De ´Ejido cachorero´ a ser el más rico
del mundo.
“El Bajío es un ejido tan
pobre que lo único que tiene en el subsuelo es oro”, dicen en tono burlesco
sobre esta comunidad sus detractores. Se trata de un ejido de los llamados
“cachoreros” enclavado en la antesala del agreste Gran Desierto de Sonora al
noroeste del estado y, por años, olvidado de la mano de Dios y del gobierno;
ahora está a punto de ser convertido en uno de los núcleos agrarios más ricos
del mundo.
Esto, si se acata cabalmente
la sentencia del Tribunal Unitario Agrario No. 28 donde sentencia a la empresa
norteamericana Penmont, subsidiaria del mexicano grupo Peñoles, a pagarle a los
ejidatarios más de 350 millones de dólares como compensación por haber
usufructuado ilegalmente terrenos ejidales por más de 16 años en la extracción
inmisericorde de oro y plata del subsuelo.
El Bajío, municipio de
Caborca, Sonora.- En la comunidad ejidal El Bajío, municipio de Caborca el
panorama es desolador. No tienen agua, ni escuela digna, ni servicios públicos…
Allá, sus habitantes carecen de todo, hasta de una figura institucional que les
brinde lo básico para vivir y encamine la región hacia el progreso u ofrezca
una mejor calidad de vida para las familias que se han aferrado a ese desértico
solar.
Quizá -con razón- El Bajío pasó a principios en los años 70`s
de ser un ejido “cachorero” a ser considerado
por el sector campirano como el
más paupérrimo de Sonora, “el más
jodido entre los jodidos”, como se le
menciona, con cierto dejo de lastima.
Actualmente son alrededor de
70 personas, entre hombres y mujeres los
que ahí viven en calidad de avecindados o titulares de los derechos agrarios,
pero todos, dicen poseer lo más valioso que pueda tener una comunidad
agrarista y que pocas se dan el lujo de poseer: La unidad de sus miembros y una
férrea convicción de luchar por lo que les pertenece: la tierra. Desértica,
pero tierra, y muy de ellos.
El Bajío nace como ejido con
la dotación del 20 de agosto de 1971 mediante la resolución firmada por el entonces
presidente de la república Luis Echeverría Alvares y que amparó la propiedad
social de poco más de 21 mil 39 hectáreas de tierras de agostadero para
beneficio de 77 demandantes de tierra.
“El Bajío”, pertenece al municipio de Caborca
y está enclavado en la región costera
del noroeste de México, justo en
la antesala del vasto e inhóspito Gran Desierto de Sonora, colindando al
poniente en posición continua con la carretera estatal 37, ruta Caborca-Puerto
Peñasco, la vía férrea de Ferromex, ramal Benjamín Hill-Mexicali y el ejido
“Rodolfo Campodónico”, que limita con el Mar de Cortez.
Al oriente colinda con el
ejido “Juan Álvarez”, comunidad que fue la que se benefició con el
establecimiento de la mina La Herradura, pues en común acuerdo con la empresa
mantuvieron en el engaño a las autoridades sobre el hecho de que la explotación
del precioso metal se encontraba dentro
de este núcleo agrario y no de El Bajío.
Los certificados agrarios que
poseen amparan la propiedad social plena sobre 300 hectáreas por socio, quienes
desde fundado el núcleo se dedicaron a otra actividad ya que la tierra ejidal
es de explotación en agostadero, por lo que el 90 por ciento de los poseedores
de los derechos viven en Puerto Peñasco, Caborca, San Luis y otras ciudades y
se dedican a otras actividades.
Un reducido número de socios
mantiene presencia en el ejido, principalmente descendientes de quienes
llegaron provenientes de comunidades étnicas de la región del sureste mexicano
y se asentaron en la región como ejidatarios.
Los socios originales de la
comunidad se empeñaron con ejemplar esmero a producir el desierto, algunos como
miembros del ejido otros como trabajadores de los núcleos agrarios y campos
agrícolas o comunidades pesqueras particulares o sociales que surgieron en toda la comarca.
