Este año, la Procuraduría General de la
República atrajo la investigación que desde 2017 realizaba el gobierno de
Chihuahua sobre el desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de
Educación estatal. Pero la Fiscalía General del Estado mantiene en sus manos
otra investigación sobre un desvío de 1 millón 740 mil pesos que involucra a
dos empresas propiedad tanto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (Jet-Combustibles),
el ex secretario adjunto del PRI en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, como de
su hijo, Alejandro Gutiérrez Gómez (Promotora de Señalamiento Integral).
Gutiérrez Gutiérrez dijo a SinEmbargo
que son empresas con contratos legales, pero que no hay pruebas de que
participaron en triangulación de recursos públicos. Adelantó que es momento de
dar el segundo paso: “presentar elementos firmes y denuncias penales” en su
defensa, luego de vivir nueve meses en prisión “y ser torturado” para firmar
“una declaración contra Peña [Nieto]”.
Dulce Olvera y Sugeyry Gándara
Chihuahua, Chihuahua 3 de
diciembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Chihuahua tiene una
investigación en proceso que menciona a un hijo del segundo hombre más
importante del partido del ex Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario
Institucional (PRI), en tiempos en los que Manlio Fabio Beltrones, un poderoso
político mexicano, presidió esa fuerza que gobernó México desde 1929.
Beltrones, quien solicitó en
enero pasado un amparo contra cualquier acción judicial, fue presidente
nacional del PRI de agosto de 2015 a junio de 2016. Su segundo en el mando –y
uno de sus hombres más cercanos– fue Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien
estuvo en prisión preventiva nueve meses en el Centro de Readaptación Social de
Aquiles Serdán en Chihuahua hasta que la Procuraduría General de la República
(PGR) sobreseyó el caso y, ahora, lleva un proceso en libertad por otro caso de
presunta corrupción.
Su hijo, Alejandro Gutiérrez
Gómez, quien también solicitó en junio una suspensión para no ser detenido, es
señalado de ser el representante legal de una empresa que habría servido para
triangular recursos públicos a favor del partido del ex Presidente Peña.
De acuerdo con la Fiscalía de
Chihuahua, Alejandro Gutiérrez Gómez es el representante legal de Promotora de Señalamiento
Integral, una de las empresas que junto con Jet-Combustibles fueron contratadas
por la Secretaría de Hacienda chihuahuense por 1 millón 740 mil pesos para
servicios no prestados.
En entrevista telefónica con
SinEmbargo, Gutiérrez Gutiérrez confirmó que su hijo forma parte de Promotora
de Señalamiento Integral, la cual recibió un contrato de la Secretaría de
Hacienda de Chihuahua por 904 mil 579 pesos. Pero aseguró que “es mentira” que
ambas compañías estén relacionada con triangulación de recursos públicos, y
enfatizó que “no hay pruebas” del gobierno de Javier Corral Jurado. Solo “es
interés político”.
“¿Dónde está la prueba de que
se trianguló y a dónde? ¿Con quién me vi? No conocía a ningún funcionario
público de Chihuahua”, dijo. “Tuvieron acceso un año a cuentas de la empresa
Jet-Combustible. ¿Dónde están las pruebas de la parte donde participé yo? Mi
actividad fundamental son las empresas”, dijo el ex secretario general adjunto
del PRI.
Sobre las dos empresas en
investigación, Jet-Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, afirmó
que “son empresas constituidas, al corriente con los pagos de impuestos, con
contratos legales y un contrato bastante menor […]. No estoy en Promotora. Esa
es de un grupo de jóvenes con actividades en diferentes lugares”.
SinEmbargo le cuestionó si le
preocupaba que su hijo estuviera bajo la lupa del gobierno de Chihuahua. “Me
preocupa la distorsión de la Fiscalía de Chihuahua, cómo funciona el sistema
judicial. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa la seguridad de mi familia, su
integridad física”, dijo. Según él, las autoridades chihuahuenses solicitaron
una carpeta de fotos de su esposa e hija “que nada tienen que ver”.
“Hago responsable de la
integridad física de mi familia al Gobernador de Chihuahua [Corral Jurado] y al
Fiscal [César Augusto Peniche Espejel]”, declaró Gutiérrrez Gutiérrez.
