miércoles, 29 de febrero de 2012

TRANSPORTE: UNA MAFIA SOBRE RUEDAS


Solapa el Gobierno la anarquía en el transporte urbano

Gabriela Soto    
Desde hace décadas en Sinaloa el transporte urbano está acaparado por mafias empresariales casi siempre oscuras al amparo y con las complicidades del poder. Siempre dinero de por medio, las concesiones salen del Gobierno y pasan al mercado negro, no hay control de los permisos y todas las anomalías terminan por arreglarse debajo de la mesa.



Cientos de unidades del transporte urbano circulan sin concesión ni permiso oficial, quebrantando la Ley de Tránsito y sin recibir alguna sanción.

Además existe un acaparamiento de las licencias que fomenta su venta descontrolada entre propietarios privados, cuyo precio puede alcanzar hasta los tres millones de pesos.

Estos vehículos sin documentación oficial circulan con el consentimiento de la Dirección de Vialidad y Transporte (DVT), dependencia a cargo del secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros.

La DVT reconoce que 54 unidades correspondientes a nueve rutas no tienen placas para tal servicio, pero tienen permiso provisional para circular en la capital sinaloense: Barrancos-C. U. con 18, Bugambilias-Centro con nueve, Lázaro Cárdenas e Issstesin-Centro con cinco cada una, Solidaridad-Centro, San Miguel-Buena Vista y Vegas-Central con cuatro cada una; Campiña-Centro-Palacio de Gobierno con tres y Loma de Rodriguera con dos.

Sin embargo, al menos otras 18 rutas más portan placas de vehículo particular, signo de un registro anómalo ante la DVT: Barrio-Pemex, Pemex-Vallado-Quintas, Normal-Centro, Toledo, Palmito Exprés, Petróleos, Huertas, Bugambilias-Centro, Penitenciaria, 10 de Abril, Aquiles Serdán, Agustina Ramírez, Tierra Blanca-San Miguel, Lázaro Cárdenas, Cucas, Ruiz Cortines, Coloso y Cañadas-Quintas, según se observó durante un recorrido de Ríodoce realizado en el centro de la ciudad.

Por ejemplo, Salomé Cedano, chofer de la ruta Barrio-Pemex, cuyo vehículo tiene placas particulares, reconoció circular sin permiso.

“El camión trae las placas (de vehículo particular) nomás, y el permiso ellos (los propietarios) pagan allá (a Vialidad y Transporte) pa’ que le den permiso seis meses o un año”, confesó.

El entrevistado dijo que al menos cuatro unidades más de la misma ruta trabajan sin tal documentación y en seis meses que tiene laborando en ese camión, los inspectores de Vialidad y Transporte no han revisado su documentación.

De forma similar, el conductor del camión Bugambilias-Centro con placas de unidad particular 1-RHN-56, mostró un permiso vencido del 24 de octubre de 2011, de categoría omnibús, con otra serie de placas: 2KHF62, y con la autorización del subdirector del departamento, Rubén Medina Beltrán, según se lee en el documento.

El trabajador, que prefirió el anonimato por temor a perder su trabajo, dijo que los inspectores solo checan la documentación cuando realizan alguna infracción a las normas de Tránsito, y en caso de suceder, da dinero para seguir trabajando.

“Todos (los inspectores) quieren dinero. Si andas mal, nomás le das dinero, ya no quieren 20 (pesos), quieren 50 (pesos), a veces 100 (pesos)”, dijo con voz que apenas se escucha por el ruido del motor que hacía vibrar la vieja unidad.

Mencionó que el Gobierno estatal ha cesado a varios inspectores por recibir dinero, sin embargo, la corrupción continúa.

Un trabajador del Sindicato de Choferes del Volante explicó que cuando los inspectores detectan alguna anomalía avisan al propietario, quien llega a un acuerdo con el Gobierno estatal.

“Si el camión anda sin permiso, pues uno le dice al patrón que el inspector anda checando, y como es bronca del patrón, pues este le habla al patrón y se arregla allá (en Vialidad y Transporte)”, expuso, “y pues el inspector deja de revisar pues porque él también recibe órdenes de sus superiores”.

Otros choferes en situación similar se negaron a mostrar la documentación y algunos mencionaron que el “patrón” tenía el documento en sus manos, cuando es obligatorio portarlo al circular según la Ley de Tránsito. De lo contrario, la unidad deberá ser retirada.

La Ley de Tránsito y Transportes regula el servicio público de transporte en modalidad de concesión, licencias y vehículos, pero no norma los permisos provisionales que otorga el Gobierno estatal. Aunque el artículo 182 delinea que quedará a juicio del Ejecutivo estatal establecer la modalidad de explotación del servicio público de transporte, pero no se establece alguna sanción por incumplimiento.

El subdirector de Vialidad y Transportes aclaró que el vehículo debe ser retirado cuando no porta el permiso. Pero de enero de 2011 a 2012 la dependencia no ha asegurado ni una sola unidad.

Otra irregularidad a la que se recurre frecuentemente es introducir un transporte urbano de una ruta a otra, aunque el permiso, la zona ni el horario coincidan, y simplemente se cambia el anuncio.

El mercado de licencias

El secretario del Sindicato de Choferes del Volante, Rolando Ibarra, denunció que existen transportistas que acumulan decenas de concesiones, lo que permite que exista un mercado negro para su venta, en el cual el Gobierno estatal no participa y solo intervienen los entes privados.

Reveló que los permisos son vendidos hasta por tres millones de pesos entre terceras personas, el costo depende de la productividad de la ruta.

