Periodistas denuncian en foro espionaje gubernamental.
La Asociación Mundial de
Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Foro Mundial de Editores
(WEF) pidió que la investigación sobre el espionaje gubernamental en México. no
lo realice la Procuraduría General de la República (PGR), sino un organismo
independiente.
A través de un comunicado
expresó que ven con suma preocupación las denuncias por parte de la sociedad
civil y diversos medios por el supuesto espionaje oficial a periodistas y
personas defensoras de derechos humanos.
Esta semana fue publicada una
investigación por el periódico estadounidense The New York Times, el centro de
investigación Citizenlab y tres ONGs locales que revela el espionaje a través
de un software por parte de autoridades mexicanas a diversos periodistas y
personas defensoras de derechos humanos.
La investigación documentó
más de 75 mensajes de texto envidados a 15 personas (periodistas, defensores de
derechos humanos y sus familiares) entre 2015 y 2016, enlazados a Pegasus, un
software espía, propiedad del NSO Group. Esta compañía israelí vende este
servicio de espionaje exclusivamente a gobiernos y con la condición de que se
use solamente para fines antiterroristas y/o de lucha contra el crimen
organizado. Los mensajes iban disimulados como mensajes personales, alertas
anti-secuestro, o parecían ser originarios de instancias gubernamentales y del
gobierno de los EEUU. Contenían un enlace que infectaba el dispositivo de la
victima permitiendo así usarlo como una herramienta de espionaje.
Varios de los periodistas y
organizaciones espiados han destapado importantes casos de abuso de poder o
corrupción. Entre ellos se encuentran: Carmen Aristegui, su hijo –menor de
edad- y diversos miembros del equipo de Aristegui Noticias. Las investigaciones
de Aristegui revelaron el escándalo de la “Casa Blanca” del Presidente Enrique
Peña Nieto, una residencia ocupada por su familia y pagada por un contratista;
Carlos Loret de Mola, periodista del canal de televisión Televisa y del diario
El Universal, cuyo trabajo reveló la existencia de ejecuciones extrajudiciales
en Tanhuato, Michoacán, por parte del ejercito mexicano; el Centro PRODH que
representa a familias de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y otras
organizaciones y periodistas.
“Resulta extremadamente
inquietante que el gobierno de México este posiblemente llevando a cabo
prácticas dignas de los más viles estados autoritarios contra periodistas y
miembros de la sociedad civil”, dijo WAN-IFRA.
“Es fundamental que se inicie
una investigación para hacer la luz sobre estas revelaciones y se tomen las
medidas necesarias para que cesen de inmediato en caso de confirmarse su
existencia”.
Los afectados realizaron una
denuncia que fue asignada a a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Contra
la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República
(PGR).
El Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, rechazó rotundamente las acusaciones y amenazó con tomar
medidas contra quienes la publicaron, antes de retractarse y llamar a que la
PGR lleve a cabo una investigación.
Sin embargo, las revelaciones
publicadas indican que la PGR es una de las instancias que usa el software
Pegasus, junto a al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la
Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que haría de la instancia investigadora
una de las presuntas responsables del espionaje.
“Es importante que sea un
actor independiente, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o
alguna instancia especial como una comisión multipartidista del Congreso, quien
lleve la investigación de los delitos que emanen de este espionaje ilegal”,
dijo.
“La experiencia de una
investigación extranjera como el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Internacionales (GIEI) del caso
Ayotzinapa está a la mano” declaró a WAN-IFRA Salvador Camarena, respetado
periodista de investigación y una de las víctimas del supuesto espionaje.
“Vivimos en una muy mala
época para el periodismo en México. Hace poco padecimos la pérdida de grandes
periodistas como Javier Valdez y Miroslava Breach y en los últimos diez años a
más de cien colegas. Esto no es bueno para la prensa en México. Necesitamos la
atención de las instancias internacionales en México”, concluyó.
En efecto, estas graves
acusaciones se suman a una profunda crisis de seguridad que atraviesa la
comunidad periodística mexicana y que WAN-IFRA ha denunciado en reiteradas
ocasiones en los últimos meses.
El sábado pasado, se confirmó
la invitación por parte del gobierno mexicano de los relatores para la libertad
de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, una solicitud que WAN-IFRA había expresado hace unas semanas.
(RIODOCE/ REDACCION/ 25 junio, 2017)
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