Eugenio Ímaz, Miguel Ángel Osorio Chong
y Raúl Cervantes, titulares de CISEN, SEGOB y PGR, respectivamente. Foto:
Archivo
El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Raúl Cervantes Andrade y el director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz comparecerán ante la
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para abordar el tema de las
intervenciones telefónicas de las que han sido víctimas defensores de los
derechos humanos y periodistas.
La cita será el jueves 29 de
junio y de acuerdo con el diputado panista Jorge Ramos Hernández, integrante de
la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, el jueves 22 de junio fue
notificado por la Secretaria Técnica, Amparo Brindiz Amador, que la solicitud
presentada hace un par de días fue atendida.
Días antes, Ramos Hernández,
fue designado por el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, como encargado de dar
seguimiento al escándalo de espionaje telefónico que denunciaran las
asociaciones la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTic y
Artículo XIX.
Según el amplio informe,
entre 2015 y 2016, el gobierno federal, que encabeza el presidente Enrique Peña
Nieto, utilizó el software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, para
espiar periodistas y activistas de derechos humanos, a pesar de que este
malware está diseñado para intervenir comunicaciones de terroristas o en casos
de seguridad nacional.
Tras el anuncio, Ricardo
Anaya anunció públicamente que recibió mensajes de texto similiares a los
explicados en el reporte, que llegan a los teléfonos celulares de los blancos
de manera personalizada, haciéndose pasar por allegados o sitios con noticias falsas
y un enlace malicioso, el cual permite la descarga del software de espionaje
que da acceso no solo a contactos, mensajes, documentos y correos, sino también
el uso de la cámara y micrófono.
“Si el presidente Enrique
Peña Nieto sabía del caso de espionaje es grave, pero si no lo sabía es aún más
grave, pues es el principal responsable de lo que sucede en el país”, sentenció
el legislador y ex alcalde Tijuana, quien se dijo convencido de que el
resultado de la investigación conducirá a los culpables y no habrá impunidad.
El panista aseguró que se
sabe de al menos 729 personas fueron espiadas a través de sus equipos de
telefonía celular. “Es muy importante puntualizar que no se trata de un
espionaje tradicional, de escuchar conversaciones, se trata de una cosa mayor,
que invade la intimidad de periodistas, deportistas, activistas, funcionarios
electorales y líderes de partidos”, manifestó.
Remarcó que no existe ninguna
resolución de un juez federal para proceder a intervenir la comunicación de las
víctimas, por lo que el Gobierno Federal está obligado a dar una explicación y
a entregar información precisa sobre esos procedimientos.
Hasta donde se sabe, el
software de espionaje tiene un costo promedio de 85 mil dólares por equipo, por
lo que el gasto ascendería a más de 62 millones de dólares, lo que también se
deberá esclarecer, porque se trata del uso de recursos públicos.
Ramos Hernández expresó que
con los actuales niveles de inseguridad, es muy lamentable que se desvíen
recursos para fines de espionaje de figuras públicas, en lugar de destinarlo a
ubicar a líderes del narcotráfico y saber cómo operan o qué movimientos van a
realizar para el trasiego de droga.
El diputado por Baja
California insistió en que es un acto de parte del estado que no tiene precedente
y es un claro reflejo de las prácticas a las que siempre le ha apostado el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para mantener controlado al país.
Recordó que en la Comisión
Bicameral participarán tres diputados federales y senadores, que estarán
citando a los funcionarios responsables de la seguridad pública para que
expliquen los casos de espionaje.
De ser necesario, propondrán
que intervengan organismos internacionales para que haya transparencia y
claridad en la investigación.
(SEMANARIO ZETA/ Destacados ZETA/ Viernes, 23 Junio, 2017 09:10 PM)
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