Pobladores del sur de Ensenada denuncian
que han puesto su confianza en los casi 30 agentes de la Policía Municipal en
activo que resguardan la seguridad de la delegación y que se enfrentan a tareas
del NSJP para las cuales aún no están preparados física ni económicamente
La delegación de San Quintín,
municipio de Ensenada, ha sido menospreciada por los gobiernos que destinan una
mínima parte del presupuesto al funcionamiento de los poblados que reciben un
tratamiento de región agrícola, pero que en la realidad enfrentan problemas de
gran ciudad.
Quienes viven en Punta
Colonet, Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario, perciben un
incremento en el número de delitos como robo vehicular, habitacional, a
comercio, tráfico de drogas, asaltos con violencia, levantones, maltrato
infantil y de género, así como homicidios.
Por ejemplo, una noche en la
segunda semana de junio, una mujer de 23 años recibió dos impactos de arma de
fuego, uno en la espalda y otro más en un glúteo, en la colonia Leandro Valle;
horas antes se reportó en la colonia conocida como la “5 Mil” a otro hombre
joven con varios impactos de bala que fue trasladado a la ciudad para su
atención médica. Otro inconveniente para los lugareños es la demora en el
proceso de levantamiento de cadáveres.
Hace unos meses un hombre
quedó en un camino rumbo al Rancho San Marcos, donde permaneció trece horas
tendido en la terracería, desde las ocho de la mañana hasta las seis de la
tarde, que llegaron los peritos; aunque la Policía Municipal montó el protocolo
de primer respondiente, fue imposible no invadir el área del crimen ante la
presencia de los familiares.
También el jueves 23 de junio
por la mañana cuatro hombres aparentemente armados ingresaron a Casa de Empeño
Monte California en la colonia Lázaro Cárdenas, donde amagaron a los empleados
para robar un millón 100 mil pesos, entre dinero, mercancía y aparatos
electrónicos.
Todos huyeron en un automóvil
compacto con vidrios polarizados y sin placas de circulación, según consta en
material grabado por una cámara de video vigilancia.
Por éste y otros motivos como
la falta de calles pavimentadas, señales de tránsito, áreas de recreación y
mejores escuelas, es que grupos de la sociedad civil impulsan la propuesta de municipalizar San
Quintín, la cual está en la “congeladora” del Gobierno del Estado.
EL INGENIO DEL PRIMER RESPONDIENTE
La implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal (NSJP) el 11 de marzo pasado, llegó con carencia a
esta región donde los oficiales tienen que llenar una serie de papeletas con
evidencias del delito que atendieron, pero aseguran no tener lo básico.
Marco Chavarría, Subprocurador de PGJE
Ensenada
“La guardia se coopera para
comprar el papel, tenemos copiadora pero no el material, por eso lo pagamos de
nuestra bolsa o mejor ni atendemos”, mencionó un agente sin revelar identidad.
Según los oficiales, han
tenido que comprar vasos de foamy e “hilo de tendedero” para acordonar el área
donde sucedió un homicidio. Las esperas son largas cuando se trata de atender
un homicidio, dicen los uniformados.
San Quintín tiene 35
elementos activos pero, al igual que en la zona urbana de Ensenada, donde hay
921 agentes, al final cuentan sólo con el 70 por ciento del personal porque el
30% restante regularmente está de vacaciones, en permiso o incapacitado.
ROBAN AUTOMÓVILES PARA “EL KILO”
El subprocurador de Justicia
de Zona Ensenada informó que es prematuro hablar de un incremento de muertes
violentas en comparación a 2015, no obstante, en lo que va del año tiene
registrados siete homicidios, de los cuales cinco están relacionados con
narcomenudeo, otro por robo con violencia y uno más por venganza.
“En relación con temas de
narcomenudeo, ellos -los cinco hombres- tienen antecedentes y hay indicios de
que se dedicaron a la actividad o tiene relación con alguien que no haya sido
detenido”, reveló.
