El Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes anuncia subasta de un inmueble relacionado con “El
Muletas” en el Ejido Matamoros, valuado en 2 millones 140 mil 956 pesos. En
junio pasado fue subastada otra propiedad en la colonia Río Tijuana, en casi 2
millones de pesos. En próximo evento comercial se incluirá la residencia
asegurada en 2010 al “Teo”, en La Paz, BCS. Las alhajas decomisadas a Carlos
Gamiño “El Karateca” también fueron vendidas en subasta de julio último
Hace casi cuatro años, un
juez federal declaró procedente la acción de extinción de dominio en contra de
casas y terrenos afectos al presunto narcotraficante Raydel López Uriarte “El
Muletas”. Hace cinco años, el mismo juzgador desapoderó a Teodoro García
Simental “El Teo” y sus testaferros de un inmueble en Baja California Sur. A
tanto tiempo de distancia, el Gobierno Federal -hoy dueño de los bienes- apenas
les da destino a través de sus subastas mensuales.
De esa manera, un inmueble
que perteneció a presuntos testaferros del “Muletas”, en el Ejido Matamoros en
Tijuana, fue anunciado durante octubre en la subasta que habrá de realizarse
dentro de unos cuantos días; en tanto que otro lote será anunciado en fecha
próxima y se tiene el dato que otra propiedad ya fue vendida en julio pasado.
Por su parte, la residencia
asegurada al “Teo” tras su captura en La Paz a principios de 2010, también será
incorporada a las ofertas del Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE), luego de varios meses de tardanza en el avalúo correspondiente,
aunque por el momento se guarda en el sigilo el monto que deberán ofrecer los
postores.
De las alhajas incautadas y
que fueron “ganadas” a Carlos Gamiño González “El Karateca”, también en
procedimiento de extinción de dominio, autoridades dependientes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron que fueron
subastadas en julio último y encontraron compradores.
Estos datos de los presuntos
miembros del Cártel Arellano Félix (CAF) que perdieron sus juicios de extinción
de dominio se conocieron luego que el Juez Tercero de Distrito del Centro
Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Ciudad de México, requiriera a
las diversas dependencias implicadas en administrar los bienes que pasaron a
ser propiedad gubernamental y de darles destino.
Y es que sí los
procedimientos de extinción de dominio son tan escasos como lentos, el destino
final de los bienes muebles, inmuebles y productos financieros de los que se
desapodera a la delincuencia organizada es incierto, y las sentencias dictadas
hace ya varios años aún no son ejecutadas en su totalidad, pues la mayoría de
los bienes no tienen un acomodo definitivo.
De los cientos de bienes
subastados por el SAE -organismo descentralizado de la administración pública
federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios-, sólo unos cuantos los
transfiere la Procuraduría General de la República (PGR) como activos que son
instrumento, objeto o producto de delito.
LAS PROPIEDADES
DEL “MULETAS”
La finca anunciada en subasta
y que perteneció a Raydel Rosalío López Uriarte o sus testaferros, es la
ubicada en la calle 7, número 47, Lote 1, manzana 32, Zona Urbana, Ex Ejido
Matamoros en Tijuana. Consta de terreno y construcción. Fue incluida para su
venta en la Licitación Pública de Bienes Inmuebles (subasta a sobre cerrado)
LPBI 10/18, cuya convocatoria se publicó el 8 de octubre reciente.
Las instalaciones y obras
complementarias del inmueble tienen una superficie de terreno de 1,582.00
metros cuadrados y 335.40 metros cuadrados de construcción. El precio base de
venta está tasado en 2 millones 140 mil 956 pesos y la convocatoria tiene como
fecha de fallo el 26 de octubre de 2018.
Entre las bases se menciona
que debió aportarse un anticipo del 25 por ciento del precio total de la venta
a más tardar el 1 de noviembre y la liquidación del 75% restante se saldará
antes del 14 de enero de 2019.
El juez especializado en
extinción de dominio requirió al coordinador jurídico de Bienes Inmuebles del
SAE para que informara sobre las acciones que se han realizado para la venta
del inmueble en mención y de otros dos relacionados con la sentencia 4/2013,
donde se decretó la adjudicación de los bienes en favor del Gobierno Federal.
