Me quedo con la categoría sociológica de grupo de
poder, que en una breve definición podría identificarse con base a tres
elementos: afinidad ideológica, normas y disciplina interna. Tienen además
posición, rol e intereses
ERNESTO HERNÁNDEZ NORZAGARAY
En la columna
institucional Malecón de Noroeste se acuñó el concepto de familia electoral
para referirse al origen y cohesión de la mayoría de los miembros del recién
nombrado Consejo Estatal Electoral. De los 24 aspirantes a Presidente y 96 a
consejeros ciudadanos, curiosamente resultaron seleccionados quienes han sido
miembros de este grupo patrimonialista. Sólo con excepción de Enrique Ibarra y
Rodrigo Borbón, quienes por cierto en la primera sesión extraordinaria fueron
chamaqueados cuando se nombró al Secretario General, que debió salir no de una
propuesta, sino de una terna de abogados con especialidad en el área. La ley lo
permite y las buenas prácticas democráticas así lo recomiendan.
En el nuevo CEE uno
ya fue Presidente, otro, Secretario General, otros, consejeros electorales y
dos novedades: subieron a una funcionaria de la estructura ejecutiva y un
representante del CEE en la zona norte. Quien hasta ahora parece ser la única
sacrificada es Juliana Araujo, que podría convertirse en magistrada electoral
si se le acomodan los astros, luego de que se revocara el nombramiento de los
tres magistrados que habían tomado posesión.
Entonces, la
definición de "familia electoral" es muy ilustrativa del poder
patrimonial de este grupo y la penosa simulación en que ha incurrido el
Congreso del Estado, que no se apegó a la convocatoria ni garantizó la libre
competencia de perfiles profesionales. Se inclinó preferentemente por quienes
han venido controlando el órgano electoral desde 2001, dejando en el camino a
profesionistas preparados, capaces y confiables.
Ergo, me quedo con
la categoría sociológica de grupo de poder, que en una breve definición podría
identificarse con base a tres elementos: afinidad ideológica, normas y
disciplina interna. Tienen además posición, rol e intereses. Todo un objeto de
estudio en el paisaje cada vez más complejo de los organismos electorales
estatales.
Ante esta definición
saltan tres preguntan que intentaremos responder: ¿Cuándo y cómo se forma el
grupo? ¿Qué experiencias los han cohesionado? y ¿Quién o quiénes han sido
beneficiados?
Origen
En los albores de
2001 se formó el primer CEE de la nueva época de los organismos electorales. A
nivel federal las reformas electorales de diciembre de 1996 habían fortalecido
al árbitro y se respiraba el mejor momento del instituto. Es el tiempo del
"IFE de Woldenberg", quien junto con otras personalidades del mundo
de la academia prestigió la institución electoral. En Sinaloa esto obligó a
desmantelar el viejo CEE que había organizado la últimas elecciones en medio
del escándalo y que tuvo su momento más climático cuando a los consejeros
ciudadanos Alfredo Pallares y Refugio Ceceña se les impidió el paso a las
instalaciones argumentando que "ya habían pasado las elecciones".
Ante tal
despropósito se trataba de integrar un nuevo CEE con perfil académico y
ciudadano parecido al del IFE y fuimos seleccionados profesores e
investigadores universitarios, líderes de opinión y profesionistas. El
nombramiento, recuerdo, fue por unanimidad y estimulaba confianza en las
organizaciones sociales y políticas. No hubo aspavientos y la habilitación
transcurrió con absoluta normalidad.
Sin embargo, el CEE
que desde ese momento presidía Rigoberto Ocampo, rápidamente mostró que debía
alguna factura, pues el nombramiento del Secretario que debería salir de una
terna y no de una propuesta única para el pleno del Consejo (como alguna vez José
Woldenberg sotte voce sugirió a Rigoberto Ocampo, en una comida que tuvimos los
consejeros del IFE en el restaurante La Puntilla de Mazatlán), finalmente
descansó en Juliana Araujo, quien al margen del procedimiento se desempeñaría
con entusiasmo y entrega a las labores del CEE (luego de casi doce años me
pregunto si quien fue el acreedor de esa factura sigue como factor decisivo en
la integración de los órganos electorales. Sospecho que sí).
Esta es la semilla
de este grupo político al que se sumaría Enrique Vega y con cierta distancia en
un principio, el propio Jacinto Pérez Gerardo. De aquel Consejo ellos han
sobrevivido intermitentemente en la nómina electoral. No obstante, este grupo
ha crecido con nuevos miembros como son Arturo Fajardo, Karla Peraza y Andrés
López, entre los más afortunados, otros más están a la espera de conservar su
cargo o alguna promoción dentro de la estructura del CEE. Al tiempo.
Cohesión
Una característica
de este grupo es su ambición burocrática. Ellos son buenos profesionistas y
duchos en la operación electoral en un estado que conocen a pie juntillas.
Pero, en beneficio a la justicia no sólo ellos tienen conocimiento y
experiencia. En Sinaloa, gracias a la maduración de los organismos electorales
y la formación académica de muchos jóvenes profesionistas, hay un gran capital
humano que no puede cumplir sus expectativas de desarrollo por el
patrimonialismo que, como nunca, se puso de manifiesto en la selección de
magistrados y consejeros electorales.
