Habían
pasado cinco horas desde que terminó su turno. Mientras dormía, una llamada
inesperada lo despertó a las 11 de la mañana y entonces, todo cambió.
En
la oficina de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) del Estado, al policía estatal preventivo le dieron pocas explicaciones.
Se deslindaron de culpas y finalmente, en dos palabras, le dictaron sentencia:
No apto.
El
Policía Uno, de quien se omitirá su nombre real para evitar represalias, tiene
tres años de antigüedad en la Policía Estatal Preventiva. El pasado viernes 26
de septiembre, él y otros dos compañeros de área fueron notificados del proceso
administrativo que se iniciaba en su contra al no acreditar la evaluación del
examen de control y confianza.
Ese
mismo día, la secretaría estatal inició 38 procedimientos contra policías
estatales “no aptos”, como parte del mandato federal establecido en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sinaloa
y sus 18 municipios, al igual que el resto de las entidades del país, tienen
una prórroga definitiva que se vence el próximo 31 de octubre. Para entonces,
todas las corporaciones de seguridad deberán contar con policías certificados
por los Centros Estatales de Control de Confianza; el resto, los que no hayan
logrado la certificación, serán despedidos.
“Yo
lo que quiero es limpiar esa acusación que me están haciendo”, reclama
consternado el agente estatal.
Proceso
sospechoso
En
la oficina del abogado que ha contratado para que lo asesore en un juicio de
amparo, el policía estatal se remonta a enero del 2012, fecha en la que le
practicaron las cuatro evaluaciones para la certificación: poligrafía,
psicología, investigación socioeconómica y medicina toxicológica.
Entre
recuerdos confusos, el policía señala que en aquellos días se le dijo de manera
informal que había resultado positivo en el consumo de drogas, pero después de
ese supuesto resultado no se derivó ningún tipo de sanción y él continuó
trabajando con normalidad.
“Control
y confianza me evaluó en el 2012, o sea que se esperaron dos años para decirme
que no soy apto para laborar como agente. ¿Cómo es posible que yo estuve
laborando tres años con ellos y hasta ahorita me dicen que salí positivo en el
doping? es ilógico”, reclama el agente, quien asegura que no consume ningún
tipo de drogas.
Fechado
al 31 de marzo de 2012, un oficio emitido por el Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza informa al entonces secretario de Seguridad Pública,
Francisco Córdova Celaya, actual titular de Turismo, el resultado no
aprobatorio del agente de seguridad.
En
el oficio firmado por Juan Ramón Manjarrez Peñuelas, titular del Centro de
Evaluación y Control de Confianza, se le pide a Córdova Celaya que emita una
respuesta sobre las acciones a implementar con el policía no aprobado, en un
plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación.
El
oficio cuenta con un sello de recibido en la SSP con fecha del 3 de abril de
2012.
Este
documento, junto a un resolutivo en el que se fundamenta legalmente el estatus
no aprobatorio, fue entregado al policía preventivo el pasado viernes 26 de
septiembre de 2014, dos años y medio después de que se elaboraron.
En
ninguno de los documentos y tampoco personalmente, se le informó al policía las
razones por las que no aprobó la evaluación.
Constantemente
repite que no consume y nunca ha consumido drogas, aunque le preocupa perder su
trabajo y la situación de desempleo a la que se enfrentará. El policía reclama
principalmente el estigma que le generará la etiqueta de “no apto”.
“Me
están perjudicando automáticamente, nomás que se pongan en mi lugar, a los
funcionarios que los acusen de una cosa así, a ver como les va a ir en la vida.
Me están mandando a empezar de nuevo, de los 30 en adelante a uno lo manejan
las empresas como inservible, ya no es apto para ninguna empresa y difícilmente
se coloca a trabajar. El sueldo que uno tiene ahí (como policía), es el sueldo
de un gerente de Coppel”, expresa.
—Tú
aseguras que no consumes drogas, pero entonces ¿por qué te están suspendiendo?,
se le pregunta al oficial.
—Yo
creo que no es tanto por hacer depuración de elementos, a lo que estoy viendo y
me estoy dando cuenta, yo sé de algunos elementos que sí traen problemas, por
su actitud, por quejas que ha habido, pero siguen laborando ahí y yo estoy
fuera, me estoy dando cuenta que no es pareja la cosa, es dedazo nada más para
cumplir con unos números que les están pidiendo de gobierno.
