en Guerrero, Michoacán, Morelos y Jalisco, puntos anunciados como
estratégicos para el reordenamiento del modelo de seguridad en el país.
Reformas planteadas por Peña Nieto tendrán que esperar al regreso de vacaciones
de los senadores. Familiares de los normalistas desaparecidos rompen relaciones
con el Gobierno Federal. Violencia en La Ruana exhibe la incapacidad del
comisionado Alfredo Castillo
El presunto refuerzo
de seguridad con la presencia de la Gendarmería Nacional en las entidades con
graves brotes de violencia en la costa del Océano Pacífico ha fracasado, y la
paz social en Guerrero, Michoacán y Jalisco sigue amenazada, sumando en el
Centro del país a Morelos, donde los secuestros y señalamientos de
narcopolítica no cesan.
Tan solo durante la
última semana se registraron agresiones y homicidios en Guerrero, donde aún no
se resuelve el caso de los crímenes y desapariciones de los normalistas de
Ayotzinapa. En Michoacán, dos grupos de autodefensas se enfrentaron a balazos,
con saldo de once muertos; mientras que en Jalisco fue ejecutado un ex alcalde
del costero municipio de San Sebastián del Oeste.
En Morelos, donde presuntamente
por lo menos 11 de los 33 presidentes municipales tendrían algún vínculo con
criminales, según fuentes de inteligencia citadas por agencias noticiosas, el
diputado perredista David Martínez fue secuestrado y posteriormente liberado.
Los autores del plagio habrían sido miembros del grupo delictivo “Guerreros
Unidos”, los cuales fueron detenidos.
En tanto se presenta
este panorama nada alentador en los estados mencionados, en el Senado de la
República concluyó el periodo de sesiones, y la iniciativa de seguridad y
combate a la corrupción remitida por el Presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, tendrá que esperar hasta el próximo periodo ordinario, a iniciar en
febrero de 2015.
“La iniciativa de
reforma constitucional que presentó el Ejecutivo no alcanzó los consensos entre
los grupos parlamentarios para poder ser aprobada, y nosotros hemos aprobado
una ruta pública de cómo desahogar las propuestas”, explicó el presidente de la
Cámara Alta, Miguel Barbosa. Así, quedan pendientes de definir el Nuevo Modelo
Policial, las leyes reglamentarias de la Fiscalía General de la República, y el
nombramiento de los fiscales Anticorrupción y contra Delitos Electorales.
Por si fuera poco,
organizaciones civiles mostraron su inconformidad con la administración peñista
por no ser consultadas en la elaboración de Decálogo de Seguridad, siendo que
forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública que este fin de semana
sesionará en Palacio Nacional. Ahí expondrán su molestia los representantes de
las asociaciones S.O.S., México Unido contra la Violencia y Causa en Común,
entre otras.
“NO” AL CARPETAZO POR AYOTZINAPA
Después de sostener
un enfrentamiento el domingo 14 de diciembre con policías federales en
Chilpancingo, Guerrero, y reunirse horas más tarde con funcionarios de la
Procuraduría General de la República (PGR), padres y amigos de los normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa rompieron el diálogo con el Gobierno Federal, al
señalar que no es mucho el apoyo que reciben, y que las autoridades lo que
quieren es “dar carpetazo” al asunto.
Felipe de la Cruz,
vocero de los familiares de los estudiantes que desaparecieron desde el 26 de
septiembre a manos de policías municipales de Iguala y Cocula, advirtió que no
cesarán las movilizaciones a pesar de la temporada decembrina, ya que su
preocupación es localizar con vida a los 42 jóvenes que aún no son recuperados.
Durante la última
reunión sostenida entre los padres, no solo de los normalistas, sino de otros
desaparecidos en otros municipios de Guerrero y los funcionarios federales, se
les requirieron fotografías de sus hijos para crear su “Cédula de Personas
Desaparecidas”.
La encargada del
Despacho de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Eliana García Laguna,
explicó que se difundirán ocho carteles con 24 fotografías donde se apreciarán
los rostros de las personas ilocalizables.
Por su parte, al
realizar un balance de 2014 en México, el Presidente Enrique Peña Nieto
reconoció que ha sido un año de “claroscuros”, pues hubo importantes avances
mediante la consolidación de reformas estructurales, pero también momentos
difíciles y de dolor por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y afirmó que
las investigaciones de este caso continuarán.
“Al margen y en la
clara responsabilidad que tiene el Gobierno de la República, a través de la
Procuraduría General de la República, esta investigación deberá concluir con la
aplicación irrestricta de la justicia ante los eventuales responsables”, señaló
en su discurso el mandatario, quien agregó que 2015 debe deparar un mejor
escenario a los mexicanos, que permita al gobierno trabajar en favor del
bienestar y mejorar la calidad de vida de la población, además de avanzar en el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de todos los órdenes de
gobierno.