Sobre la investigación o
resolución de los casos, el funcionario estatal ventiló que en todos los
asuntos tiene datos importantes como los vehículos que participaron, generales
de personas, así como apodos.
Uno de los robos más
trascendentes en la región sur, dijo, fue el de productos agroquímicos (que se
usan para la elaboración de droga sintética), pero ahora se presentó el asalto
a una casa de empeño, lo que impactó a los lugareños.
“Se llevaron aparatos
electrónicos, lo que habla que pueden ser detectados con mayor facilidad.
Tenemos avances relevantes como son rostros, testimonios, y se está trabajando
en resolver el caso”, sostuvo.
Con base a las estadísticas
de detenidos, hay un alza considerable en el índice de robo vehicular.
Además del robo de camiones
de pasajeros o de trabajadores agrícolas, mencionó que hay gran afluencia de
vehículos de modelos “no tan recientes como 1983, 1995, que son marca Honda o
Toyota y que por su año y peso, son más valiosos en una recicladora”.
EMBALAJES DEBEN SER INMEDIATOS
Sobre el lento proceso para
el levantamiento de cuerpos, Chavarría López respondió que no existen motivos
para que un cadáver permanezca trece horas tendido en el suelo cuando sus
agentes, y los municipales, están preparados para atender este tipo de casos.
“Lo que te puedo decir es que
trabajamos con la gente de la Dirección de Seguridad Pública, derivado de los
protocolos que fungen como primeros intervinientes en la cadena de custodia,
según el código nacional”, explicó.
A su vez, reconoció que los
investigadores de primera mano son el grupo de Homicidios y tienen estancia en
la ciudad de Ensenada, por lo que deben trasladar el equipo hasta el lugar de
los hechos.
Sin embargo, esto no es
motivo para prolongar la agonía de los familiares cuando un cuerpo está en la
vía pública ya que hay trabajadores que tienen capacidad para trabajar en la
materia.
“¿Qué es lo que sucede? La
Policía Municipal interviene, acordona el lugar y si ellos determinan que hay
elementos de tiempo como que se puede descomponer (el cadáver) u otras
circunstancias que puedan estropear la investigación, puede hacer el embalaje o
la Policía Ministerial del Estado se puede cargo de la escena”, describió.
El funcionario no dudó en que
al final de cuentas y con base a la problemática, asigne una persona de las que
residen en San Quintín para que trabaje
en esas escenas, aunque insistió en que cualquiera lo puede hacer.
Sobre el trato a las
comunidades indígenas, el subprocurador aclaró que el Código Nacional refiere
que la Ley es aplicable para todos de manera general, salvo en ciertos
procedimientos especiales.
En cuanto a los grupos
étnicos, citó la legislación y anotó que es distinto porque cuando alguien de
este grupo es procesado, se le nombra un perito traductor y cuidan todo lo que
prevén, los tratados y acuerdos nacionales e internacionales en materia de
derechos de indígenas, para que no se vean vulnerados.
AMALGAMA DE DELITOS EN SAN QUINTÍN
Por
su naturaleza agrícola, la mayoría de la población de San Quintín es migrante,
proveniente de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Chiapas.
“Es difícil para un oficial
decirle ‘¡Oye, te pasaste el alto!’, porque regularmente es gente que no tiene
documentos de identidad, menos licencia, o conduce un vehículo irregular, pero
además la carretera es federal”, platicó Francisco Javier Shields Galindo,
director de Seguridad Pública Municipal.
Por ser un poblado donde el
mayor porcentaje de los habitantes tiene usos y costumbres distintas, no pueden
tratar la seguridad igual que como en la zona urbana.
“Su cultura es diferente, hay
que darles un tratamiento distinto”, declaró complaciente. Si bien existen
carencias en materia de seguridad, como en otras regiones del país, el problema
redunda en economía, recursos, porque hay poco dinero, “por eso priorizamos la
seguridad en ciertas áreas como en las comerciales”.
