Para el sospechoso, los derechos en
México y en los Estados Unidos coinciden en el debido proceso, y en que el
indiciado tiene derecho a no auto incriminarse. Tanto la enmienda cinco de la
Constitución de los Estados Unidos, como el Artículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dictan que el indiciado no podrá ser
obligado a declarar. En nuestro país se hace hincapié en que es su derecho
declarar o guardar silencio, “el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio”
Un detenido, aun en
flagrancia, puede guardar silencio durante todo su proceso, y al final resultar
culpable si la Fiscalía tuvo las herramientas humanas y científicas para probar
la culpabilidad. Hay asesinos en México que nunca se declararon autores del
crimen, pero que fueron sentenciados en base a las pruebas reunidas y tomadas
como válidas por un juzgador en su contra. La llamada prueba circunstanciada.
Sin embargo, en sistemas como
los impuestos en las dos últimas administraciones federales, la figura de
testigo protegido en la época de Felipe Calderón Hinojosa, y la entrada en
vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en la aún vigente administración de
Enrique Peña Nieto, las Fiscalías han tenido y tienen la capacidad para
negociar con los detenidos las condiciones de su encarcelamiento en un arreglo
judicial, un juicio abreviado o la contribución de información.
Aun así es evidente que en
México el sistema penal beneficia a quien tiene mejores abogados (ahí está
Emilio Lozoya Austin y su amparo ante la investigación sobre los sobornos de
Odebrecht que persiste en la PGR), a quien tiene mejores contactos, y a los
miembros del narcotráfico y del crimen organizado, a menos que estos sean
extraditados. Ahí ya cambia el ambiente y el tratamiento.
Viene al caso el tema de las
declaraciones y los acuerdos judiciales, ahora que fue dado a conocer un
reporte de la Universidad de Texas en Austin, donde se revelan declaraciones de
detenidos de Los Zetas en los Estados Unidos que señalan a los hermanos
Humberto y Rubén Moreira como dos de los funcionarios a los cuales entregaron
dinero (sobornos) para poder trasegar y distribuir droga en Coahuila sin ser
molestados por las autoridades locales.
Esas declaraciones están en
documentos oficiales de cortes de por lo menos tres ciudades de Texas: Austin,
San Antonio y Del Río. Los expedientes fueron solicitados a las Fiscalías por
la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, para ser analizados
en una clínica de derechos humanos organizada por el director de la facultad,
Ariel Dulitzky.
Cientos de documentos
oficiales de los casos de las detenciones y procesos de por lo menos cinco
miembros de Los Zetas juzgados allende la frontera: Enrique Rejón, Efrén
Tavira, Alfonso Cuellar, Héctor Moreno y Humberto Uribe Tapia. Todos procesados
y consignados en cortes norteamericanas.
Ahora se entiende porqué las
autoridades de los Estados Unidos influyeron en las de España para lograr la
detención de Humberto Moreira en enero de 2016 por sospechas de lavado de
dinero.
Los Zetas son un cártel
mexicano que opera en este territorio y en los Estados Unidos, de acuerdo a la
misma investigación-análisis de los estudiantes texanos, por lo menos tienen
presencia en San Antonio, Houston, Austin, Eagle Pass, Dallas, y en estados
como Chicago, Atlanta, Nuevo México, California y Oklahoma. Sin embargo en los
archivos oficiales mexicanos hay muy poco sobre la manera de operar de Los
Zetas, más allá de obras de la literatura de no ficción que dan cuenta de ello.
Es increíble pues que en el
país vecino, ciertamente afectado por Los Zetas, las cortes hayan cedido los
documentos de los juicios para su análisis y procesamiento a los estudiantes,
además que en territorio norteamericano Los Zetas depuestos sí hayan declarado,
lo que no hicieron en México: la estructura de la red de corrupción que
establecieron en los gobiernos de Coahuila para delinquir tranquilamente y con
la venia de las autoridades todas; explicó el profesor Dulitzky a la prensa
texana: “encontramos conexión y colusión entre Los Zetas y autoridades de
Coahuila en todos los niveles de gobierno, desde municipales y jefes de policía
hasta el actual y anterior Gobernador”.