Comienzan
los amparos
Con
los primeros 38 policías suspendidos en días recientes y ante el inminente plazo
a vencerse el 31 de octubre, el abogado Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda,
presidente del Colegio de Abogados Manuel Gómez Morín, ha recogido 80 casos de
policías que presentarán amparos para evitar el despido.
La
irregularidad del proceso, según detalló Mendoza Sauceda, se origina en la
opacidad con la que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se
desempeña, argumentando acuerdos de confidencialidad.
Al
notificarle a un policía la suspensión por no acreditar la evaluación de
Control y Confianza, sólo se le dice que su estatus es no aprobatorio, pero no
se definen los motivos por los cuales no logró los requisitos para la
permanencia.
“Están
decidiendo de manera unilateral a quién despiden y a quién no, nada más con dos
palabras: no aprobó, no aprobó y no aprobó, eso es lo que pueden saber nada
más, pero si quieren (los policías) saber por qué no aprobaron, entonces es
confidencial. No es correcto, la Constitución no permite que se haga esto”,
criticó Mendoza Sauceda.
De
entre decenas de carpetas azules, marcadas con nombres de policías estatales,
Mendoza Saucedo muestra los expedientes de amparos que ya fueron aceptados por
el juez de distrito y que protege a los policías para que no sean separados del
cargo hasta que se resuelva el juicio.
Con
la intervención del juez, el policía tendrá la garantía de que su expediente
será revisado por una autoridad externa y se confirmará la validez de la
suspensión, explicó el abogado.
Mendoza
Sauceda defendió el espíritu de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la cual busca crear corporaciones policíacas libres de
corrupción; sin embargo, criticó que los procesos se hayan distorsionado y sean
poco transparentes y confiables.
“No
aptos” 874 policías estatales
Para
el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la SSP del Estado, Héctor
Manuel Castillo Medina, el procedimiento es transparente y respetuoso de los
derechos humanos.
El
también subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social,
dijo desconocer el proceso al interior del Centro de Control de Confianza, pero
aseguró que en la parte que corresponde a la Comisión de Honor y Justicia se
está actuando apegado a la ley.
“Estamos
cuidando las formas de los derechos humanos, del debido proceso y se les está
dando la garantía de audiencia. Si un policía de los que acaban de notificar
quiere revisar su expediente, su control y confianza, ahí está, no hay ningún
problema, a la hora que quieran pueden ir, puede llevar a su abogado o puede ir
solo, como sea”, aseguró Castillo Medina.
El
subsecretario explicó que en la dependencia estatal hay 874 policías que
resultaron no aptos en la evaluación, son elementos de la policía estatal,
servicios de protección y policía penitenciaria.
El
proceso de depuración de elementos no aptos se realiza en tres bloques. En días
pasados se inició con los policías que tienen antigüedad de cero a cinco años,
en el segundo bloque saldrán los policías con seis a 15 años de antigüedad y
finalmente, los elementos con antigüedad de 16 a 30 años.
Según
explicó Castillo Medina, la Comisión de Honor y Justicia recibió una relación
de policías que no cumplen con los requisitos de permanencia, elaborada por
Control Confianza.
De
acuerdo a los bloques establecidos, el policía es notificado y suspendido de
sus labores para iniciarle un proceso administrativo.
“Se
inicia el procedimiento, se notifica, se suspende y se sigue un procedimiento
abierto, no hay nada que esconder, simplemente ahorita se les está notificando
que se les inició un procedimiento por no reunir los requisitos de permanencia.
Se les suspende en cumplimento a la misma ley”, explicó el subsecretario.
Castillo
Medina descartó que la totalidad de los 800 elementos estatales vayan a ser
despedidos de la corporación, ya que aseguró que los policías tendrán su
derecho a defenderse.
Obligados
a renunciar a sus derechos
Pero
contrario a lo que manifiesta el subsecretario de Seguridad Pública, uno de los
integrantes de la corporación policiaca aseguró haber firmado documentos en los
que renunciaba a su derecho de conocer los resultados de la evaluación.
