Un vehículo fue incendiado en la colonia
Los Héroes Chalco, al intentar linchar a tres hombres que asaltaban el lugar.
Foto: Cuartoscuro
PRIMERA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 4 de julio
(SinEmbargo).– La violencia y corrupción son dos factores que podrían ponerle
fin a casi un siglo de hegemonía tricolor en el Estado de México, concuerdan
analistas. El alza en la tasa delictiva y la omisión de las autoridades se
suman a la pobreza, la censura y el control social ejercido por un mismo
partido a lo largo de los últimos 80 años en esta entidad para perfilar una
elección local cuyo resultado podría ser histórico.
Los comicios del año 2017 les
darán a los habitantes de este estado dos opciones. Por un lado, perpetuar un
sistema ya conocido cuya más reciente administración dejó como saldo un entorno
de violencia en el que nueve de cada 10 mexiquenses han sido víctimas de
ilícitos y por otro, apostar por otros grupos políticos.
La desconfianza de los
ciudadanos ha posicionado al Estado de México en el segundo lugar nacional en
cuanto a cifra negra. Los delitos no son denunciados porque el vínculo entre
las instituciones y los mexiquenses está roto: la omisión de las primeras ha
llegado a un punto en el que los segundos dejaron de creer que es útil acudir a
las autoridades cuando un delito es cometido, pues la experiencia señala que
pocas veces se hace justicia.
El círculo
violencia-impunidad-violencia ha sumido a la entidad en los niveles más bajos
de procuración de justicia (a pesar de ser uno en los que ya fue implementado
el nuevo sistema de justicia penal) y en los más altos de incidencia delictiva,
de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
El Estado de México ha
descuidado a sus mujeres. Esa es una denuncia que no cesa y que ha tomado fuerza
en el último lustro, cuando la entidad desplazó a Ciudad Juárez, en Chihuahua,
como la primera a nivel nacional en cantidad de feminicidios. Sin embargo, las
mujeres no son el origen ni el fin del problema. El Estado de México descuidó a
todos sus habitantes: niños, jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad por
igual. No sólo los ha dejado a merced de la delincuencia, sino que ha omitido
su responsabilidad en el combate de la misma.
SEIS MUJERES SON VIOLADAS CADA DÍA
El esposo de Carmen Zamora está
recluido en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, desde marzo de este año.
Carmen no lo visita cada semana, pero sí cuenta los días para que termine su
condena: “si sale, me va a matar”, asegura la mujer. Después de presentar
denuncias y utilizar las redes sociales para hacer visible su caso, Carmen
logró que un juez le creyera: su esposo la violó y ejerció violencia física y
psicológica sobre ella.
Su caso no es la excepción.
En esta entidad, seis mujeres son víctimas de violación cada día. Entre enero
de 2011 y abril de 2016, fueron denunciadas 11 mil 254 violaciones: un promedio
de dos mil 250 al año, 187 por mes, seis cada 24 horas, de acuerdo con cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP).
Los feminicidios no se quedan
atrás: aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la Alerta de Género
para 11 de los 125 municipios en julio de 2015, a menos de un año de su
implementación el registro de este delito suma 90 casos. Además, la
implementación de esta alarma tardó cuatro años y medio en ser puesta en marcha
desde que se realizó la solicitud correspondiente.
“Lo único que significa
activar la Alerta de Género es que mediáticamente parece que se está atendiendo
el asunto, pero en los hechos, las mexiquenses siguen sufriendo la violencia de
género”, explicó el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del
Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., en
entrevista para SinEmbargo.
La incidencia de este delito
no ha disminuido porque las autoridades mexiquenses han sido incapaces de
implementar programas de prevención. “No se trata sólo de las acciones
posteriores al delito, sino a evitar que suceda”, dice Mariana Meza Hernández,
investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).
Lo que sí han hecho las
instituciones estatales es gastar alrededor de ocho millones y medio de pesos
en “calcomanías, imanes y plumas”, como SinEmbargo dio a conocer en marzo
pasado. En contraste, “no se ha invertido en algún foro, volante o tríptico
para informar a la población”, de acuerdo con David Mancera Figueroa,
presidente de la organización civil Solidaridad por las Familias.
Mientras tanto, activistas
aseguran que la Alerta de Género fue utilizada como botín político y que la
población desconoce las acciones implementadas por el Gobernador, Eruviel Ávila
Villegas.
La violencia de género es un
fenómeno con causas, consecuencias e incluso métodos de investigación y
tipificación específicos. Sin embargo, no es posible entenderla fuera del
contexto en el que viven todos los habitantes de esta entidad, un contexto de
violencia desbordada.
NUEVE DE CADA 10 MEXIQUENSES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
En abril de este año, un
grupo de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente de 15 años de edad que
estaba embarazada, asaltaron un camión en esta entidad. A punta de pistola
obligaron a quienes viajaban a bordo a entregarles sus pertenencias y
dispararon para infundir temor en las personas. Una de estas balas impactó en
el pie de la joven embarazada.
