Áxel
Chávez y Sandra Romandía, Investigaciones La Silla Rota
Una
empresa relacionada con Felipe de Jesús Espitia Lima —hijo del general Felipe
de Jesús Espitia Hernández, funcionario del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador con un longevo historial de tortura y vejaciones— obtuvo contratos por
29.7 millones de pesos como proveedora del Ejército y organismos públicos
relacionados con la milicia, donde su padre tenía una alta injerencia desde el
gobierno de Felipe Calderón, cuando participó como mando en el Operativo
Conjunto Chihuahua. La relación entre la empresa del hijo y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) constituye un conflicto de interés.
Incluso,
diez de todos sus contratos con recursos federales, que ascienden a 3 millones
509 mil 152 pesos, los recibió del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas (ISSFAM), con su padre como coordinador de asesores, cargo
que mantuvo hasta hace unos días, cuando su perfil profesional fue borrado de
la página de internet y del portal Nómina Transparente, aunque La Silla Rota
acudió a sus oficinas y personal a su cargo confirmó que seguía en activo,
aunque excusó que no podía recibir a periodistas.
El
pago más alto por parte del organismo en el que su padre ejercía un puesto de
mando lo recibió el 14 de diciembre de 2015, cuando la empresa con la que está
involucrado, Servicios de Representación Mexicanos, le vendió en 2 millones 604
mil 787 pesos sin IVA “equipo de administración y bienes informáticos”,
específicamente, lámparas LED, aunque su giro es la consultoría. En ese
entonces, Espitia padre tenía dos años y diez meses en el cargo, ya que obtuvo
su nombramiento desde el 15 de febrero de 2013.
En
su ARTÍCULO 8, LA LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS señala: “habrá
intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de
negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su
empleo, cargo o comisión”. El mismo artículo establece que todo
servidor público deberá “excusarse de intervenir, por motivo de su
encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos
en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos
de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte”.
Las
torturas del general de AMLO, que narra la historia de un sobreviviente de
tortura y un asesinado por órdenes de Espitia Hernández, quien, en su paso por
la milicia, acumula acusaciones de tratos crueles, vejaciones, fabricación de
culpables e irregularidades. Aunque López Obrador lo ha mantenido con un sueldo
de 115 mil pesos mensuales brutos, como coordinador de asesores en el ISSFAM, en las últimas horas su nombre
fue borrado de bases de datos del gobierno federal.
A
los 27 años, sin estudios profesionales, Felipe de Jesús Espitia Lima ingresó
al gobierno federal como jefe de Departamento en la entonces Procuraduría
General de la República (PGR), el 4 de noviembre de 2002. En la declaración
patrimonial inicial que presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)
el 27 de mayo de 2003 expuso que no tenía bienes inmuebles ni ninguna otra
propiedad a su nombre, y en la modificación que hizo en 2005 sólo indicó que
tenía un Pointer 2003 valuado en 60 mil pesos.
Pero
con Servicios de Representación Mexicanos la situación económica cambió:
consiguió contratos por 29 millones 750 mil 179 pesos entre 2014 y 2018 al
vender desde equipo para laboratorio hasta juguetes, en el periodo en que su
padre era uno de los generales principales del Ejército; además, también tuvo
un contrato con el gobierno de Chihuahua, donde su progenitor operó durante la
guerra contra el narco y ejercía influencia política.
Servicios
de Representación Mexicanos S.A. de C.V., con domicilio en avenida de los Andes
No. 105-302, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, no está
registrada ante el Registro Público del Comercio; sin embargo, en la
documentación que ha presentado en fallos públicos hay referencias a actas ante
notario público, con el giro de consultoría.
Aunque
otros procesos para obtener contratos en los que han participado su apoderada
es Hilda Leticia Prado Barragán, una contadora pública egresada en 1996 del
Instituto Politécnico Nacional con número de cédula 2306981, según una consulta
realizada al Sistema Nacional de Profesionistas, Felipe de Jesús Espitia Lima
firmó como representante en el proceso de licitación pública nacional
UMSNH-04/2014 celebrado el 27 de agosto de 2014 por el Comité Institucional de
Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamiento de Bienes Muebles e
Inmuebles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En
esa entidad, Michoacán, Espitia hijo ha fungido como auxiliar de la secretaría
técnica de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de acuerdo con
oficios de comisión y comprobantes de viáticos en poder de La Silla Rota,
fechados en mayo de 2018.
