Guillermo
Padrés llegó al gobierno de Sonora como una esperanza. Una oportunidad a la
alternancia, en un estado que había sido gobernado por el PRI. Pero, a un año
de dejar el poder, para políticos, periodistas y activistas ha sido una
decepción. Desde el desarrollo económico, la rendición de cuentas y sobre todo
en la salud. Hay que recordar que fue precisamente en Sonora donde un indigente
murió en la calle al no recibir servicios en un hospital. Otra de las deudas
que quedó a deber a los sonorenses es por el caso ABC. Pese a que prometió
justicia para los niños muertos en la tragedia, los padres de los menores aún
claman su ayuda. Y así. “No es momento para hablar de él acá, en Sonora”,
confiesa un periodista. “No se puede escribir de él. Lo que se mueve, lo
aplasta. O lo compra. Para la prensa ha sido simplemente una pesadilla…”
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de agosto (SinEmbargo).–
“Esto supera las anécdotas”, dice un periodista, y aclara como una flecha:
“Nada de esto es para publicar, ¿he? Nada. Se habla de corrupción con uniformes
escolares, con obra pública, con hospitales; se sabe, porque te lo dicen los
proveedores, que hasta los funcionarios de tercer nivel en el gobierno de
[Guillermo] Padrés cambiaron de estatus social en pocos años. Ahora son ricos.
Ahora viven en mansiones”.
Toma aire. Antes
fumaba, ahora no. Se queda viendo un cigarro encendido en una cantina y parece
que acerca la nariz (en las cantinas de Hermosillo se puede todavía fumar), que
lo va a tomar. Pero no. En realidad, está decidiendo qué decir. Está midiendo
las palabras.
“Cuando termine la
administración se sabrán muchas cosas”, dice, con cierto consuelo. “Ahora no.
Padrés ejerce un control férreo sobre los medios. Es desesperante. Te doy un
dato que se repite una y otra vez: aquí, el ‘moche’ que se pide a proveedores
no es del diez por ciento. Es del cuarenta. Te lo dicen los empresarios, ya
hartos”.
El periodista, por
supuesto, exige que ni se le grabe y que por ningún motivo se publique su
nombre. Dice: “¿Sabías que, por ejemplo, retienen las quincenas en el gobierno
estatal? ¿Por qué lo hacen? ¿Por falta de liquidez? No: muchos lo dicen: es
para jinetear hasta ese dinero. Para sacarle provecho”.
Y ya. No quiere
decir más. Los que lo acompañan también voltean a otro lado. “No es momento
para hablar de él acá, en Sonora”, confiesa.
“No se puede
escribir de él. Lo que se mueve, lo aplasta. O lo compra. Para la prensa ha
sido simplemente una pesadilla…” Otro periodista habló en el mismo tono:
“En Sonora el medio
impreso más importante de circulación estatal era el periódico El Imparcial
pero durante su campaña, Guillermo Padrés integró a su equipo al que era el
director editorial, Jorge Morales Borbón, que ahora es el Secretario de
Comunicación Social por decreto del Gobernador, ese puesto antes no era
Secretaria. Así mismo, éste llevo a trabajar en la campaña a Jorge Angulo y a
su esposa Miyoshi Katsuda, ellos eran el director de fotografía y la jefa de
diseño del periódico, ahora ambos son directores. El primero ahora es director
general de Comunicación Social y su esposa directora de Imagen, así como a
varios reporteros y fotógrafos que de ser empleados de El Imparcial ahora son
funcionarios del Estado y dentro del municipio”, acusó.
“Los comunicadores
libres de Sonora señalan que desde la Secretaria de Comunicación Social se
presiona a los medios para que sean leales a la línea que ellos les dictaban.
En un principio con generosos cheques, y después con amenazas, por ejemplo a
Grupo Larsa por lanzar un valiente reportaje en radio sobre la corrupción y el
desvío de recursos destinados a la educación, lo castigaron cerrando
repentinamente un Casino, donde el propietario de las estaciones de radio es
uno de los socios, siendo que no hace pocos meses le permitieron abrirlo sin
encontrar ningún inconveniente, pero después del reportaje, Protección Civil
del Estado encontró que tenían muchas inconsistencias ¿No se te hace raro?”.
