“Castigo a quienes
ordenaron y a quienes materialmente le quitaron la vida”, exigió en su momento Gabriela Ramírez, viuda del
editor de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco. El mismo reclamo que quienes
trabajamos en esta casa editora hemos respaldado y sostenido de manera
permanente.
Este sábado 22 de
junio de 2013 se cumplirá el noveno año de impunidad; este estatus parece ser
el sello de la causa.
Durante este tiempo
la familia de Francisco ha sido víctima de gobiernos incapaces de investigar,
detener y sentenciar a los responsables, en este contexto, sus derechos a
seguridad y tranquilidad han sido violentados en medio de la corrupción
policiaca y política.
Nueve años de que
los miembros de un grupo del narcotráfico integrado por policías, agentes ministeriales
y criminales al servicio del cártel Arellano Félix (CAF) atacaron cobardemente al periodista y
le arrancaron la vida frente a sus hijos. No les pareció que escribiera de sus
actividades ilegales en Baja California, de su colusión con la Procuraduría del
Estado, ni que expusiera sus caras de criminales ante la sociedad. Por eso lo
mataron.
A la fecha, ociosos
han sido los compromisos de llevar a los responsables a la cárcel, hechos por
el ex gobernador Eugenio Elorduy y el ex procurador Antonio Martínez.
Inexistentes los supuestos esfuerzos de los gobiernos federales encabezados por
Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y sus respectivos
procuradores.
Todavía más
deplorable el papel de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra
los Periodistas y la Libertad de Expresión.
Sin resultados
también las acciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –cuyo apoyo
agradecemos en todo lo que vale–, quienes presentaron el caso de Francisco como
estandarte de su Proyecto Impunidad. Tampoco tuvo efectos el llamado personal
que hicieron al ex presidente Felipe Calderón en 2010. Sin consecuencias
positivas también el invaluable apoyo y seguimiento que ha hecho del caso el
Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York.
Funcionarios y ex funcionarios,
estatales y federales, del Partido Revolucionario Institucional y de Acción
Nacional, todos parecieran apostarle al olvido que reiteramos, no llegará. Como
Francisco, no estamos dispuestos a darnos por vencidos, no existe excusa para
ceder ante el crimen y la injusticia.
Imposible tolerar la
ligereza y la inacción gubernamental cuando el horror por su injusta partida
permanece intacto, lo mismo que el dolor, la angustia y esa persistente
sensación de vacío y orfandad que dejó su ausencia.
El legado de Ortiz
Franco vale la tenacidad, su rectitud no admite desmemoria.
No habrá descanso,
hasta que todos los implicados en el ataque que segó su vida sean investigados,
deslindados o castigados: Desde los señalados informantes interesados como
David Valle y José Encinas Filatoff, los sicarios que le mataron y quienes han
sido mencionados como principales sospechosos intelectuales, Arturo Villarreal
Heredia “El Nalgón” y Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, ambos
sentenciados y presos en Estados Unidos por otros delitos.
Ningún gobierno que
pretenda proyectar un mínimo de dignidad ante el resto del mundo, puede permitir que sus ciudadanos sean
asesinados impunemente, y menos que esto ocurra –como en el caso de Francisco–
por desempeñar un trabajo legal, honrado y con compromisos social.
Desde agosto de
2004, el expediente de nuestro editor está en manos de la Procuraduría General
de la República, por eso hoy la exigencia de justicia es directamente para el
Fiscal de la Nación, Jesús Murillo Karam, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong (quien adquirió las
atribuciones de la Secretaría de Seguridad) y el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Hombre honesto,
correcto en el hacer, congruente en el pensar y en el ser, responsable,
profesional, justo; eso y más fue, es y será siempre Francisco. Por ello,
levantamos desde aquí nuestra voz y la unimos a las de todos aquellos que
tratan de hacerse oír por quienes tienen la función y la obligación de hacer
cumplir las leyes, de procurar e impartir justicia”, fue el llamado público de
su esposa Gabriela en el sexto aniversarios de su deceso.