Precisamente
en 20 de agosto de ese año, la empresa recibió su último contrato del Instituto
en el que laboraba Espitia padre, por 12 mil 56 pesos para proveer “herramientas”, mismo concepto por el
que el 27 de julio de 2017 recibió otros 197 mil 735 pesos por “equipo de administración y herramientas”.
Sin
embrago, el año con más pedidos del SSFAM fue 2015: el 11 de diciembre le pagó
280 mil 972 pesos por “material de
construcción, mobiliario y equipo”; el 24 de julio, 144 mil 209 pesos más
por “material eléctrico para adornos del
15 de Septiembre”; el 20 de noviembre, 116 mil 79 pesos por “material eléctrico y de construcción”,
y el 13 de abril, 66 mil 292 pesos por “juguetes
para el Día del Niño”.
Pero
no fue todo: el 13 de mayo suministró material eléctrico por 54 mil 762 pesos,
mismo concepto por el que cobró 32 mil 260 pesos adicionales el 13 de noviembre
de ese mismo año.
Espitia
Lima no tiene estudios profesionales. Su nombre no arroja resultados en el
Registro Nacional de Profesionistas. Cuando fue funcionario federal, dijo a la
Secretaría de la Función Pública que era técnico programador, egresado de una
institución denominada International Institute, que está en Naucalpan de
Juárez, Estado de México. Recibió, no obstante, un certificado, no un título.
Pese
a no tener formación profesional, en la PGR estuvo primero en la Administración
de Bienes Materiales y después fue jefe de Departamento en el Centro Nacional
de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
(CENAPI), área de inteligencia que realiza el mapeo de cárteles del
narcotráfico –con los que ha sido ligado su padre mediante mantas e
imputaciones de víctimas de tortura–, donde su función principal era la investigación
de delitos.
LAS DECLARACIONES CAMBIANTES
En
la Secretaría de la Función Pública existen dos declaraciones de patrimonio
iniciales de Felipe de Jesús Espitia Lima: una del 27 de mayo de 2003 y otra
del 8 de junio de 2004.
Mientras
en la primera no da cuenta de ningún bien, en la segunda dijo que tenía un
Chevrolet Sedán 2003, que valuaba en 108 mil pesos. Su salario era de 15 mil
343 pesos mensuales.
Antes
de PGR señaló que sólo tenía experiencia en un empleo previo, en el sector
social, al trabajar en oficina elaborando oficios y contestándolos en la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), de marzo de 1999 a septiembre de 2002,
asignado a la Coordinación de Seguridad Física.
No
obstante, en su declaración de 2007, al citar el mismo empleo, indicó que
fungía como analista en la Subdirección de Energéticos, donde su función
principal fue el manejo de bases de datos.
Además
de los 3.5 millones que ganó con el SSFAM mientras Espitia padre laboró en
ella, la empresa en la que participa Espitia hijo ganó 25 millones nueve mil 80
pesos en 36 contratos con la Sedena, donde su progenitor ha sido jefe de la
sección séptima (2001-2004), comandante de la 5ª Zona Militar (2007-2010) y
comandante del Centro Nacional de Adiestramiento (2010-2011).
Asimismo,
también obtuvo uno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (54 mil 467 pesos) para dotar de equipo de
laboratorio, dos del gobierno de Puebla en el mandato de Rafael Moreno Valle
(520 mil 131 pesos) por equipo especializado para carreteras, y uno del Banco
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (449 mil 724 pesos) por
mobiliario.
También
otro de 196 mil 555 pesos, en 2014, por equipo para laboratorio para el
gobierno de Chihuahua, donde su padre estuvo a cargo del Operativo Conjunto con
el que se pretendía desarticular a los cárteles, en el sexenio de Calderón.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS /
REDACCIÓN ZETA/ MIÉRCOLES, 4 MARZO, 2020 08:20 PM)
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