MÉXICO, DF (apro).- A casi
dos años de haber lanzado una campaña global para pedir la erradicación de la
tortura y otros malos tratos en México, Amnistía Internacional (AI)asegura que
esos delitos aún perduran y, lo peor, agentes estatales encargados de hacer
cumplir la ley y mantener la seguridad los utilizan de forma habitual para
extraer “confesiones”, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y
ciudadanas.
En un informe titulado
“Promesas en el papel, impunidad diaria: La epidemia de tortura en México
continúa”, AI destaca que los médicos oficiales –tanto los que examinan a los
detenidos después de su arresto, como los expertos que llevan a cabo exámenes
forenses más profundos– son fundamentales para detectar casos de tortura y
otros malos tratos como prueba sustancial para la investigación de estas
prácticas.
No obstante, añade, los
médicos a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos
tratos, tanto físicos como psicológicos, tras el arresto de un detenido, lo que
permite que esos casos queden en la impunidad.
Según AI, pese a que el
Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de Posible Tortura y/o
Maltrato que aplican los médicos y psicólogos de la Procuraduría General de la
República (PGR) está basado en normas internacionales como el Protocolo de
Estambul de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la práctica su
aplicación sufre fuertes demoras y adolece de claras deficiencias.
“De forma habitual, (los
expertos de la PGR) no llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas
internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos tratos, además
de, en ocasiones, dar muestras de parcialidad y encubrir a sus colegas”,
precisa el reporte.
Las víctimas, añade, han
tenido que esperar incluso años después de su denuncia para que se les aplique
el Dictamen Especializado, impidiendo que las investigaciones avancen.
“Resulta especialmente
inquietante ver cómo, en ocasiones, el Dictamen Especializado de la PGR parece
funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las
investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena”, se lee en el
informe.
“Dada la clara falta de
capacidad de la PGR para responder adecuadamente a la demanda de exámenes
forenses, resulta preocupante que los marcos jurídicos y las directrices” de la
dependencia “sigan obstaculizando el acceso de las víctimas a expertos médicos
y psicológicos independientes”, apunta.
De hecho, añade, el Dictamen
Especializado de la PGR fue actualizado recientemente el 5 de octubre de 2015,
sin embargo, la nueva norma no ha modificado muchas de las cuestiones básicas
destacadas anteriormente por Amnistía Internacional y otras organizaciones de
derechos humanos.
De acuerdo con AI, sobre el
papel México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura.
Sin embargo, esto no se ha traducido aún en unas medidas efectivas para
proteger a las personas frente a la tortura y castigar a los responsables.
“El gobierno no ha demostrado
que la tortura y otros malos tratos se estén abordando adecuadamente para
garantizar su erradicación. Cuando se decidió centrar la campaña global de
Amnistía Internacional en México, fue precisamente porque se consideraba que
México era un país con recursos suficientes a su disposición para implementar
metas alcanzables con el fin de hacer frente de manera efectiva a la tortura y
los malos tratos. El gobierno, hasta el momento, no ha reconocido la magnitud
del desafío, y tampoco ha emprendido de verdad las acciones necesarias para
poner fin a este problema crucial de derechos humanos”.
El informe resalta que
mediante una petición de información pública a la que respondió en junio de
2015, la PGR declaró que el número de denuncias de tortura presentadas a nivel
federal se había más que duplicado entre 2013 y 2014: de mil 165 a 2 mil 403.
“Esto supone un incremento espectacular en los casos de tortura denunciados a
la PGR desde 2006”, subraya AI.
Agrega: “En una reunión
mantenida en agosto de 2015, la PGR informó a Amnistía Internacional que habían
pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado, entre ellas
algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura”.
Señala que de acuerdo con las
entrevistas realizadas con las autoridades federales, la PGR empezó a revisar y
mejorar las bases de datos oficiales sobre denuncias de tortura en febrero de
2014; no obstante, en la información que ha registrado sigue habiendo
incoherencias.
“Resulta preocupante que las
autoridades federales no sean capaces de explicar por qué motivo se han
duplicado las denuncias de tortura; pese a que el número de investigaciones
también ha aumentado, ese aumento no ha dado lugar a un incremento del número
de cargos presentados o condenas dictadas”.
Además, puntualiza, las
autoridades federales tampoco han hecho un seguimiento de la información vital
sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual mina seriamente
la capacidad del gobierno de responder de manera adecuada.
“La falta de seguimiento y
control respecto a las denuncias de tortura suscita serias dudas sobre la
capacidad de las autoridades para reunir pruebas suficientes con las que lograr
una condena”, apunta el informe.
La organización también
cuestiona la clasificación en que están divididas las lesiones de detenidos en
México: no muestra señales de lesión, lesiones que no son graves y sanarán en
menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15
de días en sanar.
Esto pese a que la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura no vincula a la tortura con
un nivel determinado de gravedad en las lesiones.
“Estas clasificaciones no
captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con
frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como
la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica”, refiere el
informe.
“Con el fin de abordar
adecuadamente el encubrimiento de la tortura y los malos tratos en México, es
necesario definir por ley que la tortura no se limita a actos que causan
únicamente lesiones físicas graves, conforme establecen el derecho y las normas
internacionales”, subraya.
AI resalta que además de lo
deficiente de los exámenes forenses médicos y psicológicos, es habitual que las
autoridades mexicanas no recopilen pruebas ni testimonios adicionales para
investigar las denuncias de tortura y malos tratos.
“Pese a la importancia de
esos exámenes, Amnistía Internacional insiste en que no deben ser considerados
como la única prueba posible para demostrar la existencia de tortura y otros
malos tratos.
En las conclusiones del
informe, AI señala que las promesas en el papel no bastan para revertir la
marea de la impunidad en México. No obstante, reconoce la importante
oportunidad que los debates en torno a la Ley General contra la Tortura brindan
para empezar a abordar cuestiones estructurales que permiten que la tortura y
los malos tratos sigan siendo una práctica generalizada en México.
Si se elabora y aprueba una
ley en consulta con la sociedad civil y las víctimas de tortura, y si esa ley
después se aplica con mecanismos rigurosos de vigilancia, existe cierta
esperanza de que pueda ayudar a hacer frente a la tortura en México. Pero si no
cuenta con una concepción y un seguimiento adecuados, la ley corre el riesgo de
seguir siendo una buena intención más sobre el papel, sin resultados
demostrables, concluye.
(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 29 DE DICIEMBRE
DE 2015)
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