Zacarías Cervantes
Chilpancingo.- El
síndico procurador municipal de Zirándaro, Victorio Pacheco Mondragón, entregó
una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de
elementos del Ejercito del 40 Batallón de Infantería, con sede en Ciudad
Altamirano. Asimismo, en contra de elementos de la Policía Federal y estatal de
Coyuca de Catalán, “por violaciones graves a los derechos humanos” de
ciudadanos de la comunidad de Aratichanguio, de ese municipio.
La queja del
funcionario municipal en contra de los militares y policías también fue por la
violación a la autonomía del municipio.
En su queja, la
autoridad municipal demanda, “la inmediata salida” del Ejército mexicano y de
las policías federal y estatal, “por violaciones graves a los derechos humanos,
porque, a nuestro criterio, han cometido los delitos de homicidio y abuso de
autoridad”.
El funcionario
municipal relata en su queja que el sábado 12 de enero, aproximadamente a las
10:30 de la mañana, “en forma repentina” dos comandos del Ejército, al parecer
acompañados de policías federales y estatales, levantaron a Francisco Aguilar
Cruz en la calle principal de Aratichanguio. El síndico asegura en su escrito
que el levantón fue presenciado por varias personas que se encontraban en el
lugar.
Relata que después,
el comando de soldados se dirigió a la localidad de Cupuan y regresó por el
mismo lugar aproximadamente 20 minutos después
y se fueron con rumbo a la localidad de las Juntas de Cujaran. Mientras
que del levantado no se supo nada más.
El síndico agrega
que los familiares de Francisco Aguilar Cruz denunciaron el caso al comisario municipal, con quien de inmediato
fueron a preguntar por el desaparecido a los militares que resguardan la zona
de Aratichanguio, “quienes dijeron desconocer los hechos y que no sabían quiénes
lo habían detenido ya que había muchos destacamentos desplegados en la región,
buscando tal vez a algunas personas”.
El documento agrega
que el 13 de enero los familiares, acompañados del comisario municipal y de un
regidor esperaron la concentración de militares en el corral de toros de
Aratichanguio en donde acostumbran recibir el almuerzo que les llevan en
helicóptero.
Dice que
aproximadamente a las 10 de la mañana les preguntaron a varios grupos por el
detenido, pero les contestaron que no sabían nada y que seguramente había sido
otro grupo que venía de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Agrega que fue el 15
de enero cuando en las redes sociales los familiares del levantado se enteraron
que Francisco Aguilar Cruz estaba muerto en el Servicio Médico Forense de
Iguala, a donde fueron a reclamar su cadáver para darle sepultura.
En la queja, se
denuncia que los militares realizan constantes recorridos por la comunidad de
Aratichanguio, en donde entran a los domicilios con lo que frecuentemente violan las garantías
individuales, puesto que no llevan alguna orden de cateo o de aprehensión.
“Los ciudadanos que
viven en esa localidad están atemorizados por la arbitrariedades y abusos que
cometen las fuerzas castrenses”, agrega.
Denuncia que el
mismo sábado 12 de enero se metieron a la casa de Antonino Sánchez Peñaloza, “quien es una
persona pacífica y de buenas costumbres, que se dedica exclusivamente a
trabajar honestamente para mantener a su familia”.
Aún así los
militares lo amagaron y le pusieron sus armas en la nuca “diciéndole que venían
por él, que se lo iban a llevar porque era delincuente y así lo tuvieron por
cinco minutos, pero en ese instante llegó otro soldado y les dijo que lo soltaran que él no era la persona que
buscaban”.
Denuncia que al
joven Luis Fernando Mendoza Ibarra, de 16 años, lo golpearon con la rodilla en
el abdomen y posteriormente en la nuca “simplemente porque no traía
identificación alguna”.
Denuncia que lo
mismo pasa en Las Juntas de Cujaran, Cupuan, El Terrero, Hacienda Vieja, La
Calera, La Tasajera, “en donde los militares han amagado, privado de la
libertad y golpeado a mucha gente trabajadora y
honesta, pero que por temor no se atreven a denunciar a los soldados
porque siempre los están amenazando”.
La queja dice que
los militares, con el pretexto de buscar armas, se meten a las casas “y nunca
muestran una orden de cateo”, pero que “los ciudadanos limpios y sin ninguna
situación, han permitido que irrumpan la tranquilidad de sus hogares y
principalmente de sus pequeños y en muchos casos adultos mayores que se
encuentran habitando en sus hogares”.
En el documento, el
síndico, en nombre de los habitantes de esa comunidad, pide además del retiro
inmediato de los militares, la reparación de los daños y que se castiguen a los
presuntos responsables de homicidio de Francisco Aguilar Cruz.
(EL SUR ACAPULCO/ Zacarías Cervantes/ feb 19, 2013)
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