Foto: Cortesía
16 asesinatos llamaron la
atención el fin de semana, de los en promedio 93 cometidos al día en el país,
de acuerdo a los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública de México.
En dos hechos distintos, uno
en Minatitlán, Veracruz, y otro en Comalcalco, Tabasco, los crímenes tuvieron
varios factores en común, de los cuales destacan tres.
1.- Los asesinos dispararon armas largas en ambientes
familiares.
2.- Tres niños fueron agredidos a balazos, uno de
ellos fue asesinado.
3.- Los ataques sucedieron en lo que para
investigadores mexicanos y extranjeros, es territorio criminal del cártel de
Los Zetas.
Es evidente, y así lo han
reflexionado los encargados de las investigaciones en ambos estados, que las
embestidas a balazos tienen las características de haber sido perpetrados por
integrantes del narcotráfico y el crimen organizado. Como se concluyera en la
jerga policíaca, fueron ejecuciones al estilo de la mafia.
El primero fue un acto de
terror ocurrido en Minatitlán, Veracruz. Los sicarios llegan a donde se
desarrolla una fiesta familiar y abren fuego. Aun cuando aseguran iban a matar
a una persona determinada, disparan de manera indiscriminada sobre otros que
departían en el lugar. Al finalizar las ráfagas, catorce personas fueron
asesinadas. Entre ellos, un bebé de un año de nacido.
El terror fue para quienes la
vida les fue arrebatada y para quienes sobrevivieron la masacre. Fueron estos
últimos, testigos de la pérdida de valores y del respeto a la vida. Fueron
torturados al momento de ser obligados a observar los asesinatos. A escuchar
los disparos. A ver la indefensión de las personas acribilladas. El mensaje
criminal fue claro: nadie se salva. Las víctimas colaterales no importan.
En Comalcalco, Tabasco igual.
Dos mujeres, tía y sobrina, viajaban en familia acompañadas de dos menores. Uno
de un mes de nacido, el otro de siete años. Los sicarios las atacaron cuando se
encontraban en el vehículo. Les dispararon sin piedad. Les destrozaron la cara,
el cuerpo. El niño de siete años fue herido, a saber, el de un mes de nacido
también.
La indignación nacional por
estos 16 asesinatos de los 93 cometidos diariamente en México, se debió a la
afectación directa a tres menores, uno de los cuales fue asesinado a balazos.
Los sicarios no respetan a las familias, los narcotraficantes asesinan a
diestra y siniestra. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema
de Veracruz hasta estar en Ciudad de México el lunes 22 de abril, y no cuando
visitó aquel estado un día antes.
El hartazgo social ante la
inseguridad que se vive en México va en incremento y no es para menos. Con todo
y que el Presidente López Obrador tenga “otros datos”, la realidad es que el
primer trimestre de 2019, y por tanto parte del primer cuatrimestre del sexenio
de Andrés Manuel López Obrador, es el más violento del que se tenga registro
desde 1997, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Las cifras de esa instancia y
confirmadas por la organización Semáforo Delictiva, determinan que entre enero
y marzo de 2019 fueron asesinadas de manera violenta en México, 8 mil 493
personas. Desglosada la cifra, 2 mil 855 en enero, 2 mil 802 en febrero, y 2
mil 836 en marzo.
El problema de México, como
sucede en Veracruz, en Tabasco, y en la mayoría de las 32 entidades
federativas, es que se ha convertido en territorio del narcotráfico. Sea para
la producción de drogas, la importación de precursores, la siembra de otras, el
tráfico de las mismas en territorio nacional, el trasiego para la ilícita
exportación, o la venta al narcomenudeo, pero los estados están tomados por los
criminales, que, evidentemente, están rebasando a las autoridades, fiscalías,
policías investigadoras, preventivas, operativas, y las que faltan.
La guerra de las drogas
continúa en México, pero sin la participación del gobierno. Los cárteles se
pelean por los territorios para la siembra o la producción de droga, se agarran
a balazos por la venta al narcomenudeo, se asesinan por el control de los
puertos de importación y exportación, legales e ilícitos. Por los campos para
siembra o para aterrizajes clandestinos, incluso por las personas que se han
cambiado de estructura criminal o aquellos que amenazan su estabilidad mafiosa.
El Gobierno federal sin
embargo, ya no está en esa guerra. No es prioridad del Gobierno de la República
encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el combate a quienes
encabezan las estructuras criminales que delinquen en este país, que ordenan
los asesinatos, incluidos los de familias y niños.
Alfonso Durazo, Secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, declaró en una entrevista para el semanario ZETA,
“…hemos dicho que hay un cambio en la estrategia para combatir el narcotráfico.
Que en lugar de definir objetivos prioritarios como sucedió en el sexenio
pasado e incluso el antepasado, particularmente en el sexenio pasado que se
definieron 122 objetivos prioritarios vinculados al narcotráfico, se detuvieron
121, no obstante, la inseguridad creció exponencialmente… entonces, nuestra
estrategia no es ir por los objetivos prioritarios, sino por las finanzas de
las organizaciones criminales, que es lo que les da la capacidad para operar y
corromper”.
A excepción de una
investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre bienes de elementos
del Cártel Jalisco Nueva Generación, dada a conocer hace unos meses, no se
tiene conocimiento de investigaciones y operativos para desmantelar las
finanzas de los otros cárteles, el de Sinaloa, Los Zetas, Arellano, por
mencionar algunos.
Tampoco se tiene información
pública, si es que existe, de aprehensiones de capos de la droga, jefes de
células criminales, sicarios, financieros, lavadólares. De hecho, no sabemos a
quienes buscan en cada uno de los cárteles, quiénes son los asesinos, quiénes
los narcotraficantes, cuáles sus nombres, dónde delinquen, porque ya no son
objetivos prioritarios. En el anonimato llevan la impunidad, y la sociedad se
vuelve más vulnerable, al no saber de quién cuidarse, a quién denunciar.
La estrategia de atacar las
finanzas de los criminales y los cárteles de la droga, es necesaria, pero no
debería ser la única base de la política pública para el combate a los
cárteles. En la medida que los objetivos, las personas que encabezan a esas organizaciones
criminales, dejan de serlo, amplían su ventaja frente a la sociedad y las
policías.
Mientras la estrategia de
enviar elementos de la guardia nacional a las zonas consideradas de alto
impacto en términos de violencia, es para alentar una presencia disuasiva. En
la medida que los elementos de las fuerzas armadas estén en las ciudades
patrullando calles y avenidas, inhibirán la presencia de criminales impunes, y
esto podría incidir en la baja en la comisión de delitos. Hasta que claro, la
Guardia Nacional como todas las policías que le han antecedido, se corrompa en
su estructura, empezando por ser una policía de aproximación, cercana a la
ciudadanía lo mismo que a los criminales.
Los narcotraficantes siguen
impunes en México. No son objetivos prioritarios, pero siguen matando,
amedrentando, trasegando droga y aterrorizando con asesinatos de familias
enteras, de niños, de bebés. El país sigue sin que se ejerza el Estado de
Derecho, y ahí, todos son vulnerables.
El Gobierno federal, este
como los anteriores, sigue debiendo una estrategia integral de combate al
crimen organizado y al narcotráfico. Sí, que acabe con las estructuras
financieras delincuenciales, pero también que tenga como objetivo encarcelar a
traficantes, productores, lavadólares, y asesinos.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ADELA NAVARRO BELLO/ MIÉRCOLES, 24 ABRIL,
2019 02:37 PM)
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