Los primeros ejidatarios
provenían del sur del país y que habían aceptado ser ubicados como agraristas
en plena puerta del desierto, el más grande de México. Y el más inhóspito y
peligroso para vivir.
También se aventuraron algunos
demandantes de tierra de Sinaloa y del propio estado de Sonora, principalmente
de los valles del yaqui y mayo, así como uno que otro “aventado” de los
municipios aledaños de Puerto Peñasco, Caborca, Altar, Santa Ana y Benjamín
Hill.
Poco a poco algunos fueron
desistiendo de quedarse y no pocos cedieron o abandonaron sus derechos agrarios
y la membresía fue recomponiéndose con gente de la región aunque algunos
titulares de origen aún poseen sus derechos, incluso viven en el ejido, otros
radican en diferentes ciudades de la región o del interior del estado.
Fue en el año de 1997 en que
se asentó en el cerro La Herradura la mina que lleva ese nombre y lejos de
traer beneficios al ejido El Bajío, acarreo problemas de contaminación por
polvo e impacto negativo sobre la
morfología de los terrenos.
Para el año dos mil, la
actividad de la mina empezó a tener un notable incremento y se observó un
inusual movimiento de camiones de volteo, personal y mucho tráfico hacia el
complejo minero, que había expandido sus operaciones hacia otras áreas
cercanas.
Pronto se darían cuenta de
que los tres complejos de extracción de la minera Penmont se encontraban dentro
de los terrenos del ejido El Bajío por lo que sus socios a través de sus
abogados radicaron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario número 28 con
sede en Hermosillo, mismo que inició en el año 2009 y concluyó en agosto del
2014, con sentencia a favor del ejido.
Los últimos 16 años fueron
ignorados por el consorcio gringo Penmont
S.A de R.L, subsidiaria de Grupo Peñoles que explotó por cerca de veinte
años la Mina La Herradura, que se asentó
ilegalmente sobre suelo de El Bajío negándoles desde el principio el derecho a
trabajar en la mina y los beneficios por el usufructo de los recursos
naturales, en este caso el oro y la plata, que a bastedad extrajeron del
subsuelo ejidal.
Tampoco el emporio pagó al ejido El Bajío un
quinto por concepto de renta de la tierra, derecho de paso, servidumbres etc,
pues la mina siempre dijo que esos terrenos los había arrendado a cinco
personas que demostraron ser propietarios.
Las minas La Herradura,
Dipolos y Soledad, fueron explotadas para la extracción de oro y plata en
coparticipación entre la gringa Penmont y el mexicano Grupo Peñoles, propiedad
mayoritaria de Alberto Bailléres González, a saber el segundo hombre más rico
de México y quien recientemente recibió la medalla Belisario Domínguez por
parte del senado de la república, al reconocerlo como “Empresario del Año”.
Hace días, incluso, el grupo
Peñoles recibió de manos del gobierno federal a través de SEMARNAT el
reconocimiento como empresa limpia y responsable 2016.
Gracias a la tenacidad de los
abogados del ejido El Bajío se logró obtener el fallo del Tribunal Unitario
Agrario No. 28 a favor del núcleo agrario, luego de quedar demostrado que
Peñoles y Penmont valiéndose de argucias y trampas legales usufructuaron por
más de 16 años cerca tres mil hectáreas propiedad del ejido.
En ese lapso se concretó la
extracción de grandes cantidades de oro
y plata que se vendieron en el mercado exterior dejando millonarios dividendos
a los propietarios, sin redituar absolutamente nada al ejido o beneficiarlo con
obras o servicios durante todos esos años.
La sentencia inatacable
emitida por el TUA condenó a la empresa Penmont y subsidiarias como Peñoles a
desalojar de inmediato los terrenos del ejido y regresar toda la cantidad de
oro y plata extraídos ilegalmente del subsuelo y dejar el entorno como estaba
antes de explotar el mineral.