También pidió no
revelar su identidad por los mismos motivos.
***
Guillermo Padrés
Elías llegó a la silla del Ejecutivo estatal de Sonora en 2009 como el
Gobernador de la alternancia. Los gobiernos previos, como el de su antecesor,
Eduardo Bours Castelo, eran del Partido de la Revolución Institucional (PRI).
Sin embargo, a pesar de la esperanza que significó el cambio, a un año de irse
del poder, queda mucho a deber a la sociedad. Eso opinan líderes y activistas.
Guillermo Noriega
Esparza, director de la asociación Sonora Ciudadana, explica que el primer
gobierno panista quedó a deber en desarrollo político, en rendición de cuentas,
pero sobre todo en el tema de la salud. Sin embargo, en otros puntos como el
desarrollo económico y el combate a la pobreza, no estuvo tan mal.
“El gobierno de la
alternancia no utilizó la política como un arte para llegar a acuerdos, el
estado está dividido en diversos temas: en rendición de cuentas, en cómo el
gobierno del estado le rinde cuentas a sus habitantes, la verdad ahí si les
ponemos tache porque no llegan las explicaciones públicas y siguen habiendo
muchas dudas y muchos escándalos, muchas sospechas de fraude respecto a
recursos públicos”, dice.
Asegura que
actualmente Sonora es un estado dividido, “con una oposición muy fuerte,
centrada en la clase media y una parte la clase alta, muchos preocupados por
los principales problemas del estado y una clase media, y clase baja que ha ido
centrando su fortaleza, el Parido Acción Nacional (PAN) en ellos con programas
muy populistas, muy existencialistas que se ha ido fortaleciendo su base”.
El gobierno de
Padrés Elías le ha apostado a proyectos de mucho presupuesto para consolidar
una base social fuerte, como es la entrega de “uniformes escolares gratuitos,
zapatos y útiles escolares gratuitos que van a dar. Es un sistema casi
clientela de otorgar beneficios a la población abierta para generar o
contrarrestar la opinión pública que constantemente está sacando fraudes o
casos de corrupción”.
Sin embargo, Noriega
afirma que el principal “talón de Aquiles” del mandato panista es el tema de la
salud.
“El Secretario
actual [Bernardo Campillo García], a pesar de haber sido un gran pediatra en su
ejercicio privado, la verdad deja mucho que desear como funcionario público, su
desempeño ha sido terrible, el Hospital General del estado ha decaído de manera
estrepitosa, han habido grandes escándalos nacionales precisamente porque se
han mostrado imágenes y fotos de cómo han ido decayendo, nosotros mismos hemos
documentado casos de negligencias médicas y en cómo las autoridades o las
instituciones que están para atenderlas no funcionan debidamente”.
En el mismo tono,
otro ciudadano opinó: “en salud el estado está peor que nunca, hay desabasto de
medicinas, no hay médicos especialistas, los hospitales están en muy malas
condiciones. Hay dos mil 300 millones de pesos perdidos en el ISSSTESON y se ha
comprobado con documentos que la Directora [Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa]
ha hecho uso de recursos en gastos superfluos como cremas faciales de cinco mil
pesos compradas el Liverpool, Home Theater de 150 mil pesos, etcétera”.
También pidió
reservar su identidad, pues consideró a las personas del gobierno como “muy
poderosas y corro riesgo”.
Respecto al cambio
de partido político en el poder respondió irónico: “Los únicos que han tenido
cambios positivos son los funcionarios del gabinete estatal, el Secretario de
Gobierno actual [Roberto Romero López], cambio de esposa, de carro, de casa,
hasta tiene una huerta en la que construyó una barda que pone en riesgo a los
asentamientos aledaños. El Secretario de Comunicación igual cambio de esposa,
carro, casa, y así todos por el estilo, de tener un estilo de vida en la
medianía, ahora viven como miembros del jet set“.
