Oficiales
navales de Honduras patrullan el río Patuca, el 21 de mayo de 2012. El 11 del
mismo mes, en una misión conjunta de Estados Unidos y Honduras, un helicóptero
atacó erróneamente a civiles. Credit Rodrigo Abd / AP Photo
ANNIE
BIRD y ALEXANDER MAIN
WASHINGTON
D. C. — Era una noche oscura y sin luna. Un pequeño barco de pasajeros casi
había llegado al final de su viaje de seis horas corriente arriba cuando en lo
alto aparecieron helicópteros y otro bote surgió. Se oyeron disparos y las
balas alcanzaron a varios pasajeros. Hombres, mujeres y niños aterrados
saltaron al agua mientras una ametralladora les disparaba desde un helicóptero.
Cuatro personas murieron; entre ellos se encontraban dos mujeres y un niño de
14 años. Varios más resultaron heridos.
Pudo
haber sido otra escena trágica y sangrienta en Siria, Sudán del Sur u otro
lugar postrado por la guerra. Pero este terrible incidente ocurrió en la
tranquila comunidad de indígenas Miskitos en Ahuas, Honduras, durante una
misión de combate al narcotráfico en la que participaron agentes de la
Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), una
unidad policiaca de Honduras, validada por Estados Unidos, y helicópteros del
Departamento de Estado artillados con ametralladoras.
La
policía hondureña y la DEA declararon que en el bote de pasajeros viajaban
narcotraficantes que dispararon primero. Sin embargo, los lugareños relataron
una historia distinta, diciendo que se trataba de un taxi acuático con civiles
desarmados sin vínculos con el narcotráfico.
Semanas
más tarde viajamos a Ahuas y trabajamos con defensores de derechos humanos
hondureños para recabar los testimonios de los pasajeros. Una madre
desconsolada narró cómo mataron a tiros a su hijo adolescente frente a ella.
Una enfermera nos contó sobre su hermana muerta, quien estaba embarazada, y sus
esfuerzos para cuidar a su sobrina y su sobrino huérfanos.
Los
testimonios que reunimos indican que los pasajeros se encontraban en el río por
razones legítimas. Los recuentos de varios testigos señalaron que los agentes
de la DEA dirigieron la operación. En Washington, los portavoces de la DEA y
del Departamento de Estado insistieron en que la operación había sido
encabezada por Honduras y que los agentes antinarcóticos dispararon en defensa
propia.
Cinco
años más tarde, la versión de los funcionarios estadounidenses fue refutada por
completo a través de una investigación gubernamental en la que se examinó el
tiroteo de Ahuas y otros dos incidentes letales con armas en Honduras.
El
informe, publicado en mayo por los inspectores generales de los Departamentos
de Estado y Justicia, ofrece una perspectiva sorprendente al hermético mundo de
la ayuda para la seguridad por parte de Estados Unidos en Centroamérica.
Los
inspectores no encontraron evidencia creíble de que quienes viajaban en el
pequeño barco hubieran disparado. El testimonio del testigo de la DEA, en el
que se insinuó lo contrario, no resultó en absoluto fiable, como ya lo sabían los
funcionarios.
La
unidad de policía hondureña, validada por Estados Unidos, no estaba “altamente
capacitada y validada”, como lo afirmaron los funcionarios y, en realidad, los
agentes de la DEA “mantuvieron el control principal” de la misión. Un artillero
hondureño de uno de los helicópteros abrió fuego después de que los agentes
estadounidenses se lo ordenaron.
Además,
los inspectores descubrieron que funcionarios de la DEA y del Departamento de
Estado despistaron deliberadamente al Congreso y siguieron citando supuestas
evidencias para respaldar su testimonio, a pesar de estar conscientes de que
éstas no eran cabales. También se rehusaron a cooperar con investigadores del
Departamento de Estado que intentaban establecer los hechos del tiroteo de Ahuas.
Aunque
gracias al informe de los inspectores generales se descubrieron las deplorables
irregularidades cometidas por agentes policiales y funcionarios del gobierno de
Estados Unidos, el análisis también deja sin respuesta algunas preguntas
importantes.