En
el 2013, cuando el policía adscrito a la corporación de Servicios de Protección
acudió al Centro de Evaluación y Control de Confianza, firmó el mismo documento
en cada una de las áreas donde lo evaluaron.
“Nos
piden amablemente que firmemos que si salimos positivos en algo, nosotros
autorizamos al centro que solamente se nos dé de baja y que no se nos informe
el motivo y que estamos renunciando a nuestro derecho legal de que se nos
informe”, explicó.
Sobre
este procedimiento se le cuestionó al subsecretario de Seguridad Pública, quien
dijo desconocer los lineamientos al interior del Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza.
Ríodoce
buscó una entrevista con el director del Centro, Juan Ramón Manjarrez Peñuelas,
pero la Unidad de Comunicación Social de la SSP estatal argumentó que el área
es restringida.
Alcaldes
se resisten a la depuración
Con
el 50 por ciento de sus corporaciones reprobadas, los 18 alcaldes de Sinaloa
coinciden en que el mandato federal los ha metido en una situación complicada.
Algunos
aseguran que lucharán por mantener a sus elementos. Otros proyectan
alternativas como la jubilación o la reubicación de los policías hacia otras
áreas de gobierno. La mayoría concluye que a pesar de la última prórroga
otorgada por el Senado, los municipios aún no tienen los recursos suficientes
para liquidar a sus policías.
Entrevistados
vía telefónica y en algunos casos de forma personal, los 18 alcaldes
sinaloenses coinciden en que no se les ha proporcionado la información
detallada sobre por qué sus elementos no aprobaron la evaluación.
En
la relación que el Centro de Control de Confianza entregó a los alcaldes, sólo
se informó sobre el estatus “aprobado” o “no aprobado”.
Destaca,
además, el caso de El Rosario, donde el alcalde Arturo Flores Guzmán y el
subdirector de Seguridad Pública municipal Jorge Lorenzo Aguilar Sarabia,
entrevistados por separado, indicaron que aún no cuentan con la relación de los
policías no acreditados.
Para
el alcalde panista de Mazatlán, Carlos Felton González, quien tiene 400
policías no aptos, los lineamientos del gobierno federal son exagerados y a su
consideración, la prueba de control y confianza es subjetiva.
“La
prueba de control y confianza es una prueba un poco subjetiva, la persona puede
estar ese día con la presión alta, puede estar nervioso, puede tener problemas
de tipo personal y pueden salir en la prueba algunos índices que no puedan ser
bien interpretados, dependiendo de la situación emocional de la persona y en
ese sentido creemos que es un poquito exagerada la postura federal”, expuso.
A
las críticas contra la federación se sumó el alcalde priista de Navolato,
Miguel Calderón Quevedo, quien señaló que las reglas de evaluación y control y
confianza son inflexibles e injustas.
Calderón
Quevedo, que estaría obligado a despedir a la mitad de sus policías, explicó
que en lo que va del año, en su municipio se han presentado 100 aspirantes para
ingresar al cuerpo policíaco, pero sólo dos han cubierto los requisitos de
certificación, esas dos personas son del sexo femenino.
Mario
Valenzuela, alcalde de Badiraguato, aseguró que defenderá a sus policías hasta
la última instancia. El munícipe consideró injusto que el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza proporcione muy poca información a los
policías y no revele los resultados a los alcaldes.
“Yo
estoy entrando a la defensa de ellos, en el sentido de que primero se les
informe con todo el derecho de ley por qué razón están siendo destituidos,
segundo lugar que tengan derecho a defenderse, no puede ser tan lineal de decir
no y se van. En el tema del estado se me hace que se está siendo muy exagerado
en la aplicación de la norma en ese sentido”, señaló.
Sergio
Torres, alcalde de Culiacán, al igual que el resto de los munícipes, le apostó
a darle una segunda oportunidad a los elementos que no hayan resultado
positivos en el consumo de drogas o que estén relacionados con actividades
delictivas.
“Sería
muy lamentable que arrojáramos a estos policías desempleados a las garras de la
delincuencia”, alertó el alcalde de Sinaloa de Leyva, Aarón Verduzco Lugo.
(RIODOCE/
Miriam Ramírez/Nelda Ortega/Luis Fernando Nájera/ Octubre 5, 2014)
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