Javier Corral ha puesto en
jaque a Enrique Peña Nieto. La acusación por peculado por 250 millones de pesos
en contra de su antecesor como Gobernador de Chihuahua, César Duarte, colocó al
Presidente en el centro de la lucha por la sucesión presidencial. Peña Nieto no
estará en la boleta, pero por él cruza el descarrilamiento de la campaña
presidencial del PRI. Corral lo ha emplazado desde el fin de semana. Peña
Nieto, dijo, tiene que responder a los mexicanos.
La estrategia detrás de él es
clara, y la ha delineado Ricardo Anaya, precandidato del PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano: hay que eliminar al tercer lugar. Verbigracia, llevando la
corrupción de Duarte al corazón de Los Pinos, inhabilitará la candidatura de
José Antonio Meade y al final, la lucha será entre dos, Andrés Manuel López
Obrador y él.
En tiempos de precampaña
electoral, donde los aspirantes a la Presidencia no pueden pedir el voto ni
hacer propuestas, Corral es el mejor instrumento de Anaya para el ataque. La corrupción del neopriismo
del nuevo siglo ha construido involuntariamente las condiciones para su
vulnerabilidad. El Presidente reconoció la gravedad de las acusaciones de
Corral, quizás no tanto por el fondo de su alegato, sino porque el ruido que
ellas producen, impacta en su proyecto transexenal. Peña Nieto fue forzado por
las imputaciones de Corral a pelearse con él en el fango, y buscar frenar el
daño que les estaba infligiendo.
“El Gobierno de la República
no puede ni merece ser descalificado, y menos señalado, por no estar
respaldando al Gobierno de Chihuahua”, dijo Peña Nieto horas después de
procesar las imputaciones. “Yo les pregunto a los medios de comunicación si ha
habido otro momento en la historia política del País donde algún funcionario
del más alto nivel que hubiese sido señalado con sustento o con presumible
sustento a la acusación, no esté enfrentando un proceso judicial alguno”.
Improvisar en temas complejos
no es el mejor ambiente para el Presidente. La respuesta es simple: se
equivoca; sí ha habido otros momentos de esos.
Secretarios de Estado en
regímenes priistas han ido a la cárcel por presuntos actos de corrupción;
senadores priistas desaforados para poder ser juzgados por peculado, o
gobernadores priistas por vínculos con el narcotráfico. Funcionarios en gobiernos
estatales y municipales también fueron a prisión en el pasado.
Una diferencia de aquellos
años con los tiempos actuales, es que nunca fueron tantos priistas ni con sumas
de dinero tan extraordinarias generadaas por su presunta corrupción, los que
habían enfrentado a la ley. Otra diferencia es que las percepciones otrora con
las que se tienen ahora, es que nunca se concibió una corrupción tan rampante
como la que se ha vivido en la era Peña Nieto, asociada intrínsecamente con la
impunidad.
Las acciones de Corral en el
proceso contra Duarte, su antecesor en Chihuahua, ya tienen una primera víctima
de altos vuelos, Manlio Fabio Beltrones, quien ante la detención de Alejandro
Gutiérrez, uno de sus principales colaboradores cuando era presidente del PRI,
por el presunto desvío de 250 millones de pesos para campañas políticas del
PRI, tramitó tres amparos ante un juez. Al hacerlo, automáticamente quedó
inhabilitado para buscar un cargo de elección popular, porque la ley lo prohíbe
al estar involucrado en un proceso judicial.
Corral no ha quitado el
interés sobre el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que aparece en las
indagatorias del Caso Duarte de manera indirecta hasta ahora -por lo que se
sabe-, por haber presuntamente autorizado la transferencia ilegal de recursos
presupuestales para fines electorales. Si avanza sobre esa ruta y procede
judicialmente contra Videgaray, el siguiente en la lista será su sucesor en
Hacienda, Meade, el precandidato presidencial. De ser así, no tardaría en
aparecer en el camino, como se adelantó en este espacio el martes, Luis Vega,
el secretario de Finanzas y Administración del PRI, incondicional del
Presidente Peña Nieto desde que era Gobernador del Estado de México.
Corral tiene en sus manos lo
que quiere Anaya, descarrillar al candidato del PRI y tener un proceso
electoral polarizado. La sangre que corre por las heridas abiertas de los
priistas ha sido claramente olida por muchos. La fotografía de la conferencia
de prensa que dio Corral el lunes paras acusar formalmente al gobierno de Peña
Nieto de haber tomado venganza presupuestal contra Chihuahua por abrir el
proceso contra Duarte, presentó a varias víctimas o denunciantes del priismo
actual.
Entre ellos Santiago Nieto,
el ex jefe de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales que inició el
proceso contra Duarte, que fue cesado y presionado con fotografías que
afectarían su vida personal para que desistiera que el Senado lo repusiera en
el cargo, y Paulo Díez, el abogado de Infraiber que hizo de su denuncia de
corrupción contra la empresa OHL y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes una cruzada personal. También Jacqueline Peschard, Mariclaire
Acosta y Octavio López Presa, miembros del Comité Ciudadano del Sistema
Nacional Anticorrupción, contra quienes El Universal, el periódico de batalla
que ha utilizado el Gobierno federal para fines políticos, enderezó una campaña
de desprestigio.
Tiene razón el Presidente
Peña Nieto al decir que el montaje de Corral tuvo fines electorales. Pero hay
matices. No todos los ahí presentes tienen ambiciones políticas o electorales,
pero son luchadores probados contra la corrupción y por la transparencia. Estas
dos variables son grandes déficits del gobierno peñista, que hoy ve en la suma
de fuerzas, una alianza táctica y un piolet permanente contra la candidatura
presidencial de Meade.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/10/01/2018 | 05:00 AM)
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