Ahora, ¿por qué esas acciones
no suceden en México? Obtener cualquier documento oficial, sea de la corte, de
un juzgado, de una Secretaría o dirección cualquiera, federal, estatal o
municipal, implica un viacrucis burocrático que inicia con la petición al
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y que en ocasiones
implica un seguimiento de trabajo legal para poder obtener un documento, que es
probable, que esté tachado en sus partes medulares.
Las Procuradurías de los
Estados o la General de la República, están negadas a entregar expedientes a
Universidades para su análisis, porque pocos son los casos que cierran,
especialmente en temas de narcotráfico y crimen organizado analistas y
estadísticas refieren un 85 por ciento de impunidad.
En México acceder a la
información sobre juicios a criminales del Estado es tan difícil como
imposible, más ahora con el Nuevo Sistema de Justicia Penal tan garantista de
los imputados, que en ocasiones ni sus nombres se pueden hacer públicos y a sus
fotografías les degradan la imagen hasta hacerlos irreconocibles.
La negativa en el acceso a la
información o la opacidad en los procedimientos de procuración y administración
de la justicia es parte del engranaje que en México mantiene la impunidad y la
corrupción. Pareciera que el sistema mexicano está construido para favorecer a
la impunidad y no a la certeza jurídica, la transparencia y la justicia.
Resulta pues que tanto en los
Estados Unidos como en Brasil, políticos mexicanos ligados al Presidente Enrique
Peña Nieto son señalados de corruptos, pero en México gozan de libertad, exigen
respeto, demandan a “los difamadores”, y la justicia no los toca ni con la
sospecha, o concediendo el beneficio de la duda a las cortes extranjeras.
El reporte de la Universidad
de Texas en Austin es tan claro como documentado, uno de los declarantes en las
cortes norteamericanas fue precisamente el contador de la organización criminal
Los Zetas, un hombre que era asesor de inversionistas en Piedras Negras
frontera con Eagle Pass, Humberto Uribe, y quien entre sus declaraciones más
fuertes está el contar cómo entregó dos millones de dólares a Rubén Moreira a
través de su Secretario Particular y de su entonces Procurador.
La información de los
documentos de las cortes texanas está a disposición de la Universidad, y en la
Escuela de Derecho la han hecho del conocimiento público, los detenidos también
existen, como los acuerdos judiciales a los que llegaron con las fiscalías para
proveer la información ahora conocida.
En México no declara ningún
criminal, las fiscalías no acuerdan en busca de información para capturas
mayores, básicamente por dos razones: o no tienen la capacidad profesional y
científica para hacer acuerdos, o están coludidos con los criminales. Por lo
mismo no hay acceso a la información o los expedientes, y los estudiantes de
las universidades mexicanas no pueden hacer análisis sobre la narcopolítica
actual porque no hay material para ello.
En los mismos análisis de los
expedientes texanos, se describe la forma en que empresas formales para el
lavado de dinero de Los Zetas, hicieron convenios de obra con la Comisión
Federal de Electricidad y con Pemex, también la ruta del dinero ilícito de
manos de narcotraficantes a manos de políticos y funcionarios.
El de los Moreira y Los Zetas
en las cortes de Texas, es como el caso de Odebrecht y Emilio Lozoya en Brasil,
donde las rutas trazadas de los dineros ilícitos hacia los políticos priístas y
cercanos a Peña Nieto, están clarísimas, aunque en México no las quieran entender,
ni ver, ni investigar.
Tan fácil que sería que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigara las fortunas de los
políticos referidos para ver el crecimiento económico que tuvieron en los
últimos años, o averiguar si el enriquecimiento es ilícito. Pero nada, el
Secretario anda en campaña porque quiere ser Presidente, mientras en la
Secretaría de la Función Pública le echan todas las ganas al caso de seis
anónimos trabajadores de Pemex que registraron un incremento en sus dineros
personales y que no corresponde a sus ingresos.
México el país de la
impunidad para los amigos del Presidente, aunque en el extranjero esté claro,
que mínimo, son sospechosos de corrupción, lavado de dinero y ahora de
asociación delictuosa. De plano, la administración de la sospecha y la
impunidad.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ADELA NAVARRO BELLO/ MIÉRCOLES, 8 NOVIEMBRE,
2017 02:40 PM)
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