Tras un año de investigación, el Órgano
Interno de Control del Fondo Nacional de Habitaciones Populares -FONHAPO-
corroboró la estafa de la que fueron objeto 250 beneficiados del Programa
Vivienda Digna 2013, asistencia social que consistía en la entrega de material
por 5 millones de pesos. Ayuda que nunca recibieron, pues la delegación de
SEDATU, entonces a cargo de Enrique Acosta Fregoso, no la hizo válida
Comprueban la comisión de
irregularidades administrativas a cargo de servidores públicos de SEDATU en la
entrega de al menos 5 millones de pesos en subsidios, correspondientes al
Programa Vivienda Digna 2013, caso en el que se involucra a Enrique Acosta Fregoso,
ex delegado de esa dependencia en Baja California.
Pero mientras el caso es
turnado como foco rojo a la gerencia de Asuntos Jurídicos del Fondo Nacional de
Habitaciones Populares -FONHAPO-, para la aplicación de las sanciones
administrativas y/o jurídicas que haya lugar, en las oficinas de SEDATU Tijuana
intentan recuperar los vales de material de vivienda que no se hicieron
efectivos en 2013.
En Tijuana, 250 personas de
escasos recursos fueron integradas al programa Vivienda Digna de ese año, a
cambio les entregaron un vale por 20 mil pesos, canjeable por material de
construcción, el cual no se les ha hecho válido. Peor aún, en el sistema de
apoyos sociales aparecen como beneficiados incumplidos, ya que al no obtener el
subsidio, no concretaron el proyecto de vivienda, algo que el sistema de
asistencia no registra.
Lo que sí reconoce, es que la
delegación local de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
-SEDATU- sí recibió el recurso federal, pero hasta después de dos años, el
Órgano de Control Interno de FONHAPO logró determinar incumplimiento en la
ministración de recursos correspondientes a ese programa.
NO LOCALIZAN EVIDENCIA
Enrique Acosta Fregoso firmó
el convenio de ejecución PVD6464-13-0517 para que la delegación a su cargo ejerciera
en 2013 un monto de 34 millones 860 mil pesos, cantidad que sería canalizada en
mil 743 acciones de vivienda, en los municipios de Tecate, Tijuana y Mexicali.
De acuerdo a la investigación
realizada por el Órgano Interno de Control Fideicomiso de FONHAPO, los recursos
federales le fueron canalizados a la delegación bajacaliforniana durante
octubre y noviembre de ese año.
No obstante, la dependencia
no los entregó, sino que se dedicó a realizar actos públicos para entregar a
los supuestos beneficiados los vales que canjearían al serle entregado el
material para la construcción de una habitación.
Al menos a las familias de
Tijuana enlistadas en este programa de ayuda, se les prometió que en el primer
bimestre de 2014 el beneficio se les haría efectivo. No les cumplieron.
A principios de 2014, Acosta
Fregoso fue reemplazado en el cargo por Fernanda Villafranca Aguirre, quien
recibió múltiples quejas por parte los ciudadanos que exigían la entrega de la
ayuda prometida.
Al realizar una inspección
física se corroboró que el material no había sido proporcionado a las familias,
aun cuando en los expedientes se marcaba como entregado.
También se localizaron
facturas de pago a SOLMA de México, S.A. de C.V., empresa a la que se le
concesionó la entrega de este material para 250 beneficiados de Tijuana, por un
monto que cubría el total del subsidio determinado para este municipio: 5
millones de pesos. Aparte del documento, el Órgano Interno de Control de
FONHAPO no localizó mayor evidencia administrativa que corroborara la
aplicación de los recursos públicos de dicho programa.
LA INVESTIGACIÓN
Desde 2014, la propia
delegación de SEDATU en Baja California ha dado seguimiento a la investigación
para saber el paradero de los apoyos de vivienda que no fueron proporcionados a
las familias de escasos recursos económicos que debían ser beneficiadas con
ellos.
Además de los 250 vales no
hechos efectivos en Tijuana, en otros municipios de la entidad, como Mexicali y
Ensenada, se detectó incumplimiento en el programa de Vivienda Digna 2013,
situación de la que también se hizo del conocimiento de FONHAPO, la instancia
federal encargada de canalizar los fondos federales de vivienda.
En octubre de 2015, el Órgano
Interno de Control de FONHAPO corroboró la entrega de 5 millones de pesos a la
delegación de SEDATU Baja California, como instancia ejecutora en la entrega a
los beneficiarios del recurso federal.
También documentó el
incumplimiento a la ejecución y
comprobación de la aplicación de 5 millones de pesos entregados para ser
canalizados en 250 apoyos en Tijuana, bajo el expediente DPO/GP/1502/2015.
En el documento determinó:
“Como parte de los procesos de seguimiento que realiza la Gerencia de
Operación, detectó el incumplimiento a las reglas de operación del Programa Vivienda
Digna 2013, en los convenios de ejecución ante mencionados, mismos que fueron
remitidos como ‘focos rojos’ a la gerencia de Asuntos Jurídicos del FONHAPO”.
