DETECTAN MEGA FRAUDE EN JIQUILPAN

Empresas, familias pudientes, gobiernos, los ganones

Hijos de ejidatarios del ejido Jiquilpan detectaron un mega fraude de la presidenta del comisariado ejidal, Gloria Manuela Valdez Rodríguez y anteriores, quienes vendieron excedentes y demasías de tierra a prominentes familias y a empresas locales, alterando actas de asamblea y gestionando títulos de propiedad alterados.

El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ahome tampoco están exentos en la gran tranza, que de acuerdo con los hijos de ejidatarios afectados, supera los mil 800 millones de pesos, según avalúos actuales.

Daniel Humberto Ibarra Rodríguez, María Isabel Soto Valdez, Fernando Quevedo Chávez, Inocente Urías López, Jesús Alberto Flores González y el ex comisariado ejidal Víctor Airola Hernández, acusaron a Valdez Rodríguez, Gloria Ruiz Pérez, Rafaela Valenzuela, Severiano Muñoz, Daniel Biuel Ruelas y al extinto Óscar Ruiz, de vender los activos del ejido y no distribuir las ganancias entre los ejidatarios que tenían derecho.

Por ello, han iniciado y ganado juicios de nulidad de actas de asamblea, con los que esperan fincar responsabilidad penal a los sospechosos de ser los autores intelectuales y materiales del mega fraude en contra de 556 ejidatarios con derechos de usufructo sobre tierras de uso común.

El juicio concluido el 4 de junio del 2014 fue el amparo directo 752/2013, por el que los hijos de ejidatarios echan por tierra el caso agrario 940/2010. En éste, ellos aducen nulidad del acta de asamblea por el que una franja de terreno localizada por el bulevar Maquío Clouthier, desde el bulevar Antonio Rosales hasta el Río Fuerte, es vendida a un particular.

En la misma sentencia, Luis Enrique Cortez Pérez, magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27 también anula la venta de una franja de terreno del bulevar Antonio Rosales, desde Justicia Social a Jiquilpan.

Esa venta se había dado en favor del campesino Emiliano Olivas Ayala, quien se declaró prestanombres de la comisariado ejidal, Gloria Manuela Valdez Rodríguez.

Existe otro expediente, el 1429/2010, por el que la comisiarado ejidal pretendía quitarles los derechos de uso de tierra de uso común a 60 hijos de ejidatarios.

El magistrado dejó a salvo esos derechos e instruyó al tribunal agrario de Guasave a sumar los procesos en contra de ejido Jiquilpan y emitir una nueva sentencia que evita las contradicciones.

Detectada la gran estafa y con sus derechos a salvo para llamar a cuentas a los presidentes del comisariado ejidal del ejido Jiquilpan, los hijos de ejidatarios comenzaron ya los procedimientos agrarios para inutilizar los títulos de propiedad y revender las tierras a precios actuales.

También han iniciado procedimientos legales en contra de Valdez Rodríguez, a quien consideran autora intelectual y material, junto con empresarios y familias pudientes de Los Mochis, del megafraude en contra de los ejidatarios de Jiquilpan.

EXPROPIACIÓN FRAUDULENTA

En 1975, la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) expropió las tierras a Daniel Ibarra Carlón, Federico Ibarra Valenzuela, Federico Ibarra Carlón, Enrique Ahumada Valenzuela, Nabor Vega Ruiz, Juan Flores Hermosillo y a Avelino Camargo, pero nunca las liquidó.

La expropiación de membrete de zona urbana a zona de reserva o fundo legal consistió en la franja del bulevar Macario Gaxiola a Doroteo Arango y desde Agustina Ramírez hasta Rosendo G. Castro. Esa franja involucra a las colonias Tabachines Uno, Tabachines Dos, Invies y Lázaro Cárdenas

De las investigaciones de los hijos de campesinos se estableció que la CORETT abonó al Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa parte del valor de los terrenos en el 2014, pero ese dinero nunca llegó a las manos de los campesinos expropiados. “Llegó el momento de que paguen las tierras que no liquidaron, y a valor actual”, dice Fernando Quevedo Chávez.

Otros terrenos irregulares que conformaron parte del fundo legal del ejido Jiquilpan son las colonias La Cuchilla, Campo 3, Anáhuac, Rosendo G. Castro y Alejandro Peña.

Por ser dinero federal, los hijos de campesinos citarán ante la Procuraduría General de la República al comisiariado ejidal para que desglose el destino de la indemnización, en tanto, por ser procesos de indemnización inconclusos se iniciaron los procesos de reconversión a fundo legal. “Si las escrituras de los poseedores de terrenos en esas colonias quedan sin efecto, es problema de la autoridad estatal y municipal, por no haber concluido los procedimientos de expropiación. En una palabra: nunca liquidaron la deuda”.

SERDI, UNIVAFU, TEPECA, Y MÁS

En el 2005, la misma comisariado ejidal decidió vender una franca de terreno que se ubica en la calle 10 de Mayo, entre Ángel Flores y 21 de Marzo. La venta fue pactada en 14 millones de pesos, pero del banco al salón de asambleas se perdieron 6.5 millones de pesos, pues ólo se dispersaron 7.5 millones entre los campesinos, afirma Daniel Humberto Ibarra Rodríguez.

