Si hoy alguien despertara de un coma de
seis años se daría cuenta que las estrategias para reducir los homicidios en el
país no han funcionado. En el último tramo de su administración, los discursos
del Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo se contradicen con los hechos.
Esta semana, más de 250 cráneos fueron hallados en un cementerio clandestino en
Veracruz; el hallazgo lo hicieron familiares, en vez de las autoridades. Además
culminó apenas un paro escolar de dos meses en protesta contra criminales en
San Miguel Totolapan, Guerrero, mientras que en el norte, y en pleno centro
turístico de Los Cabos, se reporta la formación de una nueva organización
criminal: el Cártel Tijuana Nueva Generación. Lo mismo sucede en otras dos
joyas del turismo mexicano: Cancún y Playa del Carmen, ahora constantemente
sacudidas por balaceras y asesinatos. El crimen rebasó a las autoridades,
mientras las policías aquejan serias deficiencias, denuncias expertos. Ayer, un
estudio desnudó a los cuerpos policiales mexicanos y, también, Juan Méndez, ex
Relator de la ONU sobre la tortura, reiteró que ese delito de lesa humanidad ha
repuntado en el país.
Ciudad de México, 16 de marzo
(SinEmbargo).— La administración del Presidente Enrique Peña Nieto emprende el
último tramo del sexenio sin cambiar la cara de la violencia que azota el país.
Datos oficiales, altos funcionarios, instituciones internacionales y la
sociedad civil alertan sobre la turbulencia y el caos en materia de seguridad
durante este primer trimestre del año.
La Organización de las
Naciones Unidas (ONU) hizo hincapié sobre el uso de la tortura como práctica
generalizada en el país. Juan Mçendez, ex Relator especial de Tortura para ese
órgano internacional, habló ayer sobre la negligencia que encontró en el
Gobierno federal.
“Siempre dijimos que la
tortura es generalizada, aspiro a que me prueben que me equivoqué o a que deje
de ser generalizada”, dijo Méndez, después de que señalara a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) de haber pretendido persuadirlo para cambiar el
término “generalizada” al fin de su visita al país en mayo de 2014.
La Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) registró el año pasado 15 quejas de tortura
relacionadas con el Ejército; un aumento del 400 por ciento con relación al
2015. De la misma forma se incrementaron las quejas por tortura en contra de la
Policía Federal (PF): 143 quejas en el 2016, lo que significa un repunte del
429 por ciento con relación a los registros del 2015.
También, un trabajo de
investigación –con bases de datos realizado por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE)– reveló que durante el sexenio de Calderón el 30.3
por ciento de las personas detenidas por el Ejército y la Marina, acusó haber sido
torturada con choques eléctricos, y el 26.6 por ciento mediante asfixia.
“No es cierto que la tortura
provoque resultados positivos. Es cierto que provoca que el torturador diga lo
que quieren que digan y en algunos casos es verídico. Sin embargo, son
innumerables los casos de declaraciones bajo tortura que no corresponden a la
realidad y que llevan a condenas judiciales falsas, a la persecución de
inocentes”, planteó Juan Méndez.
Méndez advirtió de los
riesgos que conllevan las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior. En este
momento seis iniciativas han generado un debate en el interior del Congreso de
la Unión. Pese a reconocer que no tiene detalles de las propuestas,
argumentó que la experiencia internacional
indica que usar al Ejército en tareas de seguridad interior, antes reservadas
para las policías, es un error.
Juan Méndez explicó que sacar
al Ejército a tareas de seguridad interior no resolverá el problema del crimen
organizado. Foto: Cuartoscuro
“Siempre se alega que las
fuerzas policiales se ven desbordadas por la inseguridad, en nuestro informe
[preliminar 2014, final 2015] dijimos que México tenía un serio problema, pero
el involucramiento tiende a militarizar a las policías también”, dijo Méndez.
La violencia en el país
pareciera estancada. En enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, registró mil 938 carpetas por homicidios dolosos. Una
estadística no tan alejada de las mil 609 de enero del 2010.
Llevar este tipo de casos a
la justicia aún es una meta difícil. En septiembre del año pasado el Inegi
refirió que la cifra negra, es decir los delitos no denunciados y sin apertura
de investigación representaron el 93.7 por ciento del total.
Hoy, la asociación civil
Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) presentó un informe en el
que reveló el bajo rendimiento policial.
El 31.3 por ciento de 16
Ministerios Públicos estatales encuestados calificó la capacidad policial para
detener delincuentes en flagrancia como mala. Mientras que el 56.3 por ciento
la consideró de regular, y el 12 por ciento como buena.
Esta situación es
especialmente preocupante puesto que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP)
fue implementado a nivel nacional desde el 18 de junio del 2016.
