En Mexicali las cifras son
alarmantes. Este año suman 56 infantes que han sido violados –el último
denunciado hace una semana, un bebé de solo ocho meses–, y además existen 26
casos de otro tipo de abuso sexual contra menores, en un contexto de evidente
descuido, marginalidad, uso de drogas y familias disfuncionales, el último y
más explosivo caso fue el homicidio de Diana Mía, de apenas 5 años de edad
El Canal Alimentador Central
–le llaman Reforma, Cerro Prieto, Tulichek, según el lugar donde pase– nace en
la Presa Morelos, recorre todo el Valle, cruza la parte sur de Mexicali
llevando agua de riego.
La tarde del miércoles 22 de
junio, al parecer por la basura acumulada en una de las compuertas, el nivel de
agua disminuyó notablemente en la parte sur poniente, donde el canal llega a la
mancha urbana.
Cerca de las cuatro de la
tarde vecinos del lugar observaron en la orilla norte del cauce, un bulto que
flotaba.
Una imagen extraña de lo que
parecía una pequeña figura humana cuidadosamente envuelta en un plástico y
atada con cinta gris.
Del lado que parecía la
cabeza estaba sujeta a un depósito de cerámica, de los usados en la parte de
arriba del excusado.
En la parte contraria donde
figuraban los pies, una piedra de cemento fue amarrada al bulto que no media
más de un metro de largo. Sospechaban que se trataba del cuerpo de un menor, de
un niño.
Tras las maniobras de los
rescatistas, el bulto fue subido a la canastilla metálica y acomodado en el
camino aledaño al canal, a un lado de un pick up de la Procuraduría Estatal.
Al descubrirlo vino el
espanto. Era el cuerpo desnudo de una niña, con huellas de golpes en todos
lados, el rostro amoratado y los labios reventados. Le faltaban los dientes
incisivos, los frontales y tenía huellas de abuso sexual.
Esa tarde noche, en Morelia,
Michoacán, los familiares de una menor que había sido traída a Mexicali apenas
un mes antes, se alertaron al trascender el hallazgo, y empezaron a llamar para
pedir más información.
Primero se contactaron con la
Policía Municipal y de ahí los turnaron a la Procuraduría Estatal. Mandaron
fotos de la menor en vida y los investigadores las superpusieron con las
imágenes del cuerpo localizado, los rasgos coincidieron.
EL PADRASTRO; LA MAMÁ DE LA NIÑA
Se trataba de Diana Mía
Campuzano Herrera, de cinco años de edad. De ahí los datos fluyeron. El padre
biológico de la menor estaba en Morelia, Michoacán, pero la madre –Diana
Esmeralda– había viajado con la niña hacía un mes a Mexicali, acompañada de su
nueva pareja, Efrén Damián Martínez Magaña, originario de esta fronteriza
ciudad. Ambos habían rentado una casa
en la avenida Lumbreras 3033 en el fraccionamiento popular Villa Lomas Altas, a
un lado del cual cruza el Canal Tulichek.
Lo demás fue cosa de esperar
el trámite judicial para que el Juez liberara la orden de aprehensión y se
concretara la detención de la pareja la madrugada del sábado 25 de junio.
Esa mañana fueron llevados de
la Comandancia de la Policía Ministerial hacia los Servicios Médicos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado. Encadenado de pies y manos,
con tenis Vans cafés sin agujetas, Efrén Damián hacía gestos a cada paso que
daba, flanqueado por dos agentes Ministeriales. Luego salió Diana Esmeralda,
lucía asustada, con los ojos hinchados, muy seria, parecía no entender lo que
sucedía.
Audiencias
Tres horas después
fueron presentados ante el juez, ambos con el overol naranja y acusados. Él de feminicidio y violación
impropia, Diana Esmeralda de homicidio agravado por razón de parentesco y
violación agravada. De acuerdo a los datos que
trascendieron en esa primera audiencia, la causa de la muerte de la menor fue
hemorragia y traumatismo craneoencefálico.
