Ariana
García Bosque, abogada de Familias Unidas por la Búsqueda de Nuestros
Desaparecidos en Piedras Negras, expresó que de este caso se debe resaltar que
la afectación en mayor grado no ocurrió en Allende, sino en la zona de Piedras
Negras, donde se registraron más de mil llamadas telefónicas de auxilio durante
la temporalidad indicada.
Armando Ríos
Piedras
Negras/Ciudad de México, 19 de marzo (Vanguardia/SinEmbargo).- Tras cumplirse
siete años de la masacre de Allende, la Fiscalía General del Estado busca
reaprehender a Sergio Lozano, alcalde de Allende en la época de la matanza,
además de que cuenta con 26 órdenes de aprehensión pendientes, informó José
Ángel Herrera, fiscal especializado en personas desaparecidas en el Estado.
En
entrevista realizada en el Foro Nacional para la Implementación de la Ley de
Desaparición Forzada, el Fiscal especializado informó que se ha condenado a
tres personas por el caso con hasta 75 años de prisión, entre los cuales se
encuentran un elemento de policía y el comandante que fue enjuiciado en
noviembre pasado, así como un miembro del Cártel de Los Zetas.
Asimismo,
el Fiscal explicó que en la última semana fueron llevadas nuevas diligencias
para volver a girar una orden de aprehensión contra Lozano.
“Nosotros
tenemos la oportunidad de seguir aportando diversos nuevos medios de prueba,
para acreditar la participación de esta persona, y poder girar una nueva orden
de aprehensión”, expresó.
Lozano
fue detenido el 17 de noviembre de 2016, acusado de secuestro masivo y dar
órdenes a policías locales para no intervenir en las agresiones del crimen, sin
embargo, en febrero de 2017 fue liberado, ya que un juez no encontró elementos
para vincularlo a proceso.
Además,
fuentes de la Fiscalía General del Estado revelaron que en los próximos meses
se resolverán otras tres sentencias más, e informaron que al tratarse de
delitos graves, será difícil o nula la oportunidad de que puedan tener acceso a
uno de los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como el caso de una
fianza o la prisión domiciliaria.
URGEN APLICAR LA JUSTICIA
Por
su parte, Ariana García Bosque, abogada de Familias Unidas por la Búsqueda de
Nuestros Desaparecidos en Piedras Negras, expresó que de este caso se debe
resaltar que la afectación en mayor grado no ocurrió en Allende, sino en la
zona de Piedras Negras, donde se registraron más de mil llamadas telefónicas de
auxilio durante la temporalidad indicada.
Por
ello, la abogada urgió a las autoridades que este tipo de casos deben ser
claros y transparentes con la aplicación de la justicia contra los implicados,
puesto que incluso, uno de los elementos que atendían las llamadas durante
aquella época, fue ascendido al puesto de titular del área de contraloría de la
FGE en la delegación norte 1 de Piedras Negras, a pesar de haberse negado a
levantar las denuncias y atender los auxilios en su debido momento.
La
tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas con decenas de
pistoleros abordo, entraron a la zona. Foto: Vanguardia
A
siete años de distancia las autoridades estatales han avanzado en las
indagatorias:
26 órdenes de aprehensión contra 18
personas
9 autoridades son involucradas en los
hechos por lo que son seguidas por la FGE
9 integrantes del crimen organizado son
vinculados como responsables
MANUAL PARA ENTENDER LA MASACRE DE
ALLENDE
No
fue una película hollywoodense. Fue la puritita realidad. Del 18 al 20 de marzo
de 2011, Coahuila vivió uno de sus capítulos más sangrientos de la historia
reciente: la masacre y desaparición masiva de personas en Allende, misma que se
extendió a más municipios del norte de la entidad.
A
través de distintas publicaciones en Vanguardia, Vice, Proceso, ProPublica,
National Geographic, de trabajos académicos como “El Yugo Zeta” o “En el
Desamparo”; de testimonios en cortes de Estados Unidos,relatos de familiares de
víctimas y hasta del propio gobierno, se ha logrado embonar las escenas de una
película teñida de terror, un rompecabezas mortífero, donde cada pieza es un
martillazo de coraje, frustración, de omisión, de olvido, incertidumbre y
vergüenza.
El
Manual de Escenas para entender la masacre de Allende, es una realidad que
jamás debió contarse.
Era
el sexenio de Humberto Moreira, aunque meses atrás había dejado la gubernatura
para convertirse en líder del PRI nacional. Su lugar lo ocupóJorge Torres López
y el secretario de Gobierno era David Aguillón Rosales. El gobierno se jactaba
de grandes inversiones, infraestructura vial y apoyos a los necesitados. Dos
temas vestían el aura en el estado: “estábamos hasta el cuello” de deuda y los
Zetas controlaban la entidad.
