MÉXICO,
D.F. (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) calificó de “crimen de
Estado” la desaparición y muerte de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro
Burgos” en Ayotzinapa por parte de la Policía Municipal de Iguala.
Mediante
un comunicado, el EPR demandó cesar la “política de terror” y exigió justicia y
castigo a los criminales dentro del gobierno y las fuerzas armadas y
policiales.
Un
día después de que se ubicaron en Iguala las fosas clandestinas con 28 cuerpos,
17 de los cuales son de los estudiantes de la Normal Rural, el grupo
guerrillero acusó al Estado mexicano de aplicar una política de criminalización
de los estudiantes y de todo movimiento social.
Los
guerrilleros consideran que con la detención de 22 policías municipales sólo se
pretende desviar la atención de los verdaderos culpables.
“La
detención de 22 policías municipales no garantiza justicia para nuestro pueblo,
por el contrario, es una maniobra recurrente para administrar y prolongar la
impunidad, porque enseguida salen libres, como es el caso de los policías
federales que asesinaron, el 12 de diciembre de 2011, a dos normalistas también
de Ayotzinapa, esos criminales hoy gozan de libertad y completa impunidad”,
denunció el grupo guerrillero.
En
su comunicado fechado el 5 de octubre, el EPR sostiene que la represión
generalizada en el país es parte del terrorismo de Estado, y que una muestra de
esta política es lo que sucede en Guerrero contra los jóvenes normalistas.
En
este sentido rechazó las hipótesis de que se puede tratar de “hechos
violentos”, “enfrentamientos”, “fuego cruzado” o de “agresiones de los
manifestantes a los policías”, como lo han dado a entender voceros del Estado y
algunos medios de comunicación, “sino de una política criminal de un Estado
policiaco-militar”.
El
grupo guerrillero agrega que la desaparición de los jóvenes normalistas desde
el viernes 26 de septiembre constituye una masacre, es decir, “un crimen de
Estado planificado por el mando único policiaco-militar, el cual coordina la
agresión permanente contra el pueblo”.
Sostuvo
que desde que los normalistas de Ayotzinapa fueron reprimidos cuando realizaban
volanteo y colecta de fondos, había una estrategia desde los mandos superiores
de la cúpula gubernamental estatal y federal para desaparecerlos. Por eso
acusaron de “una gran mentira” la versión de que se haya tratado de un
enfrentamiento producto de la violencia de estos jóvenes contra la Policía
Municipal.
Afirma
el EPR que los estudiantes de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” han sido
criminalizados sin descanso desde hace tiempo por parte de las instituciones
gubernamentales, como parte de una política del terrorismo de Estado y como
consigna política que han retomado medios de comunicación oficiosos.
Asegura
que los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada fueron torturados
en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina
como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en
Michoacán, cuando mantuvieron desaparecidos temporalmente a otros estudiantes
en las instalaciones de la Academia de Policía donde también fueron brutalmente
torturados.
Por
ello considera que es una burla la declaración del gobierno estatal al afirmar
que se “abocará” a su localización, porque existen evidencias de que fue la
fuerza policiaco-paramilitar que se los llevó en un operativo coordinado entre
las policías Municipal, Estatal, Federal, Ejército, Marina y paramilitares.
El
EPR rechaza también la tesis de la infiltración del crimen organizado en las
policías y afirma que sólo se quiere endosar este crimen de lesa humanidad a la
“delincuencia organizada”, siendo una
maniobra política para diluir la responsabilidad del Estado y garantizar
impunidad a los criminales materiales e intelectuales.
Con
la tesis “del Estado fallido” se pretende “justificar” la supuesta violencia
generalizada, por la “delincuencia organizada” y el narcotráfico.
De
ahí que, según el EPR, la masacre de estudiantes normalistas en Iguala en
realidad es la expresión fiel del grado de terrorismo de Estado con el cual se
trata de imponer de forma incuestionable la criminalización de la protesta popular,
bajo la mascarada de “regular” marchas, plantones y la protesta popular, para
evitar que “actos violentos” como los ocurridos en Ayotzinapa vuelvan a
suceder.
(PROCESO/
LA REDACCIÓN/ 6 DE OCTUBRE DE 2014)
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