Aparte de los golpes en la
cabeza fue sodomizada con un objeto contundente. La niña fue asesinada entre
la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 de junio, pero fue
arrojada al canal hasta la madrugada del miércoles 22, lo que significa que los
autores conservaron el cadáver durante tres días.
En la audiencia de
vinculación a proceso efectuada la tarde del jueves 30 de junio, se confirmó la
versión de que Efrén Damián y Diana conservaron el cuerpo ya sin vida de la
niña tres días antes de ir a arrojarlo al canal. Se estima que Diana Mía
falleció la madrugada del domingo 19
-Día del Padre- y la pareja acudió al festejo a la casa familiar de
Efrén, donde estuvieron bebiendo todo ese día. Cuando les preguntaron por la
niña -la abuela la describe como alegre y juguetona, que le gustaba correr en
el parque- les dijeron que se había quedado en la casa viendo televisión.
Un amigo de Efrén narró que
éste y Diana Esmeralda fueron por él a su trabajo el martes 21 en su auto Honda
Accord verde, estuvieron tomando cerveza durante varias horas en la casa de
ellos, mientras el cadáver estaba en una de las recámaras. Esa tarde Efrén le cortó el
cabello y le hizo un tatuaje en una mano a su amigo, y siguieron bebiendo
cerveza.
En ese contexto Efrén le dijo
que “tenía broncas con la niña de su esposa”, que le quemó la máquina de
tatuaje, que tiraba la comida, que se vomitó en el carro, que se hacía del baño
en la cama, que no era su hija y no tenía por qué aguantarla.
Refirió que el imputado
confesó que por eso la había castigado, golpeado y metido a un cuarto dos días
antes, sin refrigeración y que ya estaba muerta, lo que no le creía. También, que cerca de las
cuatro de la mañana del miércoles 22 sacaron un “bulto”, y lo tiraron en el
canal Tulichek.
Trascendió además que el
martes 21 de junio, Diana Esmeralda envió un mensaje de texto a su madre en
Morelia, avisándole que Efrén “mató a la pequeña”. Al valorar los elementos
presentados por el Ministerio Público, el Juez de Garantías decidió la
vinculación a proceso de ambos imputados, definiendo un periodo de seis meses
para integrar más elementos a la carpeta de investigación, mientras ambos
quedan internos en el Centro de Readaptación Social de Mexicali.
AMENAZAS
En Morelia, Michoacán, Diana
Esmeralda (23 años) tuvo una relación con Miguel Ángel Campuzano, y procrearon
hace cinco años a Diana Mía. Después vino la separación y
ella se quedó con la niña. De hecho en sus perfiles de
redes sociales ambos incluyen imágenes con la bebé.
En marzo de este año ella
conoció a un joven mexicalense quien presuntamente por motivos laborales estuvo
varios meses en la capital michoacana. Efrén Damián Martínez Magaña
(24 años), con quien inició una relación y a fines de mayo ambos y la menor
viajaron a Mexicali instalándose en el fraccionamiento Lomas Altas, muy cerca
de donde viven los padres de Efrén, quien en la red social firma como Ernesto
Raúl Dueñas.
ASÍ LA ENCONTRARON
Hasta el momento ha
trascendido que ambos eran usuarios de mariguana y no de otras drogas duras,
ninguno trabajaba y como en su casa no tenían cocina, diariamente iban a
preparar los alimentos a la casa de la mamá de Efrén.
Ninguno tiene antecedentes
penales. Información proporcionada a ZETA indica que la joven madre le pedía
frecuentemente dinero al padre biológico de la niña, que y últimamente lo
amenazaba con golpearla, maltratarla y hasta matarla si no le depositaba
efectivo. En una ocasión incluso le
envió una fotografía de la niña con señas de violencia.
