Inaugura EPN la carretera Mazatlán-Durango pasando por encima de la Ley Agraria
“Mientras el Gobierno federal no pague la tierra, la tierra es de
nosotros. Aunque la Supervía Mazatlán-Durango ya esté abierta al
tránsito vehicular, los campesinos podemos movilizarnos para exigir
justicia agraria”, advierten José Félix Ávila García, Filemón
Valenzuela, Pedro Hernández y Juan Huízar, comisariados ejidales del
municipio de Pueblo Nuevo, Durango, en representación de sus compañeros
ejidatarios y de los ejidos y comunidades de Sinaloa y Nayarit.
El jueves 17 de octubre, una comisión de 15 ejidatarios durangueses,
en representación de 4 mil familias afectadas, aprovechó la inauguración
de la Supervía por el presidente Enrique Peña Nieto, para entregarle un
documento donde le recuerdan que de una parte proporcional de tierra
donde se construyó la supercarretera que nace en Durango rumbo a Mazatlán, no se les ha pagado.
“Tierra, estimado presidente, que no nos han pagado, como tampoco nos
han pagado los daños y perjuicios ocasionados por las obras públicas de
vías de comunicación y servicios que iniciaron su construcción en el
año 2000 en las tierras campesinas de nuestros estados de Durango,
Nayarit y Sinaloa”.
En el oficio que también fue entregado a Mario López Valdez,
gobernador del estado de Sinaloa, los ejidatarios afectados a lo largo
de 2 mil 500 hectáreas, en las tres entidades arriba mencionadas no
olvidan que la supercarretera se construyó en propiedad social de tierra ejidal heredada por la Revolución Mexicana de 1917.
Como dueños de la tierra, los damnificados por la construcción de la
Supervía, proponen que en virtud de los 28 mil millones invertidos para
construir los 220 kilómetros, que unen las ciudades de Durango y
Mazatlán, la concesión administrativa de la supercarretera se les
entregue a Sinaloa y Durango.
“Para que las ganancias financieras que dará esta obra pública,
adquiera carácter social en su inversión para el fomento educativo, de
salud, en lo deportivo, en lo cultural y de generación de empleo, en los
cuatro municipios por donde la rúa va, como son Concordia y Mazatlán, y
municipios de Durango y Pueblo Nuevo, Durango”, enfatizan.
Asimismo, los afectados proponen que las políticas públicas de los
tres niveles de Gobierno no discriminen a los campesinos dueños de la
tierra, de los beneficios económicos que traerá aparejada la novedosa
vía de comunicación.
“Por ello se debe organizar y construir —agregan— un espacio
interregional para la aplicación de políticas gubernamentales del
fomento económico, turístico, ambiental humano y ecológico, incluyendo a
las comunidades de San Miguel del Carrizal, Copala, El Palmito en
Sinaloa, y de los ejidos de Pueblo Nuevo, La Victoria, San Antonio, El
Salto, El Brillante, Chavarría Nuevo, en Durango”.
En la misiva a Peña Nieto, las 32 comunidades ejidales y de pequeños
propietarios en Durango, Sinaloa y Nayarit, afirman que se han
organizado para luchar por la justicia agraria que todavía es un sueño
en todo el país.
“Le debemos comunicar —reconocen— que la Segob, Sedatu y las nuevas
autoridades ejecutivas de la SCT están atendiendo nuestro razonable
reclamo de justicia agraria; sin embargo, no queremos correr riesgos
inoportunos, irresponsables, oportunistas o violentos (que) pongan en
riesgo los acuerdos alcanzados para el pago de nuestras tierras y para
el pago de daños y perjuicios que estas obras públicas ocasionaron para
siempre en nuestro patrimonio familiar y campesino”.
Los campesinos pidieron al primer mandatario del país, que cuando la
SCT les proponga los valores para pagar sus tierras ejidales de donde
los sacaron a patadas como a los “perros de boda” en los ranchos donde
hay mucha comida, lo hagan respetando a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria, para que no se repita la
ilegalidad de los gobiernos anteriores, encabezados por Vicente Fox
Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
“No es nuestra culpa, señor presidente —aclaran— de que hoy nuestra
tierra, en donde se construyeron las autopistas y se concesionaron al
capital privado, al tener encima materiales, equipamientos e
infraestructuras, le hayan generado valor acumulado y de plusvalía que
con justicia hoy reclamamos”.
“Es pertinente decir que la SCT en el pasado obtuvo mucho más de los 1
mil 612 millones de pesos por las concesiones de la autopista
Tepic-Mazatlán y por el Libramiento que en esta última ciudad se está
construyendo”, afirman.
“Nosotros solo queremos que nos paguen nuestra tierra a valor de
mercado, así como la reparación de los daños y perjuicios ocasionados
por sus antecesores”.
Ilegalidad de la SCT
Los campesinos esgrimen el artículo 94 fracción III de la Ley Agraria:
“Los predios objeto de la expropiación solo podrán ser ocupados
mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará
de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fondo Nacional de
Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente”.
“Por ello —reclaman—, los campesinos queremos decir con fuerza: que
mienten (sic) todo aquel político o gobernante al decir que nos oponemos
al desarrollo, la realidad es concreta: ahí en nuestras tierras
ejidales y comunales, están terminadas las autopistas y se está
construyendo el Libramiento III en la ciudad de Mazatlán.
