Iván Soto Barraza
fue extraditado la mañana de este jueves
31 de julio, de México a Estados Unidos. El mexicano es acusado por la
Fiscalía General de Estados Unidos de asesinar a Brian Terry, agente de la
Patrulla Fronteriza, el 14 de diciembre de 2010, a quien disparó en su intento
de cruzar por el área rural de Nogales, Arizona.
Por el delito de
asesinato en primer grado – con premeditación y alevosía – Soto Barraza es uno
de los seis acusados que enfrentan el juicio iniciado por la Fiscalía General
de Estados Unidos. Dos de ellos se han declarado culpables de los hechos y dos
más, esperan el inicio de sus juicios.
El mexicano, de 31
años, fue detenido en El Fuerte, Sinaloa desde septiembre de 2013 en un
operativo coordinado por agentes de Interpol, con asistencia de policías
ministeriales.
Desde julio de 2012,
el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de un
millón de dólares a quien proporcionara información para la captura de cuatro
de los implicados, Lionel Portillo Meza,
Iván Soto Barraza, Jesús Rosario Favela Astorga y Heraclio Osorio
Arellanes. Estos dos últimos continúan prófugos.
La primera audiencia
de Soto Barraza se realizará el 1 de agosto de 2014 en Tucson, Arizona. En la
acusación formal, a Soto Barraza se le imputan seis cargos, entre los que
destacan homicidio en primer y segundo grado, uso y portación de un arma de
fuego durante un crimen violento y ataque en contra de un oficial federal.
Además del homicidio
del agente Terry, a los acusados se les implica también en las agresiones en
contra de los agentes fronterizos William Castaño, Gabriel Fragoza y Timothy
Keller, quienes se encontraban con el agente Terry durante el tiroteo.
Por estos delitos,
Manuel Osorio Arellanes, quien se declaró culpable, recibió una sentencia de 30
años en prisión, en febrero de 2014. Su hermano, Rito Osorio Arellanes, quien
se encontraba en custodia durante el enfrentamiento entre la Patrulla
Fronteriza y el grupo de mexicanos, también se declaró culpable de conspiración
y fue sentenciado a ocho años de prisión, en enero de 2013.
Organizaciones
civiles como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus
siglas en inglés), han exhortado a las autoridades estadounidenses a actuar con
la misma presura en las investigaciones de migrantes muertos en manos de
agentes de la Patrulla Fronteriza.
El 29 de julio de
2014, apenas, este organismo presentó una demanda federal en contra de los
agentes que dispararon en contra de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años,
quien murió en territorio mexicano a raíz de los disparos de los
estadounidenses, en enero de 2012.
A nombre de la madre
del joven mexicano, la asociación civil sostiene que el homicidio fue
“descarado y sin ley”, ya que los agentes justificaron los disparos hacia suelo
mexicano porque un grupo de personas desde México, les lanzó piedras.
(SEMANARIO
ZETA/ Inés García Ramos/31 de Julio del 2014 a las 16:49:41)
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