Pese
al rechazo de la sociedad y de los alcaldes de La Paz y Los Cabos, la
aprobación del proyecto “Los Cardones” fue condicionada por SEMARNAT
La
Paz, Baja California Sur. A pesar del
rechazo de la sociedad y de que las propias autoridades, como los alcaldes de
La Paz y de Los Cabos, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez
Montaño, abiertamente fijaron su postura en contra del proyecto minero “Los
Cardones”, el cuerpo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) aprobó el 31 de julio de 2014, la Manifestación de Impacto
Ambiental -conocida como MIA- del plan minero, el cual pretende desarrollarse
dentro de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna.
El
delegado de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, dijo que el resolutivo no es
definitivo y la compañía minera, de nombre Desarrollos Zapal, S.A. de
C.V., no iniciará operaciones de
inmediato, sino que, según el dictamen de más de 170 hojas, deberá cumplir con
cuatro requisitos fundamentales:
1.
Presentar el proyecto justificativo del cambio de uso de suelo ante la
SEMARNAT.
2.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) deberá emitir su opinión en cuanto a la
disponibilidad de agua y la afectación a los acuíferos que sustituirían los
pozos de salinización de agua de mar que se pretenden construir.
3.
Autorización del proyecto por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), sobre todo en cuanto a posibles afectaciones en esa
reserva natural, donde de manera directa o indirecta, se surte de agua al 70
por ciento de la población de La Paz y Los Cabos.
4.
Aprobación del cambio de uso de suelo por parte de los ayuntamientos de La Paz
y Los Cabos, y del Comité Forestal Estatal, ya que la Sierra de la Laguna está
tipificada como zona forestal.
Desde
entonces y en virtud a la amenaza, la sociedad organizada comenzó a trabajar en
protestas y marchas en contra del proyecto minero, una de ellas, realizada el 4
de agosto, que terminó en las instalaciones de una televisora local, ya que el
propietario es uno de los socios mayoritarios de Desarrollos Zapal, S.A. de C.V.
Paralelamente,
la movilización social ha generado acciones legales como el recurso de revisión
del dictamen de aprobación del proyecto minero, solicitado por las cámaras
empresariales, colegios de profesionistas y organizaciones civiles de Los
Cabos.
El
18 de agosto de 2014, miembros del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos
presentaron un escrito enviado al secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Juan José Guerra Abud, donde solicitan reconsiderar el fallo de la
MIA girada a favor de “Los Cardones”, toda vez que la consolidación del
proyecto representa un serio peligro, afectación y riesgo para Los Cabos y La
Paz, en una situación que en cualquier momento laceraría la vocación productiva
y económica de una sociedad que depende exclusivamente del 100 por ciento del
turismo internacional y nacional.
En
el escrito de ocho hojas, los integrantes exponen que “la solicitud del recurso
de revisión -interpuesto antes de vencer el plazo legal- es porque consideran
que no solo incumple y atenta en contra de una Área natural protegida, como lo
es la Sierra de la Laguna, sino que pone en entredicho el desarrollo saludable
y armónico de áreas aledañas; así como el sustento y vocación económica de
importantes núcleos sociales de La Paz y Los Cabos, por el riesgo inminente que
esta actividad minera significa en el ambiente y sistema hidrológico, del cual
dependen para su abastecimiento directa o indirectamente estos municipios”.
Firmado
por cuatro asociaciones, tres cámaras empresariales, cuatro colegios de
profesionistas y 11 organizaciones civiles, el documento refiere que el
proyecto “Los Cardones” representa “un verdadero peligro, porque las
alteraciones a la superficie, reencauzamientos, presas de jales y materiales
expuestos por fallas humanas o cambios extremos del clima o fallas sísmicas,
provocaría contaminación de este sistema hidrológico, dañando la salud de los
habitantes y la imagen de los destinos de playa, y por ende, la vocación
económica de esas zonas, donde la percepción pública internacional de cualquier
riesgo de contaminación, alteraría los factores productivos del cual depende
directa e indirectamente el 67 por ciento de la población”.
La
solicitud de procedimiento de revisión fue signada por el líder del Consejo
Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez; los titulares de la
Asociación de Hoteles, Desarrollos de Tiempos Compartidos y Desarrolladores
Inmobiliarios Turísticos, Renato Silva de Mendonca, Paúl Wesley Litte y
Francisco Parra Cañedo, respectivamente. Además de los presidentes de las
cámaras nacionales de Comercio (CANACO), de la Industria de Transformación
(CANACINTRA), y de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC); y por
colegios de Contadores, Ingenieros, Arquitectos y organizaciones civiles.
En
riesgo ecosistemas acuáticos por aprobación de CONAPESCA
La
reciente autorización por parte de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA),
para que cuatro permisionarios de pesca de carnada tengan acceso a tender redes
de encierro en una gigantesca franja litoral de 200 kilómetros entre La Paz y
Los Cabos, ha generado incertidumbre entre la comunidad de pescadores de
carnada y deportiva, llevándolos a pronunciarse en contra de ello. Las redes se
estiman entre los 200 metros de largo, por 200 de caída, lo cual las hace
altamente depredadoras.
“Están
autorizando redes de enmalle tan cerrado, que atrapa todo, y, además, es tipo
cerco. Entonces, prácticamente acabarían con el ecosistema dentro de ese cerco,
no estarían dejando vivo nada y, cuando atacan la base de la cadena
alimenticia, estás atacando a todas las especies marinas”, denunció Enrique
Fernández del Castillo, presidente de la Asociación en Defensa de los Picudos
en Los Cabos.
La
zona donde se estima estarán tendiendo dichas redes, abarca desde Punta Arena
en la comunidad de La Ventana, en La Paz, hasta Pozo Cota, en Los Cabos;
situación que consideran de alto riesgo, al pasar por el Área Natural (ANP)
Parque Nacional Cabo Pulmo, y la Bahía de Cabo San Lucas.
“Es
un permiso de fomento, que a la larga va a terminar siendo un permiso de pesca
comercial y potencialmente, si se va a poder trabajar toda esa zona, desconozco
si hay alguna exclusión directa en las áreas naturales protegidas, pero los
peces más pequeños migran por toda la costa; sí le estarían dando al ecosistema
“, detalló el entrevistado.
Una
vez evidenciado el potencial daño al ecosistema, se exigirá a la CONAPESCA
revocar de inmediato los permisos otorgados, ya que de acuerdo al documento,
con número de folio 024/2014, tiene vigencia de un año, a partir del pasado mes
de febrero. Situación que los deja contrarreloj.
“Vamos
a ver qué podemos hacer desde el punto de vista legal, el punto de vista
práctico y a denunciar; otra vez quiere la CONAPESCA legalizar las malas
prácticas, nos dieron un trancazo durísimo con lo de la Norma 029, y ahora nos
vienen a rematar con ésta. Esto es más grave que la Norma 029”, lamentó
Fernández del Castillo.
Investigadores
y ambientalistas han manifestado que dicha disposición podría poner en riesgo
latente a especies como delfines, tortugas y otros especímenes protegidos por
la Norma Oficial Mexicana (NOM), por lo cual llama a poner atención a la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).
(SEMANARIO
ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 26 de Agosto del 2014 a las 12:00:00)
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