Diario de Juárez
Distrito Federal— El
nuevo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, prometió en campaña reducir la
violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado, y lograr que al
hablar de su país se dejaran de mencionar cárteles y homicidios.
Pero incluso
mientras presentaba la semana pasada un programa de prevención de delitos y lo
declaraba la nueva prioridad gubernamental, una ola de estragos que llamó
fuertemente la atención amenazaba con socavar su mensaje e incrementar la
presión para confrontar en forma más enérgica la falta de estado de derecho que
dificultó el trabajo de su predecesor.
Una vez más el
estado de Guerrero, desde hace largo tiempo propenso a periódicos brotes de
violencia, ha resultado un reto. Pandillas han violado a varias mujeres dentro
y en los alrededores del apagado centro vacacional de Acapulco, como en el
ataque que este mes sufrió un grupo de españolas y que recibió atención
mundial, y durante una emboscada nueve policías estatales murieron en una
montañosa tierra de nadie.
A raíz de la
frustración de que el Estado no las estaba protegiendo, poblaciones rurales
guerrerenses han tomado las armas para protegerse por sí mismas.
En otras partes,
cerca del Consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo
este mes explotaron granadas durante un enfrentamiento entre pandillas,
mientras que el mes pasado 17 integrantes de Kombo Kolombia, una banda grupera
del norte mexicano, fueron plagiados y asesinados.
El derramamiento de
sangre continuó a pesar de ciertos indicios de que el año pasado la violencia
se estabilizó, de acuerdo al reporte que el 5 de febrero emitió el Instituto
Trasfronterizo de la Universidad de San Diego, el cual analizó diversas
estadísticas gubernamentales sobre homicidios.
Este mes el gobierno
de Peña Nieto dio a conocer asimismo estadísticas que señaló mostraban que
entre diciembre y enero habían disminuido el número de asesinatos relacionados
con el crimen organizado, pero desde hace largo tiempo analistas han
cuestionado cómo se recopilaron dichas cifras, dada la crónica falta de
investigaciones penales.
Sin embargo, el
apetito de los grupos delictivos por la violencia impactante parece no ceder y
presenta un desafío para el Presidente. ¿Puede lograr evitar adoptar el enfoque
de puño de hierro de su predecesor y modificar de manera efectiva el centro del
debate nacional a otros temas, como la economía?
“Están tratando de
que el Presidente no utilice el tema delictivo como su prioridad política”,
dijo Ana María Salazar, analista de seguridad que trabajó en el gobierno
estadunidense y que ahora conduce un programa radiofónico en la capital
mexicana. “Pero al mismo tiempo, no parece que de lo que estén hablando esté
confrontando o teniendo impacto en la violencia actual y en las organizaciones criminales”.
Salazar añadió, “no
han descrito lo que van a hacer a corto plazo para retomar el territorio
mexicano que se encuentra en control de las organizaciones criminales”.
Funcionarios
gubernamentales han pedido paciencia, diciendo que los problemas delictivos de
México no pueden resolverse de la noche a la mañana.
Han dejado claro que
desean distanciarse del enfoque del ex presidente Felipe Calderón, quien
enlistó fuertemente a las fuerzas militares y a la policía federal contra los
grupos delictivos, pero el nuevo gobierno ha tomado una vía similar en
incidentes recientes, como cuando envió policías federales a Acapulco a raíz de
los ataques registrados en el puerto. Funcionarios gubernamentales han
prometido una coordinación más estrecha entre la policía federal y las
autoridades estatales.
Sobre el programa de
prevención del delito presentado la semana pasada, que incluye la creación de
una comisión interinstitucional con una inversión de 9 mil millones de dólares,
los próximos años, en 250 ciudades y pueblos más violentos, indica que es
similar al que Calderón puso en marcha en Ciudad Juárez.
Además, destaca las
críticas al programa por no atacar la corrupción. “No veo nada en sus casi tres
primeros meses que muestren que se está atacando a la impunidad”, dijo Edgardo
Buscaglia, experto en delincuencia organizada de la Universidad de Columbia.
Mientras tanto, las
autoridades estadunidenses le dan tiempo al nuevo presidente para que integre
su equipo antes de evaluar cómo trabajarán juntos e invertirán los mil 900
millones de dólares de la Iniciativa Mérida.
(DIARIO DE JUAREZ/
The New York Times / 2013-02-19 | 14:58)
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