Ante las críticas
severas a la decisión del Congreso parece sólo quedar como respuesta etérea un:
¡Me vale madres! y un ¡Háganle como quieran! Entre ellos no caben
consideraciones morales o éticas pues se impone el pragmatismo político de la
conservación del poder y el presupuesto público. Su lógica parece rezar que aun
con toda la crítica siempre será mejor estar, a no estar. Eso cohesiona y anima
a ponerse en sintonía, como también exige una lealtad incondicional al grupo y
su intereses.
No dudo entonces que
la expresión de Pérez Gerardo, de que no va a pedir un voto de confianza, sino
va a ganársela, más allá de la retórica del relevo institucional, será un
principio que guíe sus acciones en los próximos meses, pues sin duda es un
funcionario trabajador que buscará legitimarse. Pero, quién sabe si va lograr
mejorar la percepción negativa del CEE ante segmentos organizados de la
sociedad y líderes de opinión pública. Por los compromisos implícitos en estas
designaciones, pues en algún momento se va a caer este propósito como ha sucedido
–esperemos, no tan pronto como en el Tribunal Estatal Electoral, ya que hay un
recurso interpuesto por la Coparmex y el PRD -, pues en política los
compromisos persuaden.
Hay momentos
cruciales donde los actores toman posición y esta posición afortunadamente es
pública. Organismos sociales y medios más que los partidos de oposición son una
caja de resonancia. Y se pondrá a prueba no sólo la fortaleza de este grupo,
sino un valor indispensable a las instituciones electorales, como es la
confianza pública.
Servicios políticos
Recuerdo que en las
elecciones de 2001 se registró la fórmula petista de Gerardo Rosete y Raúl
Elenes en el distrito electoral 19, donde el primero iba por mayoría relativa y
también en el primer lugar de la lista de candidaturas plurinominales,
triunfando en ambas por el efecto Rodríguez Pasos y al ganar tenía que
renunciar a una de ellas. Optó entonces por la candidatura pluri para promover
a su suplente. Sin embargo, en una maniobra de la Presidencia del CEE se buscó
evitar la promoción del suplente. Entonces, Elenes recurrió el fallo emitido
por la mayoría de consejeros y la autoridad jurisdiccional falló a su favor,
corrigiendo el yerro y habilitándolo como Diputado. Menciono este caso porque
eran las primeras resoluciones del CEE y se hacía sentir una influencia que
estaba lejos del espíritu de la ley.
Luego vendrían las
elecciones competitivas de 2004, donde sólo 11 mil votos hicieron la diferencia
entre Jesús Aguilar Padilla y Heriberto Félix, e inmediatamente se daría trámite
a favor del priista sin considerar los reclamos panistas, cosa que no hizo la
Sala Superior del TEPJF, que por las irregularidades expuestas, mantuvo en
suspenso hasta el 31 de diciembre quién sería el gobernador para el periodo
2004-2010.
El PAN, que dirigía
Roberto Loaiza alegó, apoyado por la enjundiosa María Serrano, que la
competencia había sido inequitativa y con una clara interferencia del Gobierno
del Estado. Solicitaba que la cláusula de nulidad abstracta se aplicara y se
valoraran varias causales. Finalmente el TEPJF dio un fallo muy controvertido.
Ocampo concluyó su gestión y salió en medio del escándalo por supuesto
enriquecimiento inexplicable. Denuncia que nunca se investigó pese a la
exhibición de bienes millonarios.
Lo sustituye Juliana
Araujo. En los comicios para gobernador de 2010 estalló nuevamente la polémica.
Primero, cuestionan el acrónimo de Malova y luego mandan retirar la propaganda
de la coalición electoral "El Cambio es ahora por Sinaloa", decisión
que luego fue considerada excesiva por el TEPJF, y tercero, los videos que
interesadamente fueron subidos a You tube y donde se puso en entredicho la
imparcialidad y autonomía de Juliana Araujo y Enrique Vega, y la presunta
injerencia de Jacinto Pérez en las resoluciones del CEE.
Aun con los avatares
del tiempo, este grupo de poder demuestra que sigue en el ánimo de quienes
toman muchas decisiones en el estado y hasta podríamos afirmar que son una
pieza que aspira a ser indispensable en el sistema político dominante. Incluso,
algunos de sus miembros han tenido capacidad para irradiar su cuota de poder
hacia otros ámbitos en los órganos autónomos y de poder.
En manos de ellos
estarán los dos comicios siguientes, no creo les vaya mal pero ¿le irá bien a
nuestra democracia electoral? A su favor está la cohesión, la restauración del
PRI, la distancia paulatina de Malova de los partidos de la coalición y el
subsecuente debilitamiento del PAN y el PRD –que han dejado de ser un
contrapeso- pero lejos, muy lejos, va quedando el espíritu ciudadano que animó
las reformas que hoy se expresa en patrimonialismo electoral.
(NOROESTE/ ERNESTO HERNANDEZ NORZAGARAY/ 20-01-2013)
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