Como decíamos ayer,
parafraseando a Miguel de Unamuno, después del reposo, el encono sigue y la
polarización avanza. Su última expresión, el ejecutómetro del periódico Reforma
publicado el miércoles pasado que mencionaba, sugiriendo actos del crimen organizado,
que el número de asesinatos durante el primer mes de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador había sido 65% superior al último mes de gobierno de Enrique Peña
Nieto. Quienes antes validaron esa misma no-metodología de Reforma, la
criticaron en defensa de la nueva administración, y quienes antes criticaban a
los críticos por utilizarla para denostar a quienes ya se fueron, hoy los
censuraron por su incongruencia. La realidad es que todos están y estaban mal,
nunca quisieron aceptarlo, y soslayan los temas de fondo sobre el tema de la
seguridad que son los que deberían de estar en la mesa de la discusión.
Los ejecutómetros han sido
por más de una década el instrumento periodístico más engañoso que existe,
porque no explicó absolutamente nada del fenómeno de la inseguridad y sí, en
cambio, distorsionó la realidad y contribuyó a que México fuera equiparado en
términos de violencia a los países asiáticos en guerra. Pero cualquier persona
que haya estado en Siria, Irak o Afganistán, sabe que es falso. Puede haber más
periodistas muertos en México que en esos países, pero no porque las
condiciones de trabajo sean mejores en esas naciones rotas, sino porque la
prensa no se mueve por donde quiera, como en este país. La libertad de
movimiento en México no existe en esos países en guerra, donde prácticamente
ningún periodista que quiera salir vivo, se adentra en la zona de conflicto sin
acompañantes de una de las fuerzas beligerantes. Esto, por supuesto, no reduce
la gravedad de la violencia que se vive en México.
Los ejecutómetros los comenzó
a hacer El Universal a mediados de la década pasada, y fue el primero en
desecharlo como herramienta de trabajo. El primer error explícito, como
señalaron los neo críticos de Reforma, es que legalmente no existe el delito de
ejecución, por lo cual su interpretación es subjetiva. No importa cómo se le
disfrace –v.g., que fuese resultado de un choque entre pandillas-, son
llanamente asesinatos. ¿De dónde sale que todos los homicidios dolosos son
perpetrados sólo por el crimen organizado? De la imaginación periodística que
fuerza una información para hacerla verosímil.
Dedicarle la prensa tanto
empeño a esta desinformación, llevó a que varios fenómenos importantes no
fueran registrados en su plena dimensión para entender lo que estaba
sucediendo. Niños empuñando armas, fueron vistos como una degradación de la
violencia, y no como uno de los ejemplos de cómo el Estado Mexicano iba ganando
la partida a las organizaciones criminales, que tenían que reclutar miembros
cada vez más de chicos ante la pérdida de sus cuadros. Las fugas en las
cárceles de miembros de cárteles se registraron unidimensionalmente, y no como
una externalidad de que el reclutamiento de niños y jóvenes tampoco funcionaba
y necesitaban a su gente experimentada. Los asesinatos en de las cárceles
tampoco fueron vistos como otro de los fenómenos de esa lucha, donde los
cárteles empezaron a matar a sus rivales en las prisiones para evitar que
replicaran otros la estrategia. Todo esto nos pasó de noche y seguimos envueltos
en la misma discusión fallida.
El Séptimo Informe sobre
Violencia Política de la consultora Etellek en septiembre pasado –aún no sale
el octavo-, estableció que en el periodo entre el 1 de septiembre de 2017 y el
31 de agosto pasado, hubo en México al menos 850 agresiones con un saldo de 175
políticos asesinados, de los cuales 63 ataques y 21 homicidios dolosos contra
políticos se registraron después de las elecciones presidenciales. De ese gran
total, precisó Etellekt, el 81% fueron contra opositores del PRI y de las
coaliciones gobernantes en las 32 entidades. Estábamos muy mal y no estamos
bien. Hace una semana, 90 minutos después de tomar posesión como presidente
municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio fue asesinado.
Este fue un asesinato doloso,
pero ¿alguien puede asegurar en este momento que fue producto del crimen
organizado? El problema de los ejecutómetros es que los medios los han nutrido
y la sociedad los ha utilizado para sus fines políticos o existenciales sin ser
un instrumento que ayude a entender el fenómeno de la violencia y sí, por el
contrario, la distorsiona. La inseguridad es un problema real que afecta al
país en su conjunto y su crecimiento está vinculado directamente a la debilidad
institucional. No es un tema de este gobierno o del anterior. En 1984, el
entonces director de la CIA, William Casey, circuló un informe secreto de 33
páginas que subrayaba la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad
mexicanos.
Mucho se hizo después, por
las presiones de Estados Unidos, para que México atacara a los cárteles de la
droga. El gobierno de Vicente Fox abandonó la estrategia y al entregar el mando
a Felipe Calderón, casi un centenar de municipios estaban bajo control total
del narcotráfico. A pocos les gustó su guerra contra las drogas, aunque logró
recuperar los territorios. El de Peña Nieto, mucho se ha escrito aquí de ello,
fue un desastre. Volvieron los cárteles a conquistar territorios, se
fortalecieron, nacieron algunos y la violencia se atomizó en cientos de pandillas
más violentas que los criminales trasnacionales. Lo que tenemos lo venimos
arrastrando hace buen tiempo. Dejemos de discutir sobre ángulos que engañan,
como los ejecutómetros, y discutamos cómo vamos a resolver, entre todos, el
problema de la debilidad institucional en México.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ ESTRICTAMENTE
PERSONAL/ 7 DE ENERO DE 2019)
No hay comentarios:
Publicar un comentario