El Fiscal César Augusto
Peniche Espejel dijo en entrevista que en esta etapa de la investigación de la
causa penal 4094/2017 no pueden referirse a una persona en particular. Agregó
que no se ha exonerado a nadie ni se dejará de investigar a ninguna persona.
“Hay nombres ligados a esas empresas que están dentro de la investigación,
dentro de las carpetas, y desde luego su situación jurídica de estas personas,
en su momento, deberá de determinarlo el Ministerio Público [la Fiscalía de
Chihuahua]”, aseguró.
Sobre la suspensión de
aprehensión obtenida por Alejandro Gutiérrez Gómez este verano, Peniche afirmó
que “el juicio de amparo malamente ha sido utilizado como un instrumento de
impunidad para aquellas personas que han cometido diversos ilícitos. Es una
figura que lamentablemente ha caído en esa condición, que tiende a retardar el
avance natural de los procesos. Y en este sentido, hemos sido muy cuidadosos en
no trastocar la suspensión provisional, pero eso no impide que también se siga
la investigación en otros aspectos de la propia carpeta”.
En mayo, Alejandro Gutiérrez
Gómez tuiteó en su cuenta personal: “Responsabilizamos de todo lo que nos pueda
suceder tanto a mi papá como a cualquier integrante de la familia al Gob de
#Chihuahua”. Un mes después, el 28 de junio, recibió de la Jueza Primero de
Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia
Robledo Magaña, una suspensión provisional que impide su aprehensión, reportó
el periodista especializado Rubén Mosso para Milenio.
Su padre, el ex secretario
general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, enfrenta dos procesos
penales diferentes. Uno es por su presunta coparticipación en el desvío de 250
millones de pesos desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de
Chihuahua a las empresas declaradas por el SAT como fantasmas Samex, Despacho
de Profesionistas Futura, Sinnax y SISSAS para talleres y un software no
brindados, lo cual fue atraído por la federación este año. Estas empresas no
son de su propiedad.
En agosto, la Procuraduría
General de la República (PGR) pidió retirar los cargos por considerar falta de
pruebas, por lo que la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda de
Chihuahua presentaron un recurso contra ese sobreseimiento. La medida sigue en
curso.
La Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por su parte, sigue
investigando la posible relación con las elecciones de 2016, cuando el PRI
perdió siete gubernaturas.
El segundo caso, aún
investigado por la Fiscalía de Chihuahua, es por su presunta relación en el
desvío de 1 millón 740 mil pesos por otra simulación de servicios que involucra
empresas de Alejandro Gutiérrez padre e hijo.
LOS 1.7 MILLONES
En la audiencia pública de
enero, la Agente del Ministerio Público Edith Alvírez Manquero acreditó ante el
Juez de Control Alejandro Legarda Carreón que entre el 20 y 23 de diciembre de
2015, durante el gobierno del priista César Duarte Jáquez (2010-2016), la
Secretaría de Hacienda estatal pagó 835 mil 420 pesos a Jet-Combustibles para
servicio de traslado personal y 904 mil 579 pesos a Promotora de Señalamiento
Integral para el mantenimiento general de edificios, que incluían trabajos de
impermeabilización, mantenimiento y reparación de sistemas de aire
acondicionado y mano de obra.
“En la acusación se establece
que el imputado Alejandro G. G. aportó la empresa Jet Combustibles, S.A. de
C.V., de su propiedad, así como la moral ‘Promotora de Señalamiento Integral S.
A. de C. V.’, de la que su hijo era el representante legal, para desviar dinero
de la administración estatal”, reportó el gobierno chihuahuense tras esa
audiencia.
El Fiscal de Chihuahua César
Augusto Peniche expuso que ese total de 1.7 millones de pesos “es una cantidad
que nosotros identificamos que forma parte de una estrategia para desviar
recursos aquí en el gobierno del estado, en aquel entonces, para destinarlo
para fines distintos al objetivo”.
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez
aseguró en la entrevista que está preparando elementos en su defensa y
presentará denuncias civiles y penales para quienes resulten responsables, ya
que afirmó que “la impunidad también es manipular la justicia”.