El documento da cuenta que la
Gerencia de Planeación gestionó y realizó la ministración de los recursos
federales autorizados, a través de transferencias electrónicas, pero la
instancia ejecutora no los proporcionó a los beneficiados, incumpliendo con
“las reglas de operación del Programa de Vivienda Digna 2013”.
De ello, continúa Esteban
Alberto Villafañe, titular del área de quejas del Órgano Interno de Control de
FONHAPO, “se ha dado vista de dichas irregularidades a la Gerencia de Asuntos
Jurídicos, a efecto de que se realicen las acciones administrativas y/o
jurídicas que procedan ante el incumplimiento de la normatividad aplicable”.
LAS FALTAS
Al no aplicar recursos
públicos federales, correspondientes al fideicomiso de vivienda del Fondo
Nacional de Habitaciones Populares, como titular de la delegación de SEDATU
Baja California que era, Enrique Acosta Fregoso faltó a diversos preceptos que
podrían derivar desde la inhabilitación en cargos públicos, con la
correspondiente sanción administrativa por el daño económico causado al erario,
hasta la penalización por fraude.
De acuerdo al Órgano Interno
de Control de FONHAPO, la delegación de SEDATU a cargo de Acosta Fregoso
incurrió en faltas a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, a la
Ley Federal de Entidades Paraestatales y a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos; así como al Reglamento Interior de
la Secretaría de la Función Pública.
EL ARGUMENTO DE ACOSTA FREGOSO
En su defensa, Enrique Acosta
Fregoso expone -en el acta de entrega recepción- que Fernanda Villafranca
Aguirre le firmó al relevarlo en el cargo, se asienta que, sin omisión alguna,
proporcionó todos los elementos necesarios para la formulación de la memoria.
De acuerdo al documento,
proporcionado a ZETA por el ex delegado federal, a la nueva administración de
SEDATU se le proporcionó un dispositivo electrónico del uso de determinado
número de cheques del programa de Vivienda Rural y de Vivienda Digna, pero esto
no indica el cumplimiento en la entrega de los apoyos.
En el anexo cinco del
documento se asienta que Acosta Fregoso mostró listados de las facturas
pendientes de liquidar, así como los montos y nombres de los beneficiados.
El acta también señala que su
contenido se verificó dentro de los treinta días hábiles siguientes a su firma,
lapso en el que su relevo dio inicio con la verificación física de la ayuda.
Alberto Rocha, subdirector de
Vivienda de SEDATU Baja California, expuso que al ser realizada dicha revisión,
se encontró que el subsidio no había sido entregado a los beneficiados.
No obstante, aunque el acta
de entrega recepción le fue firmada a Enrique Acosta Fregoso, el mismo
documento subraya: “La presente entrega no implica liberación alguna de responsabilidades
que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente, con
posterioridad”.
Al respecto, el ex
funcionario anotó que es una circunstancia que de ninguna manera le es
imputable, “y de la cual en tiempo y forma llevamos a cabo los requerimientos a
la misma para que cumpliera con su contrato, o bien, devolviera las cantidades
ejercida en los términos contractuales”.
Subrayó que FONHAPO realizó
inspecciones para verificar el cumplimiento de los proveedores, que en su
decir, pudo solventarse al hacer válidas las fianzas.
INTENTAN BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Mientras la Gerencia de
Asuntos Jurídicos de FONHAPO se toma su tiempo para determinar la sanción
administrativa y/o jurídica por la no aplicación de los fondos de vivienda
digna en el municipio de Tijuana, la oficina de SEDATU en Tijuana condiciona la
entrega de apoyos a cambio de que los afectados devuelvan el vale que no se les
hizo efectivo en 2013.
Desde el mes de noviembre de
2015 la dependencia federal convoca en Baja California a la nueva entrega de
apoyos correspondientes al ejercicio fiscal en curso; al acudir los
demandantes, son sometidos a un análisis del sistema y, si éste determina que
fueron enlistados en el programa Vivienda Digna 2013, los empleados que los
atienden les requieren el vale de 20 mil pesos, a cambio de colocarlos en lista
de espera como candidatos del subsidio vigente.
“Me dicen que si devuelvo el
vale me borran de la lista de incumplidos, cuando a mí no me han dado ningún apoyo”, expuso a ZETA
María Herrera, una de las afectadas por el incumplimiento del programa de 2013.
Sobre esta nueva anomalía, la
delegación de SEDATU Baja California dijo no tener conocimiento y se
comprometió a investigar.
Durante las últimas semanas,
este Semanario trató de localizar a Enrique Acosta Fregoso para que diera su
versión sobre la resolución de FONHAPO sobre el caso del programa Vivienda
Digna 2013.
Con anterioridad, el ex
funcionario había proporcionado los documentos de entrega recepción, pero no
respondió para concertar una entrevista.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel
Mercado Juarez / Fotos. Ramón T Blanco V / archivo/ 26 de Diciembre del 2015 a las 12:00:23)
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