Es decir, las empresas
mineras están obligadas por sentencia de un tribunal a resarcir todo el daño a
la ecología y medio ambiente, así como a la morfología de los cerros y
planicies que por más de 16 años barrenaron y dinamitaron con la intención de
extraer toneladas de oro y plata.
De acuerdo a las estimaciones
de los abogados defensores del ejido El Bajío, la empresa Penmont debe regresar
a favor del ejido por lo menos ocho mil
kilos de oro y cuatro mil de plata en lingotes, tal y como la empresa minera
los traslado a Estados Unidos para su venta, luego de extraer el mineral y
transformarlo en oro de alto valor o “ley”, como se le conoce en el argot
minero.
Los cálculos derivados de la
sentencia del Tribunal Unitario Agrario adelantan que la empresa Penmont y
Peñoles de no reintegrar las toneladas de oro y plata que se estima extrajeron
durante 16 años, tendrán que pagar a
favor del ejido una cantidad no menor a los 350 millones de dólares, que
corresponde al pago de las rentas no cubiertas en 16 años que usufructuaron los
terrenos ejidales ilegalmente, así como por reparación del daño patrimonial al
ejido, entre otros conceptos, como son la remediación del sitio afectado, la
flora, fauna y entorno en general.
DEMANDAN INMEDIATA LIBERTAD ESPOSAS DE EJIDATARIOS
PRESOS
En asamblea de socios
realizada el 25 de junio próximo pasado del año en curso, los ejidatarios de la comunidad El Bajío,
municipio de Caborca, expresaron unánimemente su solidaridad con las esposas de
los cinco ejidatarios presos, acusados de robo y despojo por la persona que
mantiene la posesión ilegal de mil 800 hectáreas propiedad plena del ejido.
En la asamblea, los socios
presentes manifestaron el hartazgo de que personas ajenas pretendan inmiscuirse
en la vida interna del núcleo agrario, por lo que emplazaron a los tres niveles de gobierno y
quienes lo pretendan, a evitar la
intromisión, bajo la premisa de que las decisiones sobre el devenir del
ejido corresponde solo a sus socios y a
nadie más, es decir, los ejidatarios.
En la asamblea ejidal, compuesta
en su mayoría por mujeres que viven en El Bajío y comunidades aledañas,
se insistió en el llamado a las autoridades locales y estatales a respetar la
autonomía ejidal y no proteger los oscuros intereses de Rafael Pavlovich
Durazo, que por medios ilegales mantiene la posesión de más de mil 800 hectáreas de terrenos propiedad plena
del núcleo agrario.
La asamblea de socios exigió
a las autoridades del estado la inmediata libertad de cinco ejidatarios que se
encuentran presos en el Cereso de Caborca, acusados por el personaje aquí
mencionado de delitos que ha quedado comprobado que no cometieron.
Las esposas de los
ejidatarios, en su calidad de cotitulares y depositarias de los derechos
agrarios sobre las tierras ejidales
hicieron un llamado a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para que
instruya a la procuraduría de justicia y resuelva la inmediata libertad de sus
esposos.
Los nombres de los
ejidatarios detenidos ilegalmente son: Salvador Ibarra Navarrete, Bartolo
Pacheco Santiago, Erasmo Santiago Santiago, Pedro Francisco Santiago Santiago y
Simón Santiago Morales.
Entrevistadas en exclusiva
por Dossier Político durante la asamblea ejidal, Polinaria Flores Velázquez,
esposa de Salvador Ibarra Navarrete,
preso en el CERESO de Caborca, dijo que han recibido muchas presiones de las
autoridades locales y estatales y para que desistan de recuperar las mil 800
hectáreas despojadas por Pavlovich.
