Autoridades han identificado un alza en
las desapariciones forzadas en Tijuana, la Fiscalía Especializada ya no solo
recibe reportes de menores, adultos mayores o migrantes extraviados, sino de
personas privadas de la libertad, principalmente por otros delincuentes, para
ser asesinadas. Esta tendencia constituye el 60 por ciento de los casos que
atienden. Con el aumento en homicidios dolosos, las investigaciones apuntan al
narcomenudeo como causa de ello. Los desaparecidos están siendo encontrados,
pero muertos
Hasta hace unos años, el área
especializada en búsqueda de personas de la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) en Tijuana recibía mayormente reportes de adolescentes que
salían de sus hogares. Casi siempre eran localizados en días u horas, pero la
situación de violencia en la ciudad ha cambiado ese patrón.
Ahora la mayoría de los casos
se concentran en desapariciones forzadas, encontrar a aquellas personas que
fueron privadas de la libertad para luego ser asesinadas.
Miguel Ángel Guerrero,
titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de
Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares y No
Localizados, explica que desde inicios de 2018, los reportes que recibe esta
área, antes conocida como CAPEA (Centro de Apoyo para Personas Ausentes o
Extraviadas), comenzaron a cambiar.
“Nos están apareciendo
muertos. Anteriormente, el 70 por ciento de los reportes de CAPEA eran de
menores de edad que se iban de sus casas, ahora el 60% son temas de
narcomenudistas que reportan como desaparecidos y muchas veces los encontramos
en Semefo o sin vida en algún punto de la ciudad”, señala el funcionario
estatal.
El modo de operación de estos
crímenes es el siguiente: la víctima es privada de la libertad, trasladada a un
domicilio, donde se le golpea o tortura -muchas veces con el fin de obtener
información acerca de droga, dinero o del grupo delincuencial contrario-,
después es asesinada y su cuerpo es arrojado en la calle o algún lote baldío.
En pocos casos, a la víctima se le entierra o incinera.
Al no saber de su paradero,
los familiares acuden a la Fiscalía a reportar la desaparición y pedir apoyo
para localizar a la persona.
Esta tendencia inició en
2018, año que cerró con 2 mil 519 víctimas de homicidios dolosos en Tijuana
-según cifras de la PGJE-, pero no sólo se ha mantenido, sino que registra un
alza, detalló el fiscal.
Esto ha llevado a que los
integrantes de esta Fiscalía mantengan mayor contacto con el Grupo de
Homicidios Dolosos de la PGJE para compartir información y así resolver casos
de personas reportadas como desaparecidas que pudieron haber sido encontradas
sin vida, pero aún no son identificadas.
Así ocurre de manera
frecuente. Familiares no sólo aportan fotografías y descripciones de sus
desaparecidos, también llegan a ofrecer datos de amenazas que recibieron días
antes, los lugares que visitaban, sus amistades o conocidos.
Con esos datos, personal de
la Fiscalía comienza la investigación para la ubicación con vida, pero también
coteja la información con Homicidios o acude al Servicio Médico Forense
(Semefo) a buscar a las víctimas. Y así, cada día más desaparecidos son
encontrados ya muertos.
LA NUEVA FISCALÍA
Datos proporcionados por la
PGJE indican que, del 1 de enero al 10 de marzo de 2018, 377 personas fueron
reportadas como no localizadas en Tijuana. De éstas, 320 pudieron ser halladas
-algunas sin vida- y sólo en 57 de los casos, permanecen como no localizados.
Para 2019, en el mismo
periodo, se han levantado 366 reportes, en los que 237 personas han sido
localizadas y en 129 casos, su paradero es desconocido.
En noviembre de 2018, la PGJE
formalizó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y
Persecución de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por
Particulares y No Localizados.
El nombre proviene de la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual entró
en vigor el 16 de enero de 2018. Con ello, se cumplió con esta reforma de
carácter nacional.
En Baja California, esta
Fiscalía forma parte de la estructura de la Subprocuraduría de Investigaciones
Especiales (SIE), a cargo de Ricardo Iván Carpio y cuyo titular es Miguel Ángel
Guerrero.
El área ha pasado por varios
nombres. En un inicio se conocía como CAPEA y en 2015 pasó a ser la Unidad
Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas.
Pero no sólo es el cambio de
nombre. En entrevista con ZETA, el titular de la Fiscalía detalla que el área
se conforma de dos secciones: “Una es la que trabaja en ubicar a personas
extraviadas, sean migrantes, menores de edad, adultos mayores o cualquier otra
situación que los llevó a ausentarse”.
La segunda área es la de
desapariciones forzadas, en la cual “el modo de operar es muy parecido al de la
privación ilegal de la libertad, pero en este caso se presume que es
delincuencia organizada, levantones y demás”.
