Verónica Espinoza
LEÓN, Gto. (apro).-
A poco más de dos años de su desaparición, la familia de Diego y Ernesto
Cordero Anguiano, así como de Juan Diego Cordero Valdivia, reclama a la
Procuraduría de Zacatecas la ausencia de una búsqueda efectiva y permanente de
los dos hermanos y el joven sobrino, quienes viajaron en grupo con otros cinco
amigos y vecinos para cazar venado y jabalí en la sierra de Morones, en la
región sur de esa entidad.
José Luis Cordero,
hermano de Diego y Ernesto y tío de Juan Diego, solicitó al gobernador de
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, intervenir para la reactivación de las
investigaciones iniciadas en Zacatecas, a fin de tener la certeza de lo que
ocurrió con el grupo de cazadores, quienes fueron ‘levantados’ por policías del
municipio de El Plateado de Joaquín Amaro y entregados a un grupo delictivo
–presuntamente Zetas– en una gasolinería a la salida de la capital zacatecana;
luego de ello, habrían sido ultimados en las inmediaciones de Fresnillo.
Además de las dudas
prevalecientes sobre la búsqueda del grupo de cazadores, los familiares tienen
reservas sobre los resultados de las pruebas de ADN practicadas por los peritos
de la Procuraduría de Zacatecas a los restos calcinados hallados en el predio
Las Negritas del municipio de Calera, presuntamente pertenecientes a Ernesto
Cordero, subteniente retirado del Ejército.
“Oficialmente para
nosotros no hay ninguno encontrado, no tenemos ninguna prueba; un certificado
de que alguno haya sido identificado y que ya haya sido avalado por el
Ejército, del que mi hermano era miembro”, señaló en entrevista José Luis
Cordero.
También explicó que
de haber resultado plenamente positiva la identificación de los restos del
militar desaparecido, esto debió haber sido comunicado formalmente al Ejército,
entre otras cosas para que la esposa de Ernesto pueda recibir la pensión que le
era otorgada al subteniente en retiro.
“Pero no;
preguntamos en el Ejército y la Procuraduría de Zacatecas no le notificó nada
sobre esa supuesta identificación… por eso no les creemos, la esposa de él no
ha podido recibir la pensión porque se necesita esa certificación de la
identidad, y ni una cosa ni otra”, dijo.
La desaparición
El grupo de
cazadores había viajado a Zacatecas en diciembre del 2010, como lo hacía cada
año, para cazar venado, jabalí y guajolote en las inmediaciones del rancho de
San Lorenzo, para lo cual contaban con los permisos respectivos.
El 6 de diciembre,
cuando viajaban por la carretera que comunica a los municipios de El Plateado
de Joaquín Amaro y Tabasco, se detuvieron a comprar refrescos y policías
municipales los siguieron y les hicieron el alto, para posteriormente
trasladarlos a la cárcel municipal de El Plateado con el pretexto de revisar
los permisos de cacería y de portación de armas.
Ahí los tuvieron
toda la noche, y al día siguiente los trasladaron hasta Zacatecas.
“Ahí los entregaron
a un grupo que iba detrás de ellos en varias camionetas, y ellos les dijeron
que no sabían con quién se estaban metiendo; creyeron que eran de inteligencia
militar”, narró José Luis Cordero, basado en los testimonios de dos
sobrevivientes, uno de ellos fue liberado por ser menor de edad y el otro
porque logró escapar.
Los testimonios
refieren que en una región agreste los hombres habrían sido ejecutados y
posteriormente quemados, aunque el testigo indicó que escuchó los disparos y
vio el fuego cuando ya se encontraba a más de medio kilómetro de distancia,
mientras huía de sus captores.
A partir de las
denuncias interpuestas por los familiares en Zacatecas, se efectuaron algunas
diligencias para la localización del sitio donde habrían sido entregados al
grupo armado y donde supuestamente se les asesinó, algunas de ellas con la
intervención del Ejército –a petición de los hermanos de Ernesto y Diego,
algunos de los cuales también fueron militares–, pero sin que ninguno haya sido
encontrado, ni sus restos.
Tiempo después, un
grupo de zetas fue abatido en un enfrentamiento con corporaciones federales, y
a quienes se les aseguraron algunas de las pertenencias de los cazadores, entre
ellas una cámara de video en la que quedó registrado parte del trayecto
efectuado por el grupo.
El hallazgo de una
fosa con restos humanos calcinados en un tiradero de basura en Calera –Las
Negritas– dio la pauta para que el procurador Arturo Nahle anunciara la
identificación, mediante pruebas de genética forense y el comparativo de ADN,
de una vértebra del cuerpo de Ernesto Cordero.
“Yo le he dado mucho
seguimiento; no les ando diciendo a las Procuradurías cómo hagan su trabajo,
pero me da mucho coraje que las autoridades nunca hayan tenido antes
conocimiento de ese lugar, Las Negritas, sabiendo que ese sitio existe desde
hace varios años, como el otro de la comunidad México Nuevo, en Fresnillo,
donde encontraron unos tambos supuestamente con restos de animales calcinados…
nosotros le señalamos ese lugar al procurador y se molestó”, señaló José Luis
Cordero.
Desde ese entonces,
hace más de un año y medio, “no tenemos nuevos datos; vemos las notas de que se
encuentran otros cuerpos, otras fosas, pero no sabemos si son o no de nuestros
familiares, no nos informan nada”, reclamó.
Por ello, el hermano
de los cazadores desaparecidos, con apoyo del Centro de Derechos Humanos
Victoria Díez, solicitó formalmente al gobernador Miguel Márquez convocar a una
nueva mesa de trabajo con las Procuradurías de Zacatecas y Guanajuato para
revisar las pesquisas efectuadas y saber si se ha continuado con la búsqueda
efectiva de las víctimas del ‘levantón’.
Al respecto, la
directora del Centro, Ángeles López, dijo a Apro que ni la Procuraduría
zacatecana, ni la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad han atendido
recientes peticiones de información enviadas por el organismo para conocer el
estado de la averiguación.
“Para nosotros en
este caso prevalece la impunidad porque, hasta donde sabemos, los policías que
fueron detenidos no han sido sentenciados –y si lo fueron, no nos informan–;
tampoco han atendido nuestra solicitud para conocer el acta de levantamiento
que se hizo en el predio donde se encontraron los restos que se identificaron
como de Ernesto Cordero, y así pues nuestro panorama sigue siendo muy
incompleto”.
Ángeles López agregó
que el dictamen del ADN no es suficiente para los familiares.
“El informe del
levantamiento contiene toda la información del contexto, las circunstancias en
que se encontraron los restos, del lugar. A través de la PGR se pidió esa
información, y tampoco a ella se la han entregado”, deploró la abogada.
Lo más importante,
resaltó, “es la parte central de la demanda de los familiares: la búsqueda
efectiva. La gran pregunta es ¿dónde están?, ¿qué les ocurrió?, ¿qué están
haciendo las autoridades para buscarlos? porque vemos oficios que les mandan a
las Procuradurías de los estados, a Plataforma México, a Migración. Pero,
¿están saliendo a buscarlos? Porque los tienen que buscar”, exigió.
(PROCESO/
Verónica Espinosa/18 de febrero de 2013)
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