A LA BASURA CONTRATO DE PASA: AYUNTAMIENTO

Por abrumadora mayoría el Cabildo inicia procedimientos para exigir nulidad de un contrato “hechizo” firmado por Antonio Astiazarán

Fernando Villa Escárciga

Más de cien millones de pesos ha cobrado la empresa recolectora PASA a través de un contrato “hechizo” y ahora el Ayuntamiento va por la nulidad de un acto presuntamente ilegal.

Ayer por la noche sesionó el Cabildo para decidir por mayoría encauzar un proceso jurídico para dejar sin efecto un contrato ajeno al interés del bien público, se expuso.

El regidor Oliver Flores Bareño leyó un Dictamen formulado por la comisión edilicia  encargada del caso, en el que se establecen irregularidades al margen de la ley.

Durante la administración anterior el Ayuntamiento aprobó un documento pero el entonces alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, a espaldas del Cabildo, firmó otro con la empresa.

“Hay más de 50 diferencias en el clausulado entre uno y otro contrato, por lo que se debe pedir la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, explicó.

Entre otras inconsistencias, la Comisión encontró que el acuerdo original contemplaba que la empresa trabajaría con 14 camiones recolectores pero sólo 8 aparecen en el otro documento.

Igual se especificaba que la empresa aportaría camiones nuevos, de su propiedad,  cuando en realidad son rentadas y se presume una operación triangulada.

Y es que, en realidad, el acuerdo legal del Ayuntamiento es con Recolectora de Residuos King Kong pero quien presta el servicio y cobra es PASA, que tampoco cumple con otras cláusulas.

“Lo que se cuestiona es la participación de tres funcionarios de la administración anterior en un contrato viciado de origen”, dijo el regidor Ricardo Manjarrez.

Ante la preocupación expresa de Luis Zaragoza Navarro sobre los efectos de la demanda en detrimento del servicio, se explicó que PASA está obligada a continuar sus labores.

 La empresa no puede suspender el servicio mientras no se emita una resolución de la autoridad competente, atajó el regidor Roberto Maciel Carbajal.

Sobre los adeudos a la empresa, en el Dictamen se especifica que al término de la administración anterior se le debían 7 millones 387 mil pesos. Hoy el saldo es de 6 millones 23 mil.

A principios de la semana próxima se cumplen los cinco años especificados en el  contrato para que una de las partes proceda a la revocación del acuerdo, proceso que ayer decidió el Cabildo.

Así, por mandato del pleno, la síndico Mónica Marín Martínez deberá apoyarse jurídicamente para solicitar la nulidad de un contrato que por “sucio” podría tirarse a la basura.