El caso de la ex vicepresidenta
guatemalteca Roxana Baldetti, presa en su país bajo cargos de corrupción, dio
un vuelco este mes, cuando Estados Unidos solicitó su extradición… y ella
aceptó ser extraditada. Esto hace pensar a los expertos que se trata de una
maniobra que le permitiría dilatar su proceso varias décadas. En su petición,
por otra parte, Washington revela que la exfuncionaria presuntamente estableció
una lucrativa relación con Los Zetas, a quienes habría dejado operar
impunemente en su país.
CIUDAD DE GUATEMALA
(Proceso).- El proceso penal contra Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de
Guatemala, dio un giro el miércoles 7, tras conocerse una solicitud de
extradición del gobierno estadunidense y los presuntos vínculos de la
exfuncionaria y del ex ministro guatemalteco de Gobernación Mauricio López
Bonilla con Los Zetas.
El expediente enviado por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos para sustentar la solicitud de
extradición, destapa los supuestos vínculos de Baldetti con Los Zetas, cártel
que le habría entregado a la exfuncionaria más de 250 mil dólares a cambio de
que se le permitiera operar impunemente en territorio guatemalteco.
En un comunicado, mediante el
cual se da a conocer la solicitud de extradición, el Ministerio Público (MP)
informó que el estadunidense Distrito de Columbia acusa a Baldetti de
“asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas”. Se programó,
pues, una audiencia para el jueves 15, a fin de informarle a la ex vicepresidenta
los motivos por los cuales Estados Unidos la requiere.
Baldetti fue vicepresidenta
en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien fue desaforado por cargos de
corrupción. Luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), ente investigador financiado por las Naciones Unidas,
revelara que Pérez Molina y Baldetti orquestaron una red de contrabando
aduanero conocida como La Línea, que defraudó al Estado de Guatemala por 3.8
millones de dólares, ambos se vieron obligados a renunciar, en medio de una
fuerte ola de protestas.
Actualmente ambos guardan
prisión preventiva. Pérez Molina enfrenta tres procesos penales por corrupción
y Baldetti, cuatro.
En la petición de
extradición, Estados Unidos asegura que “Baldetti prometió que como
vicepresidenta, ella restringiría las actividades de los cuerpos policiales
para permitir que los traficantes de droga, quienes contribuyeron a su campaña
electoral en 2011, utilizaran las rutas terrestres, aéreas y marítimas para
transportar drogas a través de Guatemala”.
El documento cita a varios
informantes que aseveran que Baldetti se reunió en la Ciudad de Guatemala con
integrantes de Los Zetas, incluyendo uno identificado en el expediente como
“Testigo 1”, quien decidió colaborar con las autoridades estadunidenses.
Según el Departamento de
Justicia estadunidense, durante esas reuniones, sostenidas durante la campaña
electoral de 2011, Baldetti negoció un acuerdo con Los Zetas como parte del
cual recibiría 250 mil dólares, un pago que se hizo efectivo entre noviembre de
2011 y enero de 2012, una vez electa.
Para confirmar que había
recibido el pago, Baldetti supuestamente envió a un individuo que fungía como
enlace con Los Zetas un video que muestra la recepción del dinero, video que
fue adjuntado al expediente y se encuentra en manos del MP y de la Corte Suprema
de Justicia.
“El Testigo 1 dirigió
entregas de dinero y regalos a los agentes de Baldetti porque creyó que
Baldetti permitiría a Los Zetas el tráfico de cocaína a través de Guatemala”,
reza el expediente.
Además de ese pago, Baldetti
supuestamente solicitó y recibió seguridad armada de Los Zetas para sus mítines
de campaña en el departamento norteño de Huehuetenango, entre noviembre de 2010
y enero de 2012.
ELIMINACIÓN DE UN RIVAL
Testigo 1 también afirma que
en 2012 solicitó la ayuda de Baldetti para “eliminar a un traficante de drogas
asociado a un cártel mexicano rival” y que en respuesta la ex vicepresidenta le
informó que ese narco tenía una orden de captura vigente, con los cuales Los
Zetas infirieron que Baldetti “resolvería el problema”.
Posteriormente el
narcotraficante rival, cuya identidad no se revela, fue arrestado.
En 2012 las autoridades
guatemaltecas arrestaron a tres narcotraficantes de alto perfil. El primero fue
Horst Walther Overdick Mejía, detenido en abril de 2012 y extraditado a Estados
Unidos en diciembre. Se le acusa de transportar 200 kilos de cocaína a ese
país.
El segundo fue el mexicano
Ramón Antonio Yánez Ochoa, detenido en la Ciudad de Guatemala en septiembre de
2012. A éste se le acusa de encabezar una estructura dedicada a procesar y
producir metanfetaminas y trasegar precursores. Se le acusa de transportar
drogas entre México y Guatemala desde 2009 y la justicia estadunidense lo
requiere por delitos de narcotráfico.