Al presidente de nuestra República Mexicana, los medios de
comunicación, a nuestros gobernadores y al pueblo en general, le
reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad constitucional para
resolver cualquier agravio y conflicto de intereses. Nosotros, solo
pedimos se nos pague nuestra tierra a valor comercial y precios
actualizados como lo dice la Constitución Política Mexicana y sus leyes
reglamentarias en la materia, y nos reparen los daños ambientales y
productivos que nos provocaron las obras públicas mencionadas”.
Defectos y afectaciones
Aún no se había terminado y ya era considerada una de las más
riesgosas del país. Semanas antes de que el presidente Enrique Peña
Nieto la inaugurara, ya presentaba peligrosas fallas geológicas
no previstas en el proyecto técnico, túneles tapados por aludes y tramos
en donde el terraplén con el pavimento va literalmente hacia el
precipicio, desde antes incluso de que la golpeara la cola del huracán Manuel.
A causa de ese meteoro los daños se multiplicaron: hundimientos del
asfalto por la presión del agua, drenajes tapados o que no soportaron el
caudal y reventaron el asfalto, cunetas anegadas por la misma carga
pluvial y pesadas rocas que deshicieron túneles, sin contar con que más
de 50 de los 64 pasajes filtran agua. Una parte importante de los 57
puentes también presenta fallas de diverso calibre.
La carretera de 230 kilómetros fue anunciada como la más “importante y
emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente
de México, tanto por el reto que supuso su construcción como por la
aplicación de la tecnología más avanzada”. Hoy es una ruta de
desolaciones. No solo por los túneles y puentes estropeados, sino
también por los daños colaterales que causaron las constructoras Tradeco, Aldesa y Omega en 29 ejidos y comunidades de la zona.
Esas afectaciones también son cuantiosas: arroyos o grandes cauces de
ríos —como El Baluarte— completamente azolvados por el material que
desparramaron las constructoras más allá de su derecho de vía.
Contaminaron zonas protegidas, en las que crecen especies de pino
endémicas, como la Pseudotsuga. Destruyeron el hábitat de la guacamaya,
que está en peligro de extinción. Cerraron caminos que servían para
sacar los productos de las zonas madereras o de cultivo y quitaron
puentes de paso para ganado.
En pueblos como Santa Lucía, Sinaloa, los habitantes demandan la
reparación de las cuarteaduras que las detonaciones causaron en sus
inmuebles. Y lo paradójico: se construyeron puentes que no sirven a
nadie.
A ello se suma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) pretende pagar a 60 centavos el metro cuadrado de tierra
expropiada. Sin acuerdo previo, además, otorgó el permiso para que Grupo
Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, instalara en forma
paralela a la megaobra el cableado de fibra óptica.
Rumbo a Mazatlán, en el ejido La Victoria (municipio de Durango), el
centro turístico Arroyo del Agua resultó afectado. Al riachuelo del
mismo nombre lo azolvaron con la megaobra. Ya desde antes de llegar a
este punto, los derrumbes de piedra sobre la carretera son recurrentes.
En el puente Lambederos, en Chavarría Viejo (municipio de Pueblo
Nuevo), el cascajo también se derramó hacia la corriente del arroyo, en
un área natural protegida. Ahí es el hábitat de la pseudotsuga, una
conífera verde-amarilla. Al fondo del cañón también hay cupresos, un
tipo de cedro. Ambas especies son endémicas. El túnel —del mismo nombre
que el puente— está lleno de fisuras. Más adelante, el asfalto está
completamente fracturado, es un trecho de aproximadamente 600 metros.
Se supone que una de las atracciones de la supercarretera es la
belleza del panorama. Sin embargo, los defectos ocasionados por las
constructoras son los protagonistas. Es el kilómetro 17+400. Se llama
Las Bóvedas. En esta zona hicieron bancos de escombro que nunca fueron
señalados, afectando el derecho de vía. Por entre los pinos se alcanzan a
ver los montículos de cascotes. Desde el puente La Noria se ve un bajío
en el que depositaron las rocas de concreto sobrantes, lo que afecta a
la corriente del arroyo Chavarría. El siguiente paso, llamado El Indio,
está igual de afectado.
Con información de Proceso.
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* Con esta carretera se pretende beneficiar a los siete estados que
integran el Corredor Económico del Norte (Sinaloa, Durango, Zacatecas,
Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León), una región con el 40 por
ciento de la superficie del país, en donde viven 20 millones de
habitantes y que genera el 22 por ciento del Producto Interno Bruto.
* La rúa cuenta con 61 túneles con una longitud total de 19.4
kilómetros y 115 puentes de alta especificación, con una longitud total
de 12.5 kilómetros, entre los que sobresale el Puente Baluarte, uno de
los puentes atirantados más altos y largos del mundo, con 124 metros de
longitud y 390 metros de altura, y el segundo túnel más largo que hay en
el país, “El Sinaloense”, con casi tres kilómetros.
* Esta obra carretera permitirá que el número de unidades que
actualmente transitan por dicha rúa se eleve de 30 mil a 1 millón por
año.
* También se tiene contemplada la modernización de los puertos de
Mazatlán y Topolobampo, y los libramientos de Culiacán y Mazatlán.
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