Este cuadro retrata la
situación que vive a diario el Estado de México, en donde sólo una de cada 10
personas se salva de la delincuencia. Las nueve restantes han sido víctimas de
todo tipo de delitos: desde extorsión hasta homicidio. No obstante, ocupa el
lugar 29 entre los 32 estados en cuanto a procuración de justicia, correlación
que explica por qué sólo ocho de cada 100 delitos se denuncian.
Desde que al actual
Gobernador asumió su cargo, en septiembre de 2011, en el estado han tenido
lugar 16 mil 629 homicidios; de estos, más de 10 mil 300 fueron dolosos, es
decir, el 70 por ciento. Asimismo, han sido denunciados 846 secuestros y cuatro
mil 574 extorsiones, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de
Seguridad Pública.
“En el Estado de México hay
zonas que están fuera de control”, dice José Antonio Ortega. “Llama la atención
que sean los municipios que rodean a la Ciudad de México como Ecatepec,
Nezahualcóyotl o Chalco en donde la violencia se ha desbordado”, analiza el
abogado.
Al respecto, la investigadora
de CIDAC, Mariana Meza, considera que “la frontera entre estados siempre es un
lugar violento, un territorio bastante disputado por lo que significa para el
crimen organizado y que además supone un problema de evasión de
responsabilidades cuando ocurren delitos en estos límites”.
El crecimiento sostenido en
estas cifras muestra que las autoridades han sido incapaces de responder al
problema y garantizar la seguridad de los habitantes de este estado. Así lo
explica José Antonio Ortega: “las autoridades han sido rebasadas y hay una
falta de credibilidad tanto en las instituciones como en el Gobernador”.
Cuando las personas sienten
que las instituciones no cumplen con su tarea de procuración de justicia,
deciden tomar el asunto en sus propias manos. Así ha sucedido en este estado,
en donde durante la última década, este estado se posicionó como el primer lugar
a nivel nacional en casos de linchamiento de acuerdo con el reporte
Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), de los
investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila.
“No los justifico. Se tiene
que acudir a las instituciones para resolver nuestros problemas, pero la
ausencia de autoridades estatales es lo que los está provocando”, dice Ortega
Sánchez. Esta ausencia también es cuantificable: en cuanto a procuración de
justicia penal, este estado ocupa el lugar número 29 con respecto al total
nacional.
Aunque el nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio ya entró en vigor en todo el territorio que abarca el
Estado de México, un estudio realizado por CIDAC señala que su efectividad es
de sólo siete por ciento, ya que las denuncias de delitos del fuero común
tardan, en promedio, cuatro horas para ser recibidas a través de esta modalidad
y hay dos defensores públicos por cada 100 mil habitantes.
LA CORRUPCIÓN: EL VÍNCULO ROTO CON LA CIUDADANÍA
Todos estos factores resultan
en un alto porcentaje de impunidad: el segundo a nivel nacional, sólo por
debajo de Quintana Roo. El Índice Global de Impunidad 2016 elaborado por la
Universidad de las Américas Puebla arroja que en el Estado de México sólo son
denunciados ocho de cada 100 delitos, lo que significa impunidad en 92 por
ciento de los casos.
No es sorpresa que esto
ocurra en una entidad en la que 12 mil de cada 100 mil personas consideran que
han sido víctimas de la corrupción, la mitad de estas durante su contacto con
autoridades de seguridad pública; y en donde se registraron, tan sólo en un
año, 62 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 realizada por
el Inegi.
Aunque la Procuraduría
estatal el estado ejerce más de 130 pesos per cápita (multiplicado por los 15
millones de habitantes da un total de mil 950 millones de pesos), el porcentaje
de sentencias condenatorias entre el total de delitos consumados, es decir,
plenamente probados, no pasa del dos por ciento.
Las cifras indican que los
mexiquenses han optado por dejar de denunciar los ilícitos de los que son
víctimas o testigos debido a que estos trámites rara vez encuentran una
conclusión justa.
Sin embargo, las consecuencias
no se limitan a estadísticas poco favorables. Como resultado de la corrupción e
impunidad también hay una desconexión con la ciudadanía, coinciden Meza y
Ortega.
“Es difícil gobernar un
estado con tal distanciamiento de las instituciones con la ciudadanía, pero
también es muy difícil ser un ciudadano a pie y no tener el respaldo de las
mismas”, dice Mariana Meza.
La investigadora de CIDAC
considera que, debido al contexto en el que viven los ciudadanos de la entidad,
la violencia y corrupción serán las pruebas de fuego en la elección de 2017
para todos los candidatos, no sólo para los del PRI.
la seguridad y en general la
violencia van a ser uno de los más importantes, así como la corrupción. Van a
ser las pruebas de fuego no sólo para el PRI, sino para todos los candidatos.
“Si las cosas siguen así, va
a haber un voto de castigo al partido en el poder en el Estado de México”,
proyecta José Antonio Ortega.
(SINEMBARGO.MX/ ALEJANDRA PADILLA
/JULIO 4, 2016 - 12:05 AM)
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