Advierten rezago en reparación y
atención a víctimas de la violencia en Sinaloa; con lentitud avanzan
instituciones mientras los deudos se resignan al abandono y a la impunidad,
advierte la CDDHS
Foto: Noroeste
Desde la fase más reciente de
la guerra contra el narcotráfico, declarada por el ex presidente Felipe
Calderón en diciembre de 2006, han muerto asesinadas más de 15 mil personas en
Sinaloa, de acuerdo a los registros de defunciones por homicidios del Inegi. La
cifra incluye hombres, mujeres y niños. Civiles sin ninguna relación con el
crimen organizado.
La Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) estima que más de 37 mil han sido
desplazados de manera forzada de sus comunidades y cerca de 3 mil engrosan la
lista de desaparecidos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de
Personas Extraviadas o Desaparecidas hasta el año pasado.
Mientras los números rojos se
acumulan, al igual que el sufrimiento de miles de familias, se agranda el
rezago en reparación y atención a las víctimas.
“La mayoría se ha resignado
al abandono y a la falta de justicia”, sostiene Óscar Loza Ochoa, presidente de
la CDDHS, activista desde la década de los setenta.
A pesar de algunos avances en
materia legislativa a nivel federal, en el estado aún no se ha creado la
comisión de atención a víctimas, ni la comisión local de búsqueda de
desaparecidos, en tanto las propuestas de ley para atención de desplazados se
han guardado en la “congeladora”.
La más reciente fue
presentada el 8 de noviembre por el diputado Marcial Liparoli, del PRI. En
junio de 2015 hubo otra del diputado Ramón Lucas Lizárraga. Antes, en 2012, la
CDDHS emitió una recomendación para instruir al Gobierno del Estado a atacar y
prevenir esta problemática.
“En lo único que hay un
avance es en la unidad de protección a defensores de derechos humanos y
periodistas, aunque apenas se está por nombrar un coordinador y espero que
también el consejo, pero eso ha sido por la fuerte presión de un sector de la
sociedad”, acotó Loza Ochoa, quien ha formado parte del proceso de este
mecanismo, cuya formación se aceleró a raíz del asesinato del periodista Javier
Valdez, el 15 de mayo de 2017.
UNA
MINORÍA RECIBE ATENCIÓN DE LA CEAV
En contraste con las cifras
señaladas, la delegación estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) ha atendido 785 personas, quienes han sido blanco de distintos
delitos de manera directa o indirecta, respondió la dependencia a Noroeste tras
una solicitud de transparencia.
La CEAV se creó luego de la
aprobación de la Ley General de Víctimas, en abril de 2012. Fue también por
presiones de la sociedad civil, ante el aumento de los hechos violentos
derivados de la acción de grupos dedicados al tráfico de drogas y a la
incursión del Ejército en labores de seguridad pública.
La nueva legislación obligó
al Estado mexicano a crear un fondo para reparar a quienes hayan padecido los
efectos de la inseguridad. Se estableció la obligación de homologar el marco
jurídico en los estados, así como de constituir comisiones locales.
Se han destinado casi 3 mil
900 millones de pesos para la protección y apoyo de 6 mil 565 víctimas a nivel
nacional, en los últimos seis años. El grupo mayoritario lo conforman
familiares de desaparecidos con mil 412 casos. En tanto, el delito de homicidio
motiva la atención de 938 ciudadanos; y el secuestro, 625. Entre los estados
más afectados figuran los que cuentan con fuerte presencia del narcotráfico,
como Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Guerrero y Sinaloa.
La CEAV delegación Sinaloa no
informó sobre el presupuesto ejercido, argumentando que ese dato no recae en su
competencia. Sin embargo, reportó que de las 785 personas que ha asistido, en
137 casos ha sido por desapariciones forzadas, 87 por privación ilegal de la
libertad, 55 por homicidio doloso y 18 por secuestro, entre otras causas.