EL TALÓN DE AQUILES
El 22 de octubre de
2013, José Sánchez Carrasco, un jornalero en situación de pobreza extrema,
falleció en el Hospital General de Guaymas, Sonora. Cinco días duró su agonía
en el patio del nosocomio, pues no fue atendido porque no tenía dinero para
pagar el servicio, sin embargo, fueron tres semanas las que duró sin comer.
“El llegó al
hospital pero no contaba con dinero y no se le pudo atender y él mismo decidió
quedarse debajo de un árbol, donde durmió varios días y un médico salió a
checarlo en el trayecto de su estancia en las afueras del hospital, pero nunca
fue hospitalizado”, admitió el director del recinto, Alfredo Cervantes Alcaraz,
quien días después fue cesado de su cargo.
Un día antes de su
muerte fue grabado en video, explica su origen. Da detalles de dónde nació,
sobre su familia. Acusó a los doctores de no haberle dicho nada. “[El doctor]
ni siquiera habló conmigo, nomás me dijo: ‘quítate la ropa para que te
refresques’”.
Envuelto en una
cobija, expresó que ya no podía caminar y que se había lastimado la columna en
la siembra de sandía, cerca de un lugar que identifica como “Doce”. Tras
haberse lastimado, declaró que tomó un autobús porque “ya no podía trabajar”.
El trabajador
agrícola fue sepultado en una fosa común después de tres meses de haber
fallecido.
El caso de José
Sánchez no es el único, días después se reveló el de Armando Machí Serrano, un
hombre que perdió la vida en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) de Nogales, cuando un médico se negó a auxiliarlo al llegar al
nosocomio sangrando por la boca.
Su hijo, denunció a
la prensa local que su padre falleció por la apatía y falta de criterio médico.
Armando presentó una crisis a raíz de un diagnóstico de enfisema pulmonar,
aunado a una bronconeumonía, lo que ocasionó una hemorragia en el tubo
digestivo alto y con ello la expulsión de sangre por la garganta.
“Mi padre ya se
encontraba internado varios días atrás y no me quejo de la atención de los
médicos y enfermeras que estuvieron durante su convalecencia. Pero cuando entró
en crisis, empezó a vomitar sangre; yo lo levanté de la cama para que no se
ahogara y solicité la ayuda de un médico que se encontraba a un costado mío. Se
negó ayudarme argumentando que no era su paciente y que no podía hacer nada”,
dijo.
Pero a pesar de las
recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
sobre los casos, continúan las negligencias.
Apenas este año,
Constantino Ortíz Rendón, otro jornalero originario de Guerrero, falleció el 11
de junio en el Hospital del municipio de Empalme, presuntamente por una falta
de atención médica.
De acuerdo con el
dictamen médico Ortiz Rendón falleció por golpe de calor y deshidratación; el
paciente acudió al centro de salud de La Atravesada en el que Hugo Enrique
Arellano Arias, quien fuera el médico encargado, se negó a atenderlo. La CNDH
también abrió una investigación sobre el caso.
La CNDH también abrió
una investigación sobre el caso.
Además de estos
casos de negligencia, el director de Sonora Ciudadana menciona que otro gran
problema es la falta de medicamentos. “Hay una ausencia de medicamentos que es
grave y ha marcado estos cinco años”.
En tres meses,
Sonora Ciudadana A.C. documentó más de 400 denuncias en contra de la Secretaría
de Salud por largos tiempo de espera, desabasto de medicamentos y deficiencias
en servicios médicos.
LOS MALNACIDOS
El movimiento de los
malnacidos generó molestia en el gobierno estatal. Foto: Twitter Durante la
campaña a la gubernatura en 2009, Padrés Elías dijo: “El primer día que llegue
al gobierno del estado no va a volver a haber aumentos, no va a volver un
aumento en el agua, en los prediales, en las placas, no va a haber ni un
centavo más en las actas de nacimiento”, sin embargo, la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos 2013, aprobada el 17 de diciembre de 2012 incluía un
nuevo impuesto.