Las investigaciones
del caso Iguala llegan a la esfera internacional. México entregó un millón de
dólares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para iniciar con
el proceso de la conformación del grupo de especialistas que dará seguimiento
al asunto.
Mas no es la única
cantidad que se erogará, pues el gasto total dependerá del tiempo que dure el
trabajo y del número de personas que lo conformen.
Por su parte, el
coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso
Raya, demandó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa,
y exige que comparezcan tanto el procurador general de la República, Jesús
Murillo Karam, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
para aclarar las dudas que aún persisten y el posible involucramiento de las
fuerzas federales en los hechos.
PESQUISAS, CRÍMENES Y ELECCIONES
Los avances en las
investigaciones del caso Ayotzinapa por parte de la PGR se han limitado a solo
dos aspectos durante la última semana. Uno de ellos, la extensión del arraigo a
María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del detenido ex alcalde de Iguala,
José Luis Abarca Velázquez.
Un juez federal
concedió la ampliación del arraigo durante otros 20 días. La dependencia
federal asegura que esta medida perfecciona la indagatoria.
El otro anuncio de
la PGR fue el congelamiento de los bienes propiedad del matrimonio
Abarca-Pineda, ante la sospecha de que los recursos financieros tienen un
origen ilícito.
Trascendió que tres
áreas del Ministerio Público de la Federación realizaron la petición formal del
aseguramiento de los recursos en cuentas bancarias de la pareja, a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Mientras eso ocurre
en Iguala, en Acapulco, 18 personas fueron asesinadas en dos días. Tres de los
crímenes ocurrieron en un taller mecánico, sobre la carretera Puerto Marqués,
donde sujetos armados arribaron para disparar sobre las víctimas.
A pesar de estos
hechos, el gobernador interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez, consideró que
este tipo de delitos irán a la baja; en tanto, la Gendarmería Nacional prometió
dar resultados en el destino turístico, donde se encuentran destacados mil 150
de sus elementos.
Otro tema que
preocupa por la misma violencia y el nivel de descontento social, es el de las
elecciones de 2015 en el Estado de Guerrero. El presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, garantizó que “pase lo que pase y a
toda costa”, los comicios en esa entidad y en otras del país se van a llevar a
cabo el próximo 7 de junio.
El consejero
presidente asegura que suspender las elecciones se convertiría en un grave
problema adicional ante el clima de inestabilidad política que vive México y un
fracaso de la democracia. Agregó que los comicios son la forma de restablecer
el orden democrático en el país, por lo cual no se deben suspender.
Al respecto, el
presidente del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz,
expuso que no hay nada que impida la realización de las elecciones ni en
Guerrero, ni en Michoacán.
EL FRACASO DE CASTILLO EN MICHOACÁN
Pese a la creación
de una “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán” por
parte del Gobierno Federal, la violencia y el terror no se han ido de ese
estado.
Durante la semana se
registró un enfrentamiento a balazos entre grupos de policías comunitarios
comandados por Hipólito Mora Chávez y Luis Antonio Torres “El Americano”, con
saldo de once muertos, entre ellos el hijo de Mora. En la balacera participaron
unas 400 personas.
Los hechos
ocurrieron la tarde del martes 16 de diciembre cuando ambos grupos se toparon
en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), municipio de Buenavista
Tomatlán. Manuel Mora, hijo del fundador de las autodefensas, fue uno de los
fallecidos, confirmaría horas más tarde el titular de la referida comisión,
Alfredo Castillo Cervantes.
Increíblemente los
líderes de ambas facciones de policías comunitarias no fueron detenidos al
momento y sus primeras declaraciones las realizaron ante los medios de
comunicación. Hipólito aseguró que Luis Antonio Torres “El Americano” y su
gente fueron los primeros en disparar, y su hijo Manuel, el primero en caer.
Según Mora Chávez,
lo único que hicieron él y su gente fue defenderse de la agresión, y está
consciente de que podría ir nuevamente a la cárcel, donde ya estuvo
recientemente acusado de un doble homicidio, proceso penal en el que no hubo
pruebas para declararlo culpable. Apenas veló el cuerpo de su hijo, Hipólito
rindió su declaración ministerial ante las autoridades de La Ruana.
Tras declarar en la
Procuraduría de Justicia michoacana, el líder de las autodefensas advirtió que
no dejará las armas y no cesará en su lucha contra el crimen organizado.
Mora declaró que con
la muerte de su hijo le pegaron en lo que más le duele, y criticó que el
comisionado Alfredo Castillo se empeñe en decir que es un pleito con “El
Americano”, cuando sabe que la situación en Michoacán no ha mejorado.
Las autoridades
ministeriales de Michoacán prevén que en las próximas horas un juez de lo penal
gire por lo menos 50 órdenes de aprehensión en contra de igual número de
personas que participaron y habrían disparado armas de fuego en el
enfrentamiento de La Ruana. Se estima que fueron unas 65 personas las que
accionaron armas, pero algunas de ellas no están identificadas plenamente.
