TIJUANA.-
El ex perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José
Daniel Canales Rodríguez, “Ramsés” o “El Ram”, se acogió al programa de
testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) y detalló
que, presuntamente, jefes de la Policía Municipal los apoyaban para cometer
secuestros o abandonar cadáveres en la ciudad.
Al
ex funcionario lo detuvieron la semana pasada agentes de la Policía Ministerial
de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada (SCDO) que depende de
la PGJE.
Autoridades
de esa dependencia informaron que, cuando declaró ante el agente del Ministerio
Público, mencionó que jefes de Distrito, sin precisar nombres, les facilitaban
cometer los plagios y fugarse.
Él
no tenía relación directa con los mandos. El encargado de esos acuerdos,
incluso de pagarles el 30% de las ganancias, era el también ex perito de la
PGJE, José Luis Chávez, “El Ramiro”, actualmente prófugo.
Al
Cártel de los hermanos Arellano Félix lo invitó a colaborar “El Viejón”, líder
de un grupo criminal de esa organización, a quien conoció durante el funeral de
un familiar mutuo.
Pero
sus funciones dentro de la delincuencia siempre eran con el grupo de “El Azul”
o “El Blue”, hermano del presunto narcotraficante Melvin Quiroz, capturado por
autoridades militares en el año 2011.
Al
Ministerio Público de la Unidad Antisecuestros le narró que muchas veces tenían
la orden de asesinar a personas dedicadas al narcotráfico en Tijuana, porque no
pagaban “derecho de piso” a la organización.
El
hermano de Melvin les daba esas órdenes, pero el grupo definía mejor privarlos
de la libertad y pedirle a los familiares el pagó de un rescate, como ocurrió
con el ex comandante de la Policía Federal (PF) del Aeropuerto del Distrito
Federal, Fernando Camp Rodríguez.
A
él lo secuestraron el 17 de febrero de este año, exigieron un millón de dólares
a su familia como rescate. Pagaron una cantidad menor y el 13 de marzo lo
encontraron sin vida en la calle Manuel Esperón de la colonia 20 de Noviembre.
Las
ganancias que obtenían por los secuestros eran de 600 a 400 mil dólares en
promedio. Sus víctimas se dedicaban al tráfico de drogas, como los propietarios
de una estética de la Zona Centro, dedicados a llevar cocaína a los Estados
Unidos en el compartimiento secreto instalado en un auto Mini Cooper.
José
Daniel también argumentó que presuntamente para sus actividades delincuenciales
tenían la ayuda de agentes de la Policía Ministerial del Estado asignados a la
agencia del Ministerio Público de Otay, también sin dar nombres.
Esta
semana, autoridades de la PGJE fueron informadas por la SEIDO que el ex perito
Canales Rodríguez pidió acogerse al programa de testigos protegidos de la
Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada
(SEIDO) de la PGR.
Aunque
se desconoce si cumple los requisitos para ser aceptado por la Fiscalía
Federal.
CAMBIAN A MANDOS
La
investigación que derivó en la detención del ex servidor público José Daniel
Canales Rodríguez, y sus cómplices Armando Angulo Jr. y César García Chávez, se
originó por un arresto que hicieron agentes de la Policía Municipal.
Detallaron
tener información de un secuestro cometido el pasado 18 de septiembre en las
inmediaciones del parque de la colonia Ampliación Guaycura.
Los
familiares de las dos víctimas ya habían interpuesto la denuncia ante la PGJE,
a pesar de ello pagaron el rescate.
El
secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares reiteró
el martes pasado que sí colaboraron con información para lograr la detención de
los secuestradores.
Pero
que él, en ese momento, y en la actualidad desconoce si existe la protección de
policías como lo divulgó la PGJE, autoridad encargada de las investigaciones.
Sobre
los Jefes de Distrito de la Policía en las nueve delegaciones, explicó que
desde el lunes empezaron a cambiarlos y hasta ahora ninguno ha faltado a
laboral, así como ningún agente.
Esa
rotación de mandos se dio como ocurre cada cierto tiempo, justificó Lares
Valladares.
(EL
MEXICANO/ Said BETANZOS / 02 DE OCTUBRE 2014)
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