El Informe “La cara del Sistema
de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” se evaluó la
labor policial conforme a sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos
y policías, así como las audiencias iniciales del NSJP.
Sin la labor de los policías
el NSJP no funcionará a cabalidad, advirtió el analista de seguridad Alejandro
Hope.
Las policías del país son las
encargadas desde detener delincuentes hasta proteger escenas del crimen y una
reforma al artículo 21 constitucional en el 2008 les permitió apoyar al
Ministerio Público en el embalaje y de pruebas. Sin embargo, el 69 por ciento
de los ministerios públicos calificó la capacidad para recolectar indicios de
delitos como mala; el 31 por ciento, regular; y ninguno, buena.
EL NARCO SE TRANSFORMA
Hasta el 13 de febrero, la
Procuraduría General de la República refería la operación dentro del territorio
nacional de 37 células delictivas y 9 cárteles del crimen organizado.
Durante la administración del
Presidente Enrique Peña Nieto han surgido nuevos cárteles. Un reporte del
diario estadounidense Los Angeles Times detalló en octubre pasado que el Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) se estaba uniendo con el Cártel de los Arellano
Félix.
La alianza en Tijuana habría
dado paso al Cártel Tijuana Nueva Generación, que busca pelear la plaza al
Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, extraditado a Nueva York
el 19 de enero.
Además de Baja California,
otra joya del turismo mexicano ha sido azotada por la violencia en este primer
trimestre.
Tras dos días consecutivos de
balaceras, con un total de nueve fallecidos, dos de los puntos turísticos más
importantes de la costa caribeña de México están en vilo: Cancún y Playa del
Carmen. Tanto así, que el Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia para
sus ciudadanos de visita en la zona.
Mientras investigadores
trabajaban el 18 de enero pasado en una discoteca de Playa del Carmen, donde la
madrugada anterior murieron cinco personas por disparos, la región se sacudió
cuando hombres armados asaltaron esa misma tarde la oficina de la Fiscalía del
estado de Quintana Roo, en Cancún. Cuatro personas fallecieron en el incidente.
Las autoridades atribuyeron
ambos incidentes al crimen organizado, pero no explicaron a quién podrían estar
vinculados.
Durante estos primeros tres
meses del año, Cancún ha sido el epicentro de una guerra por la plaza, han
alertado analistas en seguridad. Y apenas el 14 de marzo, nuevas balaceras se
desataron en esa ciudad y dejaron como saldo un policía muerto y tres oficiales
heridos.
COMUNIDADES INDEFENSAS
Asimismo, en el transcurso
del actual Gobierno federal las comunidades más indefensas no han dejado de
sufrir la presencia del crimen organizado.
Apenas el martes pasado,
habitantes de San Miguel Totolapan señalaron que se restaurarían las clases en
más de 200 escuelas después de dos meses de inoperancia. Maestros y familiares
exigieron con esta medida que las autoridades no los dejaran solos ante la
célula que opera en la zona y a la que se identifica como “Los Tequileros”.
Desde hace 10 años, Raybel
Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”, opera en el municipio sin que las
autoridades hayan podido detenerlo.
Por su parte, en Veracruz, la
presencia del narcotráfico ha vuelto a llamar la atención pública, después de
que familiares del colectivo Solecito hallaran alrededor de 250 cráneos en un
cementerio clandestino ubicado en el predio Colinas de Santa Fe, en el Puerto
de Veracruz.
Los familiares participantes
en la Brigada de Búsqueda de Personas hallaron en septiembre este lugar. Y el
Fiscal Jorge Winckler afirmó hoy al noticiero de Televisa, que se sólo se ha
avanzado en un 30 por ciento del escrutinio del terreno.
La guerra contra el
narcotráfico parece haber engrosado la fila de asesinatos. El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 186 mil 297 asesinados
entre diciembre del 2006 y diciembre del 2015.
Más recientes son los datos
del Semanario Zeta, que contabilizó 90 mil 649 ejecutados en 50 meses del
Gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, de diciembre del 2012 a enero del
2017.
Los datos entierran las promesas
hechas por Peña Nieto cuando fue candidato presidencial.
“En los últimos cuatro años
se han incrementado y se han sumado a las filas de la pobreza 12 millones más
de mexicanos y de ellos la mitad no tienen o no les alcanza para comer. […] Y
por si esto fuera poco, hay que decir que la ola de violencia y de inseguridad
amenaza tu vida y tu libertad. […] Me propongo cambiar el miedo por esperanza,
me propongo cambiar a México”, decía cuando en el debate de candidato, en mayo
del 2012.
(SIN EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ/ MARZO 16, 2017 - 12:05 AM)
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