“Daré a conocer acciones
contundentes en mi defensa en combate a la impunidad de quien sea”, afirmó.
“Será algo bastante firme con consecuencias severas”.
“A cada acción habrá una
reacción. Ya pagué nueve meses en prisión”, declaró. “De aquí en adelante es
otra etapa. Me voy a defender con toda la fuerza”.
Sobre su estancia en el
Centro de Readaptación Social 1 en Chihuahua, narró que estuvo 61 días en una
celda sin ver la luz ni hablar con nadie, “bajo tortura para firmar una
declaración contra Peña”.
“Claro que no [la firmé]. Ni
contra Peña ni contra nadie. No tenía ningún contacto. Ni siquiera lo conocía”,
aseguró.
Actualmente, la investigación
sigue en la fase complementaria de presentación de pruebas, ya que se ha estado
retrasando su curso normal, dijo el Fiscal Peniche.
“Tanto la defensa y en su momento
la Fiscalía han estado, especialmente la defensa, solicitando la ampliación o
la suspensión del curso normal del expediente y por su parte la Fiscalía ha
estado insistiendo con el juez para que ya pueda pasarse a la etapa previa al
juicio oral”, explicó.
Una vez iniciada esa fase, la
Fiscalía revisará si hay más responsables, por lo que no descarta más órdenes
de aprehensión.
“Hay que revisar nuevamente
todas las constancias y verificar quiénes más pudieron haber intervenido, tanto
intelectuales como materiales, a ver a quién más le puede parar responsabilidad
este expediente”, afirmó. “Tenemos varias personas señaladas como imputados. A
muchos de ellos les va a resultar orden de aprehensión”.
Desde finales de septiembre,
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez vive en arraigo domiciliario presuntamente en el
fraccionamiento Cima de la Cantera, en la zona residencial de Chihuahua. La
renta de los inmuebles en esa área ronda por encima de los 20 mil pesos
mensuales, de acuerdo con el sitio Propiedades.com.
El Fiscal César Augusto
Peniche especificó que tiene brazalete, por lo que puede moverse sin salir de
la ciudad de Chihuahua. “Puede estar en ese o en otro domicilio dentro de la
ciudad”, afirmó.
Tiene como medidas cautelares
la prohibición de salir de la capital del estado, la obligación de portar ese
brazalete electrónico y el depósito de 1 millón de pesos como garantía.
“Estoy tranquilo”, contó Alejandro
Gutiérrez en la entrevista. Pero, como nunca antes, se traslada en coches
blindados, agregó. El sábado 1 de diciembre “elevamos las alertas de seguridad”
luego de recibir una serie de llamadas anónimas.
Además de Gutiérrez
Gutiérrez, hay dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua
sujetos a proceso y en prisión preventiva en el mismo Cereso donde estuvo el
priista. Se trata de Antonio Tarín García, ex Director de Adquisiciones, y
Gerardo Villegas Mandriles, ex Director General de Administración.
“Por lo pronto hay dos ex
servidores públicos que desde la Secretaría de Hacienda facilitaron este desvío
de recursos, y que también participaron en el desvío de una cantidad mayor, de
la que también ya sabemos que la PGR se desistió o solicitó el sobreseimiento
de la causa, inexplicablemente desde nuestra óptica”, expuso el Fiscal César
Augusto sobre el caso de los 1.7 millones y el de 250 millones de pesos.
LA FIRMA DEL HIJO
Jorge Espinoza Cortés,
Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua, dijo en entrevista con este medio
que la defensa de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “intentó” llevarse la
investigación del desvío de 1.7 millones de pesos a nivel federal. Pero el
Quinto Tribunal Colegiado lo desechó este noviembre al tratarse de dos hechos
delictivos distintos.
Además del caso de los 1.7
millones, el nombre de Alejandro Gutiérrez Gómez también se ventiló en la
investigación del caso de los 250 millones de pesos, de acuerdo con el
Consejero Espinoza Cortés.
