El ex cónsul de México en San Antonio,
Texas, publica ‘El eslabón perdido’.
En 1994, Humberto Hernández
Haddad era cónsul general de México en San Antonio, Texas. Desde ese cargo
participó de la correspondencia entre los gobiernos de Estados Unidos y México,
para extraditar a Manuel Muñoz Rocha, diputado vinculado con el asesinato de
José Francisco Ruiz Massieu. ¿Qué pasó con la solicitud de extradición? ¿Qué
funcionarios la enterraron y por qué? Dos décadas más tarde y con el respaldo
de documentos oficiales, algunos recientemente desclasificados, el abogado y
diplomático, publica El eslabón perdido (Grijalbo), una investigación que
identifica qué funcionarios de ambos gobiernos podrían haber bloqueado la
solicitud de extradición.
¿Por qué hablar de las muertes de Colosio o
Ruiz Massieu como magnicidios, cuando este término se utiliza para los
presidentes?
Es correcto, pero no existe
una definición legal que establezca que la palabra magnicidio sea exclusiva
para presidentes, se puede aplicar a grandes líderes. Cuando mataron a Martin
Luther King, yo era estudiante en Harvard y de visita en Memphis, un grupo de
funcionarios nos enseñó el cálculo económico de las revueltas y saqueos
promovidos por grupos radicales del sur profundo en Estados Unidos. Y en el
caso de México, todavía están por calcularse los costos económicos de lo sucedido
de 1994, pero te puedo asegurar que es uno de los años donde la economía
mexicana ha recibido mayor castigo.
¿Por qué publicar ahora El
eslabón perdido?
El libro es objeto de una
rigurosa recopilación de pruebas desclasificadas recientemente. De hecho, me
reservo mi opinión y menos planteo hipótesis alguna. Me limito a poner en
conocimiento de la ciudadanía los documentos que se han ido desclasificando en
Estados Unidos y México.
Uno de ellos es la solicitud
de detención con fines de extradición de Manuel Muñoz Rocha, que en su momento
fue desconocida por el gobierno de Zedillo.
Así es. La realidad es que no
se le podía detener porque no había sido desaforado. Nunca se hizo el juicio de
procedencia. Aún solicitando su detención con fines de extradición al gobierno
de Estados Unidos, había un vicio jurídico fundamental: se trataba de detener a
un miembro del Congreso a quien no se le había retirado su inmunidad
constitucional. La PGR y Relaciones Exteriores nunca informaron al Poder
Judicial de la existencia de esa solicitud presentada el 8 de octubre 1994 ante
el Departamento de Estado en Washington, por eso el Poder Judicial de la
Federación terminó expidiendo una sentencia con alcances absolutorios y que
cancelaba la orden de aprensión por prescripción de tipo penal. Curiosamente,
en el décimo quinto aniversario del asesinato de Colosio se expidió esa
sentencia en el primer Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito.
¿A qué atribuye que el Poder
Judicial no se enterara de la solicitud que se emitió desde el consulado donde
usted trabajaba?
A mí no me toca dar opinión
ni tampoco imaginármela. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es, en el
ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a saber, preguntarnos:
¿y aquí qué pasó?
Pero usted fue parte de ese
proceso, era parte del consulado mexicano…
Todo lo que el Departamento
de Justicia de Estados Unidos le informó a mi oficina como Cónsul general de
México en San Antonio, Texas, se transmitió el mismo día con número de folio, expediente
y fuente oficial a las autoridades mexicanas. Incluso cuando el personal del
consulado mostraba fatiga y me pedía hacer los informes al día siguiente,
siempre respondí que en materia diplomática las cosas se necesitan comunicar el
mismo día en que se generan por de lo contrario se convierten en historia.
José Ángel Gurría tiene una participación
importante en este sentido…
Sí, pero todo está
documentado porque fue presentado debidamente ante las autoridades competentes.