En la casa ubicada en el
número 3033 destaca en la bolsa de basura una botella vacía de wiski Jack
Daniels, y sobre el homicidio hay versiones encontradas entre ella y él.
El crimen sucedió entre la
noche del sábado 18 de junio y la madrugada del domingo 19, de acuerdo a Diana,
era común que Efrén golpeara a la menor y esa noche lo hizo, pero ella dijo
haberse quedado dormida. Al despertar por la mañana se
dio cuenta que la niña estaba muy mal, agonizante. Intentó reanimarla con un
baño, pero Diana Mía falleció en sus brazos.
De acuerdo a la Agente del
Ministerio Publico que participó en la audiencia, fue hasta la madrugada del
miércoles 22 cuando enrollaron el cuerpo de la menor en la cortina de plástico
del baño, la rodearon con cinta adhesiva y se la llevaron en la cajuela de un
auto Honda verde, propiedad de Efrén.
La fiscal aseguró que eso fue
cerca de las 4 de la mañana, lo que implica que hayan permanecido con el
cadáver esos tres días. Precisamente durante esos
días que convivieron con el cadáver de la menor, la pareja intentó hacer su
vida “normal”.
Acudieron a la casa de los
padres de Efrén a preparar sus alimentos y ante la pregunta de donde estaba la
niña, respondieron que “se quedó viendo la tele” y al día siguiente ante el
mismo cuestionamiento contestaron con un “se quedó con unas amiguitas”, lo que
pareció raro incluso a los familiares de Efrén, dado que la menor tenía muy
poco tiempo en Mexicali y no tenía relación con otros niños.
Vecinos aseguran que la
pareja salía poco, que siempre andaban juntos y que a Diana Mía pocas veces la
miraron. Una versión anota que él se
quejaba de la niña dado que le generaba muchos gastos su manutención, “que
comía mucho y usaba mucho papel de baño…”.
Después de la localización
del cuerpo y que la información fue pública, los familiares desde Michoacán
empezaron a buscar más datos y al día siguiente fue el padre de la menor quien
viajó a Mexicali e identificó el cuerpo de su hija.
El resto fue esperar el
trámite judicial que propició la captura de la pareja y la presentación ante el
Juez de Garantías la tarde del sábado 25 de junio, cuando se fijó el jueves 30
como fecha para la Vinculación a proceso.
De acuerdo al Código Penal
Vigente cada uno de los hoy presuntos responsables podría recibir una pena de
entre 20 a 50 años de prisión. Hoy día están internados en el Cereso.
QUE DENUNCIEN,
DIF
“Es lamentable lo que pasó
con esta niña. Hay una constante en este tipo de casos”, expone Consuelo Luna,
titular de la Procuraduría de Defensa del Menor del DIF Estatal, en alusión a
los ya varios casos de menores que han sido maltratados y hasta asesinados.
“Regularmente se trata de una
situación de violencia que se presenta en la familia y que no fue denunciado,
no fue atendida en su momento”, explica la funcionaria, refiriendo que en el
caso de agresiones sexuales resulta el tercer motivo de ingreso en los
albergues del DIF –el primero es omisión de cuidados–, que se deriva de una
negligencia por parte de los padres o las personas que están a cargo.
En este último rubro se
refiere a menores descuidados, desaseados, que no acuden a la escuela o que se
encuentran por largos periodos de tiempo solos en sus viviendas.
“Este tipo de casos puede ir
aumentando hasta convertirse en violencia física, psicológica y finalmente en
casos lamentables como el de la niña Diana Mía”.
Luna considera importante
mencionar que en los casos de homicidio es común que los vecinos,
posteriormente a que se descubre la situación, la muerte de un menor de edad,
refieran que tenían conocimiento de situaciones de maltrato, de comportamientos
inadecuados de las personas cercanas a estos menores de edad.