Hoy ante la ausencia
de justicia la demanda se sostiene. En la investigación del asesinato de
Francisco Ortiz Franco, no se hizo, ni se ha hecho lo humanamente posible, y no
vamos a conformarnos.
(SEMANARIO ZETA/ Rosario Mosso Castro/ junio 24, 2013
12:00 PM)
Justicia inexistente
Posted
junio 24, 2013 12:00 PM by Rosario Mosso Castro
“Castigo a quienes ordenaron y a quienes materialmente le
quitaron la vida”, exigió en su momento Gabriela Ramírez, viuda del
editor de ZETA, Francisco Javier Ortiz Franco. El mismo reclamo
que quienes trabajamos en esta casa editora hemos respaldado y sostenido
de manera permanente.
Este sábado 22 de junio de 2013 se cumplirá el noveno año de impunidad; este estatus parece ser el sello de la causa.
Durante este tiempo la familia de Francisco ha sido víctima de gobiernos incapaces de investigar, detener y sentenciar a los responsables, en este contexto, sus derechos a seguridad y tranquilidad han sido violentados en medio de la corrupción policiaca y política.
Nueve años de que los miembros de un grupo del narcotráfico integrado por policías, agentes ministeriales y criminales al servicio del cártel Arellano Félix (CAF) atacaron cobardemente al periodista y le arrancaron la vida frente a sus hijos. No les pareció que escribiera de sus actividades ilegales en Baja California, de su colusión con la Procuraduría del Estado, ni que expusiera sus caras de criminales ante la sociedad. Por eso lo mataron.
A la fecha, ociosos han sido los compromisos de llevar a los responsables a la cárcel, hechos por el ex gobernador Eugenio Elorduy y el ex procurador Antonio Martínez. Inexistentes los supuestos esfuerzos de los gobiernos federales encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y sus respectivos procuradores.
Todavía más deplorable el papel de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra los Periodistas y la Libertad de Expresión.
Sin resultados también las acciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –cuyo apoyo agradecemos en todo lo que vale–, quienes presentaron el caso de Francisco como estandarte de su Proyecto Impunidad. Tampoco tuvo efectos el llamado personal que hicieron al ex presidente Felipe Calderón en 2010. Sin consecuencias positivas también el invaluable apoyo y seguimiento que ha hecho del caso el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York.
Funcionarios y exfuncionarios, estatales y federales, del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, todos parecieran apostarle al olvido que reiteramos, no llegará. Como Francisco, no estamos dispuestos a darnos por vencidos, no existe excusa para ceder ante el crimen y la injusticia.
Imposible tolerar la ligereza y la inacción gubernamental cuando el horror por su injusta partida permanece intacto, lo mismo que el dolor, la angustia y esa persistente sensación de vacío y orfandad que dejó su ausencia.
El legado de Ortiz Franco vale la tenacidad, su rectitud no admite desmemoria.
No habrá descanso, hasta que todos los implicados en el ataque que segó su vida sean investigados, deslindados o castigados: Desde los señalados informantes interesados como David Valle y José Encinas Filatoff, los sicarios que le mataron y quienes han sido mencionados como principales sospechosos intelectuales, Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón” y Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, ambos sentenciados y presos en Estados Unidos por otros delitos.
Ningún gobierno que pretenda proyectar un mínimo de dignidad ante el resto del mundo, puede permitir que sus ciudadanos sean asesinados impunemente, y menos que esto ocurra –como en el caso de Francisco– por desempeñar un trabajo legal, honrado y con compromisos social.
Desde agosto de 2004, el expediente de nuestro editor está en manos de la Procuraduría General de la República, por eso hoy la exigencia de justicia es directamente para el Fiscal de la Nación, Jesús Murillo Karam, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong (quien adquirió las atribuciones de la Secretaría de Seguridad) y el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Hombre honesto, correcto en el hacer, congruente en el pensar y en el ser, responsable, profesional, justo; eso y más fue, es y será siempre Francisco. Por ello, levantamos desde aquí nuestra voz y la unimos a las de todos aquellos que tratan de hacerse oír por quienes tienen la función y la obligación de hacer cumplir las leyes, de procurar e impartir justicia”, fue el llamado público de su esposa Gabriela en el sexto aniversarios de su deceso.
