En una entrevista inédita, 2 años antes
de ser asesinado, el líder de los desplazados de la presa Picachos reveló que
la 'mano de gobierno' buscó que el crimen organizado lo eliminara; además,
habló de otros atentados que sufrió como represalia por su labor como activista
'El Gobierno ha utilizado a la
delincuencia organizada'Foto: Noroeste
Atilano Román sabía que podía
morir por defender a los desplazados de la presa Picachos. Sabía que enfrentar
a un gobierno, con todo el aparato de poder que ello representa, podía llevarle
a perder su patrimonio, su libertad o la vida.
Lo sabía desde el momento en
que decidió entrar en la lucha y convertirse en “una pared” para los proyectos
de un supuesto desarrollo económico.
“Una pared” para los negocios
de un grupo de políticos y empresarios, ligados al Gobierno del Estado de
Sinaloa, acostumbrados a no tolerar ninguna oposición.
“Una pared” para impedir sus
planes: despojar a 800 familias de sus tierras, de sus pueblos, de su historia,
darles en consolación un terreno baldío para sobrevivir en la miseria.
Todo a cambio de la promesa
de desarrollo de la región sur de Sinaloa, el suministro de agua para la ciudad
de Mazatlán por los próximos 50 años, la irrigación de 22 mil 500 hectáreas
para detonar la agricultura.
La historia mil veces
repetida en el discurso oficial. Pero en el correlato oculto: el
enriquecimiento de unos cuantos a través de la corrupción y del aprovechamiento
indebido de los recursos generados por la presa Picachos.
En un principio el proyecto
hidráulico se generó durante la administración del priista Jesús Aguilar
Padilla, en la cual se ordenaron las primeras acciones contra el movimiento,
como aquella de julio de 2009 para retirar a los comuneros del plantón de la
cortina.
Pero sería durante el
Gobierno de Mario López Valdez, quien llegó al poder a través de una coalición
opositora, cuando las amenazas subieron de grado y la violencia contra el
movimiento se intensificó.
Estas fueron las revelaciones
de Octavio Atilano Román Tirado, el líder de los comuneros desplazados oriundo
de la comunidad de San Marcos, 2 años antes de que un par de hombres armados hicieran
realidad el más oscuro de sus temores.
En una entrevista inédita,
que se realizó originalmente para un estudio académico, habló de los peligros
de ser un defensor de los derechos sociales en Sinaloa, de cómo el Gobierno
estatal, entonces encabezado por López Valdez y su Secretario General de
Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, buscó que el narcotráfico lo asesinara con
tal de apagar el movimiento y del secuestro del que fue víctima días antes de
la última marcha de los “Picachos” por la autopista Mazatlán-Culiacán,
emprendida el 30 de marzo de 2012, hecho que consideró una intimidación por su
labor como activista.
Para esa fecha ya había sido
objeto de varias amenazas y dos detenciones.
DEL PRESENTIMIENTO A LOS HECHOS
Era el mes de junio de 2012.
Atilano se encontraba en el puerto de Mazatlán, la ciudad más cercana a los
pueblos desplazados, cerca de una hora de San Marcos. Caminaba por los pasillos
de la estación de radio donde conducía el programa Así Es Mi Tierra, con el que
buscaba reforzar la identidad de las comunidades rurales, de las que decía
siempre han estado en el abandono.
Sin sospecharlo, se hallaba a
unos pasos de donde, el 11 de octubre de 2014, llegaría un par de hombres para
asesinarlo a quemarropa.
Dos balazos. Uno en el
rostro. La muerte, al llegar al hospital.
Afuera de la cabina de
transmisión, accedió a una entrevista cuyos datos ayudarían a la elaboración de
una tesis de maestría. El registro de esa conversación es hoy rescatado por
Noroeste debido a su interés periodístico y a la vigencia de los señalamientos
allí externados.
Su voz era pausada y
reflejaba tranquilidad, pero al ser cuestionado sobre sus motivos para
encabezar las movilizaciones de los desplazados, no pudo evitar hablar de los
riesgos que ha enfrentado por esa decisión, situaciones que varias veces
pusieron en peligro su vida, como cuando funcionarios de Gobierno del Estado
buscaron que el crimen organizado le quitara la vida.
En esos momentos, los pueblos
eran azotados por la guerra del narcotráfico que se padecía en todo el país,
pero en la zona rural de Sinaloa tuvo uno de sus episodios críticos.
De acuerdo con su versión, el
Gobierno estatal estuvo detrás de una serie de crímenes y desapariciones
forzadas alrededor del movimiento y de los pueblos desterrados por la presa, lo
que vio como el costo de la irreverencia, cobrado a través de diferentes hechos
violentos ocurridos entre 2010 y 2012. Pero las amenazas se hicieron directas
hacia su persona y su familia.
