CHILPANCINGO, Gro. (apro).-
El zócalo de Iguala amaneció tapizado de mensajes en los que se acusa al
Ejército de proteger a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo, presunto líder de
la banda Los Peques o Tilos, supuestamente al servicio del grupo criminal Guerreros
Unidos y acusado de participar en la masacre y desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
En las mantas también aparece
el supuesto rostro de Eduardo Joaquín Jaimes, El Choky, señalado como brazo
ejecutor de Benítez Palacios y acusado por el gobierno federal de ser pieza
clave en el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con fuentes
oficiales, se trata de una respuesta a las narcomantas que hace dos días fueron
colocadas en varios puntos de Iguala, en las que el dirigente transportista
Victórico Martínez López fue vinculado con Guerreros Unidos y acusado de
sobornar a las policías Federal y Ministerial a cambio de impunidad.
Es consecuencia de una lucha
intestina entre miembros de la organización criminal por el control de la estructura
que opera en los municipios de Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Huitzuco,
destacaron las mismas fuentes, y advirtieron que se recrudecerá la violencia en
la Zona Norte de la entidad.
El mensaje colocado esta
mañana en postes de alumbrado público y en diversas fachadas de negocios
ubicados sobre las principales calles del primer cuadro de la ciudad de Iguala
está dirigido a Víctor Hugo Benítez Palacios, El Tilo; Eduardo Joaquín Jaimes,
El Choky; Eruviel Salado Chávez, exdirector de Seguridad Pública de Taxco, y un
sujeto identificado como Soroa, supuesto representante de las personas que se
dedican a montar toros en jaripeos.
Los cuatro son señalados como
miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y acusados de participar en la
masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también de la
violencia que actualmente se vive en la zona Norte de la entidad.
El mensaje refiere que la
esposa de El Tilo es sobrina de “un alto mando del Ejército”, y a pesar de que
el gobierno federal ha desarticulado parte de la banda de Los Peques, apunta,
éstos siguen operando impunemente “con mayor violencia”.
Sobre Eduardo Joaquín Jaimes,
El Choky, cuyo supuesto rostro aparece en los mensajes, destaca que sigue
activo como brazo ejecutor de la banda.
De igual manera, resalta que
el exjefe de la policía de Taxco, Eruviel Salado, forma parte de la
organización criminal junto con otros 12 agentes de la misma corporación,
actualmente bajo el mando de la Policía Federal. Los inculpados siguen en
activo y desempeñando labores de seguridad, según el texto impreso en hojas
blancas.
Desde el año pasado el
exalcalde taxqueño y actual diputado federal priista, Salomón Majul, así como
el empresario Federico Figueroa y el jefe policiaco Eruviel Salado, han sido señalados
públicamente por sus presuntos nexos con Guerreros Unidos.
En los narcomensajes también
se acusa a Soroa como responsable de las extorsiones y secuestros en los
municipios de Tepecoacuilco y Huitzuco. Esta persona supuestamente es compadre
de Alejandro Benítez Palacios, El Cholo, hermano de Víctor Benítez y miembro
del clan de Los Peques, quien recientemente fue detenido por el gobierno
federal acusado de secuestro y extorsión.
Se menciona también el caso
de Marco León Meléndez, quien a principios de mes resultó herido durante un
operativo instrumentado por policías federales para detenerlo, pero el joven de
22 años logró escapar.
Según el texto, León Meléndez
forma parte de la banda Los Peques y su tío Ignacio Meléndez opera desde el
penal de Tuxpan, Veracruz, donde se encuentra preso.
Desde octubre de 2014, la
agencia Apro dio a conocer que el gobierno federal tenía conocimiento de que
los integrantes de la banda Los Peques, al servicio del grupo delictivo
Guerreros Unidos, mantiene el control del narcomenudeo en Iguala, de donde hace
15 meses desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa.
Informes oficiales
consultados en ese entonces indican que después de esa tragedia, el grupo de
gavilleros salió de la ciudad con el respaldo de autoridades de los tres
niveles de gobierno y del Ejército, y se refugiaron en la comunidad de
Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri.
(PROCESO / EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 29
DE DICIEMBRE DE 2015)
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