Más de la mitad de aproximadamente mil concesiones otorgadas pertenecen a la Alianza de Concesionarios y Permisionarios del Transporte Urbano y Suburbano de Sinaloa, mencionó.

“El propio dirigente de la alianza de camioneros, que se llama Felipe Serrano, ha generado ese vicio, él tenía como siete permisos del Coloso y los vendió; tenía tres del Loma (de Rodríguera), también los vendió, en todas partes ha vendido permisos y todavía lo tienen como dirigente, ¿para qué?, para agarrar más permisos y generar el mismo vicio”, dijo.

El artículo 193 de la norma de tránsito señala que las personas físicas solo podrán ser titulares de tres permisos como máximo. Además en el 196 indica que se dará prioridad para explotar dichas rutas a los trabajadores del volante.

“Ellos los compran hasta en tres millones de pesos cada permiso. Vialidad y Transporte no te los vende. Son de Gobierno estos permisos, pero estos señores hacen el mal uso para obtener el dinero”, explicó.

El chofer, con aproximadamente 20 años en el oficio, indicó que el Gobierno estatal no realiza estudios socioeconómicos adecuados para determinar el propietario que explotará la licencia del transporte urbano, pues los particulares acuden de mutuo acuerdo al departamento de Vialidad y Transporte, y este simplemente da seguimiento a la cesión de derechos.

Incluso, durante el proceso de cesión de derechos o ampliación de rutas, los permisos provisionales otorgados son pagados a funcionarios del Gobierno estatal, que va desde los 700 mil pesos a un millón y medio, manifestó un chofer en anonimato del mismo sindicato.

“Los pulpos”, como llaman a los acaparadores, algunos poseen hasta cien licencias, entre ellas destacan las familias Palazuelos, Carrillo, Salazar Moreno y García. Una ruta productiva tiene una venta de aproximadamente 650 boletos diarios, obtiene un ingreso promedio de cuatro mil 550 pesos por unidad.

“En la ruta U de O solamente hay tres socios para la concesión de 14 vehículos urbanos que ofrecen el servicio, la cual no tiene permiso para ampliación hacia Villas del Río, casi llegan a Culiacancito por dentro (de la colonia)”, ejemplificó Ibarra.

Dijo que el sindicato tiene seis años solicitando al Gobierno estatal una concesión pero no han obtenido respuesta.

“Tenemos batallando seis años con una ruta: Bacurimí-C.U. y no nos han tomado en cuenta en ello”, dijo.

Solo “comodines” trabajan sin permiso

El subdirector de Vialidad y Transporte, Rubén Medina Beltrán, dijo desconocer que circulen unidades de transporte urbano sin concesión ni permiso.

“Nosotros estamos con la certeza de que todo el camión que anda en la calle, anda debidamente autorizado por nosotros”, rechazó.

El funcionario consideró que esos casos solo se presentan cuando camiones “comodines” entran solo por un día a suplir a otro que no está en condiciones para trabajar.

Admitió que algunos choferes han informado sobre la corrupción con los inspectores, sin embargo no han aportado pruebas que acrediten su falta.

“No te niego que muchas veces (los choferes) han venido para acá y han hecho esta acusación, y yo les he pedido que me den nombres y que me acrediten que estas personas están incurriendo en una ilegalidad para poder proceder, pero hasta ahorita nadie quiere hacerlo”, manifestó.

“Entonces, yo como jefe de ellos cómo les llamo la atención si no hay alguien que me sustente una acusación”, expresó.

Medina Beltrán manifestó que no es posible investigar a los inspectores.

“A ellos los traemos de vigilantes de transporte público y buscar vigilantes para ellos. ¿Y a los vigilantes quién no los va a vigilar?”, se cuestionó.

De enero de 2011 a 2012, los 26 inspectores que vigilan al transporte urbano en Culiacán no han presentando ninguna observación por falta de permiso de aquellos camiones que circulan con placas de vehículos particulares.


LA LEY DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES SEÑALA:
ARTÍCULO 182. Cuando se autorice o concesione la prestación del servicio público de transporte, quedará a juicio del Ejecutivo establecer para su explotación las modalidades que dicten el orden público y el interés social pudiendo decretar las medidas tendientes a lograr la más eficaz coordinación, funcionamiento y regulación en la prestación del mismo, de acuerdo con las necesidades del público y congruentes con el desarrollo social y económico de la entidad.

ARTÍCULO 193. Las personas físicas solo podrán ser titulares de tres permisos como máximo, conforme a lo establecido en esta ley.

ARTÍCULO 196. Tratándose de concesiones otorgadas a sindicatos, sociedades cooperativas, alianzas y otras agrupaciones semejantes, en la autorización de los permisos gozarán de preferencia los trabajadores del volante que tengan mayor antigüedad laborando ininterrumpidamente en el transporte público estatal.

Transporte con permiso para circular:Barrancos-C. U.
Bugambilias-Centro
Lázaro Cárdenas
Issstesin-Centro
Solidaridad-Centro
San Miguel-Buena Vista
Vegas-Central
Campiña-Centro-Palacio de Gobierno
Loma de Rodriguera

Vehículos detectados con placas irregulares:
Barrio-Pemex
Pemex-Vallado-Quintas
Normal-Centro
Toledo
Palmito Exprés
Petróleos
Huertas
Bugambilias-Centro
Penitenciaría
10 de Abril
Aquiles Serdán
Agustina Ramírez
Tierra Blanca-San Miguel
Lázaro Cárdenas
Cucas
Ruiz Cortines
Coloso
Cañadas-Quintas




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