El 9 de marzo de 2016, la
Secretaría de Hacienda estatal pagó 4 millones de pesos a Jet-Combustibles, de
Alejandro Gutiérrez, para la supuesta realización de un manual operativo de
manejo de aeronaves, de acuerdo con lo dicho por la Agente del Ministerio
Público Priscila Licón en la audiencia de vinculación a proceso de Alejandro
Gutiérrez Gutiérrez celebrada el 21 de diciembre de 2017.
Este contrato fue sumado al
desvío de 246 millones de pesos desde la Secretaría de Educación estatal, por
lo cual la indagatoria se cerró en 250 millones de pesos, ya que un correo
electrónico –mencionado durante una audiencia pública– fue enviado tanto a las
cuatro empresas fantasma como a Jet-Combustibles.
“Hay que recordar, y eso lo manifestaron
los mismos agentes del Ministerio Público de la Federación en la audiencia, que
quien firmó los contratos con el estado fue precisamente el hijo de Alejandro
Gutiérrez; el que firmó en representación de Jet-Combustibles”, dijo en
entrevista Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del Gobierno de Chihuahua.
“Si el Ministerio Público
considera que pudiera haber una responsabilidad en ese sentido, claro que
tendría que ser investigado”, añadió.
EL CASO DE 250 MDP
Ciudad Judicial en Chihuahua,
sede de las audiencias. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo
“El entonces Gobernador
estatal [César Duarte Jáquez], en reunión con otros funcionarios de la
Secretaría de Hacienda, en este caso las personas identificadas como [Antonio
Tarín García], Director de Adquisiciones, [Gerardo Villegas Mandriles],
Director General de Administración, así como [Ricardo Yáñez Herrera],
Secretario de Educación, Cultura y Deporte, manifestó que era necesario obtener
del erario 250 millones de pesos que serían de utilidad para los tiempos
electorales que se avecinaban”, declaró un testigo de identidad reservada que
laboró de 2010 a 2016 en el gobierno duartista, citado en el Juicio de Amparo
954/2017 promovido por uno de los imputados.
En junio de 2016, doce
entidades renovaron Gobernador. Luego de que el Partido de la Revolución
Institucional (PRI) perdió siete estados en el proceso electoral, entre ellos
Chihuahua, el dirigente del partido, Manlio Fabio Beltrones, dejó el cargo.
El ex Secretario de Educación
estatal Ricardo Yáñez Herrera y la ex Directora administrativa Karla Areli
Jurado Bafidis fueron sentenciados a tres y cuatro años por las autoridades de
Chihuahua por la distracción de 246 millones de pesos para supuestos talleres y
un software no entregados.
El Juicio de Amparo citado
revela que Karla Jurado autorizó y “actuó para [la] formalización” de los
contratos, los cuales fueron firmados por Ricardo Yáñez, en su carácter de
Secretario de Educación, Cultura y Deporte. Las actas de adjudicación directa
fueron firmadas por Antonio Enrique Tarín García, como Presidente del Comité de
Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, actualmente vinculado a proceso al
igual que Villegas Mandriles, ex Director general de administración.
LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL
En enero de 2018, la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo el caso
de los 250 millones luego de una denuncia del Partido Acción Nacional y de
Morena por presunta financiación irregular para fines electorales.
Héctor Díaz Santana, titular
de la Fepade desde diciembre de 2017, dijo en entrevista con SinEmbargo que se
sigue en proceso de investigación, pero no puede dar detalles para no violar la
presunción de inocencia, ya que el esquema del Sistema de Justicia Penal Acusatorio “es demasiado
estricto”.
“Si nosotros en algún momento
dado hacemos valoraciones de cómo va el tema, podemos afectar el debido proceso
y esto no lo vamos a hacer como una institución seria. Lo que puedo decir es
que es una investigación que está en proceso y nosotros en el ámbito de nuestra
competencia vamos a seguir investigando hasta su conclusión”, declaró una
semana antes del término del sexenio de Peña Nieto.
A diferencia de la
investigación de seis meses en Chihuahua por la que se sentenciaron a dos ex
funcionarios públicos, la Fepade ha tardado casi un año. “Nosotros obviamente
requerimos de mayor información y cada una de las etapas procesales las estamos
cumpliendo por lo establecido por la ley”, justificó el Fiscal.