Y si a ello se suma que
cuando hay un delito de alto impacto la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) les demanda una patrulla con mínimo dos oficiales para que se
hagan cargo de primera instancia del asunto, el número de elementos en activo
baja.
Francisco Shields Galindo, director SSPM
Ensenada
“Sí estamos limitados, pero
estamos tratando de hacer una estrategia para tener una mejor cobertura en
seguridad pública y lamentablemente son cuestiones de recursos para tener mayor
capacidad de arreglar unidades, mover personal”, calculó.
Sobre la comandancia que fue
destruida durante las protestas en mayo de 2015 por simpatizantes de la Alianza
de Jornaleros, el titular de la DSSPM de Ensenada reclamó que es una ofensa el
hecho de que la estación esté totalmente vandalizada, por lo que solicitó la
intervención de Obras Públicas Municipales para que remocen el inmueble.
Sobre los operativos con la
Base de Operaciones Mixtas (BOM), que se realiza con la Policía Estatal
Preventiva y militares del 67 Batallón de Infantería, a través de la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA), explicó que se llevan a cabo con mayor
frecuencia y fomentan la prevención.
“Hemos estado de una manera
periódica mandando grupos a trabajar en diferentes rubros, lo que le da mayor
certeza para la prevención, porque para los colonos no es muy usual ver grupos
de manera juntos”, argumentó Shields.
INCREMENTAN
ASEGURAMIENTOS DE DROGA
Cada mes, la SEDENA destruye
de 15 a 20 plantíos de marihuana y amapola en la zona rural del municipio de
Ensenada, estimó Julio Álvarez Arellano, Comandante de la Guarnición Militar de
El Ciprés.
Agregó que con las lluvias de
2015 y 2016, con la presencia del fenómeno “El Niño”, aumentó la cantidad de agua en barrancas, aguajes y
lechos de arroyos, favoreciendo el cultivo de enervantes en la región.
“Se ha incrementado la
localización de plantíos en un trabajo coordinado con la Base de Operaciones
Mixtas, donde el Ejército aporta cuadrillas de soldados para resguardar la
seguridad externa. Además, realizamos juntas de coordinación para elaborar los
programas que vamos realizar durante la temporada, como los recorridos de
reconocimiento para localizar pistas clandestinas, sembradíos de droga, armas u
otro hecho delictivo”.
Acciones que se ejecutan en
apego a la Ley y respetando los derechos humanos.
Durante los operativos
encuentran mayormente marihuana y, en menor cantidad, amapola. “Son pequeñas
extensiones pero varias, de hasta 2 mil metros cuadrados”, resaltó el mando.
Las áreas que más procuran
los narcotraficantes son los terrenos con frente de agua en las delegaciones
Ojos Negros, Leyes de Reforma, Valle de la Trinidad, Santo Tomás y otros lugares
cerca de la sierra.
SÓLO LE FALTA PRESUPUESTO
De acuerdo con cifras
recientes del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), en 2010, la población
era de 87 mil habitantes -desde Punta Colonet al Paralelo 28-, que se podrían
equiparar con las de Tecate y Playas de Rosarito, donde el último censo (2016)
del Consejo Nacional de Población (CONAPO) calcula 110 mil habitantes.
La participación electoral de
esta zona del municipio correspondiente al Distrito XV fue definitoria para el
triunfo del alcalde electo Marco Novelo Osuna, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), quien de no ser por el sufragio de los sureños, no hubiera
obtenido mayoría.
COBERTURA POLICÍACA PARA 65 MIL HABITANTES
San Quintín 35
Vicente Guerrero
26
Camalú 20
Punta Colonet
16
Total 97 agentes
Homicidios
2016 7 (enero-junio)
Narcomenudeo 5
Robo violento
1
Venganza 1
Infracciones: 15 diarias
Reportes comunes: Riña conyugal
Delitos a la alza: Robo
de vehículo
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Enrique Botello
/Lorena Lamas /Lunes, 4 julio, 2016 12:00 PM)
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