Dijo que, no obstante, el
Tribunal Agrario número 28 con sede en Hermosillo, emitió una sentencia donde
exige a Pavlovich regresar las tierras desposeídas a sus legítimos dueños por
carecer de personalidad legal, así como ninguna injerencia en el ejido, los
cinco ejidatarios continúan presos por
motivos que no se explican.
Polinaria es madre de tres
hijos menores de edad que procreó con Salvador, quienes por estos días pasan
por una situación muy difícil, al no contar con el sostén económico para
alimentarse y sufragar los gastos para la manutención familiar.
Es que el padre de sus hijos
está preso por un delito que no cometió lo que ha obligado a la madre de
familia a redoblar esfuerzos para llevar
lo necesario para que sus hijos se alimenten y no sufran por la ausencia del
padre, además de que ha recibido la
ayuda del comisariado ejidal que en esos casos se destina.
“Nosotros lo que pedimos es
que se haga justicia y que nuestros esposos queden libres, pues el delito que
dicen que cometieron queda sin efecto al comprobarse que el señor Pavlovich se
apropió ilegalmente de las tierras del ejido. ¿No nos explicamos cómo es que
ese señor pueda tener tanto poder para mantener a nuestros esposos en la cárcel
por un delito que no cometieron?”, se pregunta Polinaria.
En la entrevista, la esposa
del ejidatario preso narra que el pasado 12 de abril, mientras mantenían un
plantón para exigir la devolución de las tierras despojadas y la libertad de su
esposo, la encaró una persona joven, de sexo masculino, para advertirle de
manera amenazante que si proseguían en su intento de recuperar sus tierras, el
esposo no saldría jamás de la cárcel y ambos perderían la patria potestad de
sus tres hijos.
Preocupada por la amenaza,
Polinaria Flores ayudada por otras personas del ejido decidió indagar sobre la
persona que la amenazó con quitarle a sus hijos y pronto sabría que se trata
del licenciado Luis Ángel Valenzuela Mendívil, visitador adjunto de la oficina
regional con sede en Altar, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien
por dicho de éste (al encararlo a días de la amenaza) él
solo cumplía órdenes del presidente en el estado del organismo, Raúl
Ramírez, quien estaba interesado en que “no se siguieran pisando callos de muy
arriba por parte de los ejidatarios”.
La ejidataria añadió que ni
esta ni ninguna otra amenaza los hará desistir de su intención de recuperar las
tierras despojadas por Pavlovich ni de llegar hasta las últimas consecuencias
legales para que le mina La Herradura pague cabalmente todos los daños causados
al ejido y su gente, de lo que existe una sentencia inatacable del tribunal
agrario, que ampara la cantidad de más de 480 millones de dólares a favor del
ejido como reparación integral de los daños.
Finalmente la ejidataria
denunció que constantemente vehículos
con gente armada y lo que parecen ser patrullas del ayuntamiento de Caborca y
de las corporaciones policiacas ingresan al ejido El Bajío para intimidarlas
por lo que pide que cese el hostigamiento contra ellas y el resto de la
comunidad
EL BAJÍO, LA INVISIBILIDAD DE UN EJIDO
Actualmente El Bajío es un
claro ejemplo de que en Sonora aún existen comunidades invisibles para las
autoridades, aquellas que quedan al
margen de los programas y proyectos gubernamentales, que tal parece están
empecinados en fomentar el progreso y el desarrollo a aquellas comunidades que
generan riqueza, que son socialmente productivos o constituyen una veta atractiva para que los
sectores público y privado puedan obtener jugosas rentas y plusvalías, en la
mayoría de los casos, a veces para peculio personal de reducidos grupos.
Dar un paseo por El Bajío es
remitirse al México profundo, al de los cacicazgos, al México del
oprobioso distingo entre ciudadanos de
primera y de segunda; es introducirse
por una disección al sistema político
mexicano que se niega a desaparecer hoy en día, donde el discurso bofo y de
oropel de los gobernantes de la vieja
escuela no se ha ido.