“Ahorita tenemos alrededor de
cuarenta personas desaparecidas y asesinadas de los pueblos, definitivamente la
mano de Gobierno ha estado ahí”, reveló.
“En mi caso, el día 3 de
diciembre del 2010, precisamente 'levantan' a un sobrino mío… En esos mismos
días secuestran a un sobrino mío en La Puerta de San Marcos… Han sido actos muy
directos, lo vuelvo a repetir, yo creo que aquí es la convicción, es la fuerza
de decir: me consta y quiero que se haga justicia, lo que me hace seguir con
mucha fortaleza”.
Pariente lejano de “Poncho”
Tirado, aquel Alcalde mazatleco asesinado en 1938 para tumbarlo en su carrera a
la Gubernatura, Atilano recurría a la historia de lucha social y política en
sus antepasados, como una manera de explicarse su continuidad en el movimiento
de protesta. Pero temía dejar sola a su familia.
“Soy una persona que tiene su
propia familia. Tengo una hija de 7 años, es difícil estar pensando que puedes
perder la vida y dejar un hijo de 7 años, pero pones en una balanza, y dices
también aquellos son mi familia, también aquellos son mis hijos y me duele, me
duele toda el alma y el cuerpo que los pisoteen”, expresó.
De esa manera se expresaba
Román Tirado, quien además de ganar lealtades, siempre se vio envuelto en la
controversia.
Sus detractores solían
referirse a un supuesto fraude cometido por él, siendo funcionario de un banco
años atrás; y además, lo acusaban de haberse enriquecido del movimiento, aunque
Atilano justificara su patrimonio a través de la herencia de su familia y de su
trabajo.
Los atentados en su contra
los entendía como parte de una lucha oculta donde lo que estaba en juego era la
riqueza económica que detonaría la presa Picachos, pero también a una
comunicación constante entre el gobierno y el crimen organizado.
“En el caso de tu servidor he
pasado por situaciones muy difíciles para defender a la gente, situaciones que
en ocasiones me han puesto en riesgo la vida, y yo por lo menos he estado en
tres riesgos muy fuertes de perder la vida por maquinaciones del mismo
gobierno; definitivamente he sido una pared de protección para los afectados de
la presa, una pared en el sentido de que [impedir] que el mismo gobierno les
arrebate el patrimonio sin haberles cumplido las promesas”, compartió. Hace una
pausa y continúa.
“Hace aproximadamente 5 años
que el gobierno ha utilizado a la delincuencia organizada, y eso que el mismo
gobierno me lo ha reconocido, o sea, hay una comunicación permanente entre
gobierno y delincuencia organizada, a mí me ha tocado vivir esa comunicación…
La delincuencia organizada, por intrigas del mismo gobierno, nos ha querido
arrebatar la vida a los principales líderes de los pobladores, diciendo que los
líderes estábamos pidiendo la intervención del Ejército en contra de la
delincuencia organizada. Bendito sea Dios, siempre en ese tipo de gente,
siempre hay... Investigaron antes, y se dan cuenta que estaban siendo engañados
por el gobierno con el fin de perjudicarnos”.
En otra ocasión vio la muerte
más cerca. El 23 de septiembre de 2010 recibió una misteriosa llamada:
“Retírate del lugar donde estás porque van por ti. Van a levantarte”, le
advirtieron.
Se encontraba en un evento
público. Hizo caso de la advertencia. Después comprobó que no era infundada. Ya
unos días antes, personas allegadas le informaron que un funcionario del
Gobierno del Estado, a quien se le ha vinculado fuertemente con el crimen
organizado, había dado la orden de acabar con él.
“Curiosamente se abre una
investigación por parte de tu servidor con gente de confianza, y efectivamente,
a solicitud del funcionario de Gobierno del Estado, la delincuencia organizada
me iba a perjudicar, bendito sea Dios se aclara, se dan cuenta que les estaban
mintiendo que sólo era con el propósito de quitar del medio a tu servidor”,
aseguró Atilano Román sin decir abiertamente los nombres del funcionario
implicado, aunque en todo momento afirmó que el entonces Gobernador, Mario
López Valdez, validaba tales acciones.
“Ha sido una lucha muy
difícil, una lucha de mucho valor por parte de los afectados y de tu servidor,
porque el gobierno es tan maquiavélico… Es tan puerco como no tienes idea, y en
esto incluyo obviamente al mismo Gobernador Mario López Valdez, que ellos entran
en funciones como servidores públicos y creen que ya son dueños de todo, cuando
su principal fortaleza debe de ser el cumplimiento de la ley, ahorita lo que
menos tenemos es que ellos quieran cumplir la Ley”, arremetió el activista.