Aunque no especificó qué tipo
de ayuda brinda, la ley en la materia establece que los beneficiarios tienen
derecho a una atención integral, asesoría jurídica, psicológica y médica. El
desplazamiento forzado no está tipificado como un delito por lo que no aparece
en las estadísticas.
SIGUE SINALOA SIN COMISIÓN ESTATAL PARA VÍCTIMAS
El 1 de noviembre se publicó
la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, aún no se ha
lanzado la convocatoria para conformar la respectiva comisión estatal.
Para Óscar Loza Ochoa es un
tema de voluntad: “Los legisladores actúan de acuerdo a sus prioridades y, al
parecer, esto no lo es para ellos, ¿qué les costaría lanzar una convocatoria,
como sí lo están haciendo en otros temas, donde la sociedad está insiste e insiste?...”
El diputado Joel Salomón
Avitia, presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Congreso del
Estado, dijo que el órgano legislativo ha trabajado en actualizar el marco
jurídico e invitó a los colectivos que vean un rezago a acercarse para actuar
en conjunto.
“En lo que han trabajado los
congresos locales es en homologar la legislación estatal, aquí en Sinaloa está
la iniciativa publicada en noviembre de 2017, lo que hace falta es la aplicación
efectiva de las leyes vigentes, porque si tú revisas hay mucha materia para
exigir la protección a las víctimas y muchas dependencias están involucradas”,
expresó.
A diferencia de una
delegación, como la que opera actualmente, la Ley señala que la Comisión de
Atención Integral a Víctimas debe integrar a organizaciones de la sociedad
civil y garantizar la representación directa de los ciudadanos en el diseño e
implementación de políticas públicas.
PENDIENTE, LA COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA
Luego de la promulgación de
la Ley de Desapariciones Forzadas el 17 de noviembre de 2017, se estableció
como plazo el 16 de abril para la conformación de comisiones locales de
búsqueda en los estados, para actuar en coordinación con el Sistema Nacional de
Búsqueda, que ya fue constituido al igual que el Consejo Nacional.
La sinaloense Mirna Nereida
Medina, fundadora del colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, es miembro de
este consejo y habla de la importancia de que se formalice la comisión local,
que operaría con un coordinador o coordinadora y la integración de asociaciones
civiles y familiares de las personas desparecidas.
“Es muy urgente que aquí en
el estado y en todos los estados se formen las comisiones locales, entonces las
convocatorias no han salido, y lo más preocupante es que en algunas partes ya
lo están haciendo sin tomar en cuenta a las familias”, declaró.
Adelantó que en los próximos
días, sostendrán una reunión con el Consejo Nacional para analizar la vía en
que se instale la comisión estatal, que podría ser a través de un decreto del
gobernador, con el fin de agilizar el proceso.
En tanto, el presidente de la
CDDHS comentó que es preocupante que los grupos de la sociedad civil emprendan
la búsqueda sin apoyo del Estado, pues representa riesgos.
“Es algo en lo que tendrá que
trabajar la comisión local que se forme”, alertó.
En el mismo sentido,
consideró que es urgente asignar más presupuesto y personal a las labores de
búsqueda, pero sobre todo contar con una adecuada planeación y rigor científico
durante las pesquisas.
En tanto, sentenció, los
deudos se resignan: “son los ciudadanos que resultan ideales para la autoridad
porque el que no se mueve, el que ya no dice nada, pues es un asunto resuelto”.
13,117
Las personas fueron asesinadas de 2007 a
2016, según registros del Inegi de defunciones por homicidio
1,996
Los asesinatos van durante la gestión
del actual gobernador, Quirino Ordaz Coppel, según la Fiscalía
15,083
Los asesinatos que suman desde la guerra
contra el narcotráfico hasta la fecha, según los datos disponibles
$3,849'378,257.27
El presupuesto que se ha ejercido en la
CEAV desde 2012 hasta lo que va de 2018
(NOROESTE/ SIBELY CAÑEDO/ 29/05/2018)
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