De esa forma, la Coordinación
de Comercialización de Bienes Inmuebles, dependiente del organismo
descentralizado, informó que de acuerdo con respuesta de la Coordinación de
Postventa, ya fue vendido el inmueble localizado en la Avenida Río Mississippi número 61, sección
6472, Paraíso del Río, Tercera Etapa, también identificado como lote 61,
manzana 49, Colonia Zona Río Tijuana. La venta se realizó en la Licitación
Pública LPBI 05/18 del 1 de junio de 2018, cuya postura original fue de un
millón 979 mil 667 pesos.
Sobre el tercer bien inmueble
relacionado con “El Muletas” y que se localiza sobre la calle Circuito Misión
San Miguel sin número, y/o Circuito Misión San Juan Capistrano, lotes 46 y 47,
manzana 132, Fraccionamiento Misión del Mar en Rosarito, Baja California, el
SAE informó al juzgador que “ya se encuentra comprometido para venta, por lo
que será incluido en algún evento comercial”; es decir, en próxima subasta.
Si bien, los inmuebles
señalados no eran propiedad de López Uriarte, ex jefe de células del Cártel
Arellano Félix (CAF), sus dueños o prestanombres permitieron que en ellos se
realizaran actividades delictivas. Además, durante los cateos realizados en
2010 luego de la detención del “Muletas”, se localizaron dentro de los
domicilios armas de fuego, cartuchos, dos paquetes con marihuana, 16 vehículos,
caballos y otros objetos que resultaron fruto del crimen organizado.
En este caso, el Ministerio
Público actor demostró la existencia de un hecho ilícito que se vincula con los
inmuebles afectos al juicio, mientras los demandados, a quienes correspondía
desvirtuar esa ilegitimidad, no aportaron elementos probatorios eficaces para
ello. El 6 de noviembre de 2014 se decretó la procedencia de la extinción de
dominio, resolución confirmada en segunda instancia el 27 de enero de 2015.
LA CASA QUE FUE
DEL “TEO” EN LA PAZ
Durante su aprehensión,
ocurrida en 2010, a Teodoro García Simental “El Teo” le fueron asegurados 400
mil pesos en efectivo y una residencia en La Paz, Baja California Sur. Ambos
bienes los “perdió” por la procedencia del juicio de extinción de dominio 9/2012
en el Juzgado especializado en la materia en Ciudad de México y único, con
cobertura en toda la República Mexicana.
La finca es la ubicada en el
número 710 de la calle Pez Vela, lote 24, manzana 101-013-113, Colonia Fidepaz.
Tanto el dinero como el inmueble pasaron a ser propiedad del erario federal por
sentencia dictada el 12 de agosto de 2013 y confirmada por un Tribunal Unitario
en Materia Civil el 22 de noviembre siguiente. A la fecha permanece bajo
custodia del SAE.
Intrigado por el destino del
bien, desde mediados de año, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de
la Primera Región, solicitó al coordinador jurídico de Bienes Inmuebles del
SAE, informar qué ha pasado con la propiedad. La respuesta mes a mes, era que
la Coordinación de Valuación de dicho organismo ya realizaba los avalúos
correspondientes. Después de la demora, se sabe que del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ya entregaron los dictámenes del
inmueble, aunque no ha trascendido el valor.
El juzgador está enterado que
los dictámenes de la finca de la calle Pez Vela fueron entregados a su vez a la
Coordinación de Comercialización de Bienes Inmuebles, por lo que volvió a
requerir al coordinador jurídico de Bienes Inmuebles para que -a la brevedad-
informara al órgano jurisdiccional “las gestiones relativas a la enajenación
del bien raíz materia del presente juicio, lo anterior, para estar en
oportunidad de proveer lo relativo al cumplimiento de la ejecución de la
sentencia definitiva”.
Cuando el 1 de agosto de
2012, el Ministerio Público federal ejercitó la acción de extinción de dominio
ante el juez de distrito especializado en contra de Diego García Simental,
también conocido como Eduardo y/o Teodoro García Simental “El Teo”, también
fueron demandados dos empresarios, presuntos prestanombres.
Desde el penal de máxima
seguridad Altiplano, García Simental contestó mediante escrito que era una
falacia que fuera el dueño del inmueble, consistente en casa y terreno. Dijo no
tener el derecho de propiedad que se le atribuía, pues sólo disfrutaba de la
posesión por arrendamiento de la finca. Sobre el dinero asegurado, aceptó era
suyo, pero que tenía procedencia lícita producto de la actividad comercial de
compraventa de carros a la que se dedicaba. Sus codemandados, los empresarios,
no contestaron la demanda.