Tiempos felices; Diana Mía, la niña asesinada
“Es una situación que
lamentamos mucho, nosotros tenemos varias vías de denuncia, de llamar al 066 o
al 089 que es de denuncia anónima, tenemos un convenio con la Secretaría de
Seguridad Pública de manera que a través del C4 se nos remiten todas las
denuncias que son presentadas”, explica la abogada y asegura que esas denuncias
se atienden, se investigan y se acude a los domicilios señalados.
Por eso invita a la población
a hacer uso de esas vías de denuncia para tener la información y poder
intervenir, incluso menciona que –como en el caso de Diana Mía, que involucra
familiares en otra entidad– hay convenios con los estados para denunciar en
otros estados y que manden la información a la Procuraduría de Defensa del
Menor en Baja California.
La funcionaria explica que en
el caso de omisión de cuidados, sí tienen identificado un común denominador que
resulta el uso de drogas por parte de los padres o las personas que tienen bajo
su cuidado a los menores, lo que deriva en una negligencia en la atención de
las necesidades básicas de niñas y niños.
“En los casos como el de Mía,
puede referir que en reportes presentados por el Ministerio Público, en algunos
de ellos también hay presencia de drogas y el delito ha sido cometido bajo el
influjo de éstas, sobre todo donde ha habido homicidio y previo a esto hay una
agresión sexual”, sostiene la Procuradora de Defensa del Menor y la Familia del
DIF Estatal, e insiste en la necesidad de denunciar ante el avistamiento de
cualquier situación de posible riesgo para los menores.
Explica que de ser necesario,
los menores se recogen buscando en primera instancia que queden momentáneamente
a cargo de familiares o en su caso son traslados a los Albergues del DIF.
Este año el DIF ha atendido
836 denuncias y en protección a 855 menores, de los cuales se han reintegrado
–en ocasiones con familiares– a 640 de éstos.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
“Hasta la fecha las mayores
llamadas al 066 son por violencia intrafamiliar”, explica el Doctor Marco
Carrillo, académico, ex director de seguridad pública municipal en Mexicali y
ex subsecretario de Seguridad pública en el Estado.
“Es que somos violentos. Aquí
se puede explicar esa parte entre la hegemonía del poder del hombre y la
mujer”.
El actual director del Centro
de Estudios Superiores en Ciencias Penales, Cescipe, considera que, “Hay
autores reconocidos que aseguran que el mexicano es violento, que hablan de que
nosotros no sabemos resolver conflictos, no tenemos esta parte de la
argumentación y en el momento en que nos enfadan respondemos violentamente”.
Carrillo Maza comenta que es
necesario revisar lo que pasa en las familias y donde se conjuntan elementos
como la complicidad de la madre para no hacer nada ante los actos violentos del
padrastro.
Considera que en casos como
éstos se conjugan factores, como uso de drogas, marginalidad y antecedente de
maltratos.
El especialista opina que en
materia preventiva debe haber una política integral que debe empezar desde las
escuelas para enfatizar en esta parte del respeto y contrarrestar conductas
agresivas.
“Debemos estar apostándole a
la prevención pero es algo que desgraciadamente no se hace”, sintetiza el
especialista, refiriendo que es el clásico ejemplo donde no se trata de más
policías o mejor armamento:
“Son actos aterradores, que
no se valen y que debemos de atender a través de programas preventivos”.
OTROS CASOS EN MEXICALI
Mayo del 2002.- La niña
Blanca Miranda fue encontrada en la zona del Tulichek, asesinada y arrojada al
canal con una gran piedra atada al cuello. Fue hasta cuatro años después cuando
las autoridades detuvieron a los responsables, los abuelos, y descubrieron que
la otra hermanita, Arlette, también fue asesinada y enterrada en el patio del
domicilio en la colonia Hidalgo.
Mayo del 2013.- La niña Karen Vanessa Romero fue
localizada en el fondo de un pozo, había sido abusada sexualmente antes de ser
asesinada. Se detuvo al abuelo, José Santos Romero como responsable.