Primero:
¿acaso los hallazgos de esta investigación reflejan patrones de comportamiento
más amplios dentro de las instituciones estadounidenses que se dedican a la
“guerra contra el narcotráfico” en el extranjero?
Aunque
las unidades involucradas en la misión de Ahuas se han disuelto, muchos de los
atroces actos documentados en la investigación implican a funcionarios
estadounidenses de rangos medio y alto. El subsecretario actual de Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en
inglés) insistió mucho en que la DEA no cooperara con los investigadores y dijo
que la investigación sería “engavetada”.
Segundo:
¿qué tan efectivo es el enfoque de “mano dura” y de militarización que acompaña
la política antidroga y de seguridad que Estados Unidos impulsa en la región?
Dado
el hermetismo que rodea a muchos programas de seguridad, es casi imposible
evaluar su efectividad. Cientos de millones de dólares de fondos del gobierno
de Estados Unidos se han destinado a la región a través de la opaca Iniciativa
de Seguridad Regional de Centroamérica (Carsi, por su sigla en inglés) pero
poco se conoce acerca del destino final y el impacto de estos fondos. Ahora, la
ayuda para la seguridad en Centroamérica podría resultar aun más militarizada y
menos transparente, pues la administración actual buscará que el financiamiento
y las responsabilidades estén cada vez más en manos del Pentágono en vez del
Departamento de Estado.
Aunque
hay poca evidencia de que el enfoque actual haya detenido el flujo de drogas y
haya reducido la violencia y otros factores que impulsan la migración de
centroamericanos a Estados Unidos, no cabe duda de que ha contribuido en gran
medida al tremendo sufrimiento de los habitantes de la región.
Una
investigación reciente de ProPublica reveló que decenas fueron asesinados en
Allende, México, después de que agentes de la DEA compartieron información
confidencial acerca de un cartel de la droga con una unidad mexicana de
policía, validada por Estados Unidos, la cual tiene una tendencia notoria a
filtrar información. La misma DEA no ha investigado este incidente.
El
aumento de fondos para la seguridad de Centroamérica por parte de Estados
Unidos se ha unido a una mayor militarización, así como a reportes sobre la
participación de las fuerzas de seguridad en el crimen organizado y en
terribles abusos a los derechos humanos. Esto es particularmente cierto en
Honduras, donde el ministro de Seguridad del país está presuntamente
involucrado en el narcotráfico y militares entrenados por Estados Unidos hace
poco estuvieron implicados en el asesinato de la renombrada activista ambiental
Berta Cáceres. Decenas de legisladores estadounidenses han pedido la suspensión
de cualquier ayuda de seguridad a Honduras.
Es
hora de que el congreso y los estadounidenses echen un mejor vistazo a la
asistencia de seguridad y reconsideren las políticas que impulsan la costosa
guerra contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos en la región. Las
preguntas que plantea la investigación de los inspectores generales son un buen
punto de inicio.
El
congreso debe llevar a cabo su propio análisis exhaustivo de la efectividad de
los programas de seguridad de Estados Unidos en América Latina, así como el
sistema de unidades policiacas validadas por el país. Los legisladores también
deben exigir información más detallada acerca de Carsi y otros programas poco
transparentes, además de requerir que los parámetros con los que se mide el
impacto de estos se hagan públicos.
Finalmente,
el congreso debe considerar más investigaciones sobre el encubrimiento por
parte de INL y la DEA en torno al tiroteo de mayo de 2012 y asegurar que los
mecanismos de rendición de cuentas estén vigentes para prevenir que
funcionarios de estas agencias actúen fuera del escrutinio. Los sobrevivientes
y las familias de los difuntos deben recibir las indemnizaciones
correspondientes. Además, deben considerarse sanciones contra quienes
intentaron que el congreso y el pueblo no supieran lo que de verdad sucedió esa
noche en Ahuas.
Annie
Bird es directora de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en
Washington. Alexander Main es analista de política internacional en el Center
for Economic and Policy Research.
(THE
NEW YORK TIME/ANNIE BIRD y ALEXANDER MAIN /1 de julio de 2017)
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