En ese entonces, peritos
oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) estimaron que el
valor comercial del bien raíz, que contaba con alberca, era de 8 millones 771
mil pesos. El juez resolvió que las pruebas aportadas por el Ministerio Público
federal, básicamente las imputaciones en diversas causas penales, demostraron
que el dinero y el bien inmueble “son producto del delito de delincuencia
organizada, con fines de cometer delitos contra la salud”.
LAS JOYAS DEL “KARATECA”
Quizá el caso del presunto
líder de células del CAF, Carlos Gamiño González “El Karateca”, sea el más
rápido en ejercitarse acción de dominio en el mismo año de su captura. El 26 de
febrero de 2016 fue atrapado por policías federales y el 16 de junio siguiente
ya se había solicitado un juicio para desapoderarle en definitiva de las joyas
que él y uno de sus coacusados llevaban al momento de la captura.
Las alhajas, valuadas en 255
mil 665 pesos con 25 centavos por peritos de la PGR, pasaron a manos del
Gobierno Federal por sentencia dictada el 5 de enero de 2018. Y por informes
recibidos por el juez de extinción de dominio, por parte del Administrador
Titular Jurídico de Bienes Muebles y Abandonados del SAE, se conoció que fueron
comercializadas mediante la subasta presencial SMM05/18, de fecha 31 de mayo
del año en curso.
Queda pendiente de ser
informado el monto obtenido de la venta de dichos bienes, ofertados a un precio
inferior al valuado en 2016. Se trata de un lote integrado por cinco piezas:
por una esclava Rolex de 14 quilates, un collar tipo esfera de 14K y un anillo
de 14K, con peso total de 147.8 gramos, se solicitaron 31 mil 700 pesos. Un
reloj Rolex modelo Oyster Perpetual Submariner, caja y pulso fabricado en acero
oro amarillo, fue cotizado en 110 mil pesos. Y finalmente, un reloj Rolex
modelo Oyster Perpetual/Date Just, caja y pulso en acero y oro amarillo, en una
postura inicial de 36 mil pesos.
Carlos Gamiño González, quien
también utiliza el nombre de Edgar Navarro Aguilar y los alias “El Cinta Negra”
y/o “El Zapata”, junto con su coacusado Alan Fernando Gamiño Moreno, alegaron
que los bienes asegurados eran de su propiedad y los habían adquirido producto
de su trabajo, pues ambos se reputaron como empresarios transportistas con
ingresos en moneda americana.
“El Karateca” declaró ser
dueño de un negocio de tracto camiones por los cuales tenía un ingreso mensual
que le permitía un buen nivel de vida. Sin embargo, su dicho y el de su
coacusado no fueron sustentados con algún medio de prueba para acreditar que contaban
con los recursos necesarios para la adquisición lícita de las joyas; por el
contrario, al ser detenidos en posesión de metanfetaminas, el juez estableció
que tales bienes son producto de delitos contra la salud.
El impartidor de justicia
consideró que ambos estuvieron en posibilidad de ofrecer las pruebas correspondientes, como
podría ser el alta de Hacienda por la prestación de servicios de transporte,
exhibir declaraciones de impuestos o constancias de retenciones de salarios,
contratos de trabajo, o bien algún otro medio de convicción que permitiera
establecer la licitud que alegaban.
Cabe mencionar que Gamiño
González aceptó que el anillo de oro con un escudo en su parte central y en los
laterales una rama, era de su propiedad, aunque precisó, no se trataba de una
rama, “sino un símbolo masónico”.
Actualmente, entre las pocas
propiedades obtenidas por el Gobierno Federal en juicios de extinción de
dominio, destacan en subasta dos inmuebles: uno ubicado en la calle Nogal
número 124 de la colonia Floresta en Veracruz, asegurada a miembros del Cártel
del Golfo en 2009; y un rancho denominado “El Centenario” en el poblado de
Llano Grande, municipio de Jilotepec, Estado de México, decomisado a otra
organización criminal en 2011.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA/ LUNES, 3 DICIEMBRE, 2018 01:00 PM)
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