TRANSPORTISTAS LIBRES. Bloqueados.
Tres transportistas libres
recurrieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para denunciar a
camioneros organizados, alianzas e inspectores de vialidad por el acoso laboral
de que son objeto.
Guadalupe Herrera Gaxiola,
Jaime Catarino Osuna Lizárraga y Emilio Sam Curiel, todos ex socios de la
Alianza de Camioneros del Valle del Fuerte, y quienes subsistían con la
contratación de sus unidades por la Unión de Avicultores de Los Mochis para el
acarreo de huevo desde las granjas avícolas a centros de venta en Culiacán,
afirmaron que camioneros y sus dirigentes los hostigaron y presionaron a las
empresas y a la Dirección de Vialidad para desplazarlos de la actividad, al
grado de tenerlos desempleados desde hace más de 15 días.
Por ello interpusieron y ratificaron
denuncias penales por los delitos de abuso de autoridad en contra de los
inspectores de transporte Alonso Solórzano, Héctor Armenta, Felipe de Jesús
Morales Armenta, Arnoldo Rodríguez, Juan Manuel Parada Dueñas y Miguel Atondo;
además de José Antonio Chinchillas Fierro e Ignacio Santos Martínez, secretario
general y secretario del trabajo de la Alianza de Camioneros del Valle del
Fuerte, respectivamente; Jesús Antonio Acosta Torres, dirigente de la alianza
Díaz Ordaz; José Luis Angulo Armenta, de la “Espiguita” y Plinio Castro Sosa y
Gerardo Villegas Apodaca, de Transporte de Carga.
Todas las denuncias fueron
presentadas entre el 13 y 14 de abril en la Unidad de Investigación de lo Penal
especializada en delitos de tramitación común, Zona Norte, y ratificadas el
jueves 3 de mayo.
A la par de las denuncias
penales, los transportistas libres interpusieron juicios de nulidad de las
multas por prestar el servicio público sin tener permiso del ejecutivo en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hasta ahora, las boletas han sido
anuladas por la dependencia y ésta ha emitido acuerdos de multas a funcionarios
de vialidad por insistir en una acción ilegal.
DENUNCIA. De Guadalupe Herrera.
Incluso, cada uno de ellos se
amparó en contra de la acción de gobierno, pero hasta ahora la suspensión de la
inspección no se ha consumado, por lo que mantendrán el recurso hasta que se
compruebe el desacato y se dé la inhabilitación de los funcionarios.
Herrera Gaxiola explicó que
de diciembre 2017 a 16 de marzo del 2018 ha sido acorralada y bloqueada por
transportistas organizados e infraccionada en cinco ocasiones por inspectores
de vialidad. La primera sucedió el 11 de diciembre (2017) con folio 268557; la
segunda, el 9 de enero (2018) con folio 260352; el 9 de febrero, 260276; el 20
de febrero, 260415 y el 16 de marzo.
En todos los casos fue
interceptada por transportistas organizados, y una vez bloqueada aparecieron
los inspectores de Vialidad para infraccionarla.
“Aunque mostré el amparo
752/2017-2 no lo respetaron, y alardearon que sólo el papel servía para
pasárselo por el arco del triunfo”.
Herrera dijo que en 15 años
de trabajo continuo, nunca fue molestada, excepto en tiempos actuales cuando
arribó a la alianza Chinchillas Fierro y rompió los acuerdos anteriores en que
se le permitía trabajar con la “huevera”, porque era viuda de transportista.
DENUNCIA. De Jaime Osuna.
En consecuencia inició el
juicio de nulidad 97/2017-I en la Sala Regional Norte del Tribunal de Justicia
Administrativa en donde ha vencido.
Osuna Lizárraga dijo que su
situación es idéntica a la de Herrera Gaxiola, pues en el mismo periodo ha sido
infraccionado en tres ocasiones: el 11 de diciembre (2017) con el folio 259945;
el 13 de diciembre (2017), 254266, y el 2 de febrero (2018), 260630.
También recurrió a las mismas
instancias para anular las multas.
Por su parte, Emilio Sam
Curiel mencionó que su historia es igual a la de sus dos compañeros, pues en el
mismo lapso fue sancionado en cinco ocasiones: 16 de enero (2018) con el folio
268561; 18 de enero, 268561; 29 de enero, 254273; 31 de enero, 276256, y el 21
de abril, 259748.
Incluso, sus contratantes
ocasionales les retiraron las ofertas de trabajo por temor a que sus cargas
fuesen bloqueadas por los transportistas organizados, que aparentemente tienen
la protección y el respaldo del gobierno estatal para actuar como mafia
laboral.
Los tres coincidieron en que
mantendrán su lucha legal en contra de las alianzas porque se han convertido en
organizaciones poderosas, incluso abanderando la ilegalidad pues no tienen
autoridad para bloquear unidades a particulares, obstruyendo el libre tránsito
vehicular.
Artículo publicado el 6 de mayo de 2018 en la edición
797 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/LOS MOCHIS EN 8 MAYO,
2018)
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