El abandono institucional en que se encuentran estas
tierras lo dice claro. No se ha ido el México diferenciado. Al contrario, aquí
se ha consolidado como parte excepcional la cultura de la deshonestidad, el
embuste y la hipocresía con la que se arropan políticas públicas de cualquier
gobierno emanado de cualquier ideología partidista y que solo voltea a ver a
las regiones donde se puedan obtener altas rentas, políticas o monetarias… o
ambas.
La aparición del sector
privado en tierras ejidales de la región costera del noroeste de Sonora
propició fuertes inversiones a partir de las reformas agrarias de los años
90´s. Se establecieron empresas que invirtieron en la perforación de nuevos
pozos para riego agrícola en ejidos parcelados que fueron arrendados a
compañías terceras, mismas que introdujeron modernas tecnologías agrícolas con
aplicación de técnicas para mejoramiento de suelos.
Para finales de los años 90`s
la zona gozaba de pleno auge y aparecieron las empresas acuícolas en la región
de los municipios costeros y tierra dentro en lo que eran ejidos improductivos
florecieron los cultivos de espárrago,
la vid, hortalizas y otros altamente demandantes de mano de obra,
que vino a convertirse en la tabla de salvación de la gente de no pocas comunidades de la región.
Sin embargo, la suerte para
el Ejido El Bajío no mejoró, pues el régimen agrario por el que se emitió la
resolución presidencial le otorgaba la
característica de agostadero, es decir, para uso y explotación pecuaria o
forestal de las desérticas 21 mil hectáreas que amparaba el decreto de
dotación.
Al no tener la capacidad de
poder rentar las tierras por improductivas para siembra o acuacultura, el Ejido
El Bajío quedó totalmente en el abandono y muchos de sus socios desistieron de
sus derechos agrarios, otros los
cedieron y se fueron a otras partes. Solo unos pocos se quedaron en la región
pendientes de sus tierras.
El Bajío no solo ha sido
abandonado a su suerte por los tres niveles de Gobierno, sino que por todos los
medios factores externos al mundo agrario han tratado de dividir a sus
integrantes, violado flagrantemente los derechos universales de la gente y
pasando por encima del estado de derecho.
Así es como actualmente se
encuentran privados de la libertad cinco ejidatarios que fueron acusados de
cometer el delito de despojo y robo en propiedad ajena por Pavlovich Durazo, quien actualmente se
mantiene en posesión ilegal de mil 800 hectáreas del ejido, justo donde se asentaba
el emporio minero La Herradura, copropiedad de la firma gringa Penmont y el
mexicano Grupo Peñoles, a quien los ejidatarios ganaron un juicio
para que desalojara sus tierras que por cerca de 16 años usufructuó
ilegalmente.
El Ejido El Bajío no solo
obtuvo el fallo del Tribunal Agrario para que la mina desalojara las tierras
ejidales, sino que condenó al consorcio que explotó durante década y media, el
área a reparar y todo el daño ecológico causado dejando como habían estado las
tierras, así como la indemnización al ejido
por el uso de tierras de uso común, todo por una cantidad estimada en
350 millones de dólares.
No obstante que existe el
falla inatacable del tribunal agrario, la empresa se ha negado sistemáticamente
a acatar la sentencia y solo se ha limitado a abandonar las tierras ejidales,
para lo cual, la asamblea ejidal fue auxiliada por la fuerza pública federal
para el desalojo de la mina a finales de agosto del año 2015.
Posteriormente, en abril de
este 2016, mediante engaños y actos ilegales Rafael Pavlovich se apropió de mil
800 hectáreas donde se asentaba parte de la Mina La Herradura, ya desalojada
por la empresa.
Ante este despojo los
ejidatarios radicaron un juicio agrario que finalmente se resolvió a su favor y
se sentenció a la persona ajena al núcleo agrario a desalojar el predio, sin
que a la fecha hay acatado tal resolución.
(DOSSIER POLITICO/ Fernando Gutiérrez R.
/ 2016-07-04)
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