Otra irregularidad es detectada en el terreno de la Universidad del Valle del Fuerte (UNIVAFU), que es ilegal. En 1994, el profesor Miguel Ángel Bojórquez Valdez acordó becas vitalicias para hijos, nietos y bisnietos de ejidatarios y algunos otros pagos, a cambio de que el ejido Jiquilpan cediera 14 mil metros cuadrados a la UNIVAFU. Siempre incumplió el convenio, y se burló de los campesinos y de su esperanza de profesionalización.

Ahora será enjuiciada con una sola razón: Bojórquez debe pagar renta equiparada desde 1994 y buscar la compra del predio o desocuparlo, pues su escuela es irregular.

Los gobiernos municipales no escapan a la tranza de terrenos. En la administración 1996-1998, el entonces alcalde panista Francisco Salvador López Brito decide enajenar de palabra 24 mil metros cuadrados para construir el estadio en la colonia Tepeca. Nunca pagó.

El también alcalde panista Zenén Aarón Xóchihua Enciso vendió a empresarios inmobiliarios una franja de dos mil 400 metros cuadrados de terreno de uso común del ejido Jiquilpan, sin ser de su propiedad ni del Ayuntamiento. Por la venta, Zenén obtuvo un millón 846 mil pesos.

Y sin liquidar desde las arcas municipales se encuentran también 100 lotes de la colonia Tepeca, la subestación y demasías ubicadas en Dren Juárez y Justicia Social, el cerro de La Memoria y la zona de antenas, así como el usufructo de las criptas de la Virgen María Reyna del Valle, terrenos de la Universidad de Occidente, del Instituto Tecnológico de Los Mochis, CEBATIS 43 y ETI 74.

El colmo de los negocios turbios de la comisiarada ejidal, dice, es el alta como ejidatarios de 65 jefes de familia pudientes de la ciudad. Sólo Efraín Edmundo Murrieta Flores apareció con 17 certificados agrarios desde el número 233173 hasta el 233182. Con esos certificados agrarios entregados por Everardo Gaxiola Gaxiola el 23 de junio del 2009, Murrieta se apropia de una franja de terreno del bulevar Centenario desde Macario Gaxiola hasta canal Lateral 18. En total se apodera de 25 hectáreas valuadas en más de 30 millones de pesos. El negocio es tan turbio que hasta desaparecieron un dren que se encuentra en uso, afirma.

Entre los 65 ricos convertidos a ejidatarios, con alteración de actas de asamblea, figuran Nemesio Artola, Adolfo Murrieta, Manuel Astorga, así como Gloria Manuela Valdez, entre otros.

LA POSICIÓN

Daniel Humberto Ibarra Rodríguez, define la posición del grupo de hijos de ejidatarios con respecto a los comisiariados ejidales que tranzaron a sus representados:

 “Sólo queremos lo justo, que es justicia. Que todo el dinero que desapareció, que se distribuya entre quienes tienen derecho. Si ya no existe el billete, pues que paguen en prisión los que hicieron mal uso de la representación. Nuestros padres murieron miserables. Los sepultamos en puros costales, y ahora nosotros defendemos sus sueños, no los nuestros. Sólo buscamos una cosa: justicia, y si hay dinero, que quede en las manos de los que realmente tienen derecho, no en buitres, no en zánganos, no en traidores”.

EL BOTE DE LECHE NIDO

María Isabel Soto Valdez la recuerda muy bien, y así lo explica. Gloria Manuela Valdez Rodríguez era avecindada en el ejido Jiquilpan. Estaba desempleada cuando llegó a las oficinas del comisariado ejidal, a pedir empleo. No le dieron. No había vacante. Se aferró y logró que a cambio de ayuda ocasional, que reunía en un bote de leche Nido, ella ayudaría en las labores generales del comisiariado ejidal.

Así se ganó la confianza de los campesinos, hasta que encontró la oportunidad de hacerse ejidataria, comprando a futuro y en 20 mil pesos menos de una hectárea de terreno ejidal a un campesino soltero y analfabeta: Cirilo Valdez, ya finando. El contrato se cerró el 23 de febrero del 2001 a título de oneroso y simple.

Pero el comisariado ejidal Daniel Biul Ruelas la inscribe como campesina tres años antes, si tener tierra, ni siquiera en las uñas. “Sí, iba a ser campesina, pero en el futuro”.

Entonces comenzó su carrera como comisariada ejidal, e hizo dinero vendiendo tierras ajenas. Ese proceso se le revierte ahora, cuando es funcionaria del Tribunal Agrario de Guasave, dice.

LA AUDIENCIA

A las 11:00 horas del 4 de septiembre del 2014, en el Tribunal Agrario de Guasave se da cumplimiento a la reposición del procedimiento del juicio agrario 1429/2011 en contra del ejido Jiquilpan.

Es la audiencia de conciliación. Está presente Daniel Humberto Ibarra Rodríguez. El comisariado ejidal de Jiquilpan no llega. Tampoco el representante del Ayuntamiento de Ahome.

La audiencia no se suspende, pues todas las partes estaban notificadas. Llega la etapa de pruebas y alegatos. Ibarra Rodríguez propone a su perito, y agrega a las probanzas los expedientes 940/2010 y 941/2010. El ejido Jiquilpan y la comuna de Ahome pierden su derecho a la defensa, por rebeldía.

(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ Octubre 5, 2014)