Gobierno de Enrique Peña
con narcotraficantes y sospechosos detenidos por Calderón
Manuel
García Simental “El Chiquilín”, hermano de “El Teo”, recibe un amparo porque no
le revelaron los nombres de los testigos protegidos que lo acusan. Tras las
liberaciones del ex titular de la SEIDO, Noé Ramírez Mandujano y del General
retirado Tomás Ángeles Dauahare por testimonios presuntamente falseados de
testigos protegidos, hay descrédito e incertidumbre en el sistema de justicia
penal. Urgen reformas para regular la costosa e ineficaz figura del testigo
protegido, opinan sectores de la sociedad mexicana
LUIS CARLOS SÁINZ
MARTÍNEZ
Uno más que fue detenido en el sexenio de Felipe Calderón y que es
beneficiado con alguna figura jurídica en el de Enrique Peña Nieto.
Esta vez se trata de José Manuel García Simental “El Chiquilín”, a quien se
buscaba en Tijuana en los años de la inseguridad desbordada -2007-2010- no solo
por ordenar asesinatos, sino por delincuencia organizada y narcotráfico.
“El Chiquilín” fue el asesino de la edecán Adriana Ruiz y de decenas de
personas más, según su confesión; también colaboró en actividades delictivas
con su hermano, Teodoro García Simental, y en la corrupción de corporaciones
policíacas. Cuando fue detenido en febrero de 2010, confesó éstos y otros
delitos.
Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado, con residencia en Tepic,
Nayarit, confirmó el amparo otorgado por el Segundo Tribunal Unitario de la
misma localidad a “El Chiquilín”, señalado como sicario y narcotraficante.
La protección es para que se reponga el proceso penal al que se encuentra
sometido, debido a que no le hicieron saber los nombres reales de los testigos
protegidos que declaran en su contra.
El auto de formal prisión dictado a “El Chiquilín” en abril de 2010, en un
Juzgado de Nayarit, por su probable responsabilidad en la comisión de los
delitos de delincuencia organizada y contra la salud, quedó sin efecto y se
tendrá que dictar una nueva resolución.
De acuerdo al fallo protector, el juez de origen tendrá que tomar de nuevo
la declaración preparatoria al inculpado, previa lectura de las imputaciones
que se formulan en su contra y de darle a conocer los nombres reales de los
testigos protegidos “Juan López Ochoa”, “Angélica”, “Guadalupe” y “Roberto”. El
impartidor de justicia podrá entonces, al vencer el término constitucional,
resolver lo que considere conveniente.
Los testigos protegidos son, en conocimiento de ZETA, otros miembros del
Cártel Arellano Félix que cuando fueron detenidos -tal como sucedió con el propio
Manuel García Simental-, delataron la actividad criminal de otros integrantes
del CAF. Por ejemplo, se sabe que “Guadalupe” es en realidad Luis Ramírez
Vázquez “El Güero Camarón”, y que “Angélica” es Pedro Ignacio Zazueta “El Pit”.
Además, allende la actuación de los testigos protegidos, al momento de su
aprehensión, el 8 de febrero de 2010, “El Chiquilín” confesó a sus captores los
ilícitos en que había participado. También, que trabajó en el “equipo de
inteligencia” de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” hasta antes del 26 de
abril de 2008, cuando sucedió la balacera de El Cañaveral, que arrojó más de 15
muertos. Asimismo, que traficaba y vendía cristal.
De acuerdo a aquellas declaraciones, después de que fue detenido junto a
Raydel López Uriarte “El Muletas” en La Paz, Baja California Sur, “El
Chiquilín” dijo que por ese ilícito trabajo ganaba 300 mil dólares a la
quincena y pagó a varios policías para mantener la impunidad en Baja
California. Declaró que a jefes de grupo les daba 5 mil dólares al mes, y 2 mil
dólares a agentes regulares para que lo protegieran a él y a su banda.