Pese
a los llamados de auxilio de los vecinos, ninguna autoridad respondió. Ni
municipal ni estatal ni federal. Foto: Vanguardia
Sin
embargo, la investigación académica “El Yugo Zeta” se refiere que en un memo de
2003, la DEA (Agencia Antidrogas estadounidense) aseguraba que Los Zetas ya
controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras.
EL ESCAPE
Mario
Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán,
presuntos miembros de los Zetas, traicionaron y huyeron de Coahuila con rumbo a
Estados Unidos. En sus manos presuntamente cargaban entre 5 y 10 millones de
dólares de ganancias por el trasiego de droga y el libro de contabilidad.
Miguel
Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”, les advirtieron que
devolvieran el dinero o de lo contrario matarían a toda su familia y amigos. No
hicieron caso.
Cuellar,
Moreno y Garza huyeron a Estados Unidos donde los dos primeros se convirtieron
en testigos protegidos de la DEA. Antes de partir, Cuéllar avisó a quienes
trabajaban para él que escaparan.
Las
familias, en su mayoría, vivían en la región de los Cinco Manantiales, una zona
de paso a Piedras Negras, la frontera con Estados Unidos. Unos 50 kilómetros
separan Allende de la frontera.
“Cuando
‘Poncho’ y yo nos venimos para acá, a los Estados Unidos, ellos empezaron a
matar a toda esta gente inocente, y sus familiares intentaron poner denuncias,
pero les dijeron que no les tomarían ni una y que tenían 24 horas para irse de
la ciudad”- Testimonio de Héctor Moreno, la fuente es el Informe “Control…Sobre
Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad
de Texas.
Los
Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios. Foto:
Vanguardia
LA VENGANZA
La
tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas con decenas de
pistoleros abordo, entraron a la zona. Cerraron los accesos a la carretera como
los dueños de la carretera que eran. Comenzaron a derribar puertas, matar
gente, desaparecerlas. Hombres, ancianos, mujeres, niños. Todos eran lo mismo.
Según
Proceso, los sicarios llegaron a la alcaldía y pidieron por los registros de
catastro de todas las propiedades de los traidores y sus familias. Según el
gobierno de Coahuila, el alcalde de Allende, Sergio Lozano, y los policías,
sirvieron a los Zetas, al grado de presenciar las desapariciones y no hacer
nada.
Los
Zetas destrozaron e incendiaron todo a su paso: casas, ranchos, negocios. Para
Allende y sus habitantes era un apocalipsis causado para la naturaleza del odio
y la venganza.
Mataron
y mataron, como reses subieron cadáveres a las camionetas.
Para
desaparecerlos, mencionó Proceso, utilizaron narcofosas y “cocinas”. Una
“cocina” era el penal de Piedras Negras, donde evaporaron y tiraron al río lo
que quedó de los cuerpos.
Según
el informe “En el Desamparo” del Colegio de México —que recoge documentos
oficiales y testimonios—, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, Los
Zetas atacaron 32 casas y siete ranchos de Allende, con la finalidad de
vengarse de Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis
Garza. Lo que pudieron, lo demolieron con maquinaria pesada.
Allende
era un territorio pos apocalíptico
EL HORROR
Una
escena descrita en el documento “En el Desamparo”: En el rancho “Los Garza”,
(los Zetas) llevaron en un camión con redilas, tambos metálicos grandes con
diésel o gasolina.
Esparcieron
el líquido por toda la casa y la bodega donde habían amontonado los cuerpos.
Remataron antes a los que quedaban con vida.
Otra
escena del mismo documento: En el rancho Los Tres Hermanos (municipio de
Zaragoza) también mataron y cocinaron gente, utilizando otro procedimiento:
llevaron tambos y les hicieron agujeros en la parte de abajo y en los lados.
Luego echaron un muerto en cada tambo. Después bañaron los cuerpos con diésel
para enseguida prenderles fuego. Después de cinco o seis horas se cocinaron los
cuerpos. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera
nada.
En
el penal de Piedras Negras, que servía de guarida de los Zetas:
“Los
Zetas obligaron a 40 personas a arrodillarse y los ejecutaron a disparos en la
ciudad de Piedras Negras” –testimonio de Adolfo Efrén Tavira. Fuente: Informe
“Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila” de la Clínica de Derechos Humanos
de la Universidad de Texas.