El Gobernador
propuso el Impuesto Contribución al Fortalecimiento Municipal (Comun), que
sustituyó a la recaudación por la desaparecida tenencia vehicular federal y que
grava con 3 por ciento del valor de los vehículos no mayores a 10 años. Las
protestas de los ciudadanos comenzaron.
El 10 de enero de
2013, Padrés Elías ofreció una conferencia de prensa donde se le preguntó sobre
las advertencias de organizaciones de boicotear la Serie del Caribe que se
realizaría a partir del 1 de febrero en el Estadio Sonora en protesta del
Impuesto Contribución al Fortalecimiento Municipal (COMUN), a lo que Padrés
respondió:
“Yo creo que no se
vale. Si tienen una inconformidad con el gobierno, con los diputados, que nos
la hagan saber a nosotros. No tienen por qué castigar a la ciudadania. Eso no
es un sonorense bien nacido, quien quiere boicotear la Serie del Caribe…
traiciona a Sonora (….) eso sí me preocupa, pero dialogaremos con todos,
atenderemos todas las voces para que no suceda”.
Los ciudadanos se
manifestaban bajo el movimiento “No a la Tenencia”, sin embargo, luego de lo dicho
por el Gobernador se proclamaron “Los Malnacidos”. Padrés se disculpó: “Alguien
tergiversó o mal utilizó mis palabras para poder hacer ver alguna otra
situación que yo no quise expresar, pero si alguien lo sintió así con mucho
gusto le ofrezco disculpas”. A pesar de ello, el nombre permaneció y sus
manifestaciones también.
GISELA PERAZA
El 10 de noviembre
de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación
54/2013 al Gobierno de Sonora por “tortura, detención y retención arbitraria”
de Gisela Peraza Villa por el presunto robo de una maleta con dinero de la Casa
de Gobierno del estado.
En el documento se
relata que Gisela Peraza era ama de llaves de la Casa de Gobierno de Sonora y
tras ser acusada del robo fue encerrada en su cuarto hasta el día siguiente.
Posteriormente elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y
trasladaron a sus instalaciones donde “fue interrogada, golpeada, insultada y
se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”.
Ahí permaneció
retenida hasta el 17 de marzo siguiente, cuando a las 23:00 horas la llevaron
ante el agente del Ministerio Público, quedando en libertad el viernes 18 de
ese mes y año.
El 5 de abril
subsecuente, nuevamente fue detenida por elementos de esa corporación
policiaca, quienes en sus instalaciones la golpearon, le vendaron la cara, la
enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en
la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado.
Finalmente la
llevaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJESON) donde le
informaron que se encontraba sujeta a una medida cautelar de arraigo, tras lo
cual de nuevo la trasladaron a las instalaciones policiales, para torturarle de
nueva cuenta; finalmente fue alojada en un hotel donde permaneció arraigada.
ACUEDUCTO INDEPENDENCIA
Con una inversión de
casi cuatro mil millones de pesos, el gobierno de Sonora construyó el Acueducto
Independencia para resolver el abasto de agua en la ciudad de Hermosillo,
extrayendo el recurso de la presa “El Novillo” y fue inaugurado el 30 de marzo
de 2013.
Inició su
construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de
agua anuales del Río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo)
hasta la ciudad de Hermosillo a través de 172 kilómetros de tubería de acero.
Las autoridades no
realizaron un estudio sobre el caudal ecológico que indique la cantidad de agua
que se puede extraer dependiendo de los escurrimientos y la disponibilidad de
agua.
Agricultores del sector social y privado, así
como indígenas de la etnia Yaqui promovieron amparos en contra de la
construcción y operación de la obra, porque consideraban que afecta sus
dotaciones de agua.
Desde el anuncio del
proyecto, los yaquis se han mantenido en una lucha constante en contra del
Acueducto, motivo por el que el propio Gobierno inició una campaña en contra de
la tribu e incluso, dos de los líderes del movimiento en defensa del agua,
Mario Luna y Tomás Rojo, tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque
hasta el momento no han sido ejecutadas.
