Fotos: Enrique Botello
A dos meses de que concluyan
las administraciones municipales, los poblados de Santa Anita y La Misión, con
sus dos mil habitantes, quedarán integrados como parte de Playas de Rosarito y
no de Ensenada.
La decisión del Congreso
causó molestia a los ensenadenses, cuyo gobierno advierte con interponer una
controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
En cuestión de días, el lunes
3 o el martes 4 de octubre, el Congreso de Baja California emitirá el estatuto
territorial que reconocerá a Santa Anita como parte del territorio de Playas de
Rosarito y no de Ensenada.
Con ello, se ordenará al
Ayuntamiento de Ensenada, por medio del Diario Oficial de Baja California, que
transfiera y dé posesión al Ayuntamiento de Playas de Rosarito, de las
oficinas, archivos y documentos concernientes a los servicios públicos.
También serán notificados el
resto de los ayuntamientos, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio,
tribunales y Procuraduría, así como otras áreas de gobierno, de la resolución
territorial a favor de Rosarito.
Así lo decidió la XXI
Legislatura con la aprobación del dictamen 137 de la Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales, presidida por el perredista Roberto Dávalos, el
miércoles 28 de septiembre.
Con 20 votos a favor y solo
tres en contra, los de los diputados del PT, Armando Reyes y Julio César
Vázquez, y del priista Armando Espinoza, suplente del próximo alcalde de
Ensenada, Marco Antonio Novelo, se aprobó que los 168 kilómetros cuadrados que
comprenden los poblados de Santa Anita y La Misión, tras 21 años en disputa,
pertenecen a Rosarito.
El argumento que imperó en la
decisión de los legisladores es que históricamente, los límites del quinto
municipio llegan hasta el río o arroyo San Miguel.
Así lo explicó Tomás de la Rosa, síndico de
Playas de Rosarito y encargado de integrar el expediente de Santa Anita, con el
cual el Ayuntamiento de Rosarito presentó una controversia ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que este órgano ordenara al Congreso
de Baja California, emitir el estatuto territorial para la entidad.
“El Congreso, al entrar a un
análisis de todas las pruebas, tuvo que sujetarse a la parte jurídica-legal que
existe como la Ley Orgánica de 1989, cuando todavía éramos parte de Tijuana y
como delegación, se nos reconoció el territorio de Santa Anita”, señaló.
El funcionario municipal
también citó el decreto 166 de creación del Ayuntamiento de Playas de Rosarito,
en 1995, cuando Tijuana concedió el territorio que, como delegación, Rosarito
poseía para que formara parte de su jurisdicción.
Por último, hizo mención del
transitorio sexto de la Ley de Régimen Municipal, en 2001, el cual estableció
que los límites territoriales en los municipios se conservarían intactos hasta
que el Congreso emitiera el estatuto territorial.
EN ENSENADA CULPAN A HIRATA
Mientras tanto, sectores
defensores de los límites territoriales en Ensenada, culparon al alcalde
Gilberto Hirata Chico de lo que consideraron un despojo ordenado desde el
gobierno estatal. Apenas en agosto, el Grupo Interdisciplinario para la Defensa
del Territorio de Ensenada, representado por Andrés Armenta, denunció que en el
Congreso había “desaparecido” un expediente consistente en ocho cajas de
documentos que sustentaban la territorialidad en disputa a favor de Ensenada.
Entre las reacciones en aquel
entonces, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ensenada, Óscar
Hernán de la Peña, informó que interpondría denuncias tanto en la Procuraduría
General de Justicia del Estado como en los órganos internos del Congreso, pero
no lo hizo.
Mientras las declaraciones de
descalificación de la decisión han salido de las bocas petistas del diputado
Armando Reyes, quien integra esta Legislatura y de la próxima legisladora
Claudia Agatón, quien tuvo su oportunidad de resolver el conflicto territorial
cuando ocupó una curul, los funcionarios municipales se han mostrado más
cautelosos.
A través de un comunicado de
prensa, el gobierno municipal de Hirata Chico anunció que interpondrán una
controversia constitucional ante la SCJN por la decisión del Congreso local. Si
bien, señalaron que por el momento no cuentan con los elementos jurídicos para
poder emitir una opinión respecto a las consideraciones que tomaron en cuenta
los legisladores, el boletín de prensa afirma “sí es posible señalar que el
Municipio de Playas de Rosarito desistió de la demanda presentada y no contestó
la reconvención o contrademanda que por su parte interpuso el Municipio de
Ensenada, dejó de oponer excepciones y defensas, y menos aún ofreció
pruebas”.
Rosarito esperará documento
para proseguir Si bien, el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, a través de su
secretario general de Gobierno, Fernando Serrano, vio como “atinada” la
decisión del Legislativo, en Rosarito esperarán hasta la notificación oficial
para tomar la jurisdicción de los 168 kilómetros cuadrados adicionales para
sumar 513 kilómetros cuadrados en total.
Con la próxima notificación y
ordenamiento del Congreso, “el municipio de Ensenada tendrá que dejar de
ejercer cualquier acción de gobierno dentro de nuestro territorio”, comentó el
síndico Tomás de la Rosa. En los dos meses restantes de administración, el
Ayuntamiento de Rosarito espera que el subdelegado despache desde una oficina
en Santa Anita, y que los alrededor de 2 mil habitantes de este poblado gocen
de certidumbre legal. Lo mismo ocurrirá con los conflictos legales, peleas en
tribunales por la incertidumbre de a quién pertenece. Una vez con el estatuto
territorial y definidos los límites territoriales de los cinco municipios, con
eso evitaremos cualquier confusión”, expresó.
(SEMANARIO ZETA/ Reportajez/ Juan Carlos
Domínguez /Lunes, 3 octubre, 2016 12:00 PM)
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