No obstante, en entrevista a
parte, la Secretaria de la Función Pública de Chihuahua, Rocío Stefany Olmos
Loya, no descartó que atraer el caso a nivel federal se trata de “una
estrategia legal” para frenar la investigación que la entidad ejercía y no
continuar indagando.
Olmos destacó que los
argumentos para atraer el caso a nivel federal no tuvieron sustento y, además,
en materia de competencia, el Juez federal debía ser de Chihuahua en vez de la
capital del país.
Aunque consideró relevante la
sentencia de los dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación estatal por
cuatro y tres años respectivamente, destacó que es una pena muy baja
considerando que se trata de corrupción.
Jorge Espinoza, Consejero
Jurídico de Chihuahua, coincidió en que la federación atrajo el caso de manera
“ilegal, irregular, viciada y sobre todo manipulada” y, consideró, hubo una
intervención de la Presidencia de la República, a través de la PGR, para
proteger al ex Secretario adjunto del PRI.
“Vimos claramente dos cosas:
la intervención de la Presidencia de la República, del Poder Judicial de la
Federación, porque realmente fue una maniobra. Se pretendió federalizar el caso
para que no pudiera ser juzgado en el estado de Chihuahua. Obviamente el
interés de ellos era llevarse el asunto, pusieron a un Juez de modo, que era el
juez [Gerardo] Moreno”, dijo.
“El juez Moreno desconoció a
Chihuahua su calidad de víctima e hizo una serie de atrocidades lléndose al
extremo de pretender llevárselo [a Alejandro Gutiérrez] físicamente hasta el
Reclusorio Norte”, denunció.
El 23 de mayo pasado, el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cambió de adscripción al Juez federal
Gerardo Moreno García, de administrador del Centro de Justicia Penal federal en
el Reclusorio Norte de la Ciudad de México a un Centro del estado de Chiapas.
Entonces, el Juez de Control
del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte
Tapia, tomó el caso de Alejandro Gutiérrez. El 31 de agosto, en una audiencia,
sobreseyó la causa penal a solicitud expresa de los agentes de la Procuraduría
General de la República (PGR), que optaron por retirar los cargos al ex
secretario general adjunto del PRI.
“Nosotros vemos claramente la
maniobra por parte de la PGR para solicitar el sobreseimiento ante el supuesto
que no había las pruebas suficientes para procesar a Alejandro Gutiérrez”,
aseguró el Consejero Judicial Jorge Espinoza. “No obstante que dentro de esa
investigación son cinco personas que están en esa carpeta de las cuales dos ya
están sentenciados y dos vinculados, y en el caso de Alejandro Gutiérrez,
extrañamente no hubo elementos según la PGR”.
Respecto a lo que ve como
protección federal, añadió:
“Es evidente la protección
que tiene Alejandro Gutiérrez. Él era Secretario adjunto en el Comité Ejecutivo
nacional del PRI, en la Presidencia de [Manlio Fabio] Beltrones. ¿Qué
significa? Pues que es una pieza importante política en estructura del priista
y que operó desde nuestro concepto la operación financiera para las elecciones
de 2016 y es por eso que tiene tanta protección: por el nivel dentro del mismo
PRI, y la cercanía con el mismo Beltrones, y a su vez, Beltrones con el
Presidente Enrique Peña Nieto”.
Para el Consejero Jurídico de
Chihuahua Jorge Espinoza, se debe reforzar el Sistema Anticorrupción mediante
mayor especialización a jueces y agentes de los Ministerios Públicos locales y
federales para perseguir este tipo de delitos.
“Esperamos de entrada que
realmente se haga justicia en este caso. Nosotros confiamos en que el nuevo
Gobierno [federal] no intervendrá a favorecer a ninguna de las personas
vinculadas con el PRI. Creemos que eso le bajará presión al Poder Judicial de
la Federación para que resuelva con base en las constancias de los expedientes
y la responsabilidad de cada quién”, afirmó.
(SIN EMBARGO/ DULCE OLVERA Y SUGEYRY GÁNDARA /
REDACCIÓN / SIN EMBARGO/03 DE DICIEMBRE 2018)
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