Luna salió huyendo
de Sonora por el acoso de las autoridades, y aseguró que el gobierno prepara
órdenes de aprehensión en contra de otros tres líderes por este caso. Se les
acusa de privación ilegal de la libertad.
A principio de mes,
el Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó suspender la
operación del Acueducto Independencia, en un plazo de tres días después de que
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recibiera la notificación.
Los yaquis
celebraron, pues la suspensión llegó en medio de un proceso de consulta que
ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al reconocer que fue
violado el derecho a la consulta de la tribu desde que inició la mega obra de
Padrés.
También desconoció
la legalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Sin embargo, el
Fondo de Operaciones Sonora Sí (Fonsí), impugnó la sentencia y en menos de tres
días la orden fue revocada y el Acueducto Independencia seguirá su curso.
En octubre del año
pasado, un grupo de 102 organizaciones e instituciones académicas, entre ellas,
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y el Programa
Intercultural de Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana se unieron
para conformar la Misión de Observación sobre la Consulta a la Tribu Yaqui,
esto a partir de la violación por parte del Estado mexicano al no cumplir la
sentencia emitida por la SCJN. Desde entonces han denunciado las violaciones a
los derechos fundamentales de la Tribu Yaqui, requisito que suspendería
completamente el funcionamiento del Acueducto Independencia.
“Observamos varias
etapas del proceso, la Consulta previa libre informada, en la cual se debió dar
información antes de la construcción del megaproyecto, sin embargo, “esto ya no
se dio. En realidad llegaron, pusieron el acueducto y después los Yaquis iniciaron
el propio proceso para echar para atrás el propio proyecto y fue ahí cuando se
ganó en la Suprema Corte la Consulta, pero en la parte previa documentamos que
no fue tomada en cuenta la Tribu para construir el acueducto”, dijo Javier
Bautista, integrante del Programa Intercultural de Asuntos Indígenas.
Ahora, la Misión
asegura que el Estado está a tiempo de cumplir con su cabalidad, pues podría
reanudarse la consulta en la cual ahora sí se respeten los derechos de la
Tribu, pues ésta debería ser, de acuerdo con los estándares internacionales,
previa, informada y libre.
GUARDERÍA ABC
El 5 de junio de
2009, aun bajo el mandato de Bours Castelo ocurrió una de las mayores tragedias
nacionales. La guardería ABC en Hermosillo se incendió, 49 niños perdieron la
vida y 76 más resultaron con lesiones.
Padrés, ya elegido
como ganador virtual de la gubernatura prometió trabajar en el caso, sin
embargo, cinco años después de la tragedia, no hay castigo para ningún
funcionario. Incluso, el Procurador estatal, Abel Murrieta Gutiérrez, quien
inició las investigaciones del origen del siniestro durante la administración
de Bours fue ratificado por el panista. Ahora se desempeña como Diputado local
por el PRI.
Fue hasta el
siguiente año de los hechos cuando el Gobernador aseguró que les debía “un
perdón” a los menores fallecidos y un “lo siento” a los padres. Aseguró que la
declaración de día de luto el 5 de junio no era suficiente, pero se comprometió
a “hacer lo correcto”.
“Las tragedias nos
unen y hoy vemos a Sonora y a todo México unidos por el dolor, unidos en el
amor”, dijo frente a algunos padres de los menores.
Ahora, a cinco años
de la tragedia, alrededor de 25 personas, entre ellas los propietarios de la
guardería, han sido procesados por su presunta responsabilidad en el incendio
de la guardería ABC, sin embargo, ninguna se encuentra en prisión.
La Procuraduría
General de la República inició, desde abril del año pasado, una nueva
investigación sobre el siniestro para investigar si fue provocado, hasta el
momento no han revelado avances.
(DOSSIER
POLÍTICO / Laura Cordero / Sin Embargo/ 2014-08-01)
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