México, DF.- Jorge López Alarcón, implicado en el caso de la
deuda de Coahuila, y quien era jefe de Departamento por Honorarios de la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, denunció que fueron los funcionarios del
Gobierno de Coahuila quienes simularon la inscripción de créditos en las
oficinas de la dependencia federal con documentos falsos.
En una carta escrita desde el Reclusorio Norte, donde permanece detenido desde hace más de 9 meses, señaló que ninguno de los funcionarios de la Unidad dependiente de la SHCP es responsable de los cargos, incluso sostuvo que él ya no laboraba en la Unidad y Jaime René Jiménez Flores, otro de los implicados, se encontraba de incapacidad médica.
“Mi estilo de vida es modesto y fácilmente comprobable, no de hoy, sino de años donde mediante mi trabajo he logrado ser una persona de bien, honesta y creyente de nuestro país. Espero no ser otro ‘presunto culpable’ ni ‘chivo expiatorio’ de una guerra que fue política y electoral”, aseguró López Alrcón.
En el texto señala que no había declarado a los medios por instrucción y estrategia de los abogados, para evitar entorpecer el proceso por intereses de carácter político.
Enfatizó que el supuesto delito del que se les acusa es de auxiliar, gestionar y simular un trámite del Gobierno del Estado de Coahuila con instituciones bancarias, a pesar de que la Unidad para la que laboraban no gestiona estos financiamientos entre entidades federativas y bancarias.
Explicó que el propio Registro de Obligaciones y Empréstitos (ROE) es para efectos declarativos y estadísticos. Esto quiere decir que no pudieron tener ni injerencia, ni capacidad, ni autoridad alguna de gestión para dichos trámites.
“Nosotros no autorizamos ni sugerimos ningún tipo de dictamen, ya que mi puesto en ese entonces era el de Jefe de Departamento bajo el régimen de honorarios, y debo aclarar, que nosotros únicamente éramos recaudadores de documentación e información para cumplir un requisito”, detalló el ex funcionario.
Puntualizó que durante los 10 años que laboró en la dependencia federal se inscribieron en promedio de 400 a 500 créditos anuales en idéntica normatividad de acuerdo con lo que marca la ley, pero ninguno de ellos con el asesoramiento del que se les acusa por el caso Coahuila.
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