En la primera área, las
personas casi siempre logran ser localizadas con vida; en la segunda, rara vez
ocurre así.
Aunque el fin en ambos casos
es la localización de la persona, si se trata de una persona extraviada, se
levanta un número de acta circunstanciada, pero si la familia aporta datos que
lleven a suponer que se trató de una desaparición forzada, entonces se integra
una carpeta de investigación al tratarse de un delito.
En términos de estructura, la
Fiscalía cuenta con coordinadores del Ministerio Público en Tijuana, Mexicali y
Ensenada, así como con una plantilla de seis fiscales y siete auxiliares del
Ministerio Público.
Respecto a elementos de la
Policía Ministerial, la plantilla se conforma de 15 agentes en Mexicali, 16 en
Tijuana y cuatro en Ensenada, así como una Unidad Canina con tres binomios
certificados.
Mientras que en tecnología,
la Fiscalía cuenta con un geo radar para la búsqueda de restos humanos.
LAS BÚSQUEDAS
En tres años, Falco ha
localizado diez cuerpos enterrados, todas las víctimas habían sido reportadas
como desaparecidas.
El pastor belga, junto a
Iker, forma parte de los elementos caninos de la Fiscalía. Los únicos en Baja
California especializados en búsqueda de restos humanos.
Tan pronto como Falco pisa el
cerro, comienza a explorar. ZETA acompañó a la Unidad Especializada en Búsqueda
de Personas de la Fiscalía a realizar a un operativo de localización de restos
humanos en una zona de terracería en los límites entre Tijuana y Tecate.
EL OLOR DE LA TIERRA CAMBIA CUANDO HAY UN CUERPO
ENTERRADO
Según el comandante, antes de llegar al sitio, los policías
ministeriales se encargan de delimitar el área. No sólo entrevistan a presuntos
responsables, también a testigos y familiares para así dar con la información
más precisa de los sitios adonde fueron llevados o pudieron ser enterrados sus
desaparecidos.
Todo dato ayuda, puede ser el
tamaño de un árbol, el color de una piedra, si hay un arroyo o una zanja.
Mientras las descripciones sean más exactas, más posibilidades de éxito hay. Y
Falco es una de sus mejores herramientas.
Los agentes se dividen en
parejas para ir peinando el área, llevan consigo palos y picos metálicos para
enterrarlos y detectar si la tierra ha sido removida o se encuentra compacta;
las banderillas se colocan en los probables puntos de localización.
Una vez que la inspección
física se realiza en una o varias sesiones, Falco desciende del vehículo para
olfatear y rastrear la zona. En un primer momento, el pastor belga comienza a
olfatear a un lado del comandante conforme explora la zona.
“El objetivo es tener un
espacio no muy amplio para así no perdernos ni debilitarnos explorando en un
radio más grande y así tanto los agentes como el perro concentren sus esfuerzos
en puntos con más probabilidades de éxito”, refiere Guerrero.
Pero hay otros casos, como
éste, en los que los factores no son del todo favorables. Conforme más tiempo
pasa desde que la persona pudo ser asesinada, el olor de los restos humanos,
como fluidos y gases mezclados entre la tierra, pierde potencia y hace más
difícil la labor de Falco.
“Un hueso no huele igual que
otro tipo de materia orgánica como fluidos o tejidos, es más rancio, pero no es
tan distintivo”, señala uno de los agentes.
No sólo eso, “el olor de un
humano es mucho peor, más putrefacto, que el de un animal”, de ahí que los
perros entrenados puedan distinguir entre estos dos.
Esa mañana, Falco advierte
con reservas de un olor en un punto que se observa fue cavado hace poco, unas
piedras encima marcaban el sitio. A pesar que su reacción no es igual que
cuando encuentra restos humanos, el perro emite un ladrido y escarba con sus
patas delanteras, para luego sentarse encima del sitio.
Los policías también muestran
reserva. Cuando Falco localiza restos humanos, su entrenamiento lo lleva a
ladrar en varias ocasiones y actúa diferente, pero aun así bajan una pala de
una de las camionetas y un agente comienza a remover la tierra.
Después de un rato, sale a la
luz un pedazo de tela y el olor a putrefacción se intensifica. Finalmente, se
observa un bulto, pero al abrirlo, los policías encuentran los restos de un
perro.
Apenas a finales de enero, la
Unidad pudo localizar los restos de una mujer semi enterrados en un terreno,
quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares.
La diferencia entre ese caso
y el de esta ocasión no sólo es que habían pasado días y no más de un año entre
la desaparición y la búsqueda, sino que se contaba con más información de dónde
pudo haber sido llevada.
Sin embargo, hay otros días,
como hoy, en que las búsquedas se realizan con personal y equipo especializado,
pero los desaparecidos no aparecen siquiera muertos.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/
LUNES, 25 MARZO, 2019 01:00 PM)
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