Febrero del
2015.- Janet Lizbeth Bibriesca fue encontrada enterrada en el domicilio de un
vecino, quien fue acusado del crimen –y abuso sexual– y encarcelado.
Junio del 2016.- Una menor de 8 meses de edad fue
remitida en Mexicali al Hospital General con signos de violación. Las
autoridades buscan al responsable.
SUJETAS A PROCESO, MUJERES QUE ENCADENARON A MENOR A UN ÁRBOL
El 30 de junio se desarrolló la audiencia inicial
del Numero Único de Caso 1117 del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana,
por los delitos de omisión de cuidado y violencia familiar, siendo víctima de
dichas conductas una menor de 3 años de edad, quien fue hallada por elementos
de la Policía Municipal, encadenada a un árbol en el fraccionamiento El Lago.
Recibiendo los oficiales este
reporte, se trasladaron al domicilio, donde pudieron observar a la pequeña
encadenada a la cintura, mientras una mujer adulta le agredía verbalmente, a
manera de castigo “porque lloraba mucho”, según manifestó a los policías.
Otra mujer se acercó a la
escena, proclamándose como la madre de la menor y manifestando estar de acuerdo
con el castigo, según el relato de los hechos realizado por el Ministerio
Publico al solicitar se calificara de legal la detención.
Dirigió la audiencia el Juez
de Control Héctor Herrera Robles, quien calificó de legal la detención de la
madre de la menor y de la mujer con la que vive, quien le ayuda en el cuidado
de su hija, realizada el 28 de junio en flagrancia, existiendo entre el
aseguramiento de ambas y la puesta a disposición al Ministerio Publico un lapso
de cuatro horas -de diez de la mañana a dos de la tarde-.
Si bien en dicho periodo se
puso a disposición del DIF a la menor –manteniéndose al cuidado de esta
dependencia-, se valoró clínicamente a las aseguradas y se realizó el parte
policial.
Acto seguido, el MP solicitó
realizar la formulación de imputación contra ambas implicadas, señalando las
pruebas recabadas por los policías municipales y el policía ministerial a cargo
de la investigación, entre los que resultaron la inspección ocular del lugar de
los hechos y de la cadena utilizada, el informe policial homologado y la
valoración física y psicológica de la niña, quien presenta “tristeza y dificultad
para socializar”, además de presentar desaliño y falta de higiene.
Manifestando la defensa su
deseo de que en la misma audiencia se resolviera sobre la vinculación a proceso
de las inculpadas, ésta la practicó de manera errónea el juzgador, al motivar
la misma con un delito diferente al señalado por la fiscalía.
Pidiendo ésta la
rectificación, se concedió, a pesar de la protesta de la defensa en el sentido
de que el momento procesal para realizar dicha aclaración ya había
transcurrido.
Aunque vinculadas a proceso,
se decretó la libertad de las imputadas, quienes por no existir desacuerdo
entre las partes, estarán sujetas a las medidas cautelares de presentación
periódica ante el Juzgado cada 15 días, la prohibición de salir de la localidad
sin autorización, el sometimiento a tratamiento para superar la adicción a las
drogas -en sus declaraciones ambas manifestaron ser consumidoras- y la
prohibición de acercarse o comunicarse
con determinadas personas, particularmente con potenciales testigos de los hechos.
Manifestando el Ministerio
Publico que requiere de tiempo para realizar mayores pruebas psicológicas a la
menor, así como para recabar otros medios de prueba, se acordó un plazo de cinco meses, es decir, hasta el primero de
diciembre, para que se concluya la investigación.
SIN AVANCE EN CASO DE NIÑOS ABUSADOS EN KÍNDER
Luis Gerardo Lugo Cirerol –“El Teacher Luis”-, es acusado de
abuso sexual por niños de 4 y 5 años, quienes eran sus alumnos en el kínder “3
de Mayo de 1535”, ubicado en el fraccionamiento Puerta del Sol, al Este de
Tijuana.