De hecho, cuando la autoridad federal le inquirió sobre cuántos agentes
trabajaban para él, dijo “pues todos”, y aclaró que recibieran o no dinero,
todos los municipales le daban la cortesía si él o alguno de los suyos era
detenido o encontrado en la comisión de un delito.
Pero si las declaraciones de su participación en el narcotráfico y la
delincuencia organizada no fueran suficientes, también confesó haber ordenado
el asesinato de la edecán Adriana Ruiz Muñiz. Que incluso solicitó la
torturaran para que hablara, pero la mujer no lo hizo.
Como ZETA lo publicara en la edición que relata la aprehensión del
narcotraficante hoy amparado por la Ley, entre el 12 de enero y el 8 de febrero
de 2010, Manuel García Simental había ordenado la ejecución de 84 personas en
Tijuana, como vendedores de droga que se negaban a cubrir adeudos con él. Daba
las órdenes por radiocomunicación.
Sin embargo, ahora “El Chiquilín” obtuvo un amparo de la justicia mexicana.
MÁS DE 600 TESTIGOS
PROTEGIDOS
Semejante al de “El Chiquilín”, existen casos como el de Juan Francisco
Sillas Rocha “El Ruedas”, quien recientemente obtuvo una sentencia de amparo
similar, o el de Jerónimo Javier Vera Ayala, cuyos testigos protegidos y el
Ministerio Público Federal enredaron el asunto al grado de confundir a la
autoridad judicial con su pertenencia al Cártel Arellano Félix y al grupo “Alto
Impacto”, presuntamente creado por Jorge Hank Rhon para su seguridad. El amparo
se encuentra en revisión y con muchas posibilidades de confirmarse.
Durante los primeros años del programa de testigos protegidos, figura
jurídica vigente en la ley mexicana desde el 15 de octubre de 1996, la
principal preocupación fue la seguridad personal de los sujetos cuyos
testimonios sirvieron para iniciar averiguaciones previas y procesos penales en
contra de miembros del crimen organizado.
Antes de finalizar la década de los noventa, varios de esos testigos, ex
convictos y ex policías, estuvieron “desprotegidos” y fueron presa fácil de
enemigos y añejos cómplices, quienes los localizaron solitarios y los atacaron.
Algunos murieron y otros quedaron heridos. Sus colaboraciones, en la mayoría de
los casos, prevalecieron y llegaron a sentencias condenatorias.
Desde entonces se cuestionaba la credibilidad de testimonios arreglados a
conveniencia de las autoridades ministeriales y políticas. Hoy se habla de más
de 600 testigos protegidos que reciben manutención superior a los 50 mil pesos
mensuales, y los resultados en los fallos judiciales han volcado a la opinión
pública sobre la crisis que vive el sistema de justicia penal en México.
Después de la liberación de personas a las que se dio la categoría de
“presuntos delincuentes” y de desvirtuar las acusaciones de los testigos
protegidos colaboradores, los calificativos de la situación van desde
“ridículo” y “vergonzoso”, hasta “fracaso” e “impunidad”.
LOS OTROS LIBERADOS
A partir del primero de diciembre de 2012, al iniciar el sexenio del
Presidente Enrique Peña Nieto, las sorpresas en este sentido van en aumento.
Políticos, ex funcionarios y presuntos narcotraficantes han obtenido su
libertad. Unos, por iniciativa de la Procuraduría General de la República, y
los más, por resoluciones jurisdiccionales.
El procurador Jesús Murillo Karam lo advirtió desde el principio. No sería
una fiscalía de consigna. A ello se sumó la nueva política del Gobierno de la República,
de no criminalizar a los detenidos y evitar su exposición ante los medios de
comunicación. Los suspicaces imaginaron que se trataba del comienzo de una
época de mucha oscuridad y posibles arreglos. Eso, solo el tiempo lo
determinará.