Hoy ante la ausencia de justicia la demanda se sostiene. En la investigación del asesinato de Francisco Ortiz Franco, no se hizo, ni se ha hecho lo humanamente posible, y no vamos a conformarnos.
Este sábado 22 de junio de 2013 se cumplirá el noveno año de impunidad; este estatus parece ser el sello de la causa.
Durante este tiempo la familia de Francisco ha sido víctima de gobiernos incapaces de investigar, detener y sentenciar a los responsables, en este contexto, sus derechos a seguridad y tranquilidad han sido violentados en medio de la corrupción policiaca y política.
Nueve años de que los miembros de un grupo del narcotráfico integrado por policías, agentes ministeriales y criminales al servicio del cártel Arellano Félix (CAF) atacaron cobardemente al periodista y le arrancaron la vida frente a sus hijos. No les pareció que escribiera de sus actividades ilegales en Baja California, de su colusión con la Procuraduría del Estado, ni que expusiera sus caras de criminales ante la sociedad. Por eso lo mataron.
A la fecha, ociosos han sido los compromisos de llevar a los responsables a la cárcel, hechos por el ex gobernador Eugenio Elorduy y el ex procurador Antonio Martínez. Inexistentes los supuestos esfuerzos de los gobiernos federales encabezados por Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y sus respectivos procuradores.
Todavía más deplorable el papel de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra los Periodistas y la Libertad de Expresión.
Sin resultados también las acciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –cuyo apoyo agradecemos en todo lo que vale–, quienes presentaron el caso de Francisco como estandarte de su Proyecto Impunidad. Tampoco tuvo efectos el llamado personal que hicieron al ex presidente Felipe Calderón en 2010. Sin consecuencias positivas también el invaluable apoyo y seguimiento que ha hecho del caso el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York.
Funcionarios y exfuncionarios, estatales y federales, del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, todos parecieran apostarle al olvido que reiteramos, no llegará. Como Francisco, no estamos dispuestos a darnos por vencidos, no existe excusa para ceder ante el crimen y la injusticia.
Imposible tolerar la ligereza y la inacción gubernamental cuando el horror por su injusta partida permanece intacto, lo mismo que el dolor, la angustia y esa persistente sensación de vacío y orfandad que dejó su ausencia.
El legado de Ortiz Franco vale la tenacidad, su rectitud no admite desmemoria.
No habrá descanso, hasta que todos los implicados en el ataque que segó su vida sean investigados, deslindados o castigados: Desde los señalados informantes interesados como David Valle y José Encinas Filatoff, los sicarios que le mataron y quienes han sido mencionados como principales sospechosos intelectuales, Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón” y Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”, ambos sentenciados y presos en Estados Unidos por otros delitos.
Ningún gobierno que pretenda proyectar un mínimo de dignidad ante el resto del mundo, puede permitir que sus ciudadanos sean asesinados impunemente, y menos que esto ocurra –como en el caso de Francisco– por desempeñar un trabajo legal, honrado y con compromisos social.
Desde agosto de 2004, el expediente de nuestro editor está en manos de la Procuraduría General de la República, por eso hoy la exigencia de justicia es directamente para el Fiscal de la Nación, Jesús Murillo Karam, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong (quien adquirió las atribuciones de la Secretaría de Seguridad) y el Presidente Enrique Peña Nieto.
“Hombre honesto, correcto en el hacer, congruente en el pensar y en el ser, responsable, profesional, justo; eso y más fue, es y será siempre Francisco. Por ello, levantamos desde aquí nuestra voz y la unimos a las de todos aquellos que tratan de hacerse oír por quienes tienen la función y la obligación de hacer cumplir las leyes, de procurar e impartir justicia”, fue el llamado público de su esposa Gabriela en el sexto aniversarios de su deceso.
Hoy ante la ausencia de justicia la demanda se sostiene. En la investigación del asesinato de Francisco Ortiz Franco, no se hizo, ni se ha hecho lo humanamente posible, y no vamos a conformarnos.