En sus declaraciones, tanto a
los padres de familia como a psicólogos y a las propias autoridades de la
Procuraduría General de Justicia del Estado -PGJE-, los menores han dado cuenta
de la forma como Lugo Cirerol los obligaba a jugar “el juego de los
encuerados”, obligándolos a quitarse la ropa y a dejarse tocar por él.
A los que se oponían los
amordazaba, ataba de manos y los castigaba; quienes no gritaban ni lloraban,
recibían como premio un juguete.
Los cambios físicos y de
conducta revelaron a los padres de familia el agravio del que estaban siendo
víctimas sus hijos, algunos señalan que fueron alertados por el conserje del
plantel, Maximino Méndez Zapata, quien les informó que una vez ayudó a los
niños a desatarse y vestirse, hecho del que inmediatamente hizo del
conocimiento de la directora, Minerva Álcaliz Valenzuela, “quien le instruyó a
no decir nada”, comentó Max a los papás, pidiendo no lo delataran, pues su
trabajo estaba en riesgo.
La encargada del jardín de
niños no actuó en consecuencia, como tampoco lo hizo la profesora Verónica
Morales Durán, maestra encargada de uno de los grupos del plantel, a quien los
menores señalan de ser quien los ayudaba a vestirse tras la agresión.
“El Teacher Luis” fue demandado
formalmente el 28 de marzo de 2016 ante la Unidad Orgánica para delitos
Sexuales y Violencia Familiar de la PGJE; en la misma denuncia se implica a la
maestra Verónica Morales y la directora Minerva Álcaliz Valenzuela.
Con 21 demandas interpuestas
por padres de familia de niños abusados por él, como de infantes que fueron
obligados a observar la agresión, el 10 de mayo el Ministerio Público de
Delitos Sexuales consignó la averiguación previa 373/16/202 con pedimento de
orden de aprehensión por el delito de abuso sexual agravado y violencia
familiar equiparada.
Fue hasta el miércoles 18 de
mayo cuando Lugo Cirerol fue llamado a declarar ante la autoridad competente y,
al no presentarse, el Juzgado Quinto de lo Penal liberó orden de aprehensión en
su contra.
Al irlo a buscar en su
domicilio, ya no fue localizado, había huido y a la fecha se encuentra prófugo.
“La casa del profesor ubicada
en la colonia El Lago nunca fue vigilada”, se quejaron los padres de familia.
Al respecto, Jorge Alberto
Álvarez Mendoza, subprocurador de Justicia en Tijuana, no lo consideró
prudente, porque hubiera sido “violatorio de sus garantías”, al no contar en
ese momento con una orden de aprehensión, comentó a ZETA.
A la fecha, y luego de
terapias psicológicas recurrentes, algunos menores ya hablan de violación, aun
así la autoridad no ha liberado otra orden de aprehensión contra Luis Gerardo
Lugo Cirerol, ni ha informado a los padres de las víctimas de un mayor avance
en la investigación.
Para la autoridad, las maestras Verónica
Morales y la entonces directora del plantel, Minerva Álcaliz Valenzuela, no
participaron en el abuso; su implicación, en todo caso, sería por omisión de
cuidados. Isabel Mercado
LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL, Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS VULNERADO
Pedro Ariel Mendívil, Presidente
de la Federación Estatal de Colegios y Barras de Abogados de Baja California,
que cuenta con más de 5 mil miembros, sostiene sobre el contexto de la muerte
de la niña Diana Mía:
“Es un tema evidentemente de
descomposición del tejido social, la pérdida de valores que tiene que ver con
temas como educación, con la familia, con fortalecer nuestras instituciones
como familia en una sociedad que indudablemente va en retroceso, y no en un
crecimiento en cuanto a la plenitud que deben alcanzar los miembros que la
componen”.