La primera gran sorpresa de la administración peñista fue el levantamiento
del arraigo que pesaba sobre Beatriz Elena Veramendi Martínez, ex agente
especial de investigación en la Embajada de los Estados Unidos durante cuatro
años y señalada por un testigo protegido de esconder dinero recibido de
narcotraficantes. El 4 de diciembre de 2012 fue detenida y puesta bajo arraigo
de 40 días, pero doce días después, el procurador Murillo Karam ordenó su
libertad.
Siguió la liberación de Rodolfo de la Guardia García, ex director de
Interpol México, el 5 de enero de 2013. Estuvo preso desde 2008, acusado de
delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. Luego, el
23 de enero, aunque no se trató de un caso de testigos protegidos, ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgaron un amparo que libró de
prisión a la secuestradora francesa Florence Cassez, por supuestas violaciones
a sus derechos humanos y procesales, desatando un escándalo en la sociedad
mexicana, pues se le consideraba culpable.
El Presidente de la República se manifestó respetuoso de la división de
poderes, señalando que después de ese fallo giraría instrucciones a miembros de
su gabinete para que “todas y cada una de las acciones de la Policía Federal,
del Ministerio Público de la Federación, se realicen con estricto apego a
derecho” para no repetir casos como el de la francesa.
En abril sucedieron dos liberaciones más. Primero, el día 15, un Juez de
Distrito en Nayarit absolvió a Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), y el 17, en una acción poco usual, el procurador general de la
República emitió conclusiones “no acusatorias” a favor del General retirado
Tomás Ángeles Dauahare, quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional entre
2006 y 2008. En ambos asuntos, las acusaciones de los testigos protegidos eran
“insostenibles”.
Peña Nieto se volvió a pronunciar: “’Hemos aprendido mucho de éste y otros
casos; el Estado Mexicano está obligado a privilegiar el debido proceso al que
tiene derecho todo ciudadano’”.
Tanto Ramírez Mandujano como el divisionario Ángeles Dauahare, estaban
ligados a los procesos de Rodolfo de la Guardia y la imputación a Beatriz
Veramendi, señalados en la “Operación Limpieza” iniciada a insistencia del
gobierno de los Estados Unidos, como protectores de narcotraficantes. Los
testigos protegidos fueron: “Jennifer”, “Pitufo”, “Mateo”, “Némesis”, “Paco” y
“Tigre”, entre otros.
El descubrimiento de que la mayoría de los testigos falsos mentían, no es
reciente. En el mismo sexenio de Felipe Calderón se cayeron los procesos
“construidos” con ese recurso. El caso del “Michoacanazo”, en el que 35
alcaldes y funcionarios del Estado de Michoacán fueron vinculados al
narcotráfico y quedaron libres, es el más vivo ejemplo.
También, acusados y liberados, vivieron la misma película Javier Herrera
Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva,
y Víctor Garay Cadena, comisionado de la misma Policía Federal, señalados de
proteger a las organizaciones de los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de
Sinaloa. Un magistrado estimó como infundados los señalamientos de los
testigos.
Antes que ellos, el ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez, quien era aspirante
a la gubernatura de Quintana Roo, fue encarcelado por dichos de testigos
protegidos y después exonerado por autoridades judiciales, al no encontrar
sustento en las imputaciones.
Ahora, muchos otros procesos penales están en riesgo de seguir el mismo
camino. Unos por las pifias, mentiras y consignas políticas de quienes
ostentaron algún poder, y otros más porque la inercia que se vive en el sistema
de justicia podría prestarse a declarar inocentes a verdaderos criminales, que
ahora ven más cerca la puerta abierta hacia la libertad.
Ante esta incertidumbre, diversos sectores de la sociedad mexicana y
legisladores han expresado la urgente necesidad de que la figura del testigo
protegido desaparezca, o bien, se reforme, tal como sucedió con el arraigo.
Otras opiniones expresan que el problema no son ni el arraigo, ni los testigos
protegidos, sino la falta de honestidad de todo un sistema y la impunidad.
(Semanario ZETA/ ZETA
Investigaciones/ mayo 6, 2013)
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