Otra agresión a
balazos ocurrió en la comunidad de Xayakalan, en las inmediaciones de Aquila,
Michoacán, cuando varios sujetos emboscaron a los tripulantes de una camioneta
en la que viajaba el comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, Semeí
Verdía.
El ataque con armas
largas dejó como saldo tres lesionados, dos de los cuales fueron trasladados
graves a hospitales de la capital de Colima, y otro fue internado en Tecomán.
Dados los últimos
acontecimientos, elementos del Ejército Mexicano, Gendarmería Nacional y de la
Policía Federal, resguardan la comunidad de La Ruana y otros municipios. El
operativo se realiza con vehículos blindados y helicópteros que sobrevuelan la
zona.
Por su parte, la
diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, Selene Vázquez
Alatorre, explicó que la entidad perdió su soberanía desde que el Gobierno
Federal designó a Alfredo Castillo como comisionado especial para la región,
“el Estado de Derecho en Michoacán está absolutamente roto, porque aquí hay un
virrey que es plenipotenciario, que está encima de todos los poderes”, remató.
Diversos sectores,
además del político, están inconformes ante el fracaso manifiesto del
comisionado Castillo, quien no ha cumplido con las de por sí precarias
expectativas de dar paz y tranquilidad a la entidad tarasca, y mucho menos ha
detenido al líder del Cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez
Martínez “La Tuta”, quien se ha convertido en un capo inatrapable, siendo que
constantemente figura en videos y mensajes expuestos a través de las redes
sociales.
VIERNES DE MARCHAS EN TIJUANA
Sumadas a las
protestas a nivel nacional y a la manifestación que planea el Movimiento
#YaMeCansé en Tijuana, integrantes de la Asamblea Interestudiantil llevarán a
cabo un acto cultural en el Reloj Monumental a las 4:00 pm, llamado “Alexander
Mora No Ha Muerto. Acto en Memoria de Alexander y los Estudiantes Asesinados,
Encarcelados y Desaparecidos”, en el que
exigirán justicia para el normalista desaparecido la noche del 26 de septiembre
en Iguala, Guerrero, junto con otros 42 estudiantes.
Los restos de
Alexander, de 19 años de edad, fueron encontrados en el basurero de Cocula e
identificados por especialistas en Austria, corroborados por peritos
argentinos.
Entre los reclamos
figura la muerte de Kassandra Bravo, Anayeli Bautista, Edith Gutiérrez, Elmer
García Archuleta, Édgar Iván García Archuleta, Gabriel Gándara Archuleta, entre
otros asesinatos de jóvenes ocurridos en días pasados.
Asimismo, se
mencionarán los casos de Eric Garner, de Nueva York, y de Michael Brown, de
Ferguson, Missouri, hombres de color que murieron a causa del excesivo uso de
la fuerza por parte de elementos de la Policía estadounidense.
El acto cultural
comprende la colocación de una corona de flores y un altar con velas, una
relatoría sobre caso Alexander y los estudiantes asesinados en días recientes,
lectura de poesía, pase de lista, una exposición del caso Ferguson y, para
finalizar, un pronunciamiento por parte de la Asamblea.
En una reunión
celebrada al mediodía del domingo 14 de diciembre, al concluir su evento, los
estudiantes decidieron incorporarse a la manifestación de #YaMeCansé, en el
Monumento a la Madre, conocido como “Las Tijeras”, realizada a las 5:30 de la
tarde.
También acordaron
llevar a cabo una videoconferencia con estudiantes de San Diego en relación al
caso Ayotzinapa y con otros estudiantes de Berkeley sobre el caso Ferguson, en
Estados Unidos, el próximo 21 de diciembre a las 3:00 pm, en el local Ollin
Cali del Pasaje Gómez.
Por su parte, a más
de dos meses de los hechos ocurridos en Iguala, El Colegio de la Frontera Norte
lanzó un pronunciamiento público firmado por el Consejo Académico, en el que en
cinco puntos condena los hechos ocurridos en Iguala; exige castigo a los
responsables por parte de las autoridades; conmina al Congreso de la Unión, a
los congresos estatales y a los partidos políticos “a asumir su responsabilidad
con amplitud de miras y plena conciencia de la actual coyuntura, que sin duda
es crítica y decisoria del futuro del país”.
A la par, expresa
que las instituciones encargadas de la procuración de justicia en todos los
niveles deben ser modernizadas y, finalmente, pide transparencia de los
partidos en sus procesos para el escrutinio público, y que éstos efectivamente
“se vuelvan aparatos para la legítima representación ciudadana”.
(semanario zeta/ generalez/ LUIS
CARLOS SÁINZ MARTÍNEZ/ 27 DE DICIEMBRE DEL 2014 A LAS 09:09:00)
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