Otros factores que influyen,
dijo, son la pobreza, la falta de educación y el necesario fortalecimiento de
las instituciones.
Mendívil considera que se
trata de un tema donde no solo es imputable el Estado sino la sociedad como
parte de un estado democrático, “Creo que nosotros como miembros de la sociedad
tenemos muchas cosas que hacer en este tipo de temas”.
El abogado y especialista
opina que en este tipo de sucesos hay elementos perceptibles, palpables a la
vista la mayoría de las veces, dado que el abuso es una actividad constante,
cotidiana, que se va realizando en etapas hasta que llega al desenlace.
“Existen personas que tienen
una trascendencia directa, como el caso de los maestros –por los niños de edad
preescolar o primaria–, son rasgos que no pueden pasar desapercibidos, esas
señales que no las atendemos, o no las queremos ver o no estamos preparados
para ello”, expone el abogado y amplía:
“Es el caso de los vecinos
que permanecen apáticos a lo que ocurre alrededor, o la propia familia, que es
imposible que no pueda percibir lo que está ocurriendo, que nadie denuncia, que
nadie haga un solo acta para tratar de proteger a los más desprotegidos”.
De las penalidades fuertes
dice no creer que van a constituir un beneficio en la resolución de estos
problemas, dado que las penas excesivas no atienden a la readaptación ni a la
reincorporación, ni a la reinserción social de las personas; acepta que se
deben enviar señales fuertes de que no puede haber impunidad.
“Tenemos que buscar esquemas
donde socialmente pueden involucrarse en responsabilidades”, además de crear
otros dispositivos normativos penales que permitan que estas conductas –al ser
solapadas, permitidas- tengan una consecuencia.
La abogada y actual titular
del Colegio Estatal de Sociólogos, Flor Mora, refiere el linchamiento que se
dio en redes sociales después de trascender el asesinato de la menor.
“Pero creo que se les va de
la mente, de la vista directa, que esto no es un caso aislado, no fue casualidad,
este suceso está enmarcado en un tiempo de violencia, en un tiempo de pobreza,
en un tiempo de calidad educativa de muchas carencias, en un tiempo donde la
cultura tiene muchos rasgos de violencia”.
Flor Mora considera que en
este tipo de hechos hay que ver las causas y no solamente las consecuencias, y
tratar de averiguar qué parte de nuestra cultura está promoviendo este tipo de
conductas.
Menciona países donde se
implementan campañas muy fuertes para darle a los menores herramientas para
defenderse –lo cual ya debe de hacerse aquí–, además de promover que la
sociedad se involucre más en estos temas de manera cotidiana, no únicamente
cuando suceden. E
sto dado que hay casos donde
son evidentes para los vecinos, los compañeros, los maestros, pero estas
personas no quieren meterse en problemas.
“Hay que facilitarles un
camino, un proceso para poder ayudar en estas situaciones”.
Otro experimentado abogado,
Fernando Rosales –parte del núcleo fundador del Colegio de Abogados Penalistas–
considera que estamos viviendo una descomposición social donde los valores del
núcleo familiar se están perdiendo.
“El respeto a los derechos de los niños están
totalmente vulnerados, trasgredidos, al extremo de cometer actos fuera de
contexto como violarlos y privarlos de la vida, lo más lamentable es que son
los propios padres, o padrastros”.
En el caso del asesinato de
Diana Mía el abogado comenta que al parecer se trata de personas de fuera del
estado, lo que implica que este grupo demográfico que está llegando –buscando
mejores condiciones de vida– a la entidad, estén generando este tipo de
problemas. Considera que instancias de Prevención del Delito, como el DIF,
Desarrollo Social o la Secretaría de Educación tienen necesariamente que
fortalecer programas de prevención.
Sergio Haro/ZETA MEXICALI
(SEMANARIO ZETA/ FOTOS: Sergio Haro/
Sergio Haro Cordero Lunes, 4 julio, 2016 12:00 PM)
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