Una auditoría interna de la PGR –un
documento de mil 150 hojas, cuya copia obtuvo Proceso– confirma y documenta que
la indagatoria que llevó a la “verdad histórica” en el caso de la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa está llena de omisiones, deficiencias e
irregularidades, y en ella se encubrió a autoridades civiles, ministerios
públicos, miembros de la Policía Federal y del 27 Batallón de Infantería, cuya
“conducta omisa tuvo consecuencias fatales”. En definitiva, “no existe un plan
de investigación” y, por lo tanto, “no se ha llevado a cabo una investigación
seria, imparcial y efectiva” para dar con el paradero de los jóvenes.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Una auditoría interna de la Procuraduría General de la República (PGR) a los
más de 200 tomos del expediente abierto por la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa en 2014 pone en evidencia que, debido al cúmulo de irregularidades,
omisiones y deficiencias, “no existe claridad en las líneas de investigación
que deberán implementarse para poder dar con el paradero de los estudiantes
desaparecidos”, y, peor aún, es claro que “no se continuó con algún esfuerzo
por parte de la autoridad responsable” para alcanzar el principal objetivo:
conocer el destino final de los jóvenes.
Esa observaciones forman
parte de las 17 conclusiones de la Evaluación Técnico Jurídica practicada a la
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, realizada por la Visitaduría General de la
dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez, quien dejó su cargo
antes de dar a conocer el resultado de las investigaciones abiertas al
exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio,
por haber realizado diligencias de modo irregular o ilegal (Proceso 2090).
Este semanario tuvo acceso a
la supervisión de la indagatoria sobre el caso Ayotzinapa, firmada por Raúl
Barraza Franco, Jorge Teoyotl Quezada, Pablo Rodríguez Mejí, José de la Luz
Gallegos Figueroa y Arturo Hernández Balderas, agentes del Ministerio Público
de la Federación adscritos a la Visitaduría. Su análisis fue realizado del 20
de mayo al 2 de septiembre de 2016.
Buena parte de las
observaciones coinciden con las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), como la necesidad de llamar a cuentas a miembros del 27
Batallón de Infantería de Iguala, e incluso con algunas presentadas por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de presentar cargos
penales contra policías federales por no haber intervenido para proteger a los
jóvenes.
Los visitadores de la PGR
también comparten con el GIEI y con la CNDH la perspectiva de que los hechos
configuran el delito de desaparición forzada y no el de secuestro, que es por
el que están siendo procesadas más de cien personas, 95 de las cuales
probablemente fueron sometidas a tortura.
Sin embargo, el informe
interno excluye de su análisis la factibilidad científica de que los 43
estudiantes fueran incinerados en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27
de septiembre.
(Fragmento del reportaje que se publica en la edición
2091, ya en circulación)
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA
LETICIA DÍAZ/ 26 NOVIEMBRE, 2016)
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