EL INFIERNO
Los
académicos Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, en su investigación denominada “El
Yugo Zeta”, revelaron que la línea de emergencia 089, el C4 coahuilense,
recibió 26 reportes de Allende y mil 225 de Piedras Negras entre el 18 y 22 de
marzo de 2011.
De
las llamadas, 100 fueron para alertar 42 incendios distintos en Piedras Negras,
y nueve en Allende sobre cuatro incendios más.
Pese
a los llamados. Ninguna autoridad respondió. Ni municipal ni estatal ni
federal. Y no hay detenidos por esas omisiones.
La
escena: los llamados de auxilio de un lado del auricular. ¡Auxilio! ¡Están
quemando! ¡Están incendiando la casa! Nada. Ninguna respuesta.
El
informe “El Yugo Zeta” reproduce una llamada de auxilio al C4: ‘Persona de sexo
femenino proporciona la siguiente información: Menciona que “Allende es un
pueblo sin ley, andan incendiando casas, levantaron a mucha gente, hay muchos
desaparecidos los Zetas se los llevaron yo creo que se traicionaron unos a
otros porque hay un desorden bruto, horrible. […] Hay demasiada gente
desaparecida, hay saqueos en los domicilios. Esto ocurre desde el viernes en la
tarde y es lo mismo todas las noches’. No proporciona más datos y corta la
llamada”.
Otras
voces, la mayoría, hablan de 300 personas desaparecidas y posiblemente asesinadas.
Foto: Vanguardia
Como
dice el documento de Aguayo y Dayán: “una autoridad estatal en Saltillo supo lo
que estaba pasando en Allende. ¿Entregaron ese mensaje a los superiores? ¿llegó
hasta el Fiscal General? ¿el Fiscal lo transmitió al gobernador?”
Para
Aguayo y Dayán, más que la masacre de Allende, es más correcto hablar de “La
Tragedia del Norte de Coahuila”, por las pérdidas humanas.
EL ERROR/LA RESPONSABILIDAD
Según
la investigación periodística “Anatomía de una Masacre”, escrita por la
periodista Ginger Thompson, un agente de la DEA persuadió a un miembro de los
Zetas de entregarle los número de identificación rastreables de los teléfonos
celulares de los capos Miguel Ángel y Omar Treviño, líderes de los Zetas.
La
agencia cometió el error de compartir la información con una unidad de la
policía mexicana. No pasó mucho para que los capos se enteraran de la traición.
Allí nació la venganza.
Mario
Alfonso “Poncho” Cuéllar. Ginger Thompson escribió que Cuéllar tenía la
responsabilidad de conseguir para sus jefes “celulares nuevos cada tres o
cuatro semanas”. Y Cuéllar había asignado esa tarea “a su mano derecha”, Héctor
Moreno Villanueva, “El Negro”.
EL MONTAJE
Meses
después, cuando el ex Gobernador Rubén Moreira llegó a la gubernatura, montó un
operativo de cientos de policías estatales, federales, militares y marinos.
Entre el 26 de enero y el 5 de febrero de 2014, buscaron rastros de
desaparecidos.
Hallaron
narcofosas, contenedores agujerados donde eran supuestamente quemados los
cuerpos con diesel. Recogieron fragmentos óseos como quien colecciona conchas
de mar. En total se levantaron 66 fragmentos óseos y 68 dentales.
EPÍLOGO
El
Gobierno de Coahuila habla de la desaparición de 28 personas. La investigación
“En el Desamparo” menciona 42 desapariciones. El texto “Anatomía de una
Masacre” refiere que alrededor de 60 personas muertas o desaparecidas han sido
conectadas por familiares. Otras voces, la mayoría, hablan de 300 personas
desaparecidas y posiblemente asesinadas.
La
venganza trascendió. Un año después (marzo de 2012), un grupo de sicarios y
policías detuvo y desapareció en Allende a cuatro integrantes de la familia
Garza: una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebe de meses.
DATOS
3 hombres presuntamente traicionaron a
líderes de un cártel.
4 días duró la masacre catalogada como
un apocalipsis.
300 personas desaparecidas, aseguran,
dejó la masacre.
LOS TESTIGOS MUDOS:
Autoridades
hallaron narcofosas, contenedores agujerados donde eran supuestamente quemados
los cuerpos con diesel.
Recogieron
fragmentos óseos como quien colecciona conchas de mar. En total se levantaron
66 fragmentos óseos y 68 dentales.
Había
también decenas de casas destruidas completamente
ESTE
CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE Vanguardia.
(SIN EMBARGO/Redacción / 19 DE MARZO
2018)
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