En octubre de 2016 Yánez
Ochoa fue condenado a 28 años de prisión.
El tercero fue Luis Fernando
Castillo Velásquez, detenido en diciembre de 2012, señalado como integrante de
un cártel liderado por Carlos Rubio Parra, alias El Canche. Fue detenido en la
Ciudad de México el 18 de julio de 2016, acusado de trasladar unos 300 kilos de
cocaína desde Guatemala entre febrero de 2006 y octubre de 2008, que
posteriormente serían transportados a Estados Unidos.
Según las autoridades
mexicanas, Rubio era el intermediario entre los cárteles mexicanos y
colombianos y su base de operaciones era la Ciudad de México. La justicia
estadunidense le ha solicitado a México que autorice su extradición para
enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
Antes de que la Corte de
Columbia formulara los cargos contra Baldetti y López Bonilla el 22 de febrero
de este año, los presuntos vínculos de la ex vicepresidenta con la
narcotraficante Marllory Chacón Rossell, La Reina del Sur, documentados por el
diario El Periódico, ya habían generado sospechas sobre su involucramiento con
cárteles de la droga.
Chacón, señalada por el
Departamento del Tesoro estadunidense como la líder de una organización
dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero que operaba en Guatemala,
Honduras y Panamá y que abastecía a los cárteles mexicanos, fue condenada en
Miami, el 5 de mayo de 2015, a 12 años de cárcel por posesión de más de cinco
kilos de cocaína con intención de distribuirla en territorio estadunidense. La
Corte le redujo sustancialmente la pena por colaborar con el gobierno en la captura
de otros narcotraficantes.
Investigaciones publicadas
por El Periódico acusaron al Partido Patriota, el cual llevó al poder a Pérez
Molina y a Baldetti, de recibir 2 millones de dólares de la estructura criminal
encabezada por Chacón durante la campaña electoral de 2011.
ACEPTA LA EXTRADICIÓN
El jueves 15 Baldetti
compareció en una videoconferencia desde la cárcel de Santa Teresa, a una
audiencia en la cual el Tribunal Quinto de Sentencia le informó sobre la
solicitud de extradición planteada por la justicia estadunidense.
La ex vicepresidenta, luego
de conocer la acusación, dijo que aceptaría la extradición voluntaria, lo cual
agiliza el trámite.
Sin embargo, penalistas
guatemaltecos afirman que bajo los términos del acuerdo de extradición suscrito
entre Guatemala y Estados Unidos, Baldetti solo puede ser extraditada una vez
que haya enfrentado los cuatro procesos que tiene pendientes en Guatemala, lo
cual podría tardar más de 40 años.
“No existe forma legal de que
ella (Baldetti) se vaya sin terminar sus procesos acá. Mientras esos procesos no
se resuelvan mediante una sentencia condenatoria o absolutoria firme, no podría
enfrentar a la justicia estadunidense”, asegura el penalista David Pineda.
“(Baldetti) ha de estar bien
asesorada porque ponerse a pelear una solicitud de extradición cuando los
jueces siempre las otorgan no tendría ningún valor estratégico. Aunque no
estuviera bien fundamentada, ningún juez la va a negar, tratándose de alguien
tan señalada como ella, y más si se trata de Estados Unidos”, agregó Pineda.
Según Pineda, para que
Baldetti pudiera ser extraditada de inmediato, el MP tendría que desistir en
los procesos legales que se llevan en su contra, lo cual sentaría “un mal
precedente para la justicia guatemalteca”.
A criterio de Carmen Aída
Ibarra, directora del movimiento Pro Justicia, una organización civil, es
improbable que el MP abandone los procesos contra Baldetti mientras Thelma
Aldana siga al mando de la institución y la CICIG permanezca en el país. Sin
embargo, este panorama político podría cambiar cuando Aldana sea relevada en su
cargo a mediados de 2018.
“El año entrante van a
nombrar a un nuevo fiscal general y habrá una nueva correlación de fuerzas. Los
altos funcionarios, como Otto Pérez Molina, involucrados en casos de
corrupción, le están apostando a que el presidente (Jimmy Morales) elija a un
fiscal favorable a su causa y a que se acabe el mandato de la CICIG o llegue un
comisionado diferente”, dijo Ibarra.
En cuanto a la permanencia de
la CICIG en el país, cabe recordar que la victoria electoral de Donald Trump en
Estados Unidos, el principal donante que apoya la comisión, supone un cambio en
la política exterior estadunidense hacia Centroamérica, lo cual podría
traducirse en un menor apoyo hacia las labores de la comisión.
Este reportaje se publicó en la edición
2120 de la revista Proceso del 18 de junio de 2017.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ LOUISA
REYNOLDS/25 JUNIO, 2017)
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