El primer informe que se envió tiene incluso una orden terminante manuscrita
que dice textualmente: ‘Se informó al procurador Lozano Gracia’. Le pedí a la PGR
que me diera copia certificada de ese documento y respondió que nunca le fue
entregado. A su vez solicité a la Secretaría de Relaciones Exteriores copia
certificada del acuse de recibo y contestaron que no existe tal acuse. Del
mismo modo, en materia de responsabilidades administrativas denuncié a los
funcionarios responsables ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativa (SECODAM), dirigida entonces por Arsenio Farell Cubillas, quien
de inmediato contestó que se le habían dado instrucciones al contralor interno
de la PGR, Eduardo López Figueroa para que hiciera la denuncia ante la PGR y
acusó recibo diciendo que recibió la instrucción y las cuarenta y ocho pruebas
documentales anexas a la denuncia. Esperé un tiempo prudente y hasta que le pedí
la PGR copia certificada de ese procedimiento.
Respondió que después de una búsqueda exhaustiva nunca se inició el
procedimiento porque no le fue presentada la documentación que la SECODAM le
había ordenado a su contralor interno presentar.
¿Cuál es su lectura de estos
hechos?
Deje que en esta ocasión me
la reserve. Ya la expresaré después, ahora lo que me toca es exponer los
hechos.
En un sentido primigenio, su
libro plantea una crítica y reflexión acerca de la transparencia en México.
Por su puesto. México ha
hecho un gran sacrificio y no ha escatimado en esfuerzos económicos por tener
instituciones democráticas, pero la democracia requiere de tres factores y si
falta uno no funciona: la igualdad, la rendición de cuentas y la transparencia.
Y en los tres no estamos
precisamente bien…
Dice la CEPAL que la región
más desigual del planeta es América Latina. Y el país con la tasa más alta es
México. El libro plantea una pregunta: ¿Cuándo vamos abordar el tema de la
rendición de cuentas con transparencia para buscar la igualdad? El país tiene
zonas de exclusión social cada vez más amplias y sin un clima de rendición de
cuentas. Hace unos días el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un
estudio sobre cuánto cuesta la ruptura del Estado de Derecho en América Latina.
Los dos países con mayor pérdida son México y Brasil. Aquí rosamos el diez por
ciento del PIB. No hay economía que resista un lastre de esa magnitud.
Necesitamos abordar con objetividad qué está pasando a nuestro país en esta
materia.
Cada 23 de marzo se habla del
asesinato de Colosio, aparecen libros, surgen teorías e información, pero no se
va a más.
Con el libro intento explicar
al lector que una ciudadanía que se aleja de las hipótesis y parte de la base
de las pruebas fehacientes y acciona el ejercicio de sus derechos
constitucionales, es una ciudadanía capaz de cuidar de las instituciones
expuestas a malos servidores públicos las hagan fallar. Las instituciones no
sólo están a cargo de los funcionarios, incluyen también a los ciudadanos. Por
eso en materia de transparencia y acceso a información gubernamental el
principio es el siguiente: el dueño de la información es el ciudadano. El
gobierno puede objetar acceso a la información cuando se refiere a casos de
seguridad nacional, patente, secretos fiduciarios o cuando pone en peligro la
salud pública. El resto del contenido de los archivos del gobierno es propiedad
del ciudadano que lo solicite. En el libro se recuperan 120 informes consulares
que demuestran que hubo un cumplimiento eficiente desde el consulado de San
Antonio.
¿Es justificable qué Los
archivos de los casos Colosio y Ruiz Massieu sean de seguridad nacional?
No tengo porqué dar una
opinión. Mi función en este caso es dar a conocer si tuve o no conocimiento
sobre una serie de acontecimientos. El Departamento de Estado de Estados Unidos
ha informado treinta y tres documentos considerados secretos. Dieciocho son del Departamento de Estado y
quince de la DEA. No tienen fecha para ser desclasificados, pero en algún
momento tendrán que ser abiertos.
(ARISTEGUI NOTICIAS/HÉCTOR GONZÁLEZ/
MARZO 26, 2017 11:44 AM)
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