EL TERCER AVISO, A UNOS DÍAS DE LA GRAN MARCHA
La tercera advertencia llegó
unos días antes de la caminata de los comuneros por la carretera
Mazatlán-Culiacán, donde por primera vez bloquearon tanto la autopista de peaje
como la vía libre en protesta por los pagos pendientes y por la falta de
acciones de gobierno para restituir la economía de los pueblos. La idea era
presionar a Mario López Valdez para que cumpliera con “Los Picachos” sus
compromisos de campaña, que aún seguían sin concretarse.
Entre el 18 y el 19 de marzo
de 2012, Atilano Román fue privado ilegalmente de su libertad. Un hecho que no
había dado a conocer a la opinión pública. Sucedió en Mazatlán por la avenida
La Marina, afuera de un negocio con venta de refacciones y motobombas. De ahí
fue secuestrado en una camioneta.
“Curiosamente, de ahí fui
'levantado', lo único que me quitaron… Me tuvieron alrededor de 15, 20 minutos…
Lo único que me quitaron fue el celular, 11 días antes de la manifestación.
¿Acto intimidatorio? No me cabe la menor duda”, relató entonces.
Al verificar en la
Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de una solicitud de
información, Noroeste encontró que el líder de los desplazados interpuso una
denuncia penal por privación ilegal de la libertad el 21 de diciembre de 2013.
Sin embargo, por las reservas de ley, no se informó contra quién o quiénes, ni
se dieron a conocer los avances de las investigaciones.
LA MUERTE NO AVISA
La mañana del 11 de octubre
de 2014, Atilano Román no recibió ninguna advertencia. Ese día llegó a la
estación de radio donde trasmitía el programa Así Es Mi Tierra de la estación
Fiesta Mexicana, un espacio pagado por él mismo para difundir las acciones de
los desplazados y hablar de los problemas de las comunidades.
Se encontraba con su esposa e
hija.
Medios locales narraron la
noticia. El micrófono estaba abierto. Los balazos se escucharon al aire. Desde
el espectro radial, cientos de personas fueron testigos del crimen.
Al principio se decía que
eran cuatro, después dos hombres, que sin dificultad entraron a las
instalaciones, que compartía la radio con un periódico local. Le dispararon a
quemarropa. Dos impactos en la cabeza, uno en el rostro.
Tras la conmoción fue
trasladado a un hospital privado, donde poco antes del mediodía se despidió
para siempre de sus desplazados y de su familia. Tenía 47 años de edad.
Después las declaraciones de
siempre: “no habrá impunidad”, “se investigará hasta las últimas
consecuencias”. Dos meses más tarde, López Valdez anunció que tenía
identificados a los asesinos. Lo siguió diciendo meses después: pronto serían
detenidos. Al final: otro crimen impune, que se suma a la larga oleada de
ataques y asesinatos de activistas sociales en Sinaloa y en todo el país.
PRESA PICACHOS: LA HISTORIA DE UNA LUCHA
La construcción de la presa
Picachos fue inaugurada en 2006 por el entonces Presidente Felipe Calderón.
Emplazada entre Mazatlán y
Concordia en el sur de Sinaloa, la obra inundó bajo sus aguas seis comunidades:
San Marcos, Puerta de San Marcos, Los Copales, El Placer, Las Iguanas y Casas
Viejas, afectando a otras localizadas en las inmediaciones.
Al terminar de construirse la
cortina de la presa en 2009, los comuneros y pobladores iniciaron
movilizaciones de protesta por la falta de compensaciones justas y por la
ilegalidad de la obra, al no contar con el decreto expropiatorio que marca la
Ley Agraria.
Según los líderes del
movimiento más de 800 familias resultaron afectadas. Bajo las presiones se les
construyeron nuevos pueblos, que no restituyen el estilo de vida de los
desplazados.
Muchos migraron hacia otras
ciudades, incluyendo el puerto de Mazatlán.
Con el asesinato de su líder,
Atilano Román, el movimiento perdió fuerza. Los actuales líderes enfocan sus
esfuerzos en las cooperativas que formaron para aprovechar el embalse de la
presa para la pesca y el turismo.
ACTIVISTAS ASESINADOS EN EL MALOVISMO
Al menos tres activistas
fueron asesinados durante la ‘era’ malovista.
SANDRA LUZ HERNÁNDEZ
Causa: Madre de hijo
desaparecido.
Fecha: 12 de mayo de 2014
Municipio: Culiacán
RAMÓN CORRALES VEGA
Causa: Incumplimiento de pago
y servicios por parte de la empresa minera Paradox Global Resources a favor de
campesinos de la comunidad Cajón de Cancio, en Choix.
Fecha: 22 de mayo de 2014.
Municipio: Choix
OCTAVIO ATILANO ROMÁN TIRADO
Causa: Líder de los comuneros
desplazados por la Presa Picachos.
Fecha: 11 de octubre de 2014
Municipio: Mazatlán
Fuente: Archivos Noroeste
(NOROESTE/REDACCIÓN/ 06/03/2017 | 03:00
AM)
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